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Una decisión poco valiente e incoherente del Miteco

A principios del pasado mes de octubre, el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC, su acrónimo inglés), presentó su informe especial sobre los impactos del cambio climático en un escenario de 1,5ºC de incremento de la temperatura media del planeta con respecto a los niveles preindustriales, realizado por encargo de los casi doscientos países que forman parte de la Convención de Cambio Climático de la ONU.

En este informe, la comunidad científica nos advierte de los graves efectos ambientales, sociales y económicos que tendría alcanzar ese incremento medio de 1,5ºC (de hecho ya la hemos aumentado 1ºC y los impactos negativos son claramente palpables) y avisa de que si queremos limitar la subida al menos a esos 1,5ºC tendremos que realizar con urgencia “cambios de gran alcance y sin precedentes” en el modelo energético y económico pues, al ritmo actual de emisiones, ese aumento podría alcanzarse incluso en 2030, es decir tan sólo dentro de 11 años.

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En esas fechas, la titular del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), Teresa Ribera, una reconocida experta en la materia, declaró, en una entrevista en el programa “Las mañanas de RNE”, que el informe del IPCC era “un gran tirón de orejas, porque lo que pone de manifiesto es que ya hemos incrementado la temperatura 1ºC con respecto a la media de la era preindustrial, y que ya estamos sufriendo esos cambios en los patrones habituales del clima”.

En esa misma entrevista la ministra manifestó que: “El mejor momento para haber empezado a actuar con tiempo suficiente para alcanzar ese objetivo era hace 25 años. Pero en todo caso, el segundo mejor momento es hoy, y tenemos que acelerar toda nuestra acción en materia de cambio climático. La gente no es consciente de hasta qué punto tiene un impacto tremendo sobre nuestras vidas, nuestro entorno económico y nuestras posibilidades de desarrollo. Es posible hacerlo pero evidentemente requiere poner toda la maquinaria a trabajar en la buena dirección y yo creo que es un mensaje fundamental para todos los gobiernos y para todos los decisores de políticas públicas (…) y los actores económicos”.

A lo que añadió: “El mensaje fundamental es una llamada a la acción, una sacudida. (…) de lo que se trata es que toda la acción es imprescindible. (….) Cuanto más hagamos, menos malo será, y habrá una mayor posibilidad de recuperar en el medio plazo una estabilidad climática para nuestros hijos, nietos y descendientes”.

Sin duda, declaraciones muy plausibles y dignas de elogio, especialmente para cualquiera, entidad o persona física, que esté realmente preocupado por el problema del cambio climático. Incluso el MITECO emitió una nota de prensa oficial titulada “El Gobierno se compromete a acelerar la acción climática en línea con el informe del IPCC”.

Pero, como dice el refrán, de las palabras a los hechos, va mucho trecho.

Así pues, de forma totalmente incoherente con esas declaraciones de la ministra Ribera, el Consejo de Ministros celebrado el pasado 28 de diciembre, a propuesta de la titular del MITECO, tomó la decisión de conceder una segunda prórroga de 10 años a la concesión de explotación de hidrocarburos denominada “Casablanca“, la más antigua de las cinco concesiones de las que disfruta la compañía Repsol en su plataforma petrolífera ubicada en el mar Mediterráneo, frente a las costas de Tarragona. La decisión se ha concretado en el Real Decreto 1519/2018, publicado en el BOE del 29 de diciembre.

El Consejo de Ministros celebrado el pasado 28 de diciembre, a propuesta de la titular del MITECO, tomó la decisión de conceder una segunda prórroga de 10 años a la concesión de explotación de hidrocarburos denominada “Casablanca”

Ojalá hubiera sido sólo una broma de mal gusto típica del día de los Santos Inocentes, pero no, no fue una broma, aunque la decisión sí fuera de mal gusto, al menos desde el punto de vista de la necesaria transición a la descarbonización de la economía. Parece claro que, en este caso, el MITECO ha cedido a las presiones del sector petrolero, el cual no destaca precisamente por su compromiso en la lucha contra el cambio climático.

La concesión de ese tipo de prórrogas es meramente potestativo: el Gobierno central no tiene ninguna obligación legal de concederlas. Por ello, resulta obvio que la decisión del MITECO, que permite alargar en el tiempo la actividad de explotación de hidrocarburos en el mar, va en contra del espíritu de avanzar en la transición energética hacia un modelo libre de combustibles fósiles, que tanto propugna la ministra Ribera.

Una decisión totalmente incongruente que hace caso omiso a la petición del IPCC de realizar urgentemente cambios “de gran alcance y sin precedentes” en el modelo energético y económico para así poder avanzar rápidamente y con éxito en la obligada transición hacia un modelo sostenible y profundamente descarbonizado.

En este caso, el MITECO ha cedido a las presiones del sector petrolero, el cual no destaca precisamente por su compromiso en la lucha contra el cambio climático

En diciembre del 2017 contábamos en este mismo blog que Francia se había convertido en el primer país del mundo en prohibir por ley la producción de hidrocarburos en todo su territorio, tanto en el mar como en tierra firme. La ley francesa prohíbe el otorgamiento de cualquier nueva licencia de exploración de hidrocarburos por el método que sea. Las explotaciones actualmente vigentes se irán eliminando a medida que acabe su periodo concesional.

Eso mismo podría haber hecho el MITECO: no prorrogar las concesiones a medida que fueran caducando sus actuales permisos. La medida no sería ni tan siquiera drástica para el promotor, de hecho la concesión de explotación “Casablanca” es sólo una de las cinco concesiones de explotación que tiene Repsol en el subsuelo marino del Mediterráneo, ligadas a su plataforma petrolífera del mismo nombre, frente a las costas de Tarragona. Las otras cuatro concesiones de explotación seguirían vigentes hasta que sus plazos fuesen venciendo en los próximos años.

Por otra parte, independientemente de la voluntad del Gobierno de querer seguir perpetuando en mayor o menor medida el modelo energético convencional, el MITECO debería haber sometido el expediente de esta prórroga de explotación de hidrocarburos al trámite de evaluación de impacto ambiental.

El MITECO, en vez de innovar de forma sostenible, ha mantenido la “costumbre” de sus predecesores de otorgar estas prórrogas sin que se realizase ningún control ambiental al respecto. Esta práctica es contraria al Derecho de la Unión Europea y resulta especialmente grave cuando existe un riesgo de accidentes graves en la plataforma petrolífera que no se ha analizado mediante un adecuado procedimiento de evaluación de impacto ambiental. La necesidad de dicho control ha sido declarada por la jurisprudencia europea y en este caso, con los antecedentes existentes de vertidos de Repsol, es más que indicada.

La decisión del MITECO, que permite alargar en el tiempo la actividad de explotación de hidrocarburos en el mar, va en contra del espíritu de avanzar en la transición energética hacia un modelo libre de combustibles fósiles, que tanto propugna la ministra Ribera.

El Tribunal de Justicia Europeo, en diversas sentencias emitidas desde 1998, ha establecido claramente que este tipo de procedimiento debe someterse a la obligación de evaluación ambiental que impone la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental, lo cual es igualmente aplicable a los controles establecidos por la Directiva marco de protección del medio marino.

También es de resaltar la falta de transparencia de la Dirección General de Política Energética y Minas del MITECO que ha denegado, sin fundamento jurídico alguno, la personación de la Alianza Mar Blava en ese expediente de solicitud de prórroga, al igual que hiciera este organismo en la anterior legislatura con otros expedientes similares, pese a que el Defensor del Pueblo ha dado amparo legal al derecho de la Alianza a ser considerados parte interesada en este tipo de procedimientos.

En resumen, una decisión incongruente con el compromiso de descarbonización del MITECO y de la propia ministra, una decisión muy poco valiente, al gusto de la industria de los combustibles fósiles, adoptada sin la necesaria evaluación de impacto ambiental de una actividad de tan alto riesgo para el medio ambiente, y además con una lamentable falta de transparencia al impedir activamente la personación de la Alianza Mar Blava en ese expediente administrativo.

En una entrevista concedida a la agencia EFE antes de viajar a Katowice (Polonia) para encabezar la delegación española durante el tramo final de la 24 Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático de la ONU (COP24), la ministra declaró: Todos los informes confirman la urgencia de pasar a la acción, y los gobiernos tenemos la obligación de ser valientes, adoptar medidas y proporcionar un marco regulatorio estable y predecible que dé señales claras de hacia dónde vamos”.

También añadió: “Hay gobernantes que pueden frenar la transición, pero no detenerla”. En eso sí estamos de acuerdo.

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

Un nuevo paso hacia un Mediterráneo libre de prospecciones de hidrocarburos, pero hacen falta más

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

De las medidas urgentes para la protección del Mediterráneo que Alianza Mar Blava solicitó al nuevo Gobierno, una ya es realidad. Se trata de la aprobación, efectuada en el Consejo de Ministros del pasado 29 de junio, del Real Decreto 669/2018, de protección del Corredor de Migración de Cetáceos de la demarcación marina levantino-balear como Área Marina Protegida, que establece además la adopción de un régimen de protección preventiva en esa zona y su inclusión dentro de la lista de Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (Lista ZEPIM) en el marco del Convenio de Barcelona, tal y como Mar Blava venía solicitando desde mediados de 2015.

Este nuevo espacio marino protegido tiene una superficie de 46.385,70 km2. Es una franja de aguas de unos 85 km de anchura media, que discurre entre la costa catalana y la valenciana, y el archipiélago balear. Se extiende por el norte dentro de las aguas de soberanía española a la altura del Cabo de Creus, en Gerona, hasta el Cabo de la Nao, en Alicante, por el sur; por el este, discurre paralela a las costas de islas de Ibiza, Mallorca y Menorca, a una distancia de unos 13 km; y por el oeste, también paralela a las costas catalana y valenciana, se mantiene a unos 38 km de distancia media.

La zona protegida comprende la totalidad del espacio marino, incluidas las aguas en las que está integrado, el lecho, el subsuelo y los recursos naturales existentes dentro de los límites establecidos por las coordenadas geográficas que marca el Real Decreto.

Para lograr la protección del Corredor de Migración de Cetáceos, a lo largo de 2016 y 2017 Alianza Mar Blava promovió, entre otras cosas, la consecución de apoyos institucionales, políticos, sociales y científicos, dentro y fuera de España.

El citado corredor tiene un altísimo valor ecológico por albergar una gran diversidad de especies de cetáceos (incluyendo la segunda y tercera especies más grandes de la Tierra: los rorcuales y los cachalotes, así como el delfín mular y el delfín listado y especies de cetáceos buceadores de gran profundidad como el calderón gris, el calderón común y el zifio de Cuvier) y, además, es de especial relevancia por ser utilizado como zona de paso migratorio por el rorcual común hacia sus áreas de cría y alimentación en el norte del Mediterráneo. Todas estas especies han recibido ya estatus de protección por parte de varios regímenes de conservación tanto nacionales como  internacionales. Por no citar otras muchas especies de fauna marina (aves, tortugas, peces -incluidos los tiburones-, e invertebrados).

A mediados de 2015, Alianza Mar Blava incluyó entre sus objetivos la protección del Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo como Área Marina Protegida (AMP) por el Gobierno español y como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) por el Convenio de Barcelona. Y así lo decidió, no sólo por la relevancia de este espacio marino desde el punto de vista de la protección de los ecosistemas y de la fauna marina del mar Mediterráneo, sino también para imposibilitar que se pudieran llevar a cabo diversos proyectos de prospecciones de hidrocarburos que distintas compañías petroleras habían solicitado en esta misma zona.

Algunos de éstos están aún en tramitación (ver más abajo) y otros cuyo archivo ya se ha logrado en los últimos años mediante otras estrategias. Así, en 2015 se consiguió el archivo de los permisos de investigación de hidrocarburos otorgados (en 2010) en el golfo de Valencia a la petrolera Cairn Energy; en 2016, el archivo del proyecto de prospecciones de Services Petroliers Schlumberger en el golfo de León; y en 2017, el de Spectrum Geo Limited en el mar Balear.

Mediterraneo

Para lograr la protección del Corredor de Migración de Cetáceos, a lo largo de 2016 y 2017 Alianza Mar Blava promovió, entre otras cosas, la consecución de apoyos institucionales, políticos, sociales y científicos, dentro y fuera de España. Entre los apoyos que logró sumar para consolidar esta iniciativa están los del Parlament balear, el Govern balear, la Generalitat de Cataluña, la Generalitat de Valencia, los Consells insulares de Mallorca, Menorca, Formentera e Ibiza, más de 10 ayuntamientos de las Islas Baleares y los ayuntamientos de Barcelona y Valencia, el Congreso de los Diputados y el Senado, las mayores ONG ecologistas de ámbito estatal, así como numerosos expertos y entidades científicas tanto nacionales como internacionales.

Con el fin de garantizar que no exista una merma del estado de conservación de las especies presentes en este espacio marino, en este Real Decreto se aprueba la aplicación de un régimen de protección preventiva que determina que quedará prohibido cualquier tipo de actividad extractiva de hidrocarburos, salvo aquéllas relacionadas con permisos de investigación o explotación en vigor” y también que no se permitirá el uso de sistemas activos destinados a la investigación geológica subterránea  (tanto por medio de sondas, aire comprimido o explosiones controladas como por medio de perforación subterránea), salvo aquéllas relacionadas con permisos de investigación o explotación en vigor”.

Sobre este espacio marino no hay actualmente ningún permiso de investigación o explotación en vigor. Pero lo que sí hay son varias solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos, cuyas superficies de actuación prevista se solaparían con grandes áreas del citado Corredor. En concreto, los doce permisos denominados “Nordeste 1” a “Nordeste 12”, solicitados por la petrolera escocesa Cairn Energy en el golfo de León y el denominado “Medusa”, solicitado por las petroleras Repsol, CEPSA, CNWL Oil España y POG, frente a las costas de Tarragona.

 Por lo tanto,Alianza Mar Blava considera que la consecuencia inmediata derivada de la protección del Corredor, en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto y especificado en su régimen de protección preventiva, es que el Ministerio para la Transición Ecológica proceda al archivo definitivo de los citados proyectos de prospecciones petrolíferas actualmente en tramitación.

Alianza Mar Blava considera que la consecuencia inmediata derivada de la protección del Corredor, es que el Ministerio para la Transición Ecológica proceda al archivo definitivo de los citados proyectos de prospecciones petrolíferas actualmente en tramitación.

La protección del Corredor de Migración de Cetáceos era una medida muy importante y urgente. En primer lugar, por la extraordinaria importancia ecológica que este Corredor tiene por sí mismo. En segundo lugar, para posibilitar la puesta en marcha de medidas de protección que impidan que puedan materializarse una serie de proyectos de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos que amenazan seriamente sus valores naturales y su viabilidad. Y, por último, para poner actuar sobre procesos que ya están actuando negativamente sobre las especies que pueblan este corredor, como es el caso de la contaminación acústica submarina, para lo cual es fundamental que el Gobierno inicie de inmediato la elaboración de un eficaz Plan de Uso y Gestión de este nuevo espacio marino protegido.

Evidentemente con la declaración de esta nueva Área Marina Protegida no basta. Hacen falta nuevos pasos, que el Gobierno puede dar, mientras se tramita en las Cortes Generales una ley que prohíba definitivamente la realización de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y otros recursos minerales en las aguas bajo jurisdicción española.

El primero es decretar una moratoria de efecto inmediato a la presentación de nuevas solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos, de nuevos proyectos de prospecciones de hidrocarburos y de cualquier otro proyecto para la realización de campañas de adquisición sísmica con cañones de aire comprimido u otras tecnologías generadoras de niveles inadmisibles de contaminación acústica submarina, que son muy lesivas para la fauna marina.

El segundo, el archivo definitivo de todas las solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos y de todos los proyectos de exploración de hidrocarburos o de adquisiciones sísmicas que están aún en tramitación fuera del Corredor de Migración de Cetáceos: el proyecto “Uncovering the Mediterranean Salt Giant (MEDSALT-2)”, solicitado por INOGS de Trieste, Italia, en aguas situadas entre Mallorca e Ibiza y Formentera; y el proyecto de perforación de pozos de Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A. en el área “Ampliación de Casablanca”, frente a las costas de Tarragona, denominado “Sondeos exploratorios desde la plataforma Casablanca: Rodaballo Este 1, Casablanca Oeste 1 a 3″;

No tiene sentido seguir buscando nuevos yacimientos de hidrocarburos, ni en el mar ni en la tierra, si queremos ser coherentes con nuestros compromisos frente al desafío del cambio climático: #KeepItInTheGround.

Estas medidas las puede (y debería) aprobar el Gobierno ya mismo

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

Nada más hacerse oficial sus respectivos nombramientos, Alianza Mar Blava envió sendas cartas al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para solicitar la aplicación urgente por parte del nuevo Gobierno de una serie de medidas, que no necesitarían de tramitación parlamentaria, de protección del mar Mediterráneo bajo jurisdicción española frente a las actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales.

Así, mientras se tramita en las Cortes Generales una ley que prohíba definitivamente la realización de estas peligrosas actividades, la Alianza Mar Blava reclama al nuevo Gobierno que apruebe de forma urgente estas tres medidas:

  1. Una moratoria de efecto inmediato a la presentación de nuevas solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos, así como a la presentación de nuevos proyectos de prospecciones de hidrocarburos y de cualquier otro proyecto para la realización de campañas de adquisición sísmica con cañones de aire comprimido u otras tecnologías generadoras de niveles inadmisibles de contaminación acústica submarina, que son muy lesivas para la fauna marina.
  2. El archivo definitivo de todas las solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos y de todos los proyectos de exploración de hidrocarburos o de adquisiciones sísmicas que están aún en tramitación.

En concreto, en el Mediterráneo, los siguientes:

  • Proyecto de sondeos acústicos “Uncovering the Mediterranean Salt Giant (MEDSALT-2)”, solicitado por INOGS de Trieste, Italia, en aguas situadas entre Mallorca e Ibiza y Formentera.
  • Proyecto de perforación de pozos de Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A. en el área “Ampliación de Casablanca”, frente a las costas de Tarragona, denominado “Sondeos exploratorios desde la plataforma Casablanca: Rodaballo Este 1, Casablanca Oeste 1 a 3″;
  • Doce permisos de investigación de hidrocarburos denominados “Nordeste 1” a “Nordeste 12”, solicitados por la petrolera escocesa Cairn Energy en el golfo de León;
  • El permiso de investigación de hidrocarburos “Medusa”, solicitado por Repsol, Cepsa y otras dos petroleras más también frente a las costas de Tarragona;
  1. La aprobación inmediata del Real Decreto, ya informado incluso por el Consejo de Estado, por el que se declara como Área Marina Protegida el Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo, se aprueba un régimen de protección preventiva, y se propone su inclusión en la Lista de Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (Lista ZEPIM) en el marco del Convenio de Barcelona.

Esta protección legal debería impedir de facto la puesta en marcha de varios permisos de investigación de hidrocarburos en la zona (los ya citados “Nordeste 1” a “Nordeste 12” y “Medusa”), dado que su superficie de actuación se solaparía con la de ese espacio marino que alberga extraordinarios valores medioambientales.

Gobierno

La ciencia ha demostrado que, si queremos evitar los efectos de un cambio climático a gran escala, deberíamos dejar sin quemar una gran parte de las reservas ya disponibles y comercializables de combustibles fósiles. Ante esta evidencia, ¿qué sentido tiene seguir buscando nuevos yacimientos de hidrocarburos? Ninguno.

En dichos escritos, Mar Blava plantea al Presidente del Gobierno y a la Ministra para la Transición Ecológica, la necesidad de que España prohíba por ley, como ya sucede en Francia o Nueva Zelanda (y se está tramitando en otros países, como Irlanda), las actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos en el mar. La necesidad de esta ley es algo con lo que el PSOE ha manifestado, en diversas ocasiones en los últimos años, estar completamente de acuerdo.

A tal fin, en 2017 la Alianza Mar Blava redactó e impulsó en el Parlament balear una Proposición de Ley que obtuvo un respaldo unánime de todos las fuerzas políticas allí representadas. Tras su aprobación en el Parlament en abril de 2017, esta Proposición de Ley  fue enviada al Congreso de los Diputados dado que la materia sobre la que versa es de competencia del Estado.

Dicha Proposición de Ley plantea prohibir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos u otras sustancias minerales en el medio marino del mar Mediterráneo sobre el que el Estado español ejerza o pueda ejercer jurisdicción que alcance al menos a la protección de los recursos naturales. También la prohibición de la exploración a través de adquisiciones sísmicas, cualquiera que sea su finalidad, salvo que se utilicen tecnologías cuya completa inocuidad para el medio marino esté científicamente demostrada.

En su articulado se plantea su aplicación a todas aquellas solicitudes de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos o de adquisiciones sísmicas comprendidas en su ámbito de aplicación que a su entrada en vigor no hubieran sido resueltas. Para las explotaciones de hidrocarburos cuyas concesiones hubieran sido otorgadas con anterioridad a su entrada en vigor se aceptaba que éstas permanecieran vigentes hasta la terminación de su plazo o la concurrencia de caducidad o extinción anticipada, sin que cupiese prórroga alguna.

Tenemos que dejar atrás cuanto antes la era de los combustibles fósiles y avanzar rápidamente en la transición hacia un nuevo modelo energético eficiente, inteligente y 100% renovable

Lamentablemente en junio de 2017 el Gobierno Rajoy vetó en la Mesa del Congreso la tramitación de esta Proposición de Ley, aportando para ello un informe del Ministerio de Energía (MINETAD) lleno de falsedades y, además, anónimo.

Ese informe de veto del MINETAD no demostraba, porque hubiera sido imposible hacerlo, que la citada Proposición de Ley afectara a los Presupuestos Generales del Estado en vigor ese año (ese es el único motivo real por el que el Gobierno central hubiera podido vetarla justificadamente). No obstante, el veto fue apoyado en la Mesa del Congreso por los representantes de los grupos parlamentarios Popular y Ciudadanos, de modo que la iniciativa no se pudo tramitar. Actualmente, tras la sentencia unánime del Tribunal Constitucional del pasado 12 de abril, la Mesa del Congreso tiene que resolver el levantamiento del veto a esta Proposición de Ley, al igual que el de otras muchas iniciativas que el Gobierno vetó sin una “real y debida justificación”.

Tenemos que dejar atrás cuanto antes la era de los combustibles fósiles y avanzar rápidamente en la transición hacia un nuevo modelo energético eficiente, inteligente y 100% renovable. Teresa Ribera y Pedro Sánchez son plenamente conscientes de ello. Por ello, el nuevo Gobierno tiene en la aprobación de las medidas propuestas en este artículo, una excelente oportunidad de mostrar su credibilidad y su coherencia.

 

Desafío climático: Francia ya ha dado el paso, ¿para cuándo España?

Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de Alianza Mar Blava

Emmanuel Macron

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante un discurso antes de la cumbre ‘One Planet’ en París. (EFE/Philippe Wojazer)

Francia ya ha dado el paso que hace unos meses comentábamos en este blog. En efecto, el pasado 19 de diciembre, la Asamblea Nacional gala aprobó el proyecto de Ley del Gobierno Macron por medio de la cual Francia se convierte en el primer país del mundo en prohibir de forma efectiva la producción de hidrocarburos en su territorio.

La flamante y reciente ley francesa prohíbe con efecto inmediato el otorgamiento de cualquier nueva licencia de exploración de hidrocarburos por el método que sea. Las explotaciones actualmente vigentes se irán eliminando a medida que acabe su periodo concesional de manera que para el año 2040 habrá terminado totalmente la extracción de hidrocarburos en todo el ámbito territorial francés, tanto en el mar como en tierra firme.

Francia se convierte así en una referencia, en un ejemplo a seguir, no tanto porque sea un gran productor de hidrocarburos, que no lo es, sino porque se trata de una medida tomada por una potencia económica con gran influencia mundial. Que uno de los países más industrializados del planeta, miembro del  denominado G8, haga suyo el lema de #KeepItInTheGround, es muy significativo y lanza un mensaje muy importante al resto de la comunidad internacional sobre lo que es tomarse en serio el desafío del cambio climático.

De manera más coloquial, y tomando el símil entre energía y colesterol que se hacía en este mismo blog hace unos días, Francia ha tomado una medida saludable, además de coherente con su compromiso en la lucha contra el cambio climático, al decidir reducir de su dieta energética su propia contribución a la producción de fuentes de energía nocivas para la salud pública, la economía y el medioambiente como son estos combustibles fósiles: el petróleo y el gas.

Para quienes consideren que esta decisión de nuestros vecinos galos es un acto más bien simbólico pues Francia importa el 99% de su petróleo (España tiene una situación similar y, sin embargo, el Ministerio de Energía de Álvaro Nadal hace todo lo contrario pues sigue fomentando la producción de hidrocarburos) hay que decirles que ésta no es la única decisión que ha tomado el Gobierno francés al respecto de la reducción de la aportación de las energías sucias a su mix energético.

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Prioridad para los cetáceos frente a los combustibles fósiles

Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

Esta vez se trata de una noticia positiva. Debemos congratularnos, y mucho, puesto que no ha sido tarea fácil, de que el pasado 22 de noviembre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) pusiese por fin en marcha la fase de consulta pública del proyecto de Real Decreto sobre la protección ambiental del Corredor de Migración de Cetáceos de la demarcación marina levantino-balear del Mediterráneo, tal y como se venía reclamando en los últimos meses al Gobierno español desde la Alianza Mar Blava y desde numerosas instancias públicas y privadas dentro y fuera de nuestras fronteras.

La zona a proteger, que se declara “Área Marina Protegida”, ocupa una superficie estimada de 46.262,82 km2 y comprende la totalidad del espacio marino, incluidas las aguas en las que está integrado, el lecho, el subsuelo, la columna de aire suprayacente y los recursos naturales existentes dentro de los límites geográficos establecidos en dicho Real Decreto. Además se establece la aplicación de un régimen de protección preventiva en esa área.

Se trata de una feliz noticia, no sólo desde el punto de vista de la protección de los ecosistemas y de la fauna marina del mar Mediterráneo, sino también desde la óptica del cambio climático y la necesaria descarbonización de nuestra economía, ya que la protección de este corredor de cetáceos implica también la imposibilidad de que se puedan llevar a cabo diversos proyectos de prospecciones de hidrocarburos que distintas compañías petroleras (Cairn Energy, Repsol, Cepsa, …) habían solicitado en esta misma zona.

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El informe que nadie se ha atrevido a firmar en el Ministerio de Energía

Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

documento El pasado 23 de junio, el Gobierno Rajoy entregó a la Mesa del Congreso de los Diputados un informe plagado de falsedades para tratar de justificar su veto a la tramitación de la Proposición de Ley de protección del Mediterráneo frente a las prospecciones de hidrocarburos, la cual había sido remitida al Congreso por el Parlamento balear tras ser aprobada en esta cámara por unanimidad el pasado mes de abril.

Para cumplir el trámite que el Gobierno tenía para manifestar su conformidad o disconformidad con esa propuesta de ley, el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes remitió ese día a la Presidenta del Congreso de los Diputados un escrito manifestando que el Gobierno «no presta su conformidad» por motivos presupuestarios.

Dicho escrito no concretaba los motivos de dicha disconformidad y para ello se remitía a un informe adjunto con el membrete del Gabinete del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) pero sin firma alguna, sin identificar a la persona que lo ha realizado y que se responsabiliza de su contenido. Ese hecho ya es suficiente para cuestionar el contenido de un informe que nadie ha querido firmar.

El hecho de que el citado informe del MINETAD aportase sólo argumentos que no se sostienen jurídicamente, debe ser el motivo por el cual nadie (ningún funcionario ni responsable político) se ha atrevido a firmarlo.

El veto del Gobierno fue apoyado unos días después en la Mesa del Congreso de forma totalmente incoherente por los representantes del grupo parlamentario de Ciudadanos (2 votos) y, claro está, por los del Partido Popular (3 votos), y ello en contra del criterio del PSOE y Unidos Podemos (con 2 votos cada uno).

La postura de Ciudadanos es incomprensible puesto que los responsables de este partido en el Congreso habían expresado claramente su apoyo a la tramitación de esta Proposición de Ley (PL) y así quedó reflejado claramente en las jornadas parlamentarias que Alianza Mar Blava, en colaboración con la Asociación Parlamentaria de Defensa de los Animales (APDDA) organizó sobre esta PL el pasado 21 de junio en el Congreso de los Diputados.

En esas jornadas, los representantes del Partido Socialista (Pere Joan Pons), Unidos Podemos (Josep Vendrell) y Ciudadanos (Toni Cantó), así como los de Esquerra Republicana (Xavier Eritja) y Compromís (Joan Baldoví), apoyaron de forma clara y contundente que esta PL se tramitara y se aprobara. En el caso de Ciudadanos, su representante expresó que su fuerza política “apoyaría en todo” la tramitación de esta PL.

Incluso hubiera bastado que Ciudadanos se hubiera abstenido en esa votación de la Mesa del Congreso para que la PL hubiera podido tramitarse.

Por otro lado, el representante del Partido Popular (José Alberto Herrero) en la mesa redonda de las citadas jornadas también apoyó la tramitación de esta PL y, en su intervención final, al ser preguntado expresamente sobre si habría veto del Gobierno a la PL, declaró que: “Yo estoy convencido de que [la PL] puede salir adelante y que, por lo tanto, no veo ninguna consideración que la pueda echar por tierra”.

De acuerdo con la jurisprudencia emanada de los tribunales, el Gobierno sólo puede pronunciarse en contra de la tramitación de una Proposición de Ley (PL) si considera justificadamente que ésta pudiera tener repercusión económica en los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo esta PL, tal como está planteada, no supondrá ni incremento de gastos ni minoración de ingresos al Estado.

Así se desprende del Informe jurídico sobre ausencia de repercusión presupuestaria de la citada Proposición de Ley, encargado por la Alianza Mar Blava, entidad promotora en primera instancia de esta iniciativa, en el que se concluye que: “las disposiciones de la Proposición de Ley sobre “Protección del Mar Mediterráneo (….) no suponen jurídicamente ningún tipo de aumento de gastos o de disminución de ingresos en relación con los Presupuestos Generales del Estado vigentes al día de la fecha, que constituyen el elemento de contraste al efecto, aunque se mantengan con el carácter de presupuesto prorrogado”.

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Otra prueba del “Trumpismo” climático del ministerio de energía

 Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico en Alianza Mar Blava

El Congreso de los Diputados acogerá el próximo miércoles 21 de junio por la tarde unas jornadas parlamentarias organizadas por la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA), en colaboración con la Alianza Mar Blava, para presentar y debatir la “Proposición de Ley sobre la protección del mar Mediterráneo bajo jurisdicción española de los daños que pudieran producir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales” que, tras ser aprobada en el Parlament balear por unanimidad (Partido Popular, Partido Socialista, MÉS per Mallorca, Podem Illes Balears, El Pi-Proposta per les Illes Balears, MÉS per Menorca y Grupo Mixto), ha iniciado ya su andadura en las Cortes Generales.

El evento consistirá en dos mesas, ambas moderadas por miembros de la APDDA. Una primera con las intervenciones del abogado de la Alianza Mar Blava que presentará el contenido de la Proposición de Ley (PL), su perfecto encaje en el marco normativo español, europeo e internacional y su coherencia con los compromisos adquiridos internacionalmente por España en la lucha contra el cambio climático; de un experto en cetáceos y fauna marina, que disertará sobre la importancia ambiental del Mediterráneo; y, finalmente, de un experto en turismo que explicará la positiva repercusión económica que tendría la aprobación de esta PL para las CC.AA. ribereñas del Mediterráneo, donde esta industria es uno de los ejes fundamentales de su economía.

La segunda será una mesa redonda con la participación de representantes de todos los grupos parlamentarios, para que den su opinión al respecto de la cuestión que se plantea y, en particular, sobre la citada PL. En reuniones mantenidas previamente con los grupos parlamentarios del Congreso (menos con el grupo Vasco, con el que aún no ha habido oportunidad de encontrarse), todos ellos nos han expresado claramente su apoyo a esta Proposición de Ley, salvo el grupo Popular que aún no ha querido manifestar su postura expresamente.

Esta PL se ha enviado a las Cortes siguiendo lo establecido en el artículo 87.2 de la Constitución, el cual otorga a las Asambleas de las Comunidades Autónomas la capacidad de promover leyes en España. De hecho, la PL ha sido ya tramitada por la Mesa del Congreso, que la calificó el pasado 16 de mayo y la publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales con fecha 19 de mayo de 2017.

Desde la Alianza Mar Blava queremos insistir en que la aprobación de una Ley que proteja el Mediterráneo y sus valores naturales, culturales y socioeconómicos frente a las amenazas que entrañan las prospecciones de hidrocarburos es una demanda de toda la sociedad civil y el sector privado de las islas Baleares, así como de las administraciones baleares y de otros territorios del arco mediterráneo, además de ser una medida plenamente coherente con la necesaria transición energética hacia una economía plenamente descarbonizada.

Actualmente, la Mesa del Congreso está a la espera de recibir el informe con el criterio del Gobierno sobre la citada Proposición, el cual, de acuerdo con la jurisprudencia emanada de los tribunales, sólo puede pronunciarse al respecto en el sentido de si considera o no que la PL pudiera tener repercusión económica en los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo esta PL, tal como está planteada, no supondrá ni incremento de gastos ni minoración de ingresos al Estado.

Así se desprende del Informe jurídico sobre ausencia de repercusión presupuestaria de la citada Proposición de Ley, encargado por la Alianza Mar Blava, en el que se concluye que: las disposiciones de la Proposición de Ley sobre “Protección del Mar Mediterráneo (….) no suponen jurídicamente ningún tipo de aumento de gastos o de disminución de ingresos en relación con los Presupuestos Generales del Estado vigentes al día de la fecha, que constituyen el elemento de contraste al efecto, aunque se mantengan con el carácter de presupuesto prorrogado”.

Esta Proposición de Ley se estructura en un artículo, una disposición adicional y una disposición transitoria por los cuales queda excluida la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, u otras sustancias minerales, en el medio marino del mar Mediterráneo sobre el que España tenga jurisdicción. Igualmente queda excluido de este espacio marino la exploración a través de adquisiciones sísmicas sea cual sea su finalidad, excepto en el caso de que esté científicamente demostrado que utilizan tecnologías completamente inocuas para el medio marino.

La disposición adicional especifica que las explotaciones de hidrocarburos comprendidas en esta ley cuya concesión sea anterior a su entrada en vigor, permanecerán vigentes hasta su extinción sin que se puedan otorgar prórrogas de ningún tipo. Mientras tanto, la disposición transitoria subraya que la ley será aplicable a todas aquellas solicitudes de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos o de adquisiciones sísmicas en tramitación que no hayan sido resueltas a la entrada en vigor de la ley.

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Una nueva oportunidad para que el Gobierno español muestre coherencia ante el desafío climático

Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado técnico de Alianza Mar Blava

climate change

Hace poco más de dos meses, el pasado 2 de febrero, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el instrumento de ratificación del Acuerdo de París, hecho en esta ciudad el 12 de diciembre de 2015 y que había sido ya firmado por España en Nueva York el 22 de abril de 2016.

Unos meses antes de la ratificación por parte de España, exactamente el 4 de noviembre de 2016, el Acuerdo de París entró en vigor. El reconocimiento por parte de la inmensa mayoría de los líderes mundiales de la necesidad urgente de tomar medidas contra el cambio climático fue clave para su rápida aprobación y entrada en vigor.

En la Disposición publicada en el citado BOE se plasman las palabras de su Majestad el Rey Felipe VI: “MANIFIESTO el consentimiento de España en obligarse por este Acuerdo y EXPIDO el presente instrumento de ratificación firmado por Mí y refrendado por el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (…)”.

Así pues, España se ha obligado a cumplir el Acuerdo de París cuyo principal objetivo es: “Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático”.

El Acuerdo de París ha tenido la virtud de lograr que prácticamente todo el mundo haya reconocido y asumido que para cumplir sus objetivos es necesario poner en marcha de forma urgente planes que conduzcan a una descarbonización profunda de nuestra economía. Sustituir el modelo energético actual, fundamentado en el uso de energías sucias y peligrosas, mayoritariamente combustibles fósiles, es una ardua tarea, para la que no nos queda mucho tiempo y, como hemos visto (hace unos días, Trump firmó una orden ejecutiva con una serie de medidas para recuperar la producción de energías fósiles en Estados Unidos), no van a faltar obstáculos en el camino.

No obstante, pese a la existencia de trabas que habrá que superar, no tenemos más remedio que alcanzar lo más pronto posible, antes de 2050, un sistema energético eficiente e inteligente basado al 100% en el ahorro, la eficiencia y las energías renovables, únicos recursos energéticos sostenibles con los que plantar cara eficazmente el problema del cambio climático.

En la Alianza Mar Blava, plataforma surgida en Ibiza y Formentera que agrupa actualmente a más de 110 entidades tanto de Administraciones públicas (Govern balear, los cuatro Consells y diversos ayuntamientos de estas islas, así como el Ayuntamiento de Barcelona) como del sector privado (entidades de sectores económicos como el turismo, la pesca o el náutico) y de la sociedad civil (organizaciones sociales, sindicales y ecologistas), estamos convencidos de que hay que sacar cuanto antes a los combustibles fósiles de nuestro modelo energético.

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Una ley para declarar el Mar Mediterráneo libre de prospecciones de hidrocarburos

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

El pasado 13 de enero tuvo lugar en el Parlament balear un acto de democracia directa cargado de gran simbolismo pues en él se concretó la transmisión de una Proposición de Ley para proteger el mar Mediterráneo bajo jurisdicción española frente a la amenaza de las prospecciones de hidrocarburos, desde la sociedad balear, representada en este caso por la Alianza Mar Blava, al Parlament, el cual es, como especifica el propio Estatuto de Autonomía de las islas, la representación del pueblo de Baleares.

La Alianza Mar Blava es una plataforma intersectorial cuya misión es incrementar la protección del mar Mediterráneo, acabar con la amenaza que para la economía y el medio ambiente de las comunidades del arco mediterráneo suponen los proyectos de prospecciones petrolíferas actualmente en tramitación, y avanzar hacia una mayor sostenibilidad del sistema energético.

Esta Alianza agrupa actualmente a más de 110 entidades tanto de las Administraciones públicas (Govern balear, Consells insulares de Formentera, Ibiza, Menorca y Mallorca, diversos ayuntamientos de estas islas y el Ayuntamiento de Barcelona) como del sector privado (entidades de sectores económicos como el turismo, la pesca o el náutico) y de la sociedad civil (organizaciones sociales, sindicales y ecologistas).

La Proposición de Ley que la Alianza, junto a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Govern balear, presentó y entregó a todos los grupos políticos del Parlament balear, se estructura en un único artículo, una disposición adicional y una disposición transitoria.

Dicho artículo establece que quedará excluida la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, u otras sustancias minerales, en el medio marino del mar Mediterráneo sobre el que España tenga jurisdicción.

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