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La última frontera para democratizar la energía: la red de distribución

Cuando trabajé en proyectos de cooperación en América Latina para la Comisión Europea (CE), siempre decíamos que un proyecto era viable si, una vez se le retiraba la ayuda económica, este continuaba funcionado por sí mismo.

Los Fondos Europeos para la recuperación económica Next Generation UE, tienen un doble objetivo: recuperar la economía, intentando volver a la senda previa del PIB, y transformar el modelo productivo con criterios de sostenibilidad y apostando por un progreso inclusivo. Si solamente apostamos por promover una aportación económica para restablecer el ritmo y la estructura productiva actual, volveremos a cometer los mismos errores  con los diferentes planes de reactivación del año 2008 a 2010, en los que las inversiones se acabaron confundiendo con los gastos.

Necesitamos encontrar palancas de cambio, dentro de las líneas fijadas por la CE, que permitan aprovechar los recursos disponibles bajo criterios de sostenibilidad y que actúen de forma transversal como catalizadores e impulsores de un nuevo modelo más abierto, participativo y flexible.

Bajo mi punto de vista, una de las líneas de actuación transversal más clara es la apuesta por la electrificación de nuestra economía porque permite una mayor eficiencia en la cobertura de nuestras necesidades, la disponibilidad de fuentes de energía renovables, la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y de partículas, que lleva implícita la utilización de la electricidad como fuente de energía, y porque, como vienen señalando las diferentes Directivas Europeas, es el único vector energético en el que la ciudadanía puede actuar de forma activa y bajo criterios de consumo responsable.

Ahora bien, para que la electricidad pueda ser la palanca que permita el cambio del modelo productivo se tienen que cumplir dos exigencias: reducir el precio del kWh, a través de la transición energética a las renovables y  de la reducción de los costes fijos regulados, y, sobre todo, proceder a una transformación del sistema eléctrico, no solo para su modernización y digitalización, sino para mejorar la facilidad de acceso de los nuevos agentes, entre los que nos encontramos todos los consumidores.

Para cumplir el primer requisito ya se han dado los primeros pasos con la puesta en marcha de subastas competitivas de nueva potencia renovable y con la propuesta de creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). Estas iniciativas deben tener continuidad reduciendo el resto de las partidas reguladas y eliminando la asimetría de la asignación de los costes fijos, que provoca que el consumidor doméstico asuma una mayor carga económica que el consumidor industrial.

Uno de los elementos fundamentales para poder seguir reduciendo el precio de la electricidad es actuar sobre los costes que las infraestructuras eléctricas introducen dentro de la tarifa, empeño que ni la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ni ningún gobierno han conseguido llevar a cabo a pesar de los repetidos intentos. En 2019 estos costes fueron de 6.891M€, suponiendo un 38% de los costes regulados o un 22% del total de la tarifa. Estas partidas incluidas en la tarifa han sido calculadas a partir de una retribución de las inversiones con un 7,5% de rentabilidad, valor muy por encima del WACC (de las siglas en inglés Weighted Average Cost of Capital) que las diferentes compañías tienen a la hora de financiar sus actividades, sobre todo si se considera que la retribución está exenta de riesgo de mercado, operativo o financiero.

Adecuar y modernizar las redes eléctricas a las necesidades presentes y futuras exige  su adaptación a la digitalización para que cumplan el papel de palanca anteriormente demandado. Este proceso necesitará unas inversiones en torno a los 30.000M€, según diferentes estudios.

El problema no radica en si el sector eléctrico tradicional está dispuesto a invertir, porque obviamente lo está, sino si el proceso de inversión se va a llevar a cabo de acuerdo con la necesidad de apertura y acceso a las infraestructuras para que el autoconsumo, la generación distribuida, la gestión de la demanda, los gestores de carga y las necesarias infraestructuras para la electrificación del transporte se puedan desarrollar, sabiendo que su éxito supone poner en riesgo el negocio de las actividades que el mismo grupo empresarial tiene integradas: la generación y la comercialización.

Por otro lado, las distribuidoras actuales ejercen de Comercializadoras de Referencia y suministran la electricidad a los más de 10 millones de consumidores domésticos que no han querido cambiarse al mercado liberalizado y se mantienen en el regulado con el PVPC y Complementariamente, también tienen a su disposición los puntos en los que existe capacidad de acceso y evacuación de sus propias redes eléctricas, situación que acaba siendo un privilegio para el desarrollo de inversiones en centrales de generación con fuentes renovables y que supone una clara posición de ventaja con respecto a otros inversores.

Por todas estas razones, la Fundación Renovables ha elaborado el informe “Democratizar la energía como proyecto de país. Los Fondos Next Generation EU y las infraestructuras del sistema eléctrico” basado en un propuesta que pretende que la distribución de electricidad, de forma progresiva y empezando por las redes más cercanas al consumidor, sea controlada por el Estado. A través de esta premisa, se reduciría el coste incluido en la tarifa, al disminuir la retribución por tratarse de un bien público, facilitaría que el cambio del mercado regulado de los consumidores domésticos se realice de forma protegida, se avanzaría hacia un acceso universal a la energía y las políticas energéticas de generación en los puntos de consumo y de gestión de la demanda, encontrarían el apoyo que la digitalización de las redes les deben prestar, sin pensar si esta iniciativa incide o no en la cuenta de resultados del resto de filiales del mismo grupo empresarial.

Por otro lado, en este mismo informe, la Fundación Renovables considera conveniente que la función de Operador del Sistema, que hoy tiene Red Eléctrica de España (REE), empresa con un 80% de inversores privados en el accionariado (mayoritariamente internacionales), pase a ser propiedad del Estado, dotándole de los activos que permitan la gestionabilidad del sistema sin que perturben la fijación normalizada de precios en el mercado mayorista, activos entre los que no se incluye la red de transporte.

La pregunta que contestar sería: ¿de dónde deben salir los recursos económicos para llevar esta iniciativa a buen puerto? La respuesta es obvia si atendemos a las premisas que la CE ha establecido para el destino de los Next Generation EU, al ser una línea de actuación para la transformación del sistema productivo y la apuesta por la transición ecológica y la digitalización. Por la idoneidad y la capacidad de transformación contenida en el propio objeto de su creación, el destino de los fondos debería ser vertebrar un sistema eléctrico flexible, abierto para todos los productores y consumidores y, por lo tanto, actuar para que las infraestructuras eléctricas cumplan su cometido y se modernicen para dar el mejor servicio al menor coste.

En España perdimos la consideración de la electricidad como bien de utilidad en la reforma que se llevó a cabo de la Ley del Sector Eléctrico 54/1997 y es el momento idóneo para recuperar esa consideración así como el papel del Estado como inversor en el suministro de un bien de primera necesidad, como es la electricidad, y que va a ser el elemento vertebrador del modelo energético del futuro.

Fernando Ferrando – Presidente de la Fundación Renovables

Un 2020 a la sombra del hidrógeno

Durante este 2020, y más allá de todo lo relacionado con la crisis sanitaria a causa de la Covid 19, hemos observado como diferentes tecnologías de generación de electricidad basadas en fuentes de energía renovable han competido, en el término amplio de la palabra, por captar la atención mediática, las inversiones, la seguridad regulatoria, las estrategias a futuro y, lo más importante, los fondos de recuperación Next Generation de la UE. Más allá de las tecnologías más maduras y baratas, como la eólica y la solar, que han ido batiendo récord mes tras mes; ha asomado la cabeza un actor más allá de la generación, olfateando el rastro del fondo de la UE y de sus negociaciones, que no esperábamos hasta dentro de unos años, el hidrógeno. Eso sí, multicolor, por mucho que el único capaz de reducir las emisiones, dentro de los objetivos adquiridos por España, sea el hidrógeno verde al ser producido con renovables.

Este nuevo vector energético nos ha hecho obviar los hitos de las energías renovables en nuestro país. Si miramos al sistema eléctrico, el pasado lunes 20 de diciembre a las 14:28 horas, según datos de Red Eléctrica de España, la generación eólica alcanzó los 19.588 MW de potencia instantánea con esta tecnología, lo que supone un aumento del 3,76% respecto al anterior máximo de 18.879 MW, registrado hace poco más de un año, el 12 de diciembre de 2019. Esto se traduce en que el 83% de la demanda registrada en el sistema eléctrico peninsular, en ese determinado momento, se ha cubierto con energía de origen renovable. Una cifra nunca vista, a la cual nos tendremos que ir acostumbrando en nuestro camino al sistema eléctrico 100% renovable.

Sin embargo, el 2020 ha sido el año del hidrógeno, una verdadera fiebre, y todo lo no circunscrito a esta incipiente tecnología ha quedado bajo su alargada sombra. El gobierno de España ha realizado, a través de su Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable, un envite para liderar su investigación, desarrollo y promoción, queriendo convertirnos en un Hub del Hidrógeno. Esta incluye diversos objetivos nacionales de implantación del hidrógeno renovable a 2030, incluyendo 4 GW de potencia instalada de electrolizadores, un mínimo del 25% del consumo de hidrógeno por la industria deberá ser renovable e implantación de hidrogeneras, trenes y vehículos de transporte pesado. Toda una hazaña, la cual necesitará inversión. Y mucha, sobre todo por parte de aquellos que tenían prácticamente un pie fuera, como es el caso de las compañías de hidrocarburos.

Por ejemplo, Enagás, con 12 proyectos de hidrógeno a desarrollar en el periodo 2021-2023, podría movilizar unos 1.500 millones de euros de inversión; Repsol también ha movido ficha, prevé realizar inversiones por entre 2.200 y 2.900 millones de euros en el periodo 2021-2026 vinculadas a proyectos de la cadena de valor. No solo las petroleras y gasistas se han unido a la fiebre desmesurada del hidrógeno, bien sea para reconvertir la infraestructura de transporte ya sobredimensionada o por dar un valor sostenible a la marca; también alguna que otra gran compañía eléctrica. Este es el caso de Iberdrola, con la proyección de 800 MW de hidrógeno verde y una inversión de 1.800 millones de euros en los próximos siete años. Un negocio muy suculento, con todo el camino por hacer, aunque ya se habían empezado a mover por otro lado.

Como reveló un análisis elaborado por la entidad Corporate Europe Observatory (CEO), el lobby del hidrógeno, cuyos principales actores son las empresas de gas fósil, ha declarado un gasto anual de 58,6 millones de euros para intentar influir en la formulación de políticas de Bruselas. Y vaya si lo consiguieron, pero, además, con los fondos de recuperación Next Generation de la UE de por medio, redoblaron esfuerzos. Estamos hablando, para España, de 66.300 millones de euros en préstamos y 59.000 en ayudas (672 500 millones de euros para toda la UE) que se emitirán periódicamente a través de los proyectos que presenten las Comunidades Autónomas, para impulsar nuestra recuperación que debería estar basada en una transición verde, digital y justa. Sin embargo, la industria del gas, ahora en jaque por el abaratamiento del coste de las baterías de almacenamiento, quiere mantener la puerta abierta en este fondo para proyectos de gas. Así, los líderes de la UE recibieron cartas y diferentes reuniones en sus despachos de más de 50 empresarios de la industria (incluidos BP, Enagas, Fluxys, Total, Repsol, Eurogas, Gasnaturally , IOGP y Gas Infraestructure Europe) para respaldar herramientas políticas ambiciosas y pragmáticas que permitirán la ampliación de todas las opciones de descarbonización que serán necesarias para lograr la neutralidad de carbono para 2050, incluidos los gases naturales y renovables. Por esta razón, tanto el hidrógeno azul (gas) como el verde (agua+renovables) han recibido el visto bueno para recibir dinero del Fondo de Recuperación y Resiliencia, señalados como una salida “limpia” de la crisis. Un traspié que nos puede salir muy caro, sobre todo a los consumidores, es decir, a los que siempre pagamos los errores de las políticas energéticas.

Toda esta fiebre por el hidrógeno ha postergado a otras alternativas ya maduras, desarrolladas y rentables, como es el caso del almacenamiento en baterías, las renovables, la electrificación de los diferentes sectores, la gestión de la demanda y la eficiencia energética. Por si estas razones no fueran suficientes, se echa en falta algo muy significativo, como marcan las Directivas Europeas. Nada menos que el papel activo del ciudadano, siendo el centro sobre el que gire el cambio de modelo energético.

¿Dónde queda la ciudadanía en los planes del hidrógeno? La respuesta es tan sencilla como aterradora, en un tercer plano. Esto choca frontalmente con la idea de desarrollar la capacidad de que el ciudadano pueda producir, consumir, compartir, almacenar y vender electricidad generada a partir de energía renovable, y que participen todo tipo de entidades que estén ubicadas cerca de los proyectos de energía o desarrollen actividades relacionadas con sus respectivos proyectos energéticos. Además, según un reciente estudio, el autoconsumo fotovoltaico en azoteas tiene un potencial abrumador que tenemos que empezar a explotar, ya que los cálculos realizados sitúan el potencial en 8.300 TWh al año. Para hacerse una idea de lo que significa esto, es aproximadamente 1,5 veces la demanda mundial de electricidad residencial de 2015. Este debería de ser uno de los focos principales para los proyectos que opten los fondos de la UE por sus características y beneficios, como ya expusimos desde la Fundación Renovables, entre los que destacan: ser sostenibles, viables a corto plazo, replicables, distribuidos, repercute en la pequeña empresa, inclusivo y favorece a la ciudadanía.

No obstante, no solo se deberían destinar a financiar o incentivar proyectos de autoconsumo, sino todo lo que opere sobre la demanda, renunciando a que el sistema se base exclusivamente en la oferta, y permita su gestión inteligente aumentando la capacidad de energía flexible por parte del ciudadano (agregadores de demanda, contadores inteligentes, domótica, desplazamiento de cargas, almacenamiento, carga del vehículo eléctrico, etc.). Así mismo, no podemos olvidar la aceleración hacia la consecución de los objetivos de reducción de emisiones de GEI (como el 55% de la UE para 2030), que nos permita no superar la barrera de los 1,5ºC de aumento de temperatura media global antes de 2050. Es necesario potenciar la rehabilitación energética de edificios, la generación distribuida, la movilidad sostenible y descarbonización del transporte, aumentar la eficiencia energética del equipamiento, la digitalización, los planes de desarrollo industrial e I+D+i; para todo ello, el fondo supondría un empujón definitivo para avanzar hacia la consecución de una sociedad más justa, equitativa en oportunidades y sostenible mediambientalmente.

Por tanto, el modelo propuesto que sobredimensiona el hidrógeno sólo profundizará en la dependencia de la importación de fuentes de energía de fuera de las fronteras europeas, ya sea gas fósil en el caso de España, además de acarrear una deuda futura que la pagaremos entre todos. En cambio, tenemos la oportunidad de empezar a generar diversas herramientas, medidas y soluciones fundamentales para que la transición energética sea abanderada por los que deben ser los principales beneficiarios de esta, la propia ciudadanía.

Ismael Morales – Responsable de Comunicación de la Fundación Renovables

 

El gas natural renovable puede parecer verde, pero no lo es

El gas natural es un combustible fósil versátil que representa más del 20% del suministro de energía en España. Aunque emite menos gases de efecto invernadero (GEI) y otros contaminantes que el carbón o el petróleo, el gas natural es uno de los principales contribuyentes al cambio climático.

Cada vez se utiliza más el argumento de que tal vez podría haber un sustituto directo del gas natural fósil en forma de gas natural renovable (GNR), un combustible diseñado para ser casi indistinguible del gas natural fósil. El GNR podría obtenerse a partir de biomasa (biogás) o de dióxido de carbono capturado y electricidad.

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Más Europa, más sostenibilidad, más disrupción para afrontar la post pandemia

La pandemia del Covid-19 nos ha puesto, una vez más, frente al espejo. Mostrándonos, en esta ocasión, de forma muy disruptiva, nuestra insostenible, vulnerable y poco resiliente normalidad, con anomalías a todos los niveles, sociales y económicos. Estas anomalías hay que reconocerlas, primero, y enfrentarse a ellas con propuestas, conceptos y acciones definidas que deberán ser disruptivas en línea con la ruptura que significa la misma pandemia. Y este reto hay que afrontarlo a nivel global, Regional-Unión Europea (UE) y Estatal-Autonómico-Local. Precisamente, la UE hoy tiene una cita clave para abordar este camino.

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Caída, abismo y resiliencia

Estamos en caída libre. El último agarre que teníamos en la mano se nos ha resbalado a causa de que, sin previo aviso, estaba más húmedo de lo que habíamos previsto. En la escalada la concentración de ir paso a paso con cada movimiento, es fundamental para ascender a la cumbre por la vía. Aunque, puede haber factores imprevisibles que nos hagan caer. Extrapolándolo al sistema socioeconómico actual, este factor imprevisible y con consecuencias devastadoras está siendo el COVID 19. Imprevisible, o más bien invisible, al no haber valorado la importancia de la biodiversidad y su conservación en la contención de los virus de origen animal. Lee el resto de la entrada »

¿Y si la siguiente gran crisis nos enfrentase a la escasez de energía?

Esta tremenda crisis ha puesto en el foco la escasez de material sanitario y la dependencia de terceros países para conseguirlo, con las tristísimas consecuencias que está suponiendo para el país, en general, y para los profesionales del sector sanitario, en particular. Esto me ha traído a la cabeza las alarmantes cifras de dependencia energética que arrastran tanto nuestro país como la Unión Europea (UE).

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Oportunidades de la transición energética en Asturias

La transición que se está produciendo en el sistema energético europeo además de necesaria es imparable. La Unión Europea se ha propuesto un claro objetivo: la descarbonización total, incluida la economía, para el año 2050. Para lograrlo, entre otras cosas, todos los Estados miembros están obligados a presentar a finales de este año su ‘’Plan Nacional Integrado de Energía y Clima’’.

Como cualquier otro cambio, la descarbonización tendrá impactos tanto en sectores económicos como en regiones geográficas, sobre todo en aquellas más asociadas al carbón, que será el primero de los combustibles en desaparecer de la matriz energética.

En España una de las regiones más ligadas al carbón históricamente es Asturias. Aunque la mayoría de sus minas ya estén cerradas, la mayor parte de la producción de energía eléctrica en esta región es mediante plantas térmicas de carbón. De los 4.400 MW de generación eléctrica instalada en Asturias el 47% procede de este tipo de centrales. En el caso de la energía eléctrica generada la situación es similar: de los alrededor de 10.500 GWh que se consumen al año más de la mitad proviene del carbón.

Esta situación provocará que Asturias se vea afectada por el cambio de modelo energético en mayor medida que otras zonas geográficas de España. Sin embargo, más que como un escollo, esta transformación debe tomarse como una oportunidad que hay que aprovechar antes de que sea tarde. La transición energética encaminada hacia la electrificación y la producción de energía mediante fuentes renovables abre un abanico de posibilidades para la región.

La biomasa para producción de energía eléctrica, bien conocida en la región, tiene una vital importancia en el desarrollo de un modelo energético 100% renovable pudiendo ser uno de los pilares de recuperación de las zonas deterioradas laboral y medioambientalmente por las explotaciones mineras.

Eso sí, hay que tener en cuenta que es una fuente de energía local, ya que si bien el ciclo de su uso es neutro en carbono, deja de serlo si se concentra en los entornos urbanos donde ya se generan el 80% de las emisiones. Se debe consumir donde se genera y nunca sustituir cultivos destinados a la producción agrícola para la producción de biomasa, lo que provocaría sustituir un problema por otro.

Otro de los grandes recursos renovables de Asturias es el viento, lo que supone una gran oportunidad para la energía eólica. Actualmente tiene 472 aerogeneradores repartidos en 18 concejos. El 75% son de menos de 2 MW de potencia y, de éstos, gran parte son de baja potencia y con varios años de antigüedad. Ahora, pasado el tiempo y amortizados tienen una gran capacidad de repotenciación.

Además, según el estudio del IDAE sobre recurso eólico en España “Análisis del recurso. Atlas eólico de España. Estudio Técnico PER 2011-2020” en el que se tiene en cuenta la velocidad del viento, la densidad de potencia, la superficie disponible y el filtrado técnico por las condiciones del terreno, un 11,6% de la superficie de Asturias tendría un recurso eólico favorable.

La derogación del ‘’impuesto al sol’’ y la nueva regulación sobre el autoconsumo abre un escenario de grandes posibilidades para la energía solar fotovoltaica también en Asturias

Por último, la derogación del ‘’impuesto al sol’’ y la nueva regulación sobre el autoconsumo abre un escenario de grandes posibilidades para la energía solar fotovoltaica también en Asturias. El autoconsumo es una herramienta de especial importancia para los entornos urbanos, base de un nuevo modelo energético descentralizado que, además, contribuye a que las ciudades dejen de ser sumideros energéticos.

En respuesta a la cuestión que muchas veces se plantea sobre que en el norte de España el recurso solar no es suficiente, el claro ejemplo de que esto no es así es que en Alemania la radiación solar media anual es de 3 kWh/m2 y en Asturias es de 4 kWh/m2. Sin embargo, en Alemania hay unos 45.000 MW de potencia instalada de autoconsumo. Alternativas y oportunidades las hay, la cuestión es si se aprovechan y se mira al futuro o se sigue mirando al pasado y luchando por algo que está abocado al fin.

Fernando Martínez Sandoval – Técnico de Proyectos de Fundación Renovables

Ácido clorhídrico e hipoclorito de sodio

Durante las últimas 5, casi 6 semanas hemos podido comentar el nuevo Real Decreto – Ley 15/2018 (RDL15) en múltiples ocasiones, el 9 de octubre durante la “Jornada técnica de UNEF sobre PPA’s”, el mismo día durante la clausura de la “Presentación del Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España”, en la misma semana, el jueves 11 de octubre en la “Jornada sobre autoconsumo en el sector residencial” del Clúster de la Energía Eficiente de Cataluña & Solartys, todas estas en Barcelona, y unas semanas después durante el “Congreso Renovable 2018” de APPA en Madrid, y la última vez durante el “V Foro Solar” de UNEF, también en Madrid.

Seguramente que se ha comentado en más sitios, y no me gustaría  olvidarme de nadie, sólo he mencionado los eventos donde me invitaron como ponente para ventilar mi opinión. En las dos primeras jornadas ya puse sobre la mesa un tema importante sobre los derechos de acceso y conexión, que es la subida de los avales del 10 a 40 euros por MW solicitado. En las siguientes jornadas, sobre todo durante el Congreso de APPA y el Foro de UNEF lo he podido profundizar, tanto durante los debates oficiales, como durante las conversaciones al margen de ello.

reto energético

El título de este artículo recoge la metáfora que utilicé durante varios de estos debates, multiplicar el aval por 4 es como utilizar ácido clorhídrico en vez de hipoclorito de sodio. Popularmente se llaman salfumant o agua fuerte y lejía. Son dos desinfectantes, el primero mucho más fuerte que el segundo. Ambos peligrosos para la salud pública. Muchas veces se pueden utilizar detergentes mucho menos agresivos para conseguir el mismo resultado. La cuestión es limpiar con detalle donde es importante.

Lo de multiplicar por 4 los avales ha sido idea nuestra, del sector, y creo que nos hemos equivocado de detergente. Le puede pasar a todo el mundo. La intención es  eliminar la especulación del sector, porque es un agente infectante. Actúa de dos formas, en primer lugar hay agentes que piden puntos de conexión y acceso únicamente para venderlo, generalmente son agentes ajenos al sector, y luego hay agentes del sector que actúan como marmotas, se llenan la boca con mucho más de lo que son capaces de tragar. Los primeros especulan que podrán ganar un extra con algo que tienen que hacer otros, y los segundos especulan que serán capaces de hacer algo en el futuro, que otros ya son capaces de hacer ahora.

Es importante destacar que la medida se incluyó por escuchar  los comentarios recogidos durante el proceso de consulta pública del borrador para el Real Decreto de acceso y conexión, que se estaba tramitando paralelamente al RDL 15, y que se trata de buscar una solución técnica para conseguir una finalidad sobre la cual no hay debate.

El problema con el remedio de los avales multiplicados es que afecta de forma indiscriminada a todos. Un aval tiene un coste y, de esta forma, de una manera lineal, estaríamos incrementando el coste total de los 50 ó 70 mil megavatios en potencia renovable que tenemos que instalar en la próxima década, y aún muchos más si miramos el objetivo de tener nuestra electricidad 100% renovable en el año 2050. Por esta razón creo que debemos esforzarnos un poco como sector, y hacer sugerencias más sofisticadas para limpiar la especulación, y evitarla en el futuro.

Lo que se podría proponer es un sistema matizado, que además garantizaría los principios del acceso libre y sin obstáculos administrativos, económicos o financieros a un mercado en régimen de libre competencia, como lo prescriben las directivas Europeas vigentes, y las futuras, del paquete de invierno.

En primer lugar, avanzaría el test de idoneidad que actualmente ya existe para el responsable de obtener la autorización administrativa para la instalación de producción de electricidad por la que se pide el acceso y punto de conexión. No es coherente poder pedir este punto si de entrada no sabes hacer otra cosa con ello que venderlo. Sería suficiente una declaración responsable, con posibilidad para la administración pública de revisar de oficio, pedir documentación y subsanación. La Ley del Sector Eléctrico conoce un régimen sancionador que se podría aplicar en caso de declaraciones falsas o fraudulentas. Un aval más elevado no rehúye este tipo de especulador, lo hace la verificación de capacidad técnica, económica y financiera. De este modo estamos poniendo condiciones iguales para todos al acceder a este mercado, a la vez agilizando este acceso. Podría incluso hacerse un registro de agentes habilitados, para simplificarlo aún más, de este modo sería suficiente hacer referencia al registro para cada petición, sin perjuicio de que debe ser posible la declaración responsable sin estar dado de alta todavía en este registro, y sin perjuicio de que la primera declaración responsable debería dar lugar a una inscripción de oficio en tal registro.

Con esta primera medida, los agentes podrían tener acceso al sistema para aportar su granito para conseguir los objetivos para evitar el cambio climático, sin que se vean bloqueados por grandes volúmenes de avales que tendrían que presentar, que podrían actuar como una barrera financiera.

En segundo lugar, en la actualidad ya hay plazos para ejecutar, y el nuevo RDL15 introduce algunos más. Es aquí donde veo oportuno introducir avales, y lo haría según incumplimientos de estos plazos, y según el motivo del incumplimiento. Si el motivo del incumplimiento es imputable a la Administración Pública se le debe prorrogar el plazo al interesado, sin más. Si el motivo es imputable al interesado, pero no es voluntario, debería ser un aval de 10 euros por MW, que podría ir incrementándose en función de la perduración del incumplimiento del plazo. Un ejemplo de un motivo que es imputable al interesado, pero que no es voluntario, es el retraso de un suministro de un proveedor que no cumple con su plazo de entrega. Si fuera el incumplimiento de un plazo por voluntad del interesado, es decir sin justificación objetiva ni subjetiva más allá de que nos hemos despistado con el plazo, sería por ejemplo esta misma entrega que no se habría pedido a tiempo. Para esta última categoría impondría un aval empezando con 40 euros el MW, también aumentando según perduración.

Con esta segunda medida, nos habríamos asegurado la inclusión de un mecanismo de aceleración de la transición energética, sin perder de vista las garantías necesarias para los agentes que tienen que realizarla operacionalmente.

Estas ideas se han ido macerando como fruto de muchas conversaciones con agentes muy variados del sector. Seguiré trabajando durante estas semanas para aportar concreción a estas ideas, y las iré compartiendo con todos estos agentes y personas. Espero que entre todos podamos enriquecer el debate público con estas ideas, e incluso quizá ayudar a mejorar un poquito nuestra regulación.

Piet Holtrop – Abogado

El necesario cambio de la acción climática de incremental a transformacional

Por Concha Cánovas – Experta en Energías Renovables

Cada día son más las voces que denuncian que la velocidad a la que nos adaptamos a un sistema energético sostenible es demasiado lenta y que no podemos permitirnos más retrasos en la intensidad de las medidas regulatorias y en la adaptación de los comportamientos de los consumidores.

En un contexto en el que tan solo para el 2030 se estima un crecimiento de la población a nivel mundial de unos 1.000 millones según Naciones Unidas, con el  consiguiente crecimiento en la demanda de bienes y servicios, se nos presenta el doble reto de atender este crecimiento de la demanda al mismo tiempo que tenemos que contribuir a ser más sostenibles. Lo que requiere acelerar la mejora en eficiencia energética y el cambio de nuestro mix energético global.

Los efectos del cambio climático son ya visibles en toda Europa, con unas pérdidas económicas relacionadas que ascendieron a 11.600 millones de euros tan solo en 2015 según ha puesto de manifiesto Eurostat

Los efectos del cambio climático son ya visibles en toda Europa, con unas pérdidas económicas relacionadas que ascendieron a 11.600 millones de euros tan solo en 2015 según ha puesto de manifiesto Eurostat, además de los serios impactos causados por los desastres naturales que estamos sufriendo. Y sin embargo, seguimos pecando de falta de ambición, seguimos abordando el cuánto sin darnos cuenta que lo que subyace es un necesario e irreversible  cambio en nuestro estilo de vida. No solo con objetivos a largo plazo, sino también con compromisos más ambiciosos en el corto y medio, podremos abordar el problema al que nos enfrentamos en toda su dimensión.

Es precisamente bajo esta óptica desde la que hemos venido denunciando desde la Fundación Renovables el que no se hayan aprovechado las discusiones del paquete de invierno de la Unión Europea para consensuar esta necesaria mayor ambición para después de 2020 con unos objetivos nacionales vinculantes, tanto para la energía renovable como para la eficiencia energética.

Una  estrategia de la UE  capaz de ampliar la acción climática de incremental a transformacional para todos los sectores de nuestra economía,  capaz de identificar los  incentivos perversos que actualmente causan emisiones, es fundamental para descarbonizar nuestra sociedad a partir de la energía renovable combinada con el ahorro de energía.

Entre las numerosas ventajas  que conlleva esta descarbonización  de nuestra sociedad,  además de su reducción de CO2, se encuentran la reducción de la contaminación del agua, del suelo y del aire, la mayor independencia energética, la reducción de las importaciones y el impulso de la creación de trabajos locales en áreas urbanas y rurales.

Este cambio no puede basarse exclusivamente en la innovación tecnológica como se ha venido haciendo hasta ahora, sino que necesariamente tiene que abarcar medidas que van desde cómo abordar nuestro consumo excesivo de energía, nuestros patrones de movilidad, hasta los envoltorios de nuestra dieta alimentaria, entre otras. Necesitamos ser más proactivos en habilitar cambios en nuestro estilo de vida.

Necesariamente tiene que abarcar medidas que van desde cómo abordar nuestro consumo excesivo de energía, nuestros patrones de movilidad, hasta los envoltorios de nuestra dieta alimentaria, entre otras

En los últimos años en el contexto europeo han surgido iniciativas como el reciclaje, el car sharing,  la eliminación de bolsas en los supermercados,  etc.  que ya están demostrando su éxito a partir de enfoques que involucran la participación ciudadana y las comunidades locales para cambiar nuestros estilos de vida, promoviendo estilos más equitativos y sostenibles; acciones que deben abarcar desde el nivel político al cultural.

Son ya varios los países que como Holanda, Islandia, Suecia, Finlandia, Portugal o Francia se han comprometido a establecer medidas para alcanzar emisiones netas cero, demostrando que es políticamente factible adoptar estos objetivos en un contexto en el que además la evolución de  los costos de la tecnología necesaria para abordarlos lleva años demostrándonos que evoluciona más favorablemente que nuestras propias estimaciones. Esperemos que nuestro país sepa estar a la altura del reto que tenemos planteado y sepamos utilizar las herramientas que tenemos al alcance de nuestra mano para contribuir con éxito a su necesaria transformación.

 

El final de una larga y oscura noche para las renovables en nuestro país

Por Luis Crespo – Presidente de Protermosolar 

 

Desde la toma de posesión del gobierno del PP a principios de esta década hasta la reciente moción de censura, las energías renovables han vivido una larga y terrible etapa que ha cercenado su desarrollo, desestabilizado las cuentas de empresas y familias, que habían realizado importantes inversiones confiadas en la seguridad jurídica de nuestro país, y limitado en gran medida la capacidad de proyección exterior de nuestras empresas, en un momento de expansión mundial de estas tecnologías.

El gobierno del PP mantuvo una actitud reaccionaria ante las energías renovables, que son las energías del futuro, desde su toma de posesión en 2011 hasta su desalojo la semana pasada.

Una de sus primeras medidas fue la moratoria renovable, mantenida hasta hace bien poco. Después vinieron recortes a la remuneración en cadena a todas las tecnologías, seguidos de una peculiar reforma. En 2013 se promulgó la ley del Sector Eléctrico, seguida en 2014 del Real Decreto que la desarrollaba y una Orden Ministerial que establecía unilateralmente las inversiones supuestamente realizadas en las instalaciones a las que se las iba a remunerar de acuerdo con una hipotética rentabilidad razonable, no confirmada en la realidad y que se  indexó arbitrariamente al nivel de la deuda española a largo plazo.

El gobierno del PP mantuvo una actitud reaccionaria ante las energías renovables, que son las energías del futuro, desde su toma de posesión en 2011 hasta su desalojo la semana pasada.

Con esta reforma, no solo se realizaron recortes adicionales en la mayor parte de las tecnologías, sino que se sumió al sector en una completa incertidumbre sobre su retribución, ya que la remuneración a las instalaciones realizadas y que tuvieron que financiarse a los tipos de hace casi 10 años, no iban a retribuirse de forma estable con esa supuesta rentabilidad razonable a las inversiones realizadas y financiadas entonces, sino que su retribución iba a depender en el futuro de la cotización del bono de deuda española.

nadal

El conjunto de los recortes practicados retroactivamente sobre las condiciones publicadas en su día en B.O.E y que motivaron las inversiones, incluida la reforma vigente en la actualidad, son percibidas como una enorme trampa en la que los inversores nacionales se encuentran en la más completa indefensión.

Evidentemente, de haberse tenido sospechas de los cambios regulatorios que iban a producirse, no se hubiera realizado ninguna de las inversiones. España se encontraría todavía más lejos de alcanzar su compromiso del 20% de energía renovable en 2020 y los costes generación hubieran sido mucho más elevados que los que hemos tenido, dada la deflación de costes que producen las energías renovables (mayores que las primas recibidas) y cuyo positivo impacto solo recientemente empezaba a ser reconocidas por el gobierno cuando, ante las subidas del recibo de la luz, argumentaban que era debido a que no había habido suficiente viento en nuestro país.

Los inversores internacionales si están teniendo respuestas a sus demandas en las cortes de arbitraje internacional, en las que nuestro país tiene el dudoso honor de ser el primero en número de demandas por inseguridad jurídica de inversiones en energía

Los inversores internacionales si están teniendo respuestas a sus demandas en las cortes de arbitraje internacional, en las que nuestro país tiene el dudoso honor de ser el primero en número de demandas por inseguridad jurídica de inversiones en energía. Los laudos están reconociendo que son evidentes, imprevistos y desproporcionados los cambios en las reglas de juego producidos después de haber realizado las inversiones de acuerdo con las expectativas publicadas en un B.O.E. firmadas por el Rey de España. Sin embargo, los inversores nacionales no han encontrado ninguna sensibilidad en el Tribunal Supremo. Esperamos que puedan reconsiderar sus pasadas argumentaciones en futuras sentencias a la vista de las evidencias que los laudos internacionales están poniendo de manifiesto.

Que lamentables recuerdos nos deja este último ministro cuando se aferraba al mantenimiento de las centrales de carbón, a pesar de las intenciones de cierre de sus propietarios

Las recientes subastas, diseñadas para tratar de acercarnos a los compromisos europeos en el horizonte 2020 con el mínimo coste, sin tener en cuenta mínimos criterios de planificación sobre el diseño del mix más adecuado para el futuro de nuestro país, fueron también un ejemplo de improvisación y malas prácticas. Su ejecución total en el plazo fijado parece asimismo bastante dudosa.

El último movimiento del pasado gobierno fue el anuncio de una Ley de Transición Energética y Cambio Climático para la que nominaron un grupo de “expertos” cuyo informe, tras medio año de trabajo, resulta bastante sorprendente al llamar, en absoluta sintonía con el cesado ministro de energía, “transición energética” a mantener el carbón y las nucleares. Que lamentables recuerdos nos deja este último ministro cuando se aferraba al mantenimiento de las centrales de carbón, a pesar de las intenciones de cierre de sus propietarios, con el argumento demagógico y amenazante de que si se clausuraban esas centrales subiría el precio de la luz, ocultando que, si se sustituían por instalaciones renovables, el coste de la electricidad no solo no subiría, sino que bajaría.

La moción de censura ha supuesto la luz al final del túnel de la persecución que el gobierno del PP ha hecho a las renovables en este país.

Con el antiguo gobierno teníamos en el horizonte otro drástico recorte a partir de 2020, mientras que tanto el partido que soporta al nuevo gobierno como el resto de grupos parlamentarios, a excepción del PP, nos han demostrado fehacientemente su apoyo, o al menos su predisposición, a dejar establecida por ley la estabilidad retributiva para las instalaciones actuales.

Confiamos que los nuevos gobiernos, el actual y los que resulten de las futuras elecciones, así como la mayor parte de los miembros del parlamento, tengan una visión diferente

Confiamos que los nuevos gobiernos, el actual y los que resulten de las futuras elecciones, así como la mayor parte de los miembros del parlamento, tengan una visión diferente respecto a la que hemos venido sufriendo en esta larga etapa pasada, que, además de perjudicar al sector, ha impedido aprovechar la transición energética como palanca para la mejora de la economía de nuestro país, la creación de empleo y la convergencia regional.

La transición energética debe realizarse de forma planificada, con un adecuado mix de generación teniendo en cuenta las características y complementariedad de las diferentes tecnologías renovables (hidráulica, eólica, fotovoltaica, termosolar y biomasa). Un mix basado, además de la hidráulica, exclusivamente en eólica y fotovoltaica tendría muchos vertidos y seguiría necesitando el respaldo de las tecnologías convencionales.

Incorporando una contribución significativa de centrales termosolares, para su funcionamiento complementario a la fotovoltaica a partir de la puesta de sol y de biomasa, se conseguiría, además de un mix más barato que con el respaldo del gas, avanzar más rápidamente hacia la descarbonización de nuestro sistema eléctrico.