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La alternativa al gas ruso (y argelino)

Desde hace cincuenta años la energía está en el origen de todas las crisis y conflictos en el mundo. Los altos precios de los combustibles fósiles y la dependencia energética provocan las subidas de tipos de interés, la inflación, las desigualdades y las tensiones geopolíticas. Con sus matices específicos, en 1973, 2008 y 2022 se repite el mismo guion. A pesar de ello, la dependencia de los combustibles fósiles apenas se ha corregido, ni siquiera en Europa que cuenta con una legislación que exige su reducción. La dependencia energética hace a los ricos más ricos y a los pobres más pobres al favorecer la falta de competencia y que la riqueza se concentre en unos pocos monopolios.

La herencia de Donald Trump

El conflicto en Ucrania, provocado por la ambición de Rusia para corregir sus propios errores tras la desaparición de la Unión Soviética, no se explica sin la presidencia de Donald Trump en los EEUU. Su mandato marcó el fin del multilateralismo y la colaboración en la política internacional, el coqueteo y apoyo del presidente ruso para ganar las elecciones a los demócratas, la defensa de los combustibles fósiles y el ataque a las energías limpias, el negacionismo climático y de la Covid, el interés por dividir a la Unión Europea y la OTAN, su apoyo al Brexit, a los euroescépticos y a la extrema derecha y el desprecio a la democracia. Nunca antes hubo tanta sintonía entre los presidentes de EEUU y Rusia, lo que ha facilitado que Rusia haya decidido que este sea su momento.

La herencia de Angela Merkel

La salida de Angela Merkel de la cancillería de Alemania con el reconocimiento general no debe olvidar que Europa aún permanece presa de su gestión de la gran recesión de 2008, que impuso el austericidio a la Europa del sur, creando la fractura con la Europa del norte a través de las decisiones  de los ministros de economía del Eurogrupo, que el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea deberían investigar por haber incumplido el principio de cohesión europea y haber dado alas a una ultraderecha antieuropea, irrelevante hasta entonces.

En la crisis de la Covid 19, Angela Merkel corrigió su gran error de 2008 y permitió que Alemania facilitara la creación de deuda comunitaria para afrontar la crisis económica a través del Next Generation UE; pero ha llegado tarde porque los países del sur todavía no se han recuperado de los impactos de la austeridad dictada en 2008 y porque la ambigüedad de la política energética de Alemania ha convertido la dependencia del gas ruso, el gasoducto Nord Stream II y las puertas giratorias con Gazprom en un problema global y una grave incoherencia.

Los errores de la política energética alemana se han trasladado a la Comisión Europea, presidida por otra alemana, Ursula von der leyen, que no ha dudado en etiquetar el gas fósil como energía verde, a través de una taxonomía que favorece su uso hasta 2050, y su negativa a reformar la formación de precios de la electricidad, como pidió el gobierno de España, para impedir que el precio del gas determine los precios de la luz y proteger a los consumidores europeos de los altos precios de la energía con más renovables. Mientras se consolida un modelo energético dominado por la dependencia del gas fósil, Francia exige el mismo trato a su industria nuclear para sacarla de la ruina económica, destapada tras la quiebra de Areva y su absorción por la eléctrica estatal EDF, para que sea también etiquetada como verde.

La contradicción con las directivas aprobadas en 2018 y 2019, que establecen el impulso a las energías limpias, la descarbonización y la electrificación de la economía a través de la eficiencia energética y los recursos energéticos distribuidos, es tan evidente como la falta de liderazgo de la Unión Europea. La solución ahora es importar más gas esquisto desde EEUU, es decir, aumentar la dependencia energética, echando más leña al fuego.

La vulnerabilidad de Europa es su dependencia energética

Que la única solución adoptada sea la de diversificar el suministro de gas revela el caos europeo y la debilidad del discurso climático y energético. La Comisión Europea se encomienda a los intereses de Catar y EEUU por su incapacidad para tomar decisiones, para lo que necesitaría otros dos años de conversaciones entre los Estados miembros, divididos ante la tensión provocada por Rusia.

Según Eurostat, el esfuerzo de Europa desde 1990 por reducir su dependencia de los combustibles fósiles ha sido insuficiente, del 82% de toda la energía disponible se ha pasado solo al 71% en 2019. El esfuerzo de España aún ha sido menor al quedarse en el 74%. Según el Bank of América el impacto de la subida de los precios de la luz y el gas en Europa ha sido de 107.000 millones de euros, de los que 9.000 millones corresponderían a España y más de 23.000 millones a Alemania, 22.000 a Francia o 24.000 a Italia. La UE en su conjunto ha utilizado 21.000 millones de euros en ayudas para mitigar las subidas de precios.

Si a estas cantidades añadimos el coste de las importaciones energéticas, la extracción de rentas que los combustibles fósiles causan a la economía europea, y a los consumidores y contribuyentes, debería provocar una respuesta mucho más urgente y opuesta a combatir la dependencia del gas con más importaciones y mantener la referencia del gas en la formación de precios de la electricidad con ayudas públicas. ¿Por qué se confía más en el monopolio de las grandes compañías energéticas que en las medidas del “paquete de invierno” y del paquete “Fit for 55”?

Es el momento de ser valientes

Según Bloomberg NEF, en 2021 la inversión global en energías limpias creció un 27%, alcanzando la cifra récord de 755.000 millones de dólares, de los que 366.000 corresponderían a energías renovables y 273.000 a transporte electrificado. La inversión en Europa alcanzó los 150.000 millones. Para llegar al cero neto global en 2050 y 1,7 grados de calentamiento esta inversión debería triplicarse a un promedio de 2,1 billones entre 2022 y 2025 y duplicarse entre 2026 y 2030 a un promedio de 4,2 billones.

La Comisión Europea debería ratificarse en este camino que es el que establecen sus paquetes legislativos, que los Estados miembros incumplen, que proponen combatir precisamente los elevados costes de las importaciones de combustibles fósiles, que representan el flanco más débil de la economía europea, con más inversiones en energías limpias. Por eso son tan importantes los conceptos de descarbonización, electrificación y sostenibilidad, porque impulsan el liderazgo tecnológico e industrial que los combustibles fósiles impiden.

Es una situación similar a la de España que, a pesar de que en 2012 reconociera el déficit estructural de la sobrecapacidad e infrautilización de sus infraestructuras gasistas, lanzó una estrategia para aumentar las inversiones y convertirse en proveedor de gas argelino a Europa. Diez años después la equivocada estrategia de España con el gas de Argelia se repite en Europa con el gas ruso.

Las instituciones europeas han de ser más valientes y ratificar el objetivo y las medidas que se ha dado para reducir y eliminar la dependencia de los combustibles fósiles o tendremos crisis y conflictos por muchos años. Con mayor motivo si esa dependencia viene de regímenes autocráticos o euroescépticos.

El liderazgo de Europa depende de la coherencia con las directivas que aprueba

Desde hace más de una década la UE ha diseñado su estrategia para desarrollar una política energética que asegure energía limpia, barata y segura a los europeos y ha elaborado su estrategia de descarbonización de la economía que se ha concretado en el conjunto de directivas y recomendaciones del “paquete de invierno”, que va a actualizarse con el anunciado paquete “Fit for 55” para avanzar hacia la reducción del 55% de las emisiones en 2030 mediante la sustitución de los combustibles fósiles por energías limpias.

Esas medidas han dado a Europa un liderazgo global que ahora palidece ante el apoyo que se pretende dar al gas fósil y a la energía nuclear, fuentes de conflicto y de dependencia del exterior. Las instituciones europeas han de ser coherentes con el modelo energético que establecen sus directivas y adoptar nuevas decisiones para que el avance hacia la descarbonización y la reducción de la dependencia energética sea más rápido.

Se debe acelerar el liderazgo climático y tecnológico europeo con mayores objetivos de reducción de las importaciones energéticas y de inversión en energías limpias, de descarbonización de los sectores económicos con estándares más exigentes de eficiencia energética, nuevos modelos de negocio como la agregación, el almacenamiento, comunidades energéticas, digitalización de los usos de la energía, autoconsumo, electrificación del transporte y la edificación.

Como las propias directivas europeas plantean, se trata de transformar un modelo energético hecho a la medida de los combustibles fósiles en otro diseñado para la participación de los consumidores activos en los mercados energéticos. Ello exige aplicar mucho más rigor en el cumplimiento de las directivas que defienden la competencia frente al poder de los monopolios energéticos que impiden abrirla a nuevos actores.

Como ha escrito Andrea Rizzi, los desafíos planteados requieren unión y firmeza, pero la división y debilidad de Europa con respecto a sus propios principios revela su inadaptación a la realidad presente en el que el tiempo corre más rápido con el paso que marcan EEUU, China y Rusia.

 

Javier García Breva – Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Renovables

La descarbonización de la economía

En la legislación europea no es posible encontrar una definición del concepto de descarbonización. La mejor aproximación se encuentra en la Recomendación (UE) 2019/786, relativa a la rehabilitación de edificios, en la que se define un parque inmobiliario descarbonizado como “aquel cuyas emisiones de carbono se han reducido a cero mediante la reducción de las necesidades energéticas, garantizando al mismo tiempo la satisfacción de las necesidades energéticas restantes a partir de fuentes sin emisiones de carbono”.

Esta definición no solo concreta la descarbonización como el concepto cero emisiones, sino que establece el orden y la combinación de elementos para alcanzar ese objetivo: primero la eficiencia energética o reducción de la demanda y, en segundo lugar, las fuentes de energía sin emisiones, es decir, las energías renovables. La descarbonización es el resultado de alcanzar la más alta eficiencia energética para reducir la necesidad de generar electricidad y la poca energía que se necesite se cubrirá con fuentes de origen renovable.

La incompatibilidad de la descarbonización con la utilización de los combustibles fósiles, carbón, gas y petróleo, queda establecida de forma rotunda así como los medios para eliminar las emisiones, que se pueden trasladar al conjunto de la economía, ya que el edificio descarbonizado es el centro de consumo por excelencia de la transición energética y es el ejemplo para los sectores difusos, edificación, transporte, industria y agricultura y servicios, cuyas emisiones van a resultar más difícil de controlar y reducir a cero.

El modelo de descarbonización más desarrollado en las normas europeas es el del edificio de consumo de energía casi nulo, que añade a la más alta eficiencia energética, la generación renovable en el propio edificio o su entorno, es decir, el autoconsumo, la recarga del vehículo eléctrico y la interoperabilidad de los dispositivos inteligentes para la gestión de la demanda con el control del consumidor. Se trata de un nuevo modelo de producir y consumir que se relaciona con el modelo productivo y con el cambio de hábitos del consumidor que se transforma en el consumidor activo, que gestiona su propia demanda con independencia de los grandes suministradores.

El avance en las tecnologías de generación y eficiencia hacen posible hablar de la descarbonización como un objetivo viable. Los nuevos paradigmas para el próximo lustro se  concretan en la mayor conciencia social a favor de la sostenibilidad y contra la contaminación, el crecimiento de la eficiencia energética y la gestión de la demanda a través de los recursos energéticos distribuidos, la sustitución del gas fósil por el almacenamiento en baterías, la carga inteligente del vehículo eléctrico en viviendas y edificios, los agregadores independientes de la demanda que permitirán la participación de los consumidores en el mercado eléctrico y el desarrollo de las comunidades ciudadanas de energía. Estos elementos van a situar en el centro del sistema energético al consumidor activo en sustitución de las grandes centrales de generación, incluidas las renovables a gran escala, y van a equilibrar el mix energético con más generación distribuida o de kilómetro cero.

La adaptación al cambio climático exige que le relación de la energía con la biodiversidad y la salud entre en los balances económicos para impulsar un cambio en los comportamientos individuales; pero para que la economía y la sociedad entren en la era de la descarbonización se requiere establecer nuevas reglas en los mercados energéticos. En primer lugar, aceptar que el primer problema es el medio ambiente y los límites del planeta; en segundo lugar, el modelo energético no debe dedicarse únicamente a generar rentas, sino a crear riqueza y para ello la energía más barata, eficiente y limpia, es la de proximidad, es decir, la generación distribuida que convierte cada centro de consumo en un centro de generación; en tercer lugar, establecer una coherencia de las políticas públicas para que la inversión energética siga la evolución de la demanda y, en cuarto lugar, se debe reconocer el valor económico a la eficiencia energética y facilitar a los consumidores el acceso a los instrumentos para ahorrar energía, aplicando los derechos que las directivas europeas reconocen al consumidor o cliente activo.

La Cumbre del Clima de Glasgow (COP 26) ha evidenciado el frustrante retraso en la acción contra el cambio climático. La descarbonización de la economía no es un problema de objetivos, sino de modelo energético. A partir de ahora deberá apoyarse en los recursos energéticos distribuidos y en las aplicaciones inteligentes para la gestión de la demanda con el control del consumidor.

Este cambio en las formas de producir y consumir debe comenzar por:

  • Una economía de la huella de carbono que defina la transición energética como la transformación de un sistema energético centralizado en uno distribuido con energías cien por cien renovables, con presupuestos y fiscalidad de carbono y una gestión de la huella de carbono por parte de los propios consumidores.
  • Abrir la competencia a millones de autoconsumidores a través de su participación directa, o mediante agregadores independientes y comunidades energéticas, en los mercados de electricidad, aprovechando los beneficios del autoconsumo y de los contadores inteligentes como instrumentos para la descarbonización y el abaratamiento de la energía.
  • Convertir cada vivienda, edificio y vehículo en una central eléctrica aprovechando la principal virtud de las energías renovables, como es la proximidad de la generación al consumo, es decir, su carácter de recurso distribuido.

La Fundación Renovables ha propuesto una jerarquía de las renovables encabezada por el autoconsumo, las comunidades energéticas y la generación distribuida, una planificación energética que incluya los recursos energéticos desde el lado de la demanda y la trasposición urgente de las directivas europeas del “paquete de invierno”.

 

Javier García Breva – Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Renovables

Una llamada de atención para la protección de los océanos y la mitigación del cambio climático

Los océanos son mucho más que el hogar de una deslumbrante variedad de plantas y animales o una importante fuente de alimento para nosotros. Los océanos desempeñan un papel crucial en la regulación de nuestro clima y almacenan grandes cantidades del exceso de calor que se ha acumulado en el sistema terrestre desde la época preindustrial. Además, absorben una parte importante del CO2 antropogénico, eliminándolo de la atmósfera y evitando un mayor calentamiento.

Debido al cambio climático todos estos servicios que nos proporciona el océano son cada vez más importantes y, al mismo tiempo, están cada vez más en peligro.

Un siglo de cambios globales y una llamada urgente a la acción

El recientemente publicado 6º Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) afirma rotundamente que el cambio climático provocado por el hombre es rápido, generalizado, se está intensificando y está afectando a muchos aspectos y funciones críticas de los océanos.

Actualmente, las concentraciones de CO2 son más altas que en los últimos 2 millones de años o, en palabras del renombrado científico del clima, Erich Fischer, «más altas que nunca en la historia de la humanidad». El calentamiento global de 1,5ºC o 2°C -el límite superior definido en el Acuerdo de París- se superará durante el siglo XXI a menos que se produzcan profundas reducciones de las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Pero, incluso entonces, hay muchos cambios debidos a las emisiones de gases de efecto invernadero pasadas y futuras que seguirán siendo irreversibles durante siglos o milenios, especialmente en el océano. Algunos ejemplos son el derretimiento de las grandes placas de hielo, el aumento del nivel global del mar y el calentamiento, la acidificación y la desoxigenación de los océanos.

El cambio climático afecta al océano a varios niveles. Por un lado, se está produciendo un calentamiento del océano, proceso que en el último siglo avanzó más rápido que en cualquier otro momento desde el final de la última glaciación (hace unos 11.000 años). Además del calentamiento progresivo del océano, también se ha producido un aumento de las temperaturas extremas, las llamadas olas de calor marinas. Su frecuencia se ha duplicado desde la década de 1980 y se prevé que en el futuro sean aún más frecuentes, largas e intensas. Esto tiene efectos adversos en muchos organismos marinos, especialmente en los corales, sumamente sensibles a la temperatura. Además de la decoloración de los corales, las olas de calor marinas también pueden causar cambios en la producción primaria, en la composición y distribución de las especies, en la proliferación de algas tóxicas y en la disminución de las capturas pesqueras.

La acidificación de los océanos está agravando los efectos del calentamiento de estos. En los últimos dos millones de años son insólitos unos niveles de pH en alta mar tan bajos como los actuales y se prevé que su reducción continúe. Este es otro duro revés para los corales y perjudica también a otra fauna calcificadora, incluidas importantes especies de fitoplancton, briozoos, crustáceos como los cangrejos, moluscos como los calamares o las ostras y equinodermos como las estrellas de mar.

A todo esto se suma la desoxigenación de los océanos, una disminución del contenido de oxígeno en la parte superior del océano causada por el calentamiento del océano, la estratificación y la eutrofización. En su estado más extremo, la desoxigenación de los océanos puede causar las llamadas «zonas muertas», regiones con insuficiente concentración de oxígeno para mantener la vida. Se prevé que estas zonas se incrementen en el futuro.

En algunos casos, se pronostica que las corrientes oceánicas se vean alteradas por el calentamiento global. Un ejemplo es la circulación de vuelco meridional del Atlántico (AMOC, por sus siglas en inglés), la poderosa corriente que transporta agua caliente desde el Caribe a Europa, que se prevé que se debilite a lo largo del siglo XXI. Y aunque existe una confianza moderada en que no se producirá un colapso abrupto de la AMOC en este siglo, no se puede descartar por completo un punto de inflexión climático tan importante.

Un efecto visible y más conocido es el deshielo de las enormes placas de hielo de Groenlandia y la Antártida, que contribuye a la subida del nivel del mar (junto con la expansión térmica del agua marina más caliente). En los próximos 2.000 años, se prevé que el nivel medio del mar a nivel mundial aumente entre 2 y 3 m si el calentamiento se limita a 1,5°C, entre 2 y 6 m si se limita a 2°C, y entre 19 y 22 m con un calentamiento de 5°C.

Además, si el calentamiento continúa, antes de 2050 el Ártico estará prácticamente sin hielo durante el verano, hecho que no ha sucedido nunca. Esta situación podría convertirse en la nueva normalidad para 2100 si las emisiones de gases de efecto invernadero son elevadas. Esto podría tener importantes repercusiones negativas en las especies que dependen del hielo marino para su supervivencia, alimentación o cría, como las ballenas, los osos polares y las focas.

Muchos de estos impactos supondrán grandes retos para los organismos y ecosistemas marinos de todo el planeta y pueden llevar a algunos de ellos hasta el límite de su capacidad de adaptación o aclimatación. Esto no sólo puede condenar a ciertas especies, sino que incluso podría devastar zonas enteras de ecosistemas oceánicos de gran importancia y epicentros de la vida marina, como los arrecifes de coral.

Ante estas perspectivas, resulta más importante y urgente que nunca salvaguardar nuestros océanos. Éstos son, sin duda, nuestro mayor aliado en la carrera contra el cambio climático y tenemos que preservar su salud, biodiversidad y resiliencia, así como los servicios que prestan, para que puedan seguir ayudando a mitigar el cambio climático.

¿Qué hay que hacer?

La lectura del informe del IPCC deja claro que nos dirigimos hacia un territorio inexplorado. Nunca antes la humanidad se había enfrentado a un mundo en el que los océanos se calientan, se acidifican, se desoxigenan y se deterioran tan rápido como ahora. Pero, aunque todo esto suene a fatalidad, todavía hay esperanza. No estamos simplemente a merced del cambio climático, sino todo lo contrario, lo estamos causando e impulsando. Nuestras acciones determinan en qué dirección nos dirigimos y a qué velocidad. Todavía tenemos el poder de frenar el cambio climático, atenuar la amplitud de sus impactos y cambiar de rumbo en aspectos relevantes. Y aunque ya nos vemos abocados, irremediablemente, a algunos procesos con trayectorias preocupantes durante cientos, quizá incluso miles de años, otras consecuencias todavía pueden aliviarse o evitarse, a veces incluso revertirse, si reaccionamos de forma inmediata con reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero rápidas, decisivas y duraderas.

El clima que tendremos en el futuro depende de nuestras acciones ahora. O, como lo expresa la oceanógrafa Sylvia Earle: «nuestras acciones en los próximos 10 años determinarán el estado del océano durante los próximos 10.000 años». Este nuevo informe de evaluación es una llamada de atención urgente que debemos atender antes de que sea demasiado tarde.

Acción inmediata para nuestros océanos

Para asumir esa responsabilidad y proteger nuestros océanos, OceanCare pide que se prohíba inmediatamente la exploración de hidrocarburos y se elimine gradualmente su explotación en todo el mundo. Esto representaría un paso importante hacia la descarbonización de nuestras economías, que se necesita con urgencia, y, además, reduciría otra fuente de estrés y peligro para la fauna marina.

OceanCare también pide a la Organización Marítima Internacional (OMI) que introduzca una reducción de velocidad obligatoria para el sector del transporte marítimo. Se trata de una medida económicamente rentable, probada y fácil de aplicar, de rápidos resultados y muy eficaz para reducir las emisiones de carbono de este importante sector de la economía y, como efectos ambientales positivos indirectos, también reduce en gran medida las emisiones de ruido -otro importante factor de estrés para la fauna marina- y el riesgo de colisiones de barcos con cetáceos. La Unión Europea y sus Estados miembros deberían estar a la vanguardia de la promoción de esta medida operativa e imponerla siempre que sea posible en sus aguas.

Junto a estas acciones directas por el clima, OceanCare se centra en la reducción de otros factores de estrés que afectan a la fauna y los ecosistemas marinos, como la contaminación, la sobrepesca, la degradación del hábitat, los enmallamientos, las colisiones con los buques y la caza de ballenas. Puede que esto no mitigue directamente los efectos nocivos del cambio climático en nuestros océanos, pero probablemente ayudará a aumentar la resiliencia de los ecosistemas y las poblaciones de animales y aumentará nuestra esperanza de que sean capaces de adaptarse o aclimatarse a los cambios futuros y puedan seguir dando vida a nuestro inestimable aliado y sistema de soporte vital que son los océanos.

 

Por Sandra Striegel- OceanCare- y Carlos Bravo – Responsable de políticas marinas de OceanCare y amigo de la Fundación Renovables

Renovables sí, pero póngalas aquí

Quien nos hubiera dicho que existirían movimientos sociales en contra de la principal solución para la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI): las energías renovables. Coexisten tendencias ciudadanas para acelerar la mitigación de las causas del cambio climático con otras contra esas mismas iniciativas. Toda una paradoja que nos puede salir cara.

Hay que reconocer que la raíz del problema está en que se ha dejado todo a la rentabilidad del terreno y al puro rédito financiero. No existen criterios de control u ordenación para definir dónde sí y dónde no. Ya lo analizamos en la Fundación Renovables y propusimos toda una batería de líneas de actuación en el informe Renovables, ordenación del territorio y biodiversidad. La más urgente es revisar el PNIEC con urgencia-antes de la revisión fijada en 2023- para, entre otras cosas, que incluya una escala de priorización sobre el territorio para las instalaciones centralizadas y distribuidas y una zonificación ambiental y socioeconómica vinculante para los promotores, incluso en las subastas de renovables. Aunque suene mal, también hay que poner líneas rojas a algunos proyectos. No todo vale.

Esa urgencia nace del evidente rechazo social, pero tenemos herramientas legislativas y comunicativas para trabajar desde ya mismo; no podemos esperar a que “los aerogeneradores tengan pelo”.

Pero, la solución no es una moratoria, ni mucho menos. No podemos echar el freno de mano en la transición energética porque en ello nos va la conservación del planeta, nuestra salud y el futuro de nuestras generaciones. La moratoria per se generaliza un problema que es particular y localizado en determinadas comarcas; no todos lo hacen mal, hay iniciativas que cumplen con y por el territorio y la ciudadanía.

¿Son pocas? De momento. Ya serán más si aplicamos medidas, pero no paremos. Las renovables son imprescindibles y en eso no hay dudas. Hace 10 años también se realizaban instalaciones y mucha gente las miraba con orgullo, considerándolas como un avance hacia la modernidad que las energías limpias traían a los pueblos. Ahora se ha perdido esa visión, por lo que toca ordenar, priorizar y dar beneficios a los municipios para su propio desarrollo, considerando las instalaciones no como extractivas, sino como impulsoras de la economía local.

Si un promotor llega a un municipio, independientemente del tamaño, alejado de las grandes urbes, con la intención de instalar un parque fotovoltaico o eólico en suelo público, lo primero que debería pasar es que la administración, con la opinión de los vecinos, le diga: “vale, tiene usted estas zonas donde puede llevarlo a cabo. El resto están protegidas porque tienen un elevado valor ambiental y socioeconómico para muchas familias por años de tradición”. Una herramienta que deberían facilitar tanto el Gobierno central como los autonómicos.

Por otro lado, las recaudaciones impositivas o parte de los beneficios derivados de la ocupación de los terrenos, en el caso de que sean públicos, que se destinen a las arcas públicas para generar empleo de calidad en sectores con futuro, como la propia transición energética, o a mejorar la calidad de sus servicios públicos. ¿Por qué no se pueden destinar los beneficios obtenidos a acelerar la movilidad sostenible, instalando puntos de recarga y electrificando la flota de transporte público? El abanico de posibilidades es muy amplio.

Otra de las opciones es que el promotor ofrezca algo a cambio a la ciudadanía de la población en cuestión. Muchos empiezan a predicar con este ejemplo y debería replicarse si existe esa posibilidad. El proyecto Hybrex es un claro ejemplo de por dónde deben ir las soluciones, conjugadas con buenas ideas. En este caso, en la comarca de la Sierra de Montánchez, entre las provincias de Cáceres y Badajoz. Sentarse, hablar, debatir, escuchar, proponer y acordar. Así se construye el futuro de las renovables, evitando el “aquí no”.

El proyecto contempla 4 instalaciones fotovoltaicas que suman en total 120 MW (46,5 MW+22 MW+45 MW+6,5 MW), que generaran 202 GWh anuales y una capacidad de almacenamiento de 50 MWh. Paralelamente, contempla otros 4 parques eólicos que suman 110 MW, con una capacidad de 333,3 GWh de generación anual. Hasta ahí, todo bien, nada de grandes parques de 300 MW ni miles de hectáreas. Pero, la innovación y la idea disruptiva se vislumbra en lo que van a aportar de manera gratuita a los municipios.

Hybrex financiará instalaciones de autoconsumo en los municipios afectados y serán gestionadas por comunidades energéticas. Es decir, pretende otorgar a los ciudadanos de las localidades afectadas la oportunidad y las herramientas de ser partícipes activos de la transición energética, con el consecuente beneficio de una reducción de la factura. Además, exigirá a las empresas proveedoras que contraten a trabajadores de la comarca, con una formación previa si requiere de una fase de especialización. ¿Se pueden hacer bien las cosas? Por supuesto. No todo es negro o blanco.

Este ejemplo no exime al legislador de realizar su función de “regular” a escala nacional, regional y local y no dejar a la bondad de los promotores estas ideas. No podemos caer en dogmas irracionales como el de que las renovables son un peligro; al contrario, el peligro vendrá si no las instalamos con criterios racionales de ordenación, mejorando el bienestar y la economía de los municipios aledaños.

En algún momento, mejor cuanto antes, resonará el eco de esta frase en los consistorios de toda España al recibir la petición de un proyecto: “renovables sí, pero póngalas aquí”. Y habrá merecido la pena construir las soluciones desde el consenso.

Ismael Morales – Responsable de Comunicación de la Fundación Renovables

Las nuevas subastas de renovables

La semana pasada, en medio de este caluroso agosto, como si de los últimos coletazos de las lágrimas de San Lorenzo se tratase, el gobierno ha lanzado su segunda convocatoria de subastas para la instalación de nuevas plantas de generación renovable en nuestro país.

Parece previsible que dicha premura haya venido dada por los precios infames de la electricidad que estamos sufriendo los consumidores, necesitando de alguna medida que mostrase la perseverancia del legislador por hacer algo por evitar el infernal tormento. A lo mejor también es porque, simplemente, no quieren que tengamos vacaciones los que nos dedicamos a la energía y, persistentemente, salen normas de este estilo en agosto o en navidades.

Fuera como fuese, la considero una medida que va en la buena dirección. Parece aprender de errores pasados, y singulariza la posibilidad de que, por un lado, no todas las instalaciones tienen que ser iguales ni producir los mismos retornos, y por otro, no todos los sujetos pueden competir en igualdad de condiciones ni todos los participantes tienen que ser el mismo tipo de figurantes. La propuesta establece un nuevo cupo de 3.300 MW de potencia instalada, separando 600 MW para instalaciones fotovoltaicas y eólicas a los que llama de disponibilidad acelerada, 700 MW destinados a fotovoltaica (que entrarán a un ritmo más cadencioso), 1.500 MW destinados eólica y 300 MW destinados a fotovoltaica para instalaciones de generación distribuida con carácter local.

Al margen de lo singular del plazo exprés que se da a las instalaciones aceleradas, que seguramente nos traiga “tardes de gloria” a los abogados de la energía en el futuro, me gustaría hacer alguna reflexión en positivo sobre el cupo de 300 MW para instalaciones de menor dimensión que se fomentan en esta propuesta. Las mismas, como singularidades principales, deberán estar conectadas a la red de distribución a una tensión igual o inferior a 45 kV, contar con una potencia instalada igual o inferior a 5 MW, contar en -al menos- el 25% de su capital con cuatro titulares con el domicilio fiscal en un radio de 25 kms a la redonda, no realizar divisiones artificiales que supongan una planta gigantesca partida en trocitos y su potencia límite no excederá del resultado de multiplicar la población censada de dicho entorno territorial por 0,5.

Estoy seguro de que habrá unos cuentos opinólogos que van a tildar de ocurrencia esta singularización tan particular de esta tipología de plantas. Cuántas veces habré oído eso de: “ya no os basta con las renovables, además queréis decidir a quién deben de pertenecer”. Pues claro que sí, debe de haber una discriminación positiva para este tipo de proyectos, ese es el camino. Los ciudadanos no van a poder competir con grandes centrales de generación, pero eso no les puede expulsar de un nuevo modelo distribuido del que tienen que formar parte.

Esta propuesta del legislador ha de ser el primer impulso a las nuevas comunidades ciudadanas de energía que nos ha traído la legislación comunitaria. Eso que ahora vemos como sorprendente, existe desde hace años en otros países europeos como Alemania, Portugal o Grecia. Nuevos sujetos generalmente alrededor de pequeños ayuntamientos, de cooperativas, de comunidades de regantes, de parques industriales, van a ser capaces de aunar esfuerzos para poder producir electricidad que ellos mismos podrán consumir o vender de forma colectiva.

Seguramente alguien entienda que 300 MW sobre un total de 3.300 MW es una insignificancia, pero el camino se demuestra andando y es necesario que se den los primeros pasos en esta dirección para que todas las decenas de miles de posibles nuevos operadores sean conscientes de la eficacia de esa actuación. No solo abarata el precio de sus consumos, sino que hace más eficiente la generación cerca de los puntos de consumo. Y lo que es más importante, les hace participar de forma más activa de un sector opaco, que como estamos viendo estas últimas semanas, aprovecha cualquier ocasión para exprimir al máximo una teta que en algún momento no podrá dar más leche, temerosos de cambios regulatorios relevantes en lo que afecta a la fijación de los precios y a la participación social de los ciudadanos en la energía.

Espero que la norma se ajuste un poco en el período de información pública, pues quizás la emergencia con la que ha visto la luz, la haga meritoria de alguna revisión, pero fuera como fuese, en lo referente a lo comentado, merece mi debido reconocimiento.

Por Juan Castro – Gil – Abogado, vicepresidente de la Fundación Renovables y secretario de ANPIER

Cambio climático: estábamos avisados. 5 medidas que las corporaciones tratan de impedir

El cambio climático ya no es una predicción de futuro. Desgraciadamente, ya es una realidad que está golpeando con fuerza a todo el mundo en forma de fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor, incendios, inundaciones, tornados o sequías. Como bien explicaba The New York Times hace unos días, ya nadie está a salvo. Estos eventos extraordinarios alcanzan a todos sin piedad, tanto a ricos como a pobres, aunque siempre son las personas y comunidades con menos recursos las que se llevan la peor parte, a pesar de ser quienes menos responsabilidad directa tienen en las causas.

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10 millones de kits fotovoltaicos para 2030 en España

En numerosos países europeos, como Suiza, Portugal, Francia, Holanda o Bélgica, los ciudadanos tienen derecho a realizar pequeñas instalaciones solares fotovoltaicas de autoconsumo, en sus casas, sin necesidad de pedir permiso ni de recurrir a un instalador autorizado. La potencia máxima varía desde los 350 W en Portugal a los 3 kW en Francia y las normas que lo regulan tienen características propias en cada país.

Pero, en España la normativa de autoconsumo es la misma para cualquier instalación menor de  10 Kw; todas requieren una memoria técnica y diferentes trámites, dependiendo de cada ayuntamiento, que saturan a las administraciones y encarecen y obstaculizan su implantación en el país con más sol de Europa.

Proponemos imitar a nuestro vecinos y ajustar la legislación para facilitar, desde todas las administraciones, el   más rápido desarrollo de todas las formas de  autoconsumo que impliquen directamente a la ciudadanía.

Uno de los caminos pasa por facilitar las instalaciones de pequeños kits homologados, de hasta 1.200 W de potencia, con todos los componentes del circuito para ser conectados a una toma de corriente tipo schuko (con toma de tierra) de la casa.

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La última frontera para democratizar la energía: la red de distribución

Cuando trabajé en proyectos de cooperación en América Latina para la Comisión Europea (CE), siempre decíamos que un proyecto era viable si, una vez se le retiraba la ayuda económica, este continuaba funcionado por sí mismo.

Los Fondos Europeos para la recuperación económica Next Generation UE, tienen un doble objetivo: recuperar la economía, intentando volver a la senda previa del PIB, y transformar el modelo productivo con criterios de sostenibilidad y apostando por un progreso inclusivo. Si solamente apostamos por promover una aportación económica para restablecer el ritmo y la estructura productiva actual, volveremos a cometer los mismos errores  con los diferentes planes de reactivación del año 2008 a 2010, en los que las inversiones se acabaron confundiendo con los gastos.

Necesitamos encontrar palancas de cambio, dentro de las líneas fijadas por la CE, que permitan aprovechar los recursos disponibles bajo criterios de sostenibilidad y que actúen de forma transversal como catalizadores e impulsores de un nuevo modelo más abierto, participativo y flexible.

Bajo mi punto de vista, una de las líneas de actuación transversal más clara es la apuesta por la electrificación de nuestra economía porque permite una mayor eficiencia en la cobertura de nuestras necesidades, la disponibilidad de fuentes de energía renovables, la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y de partículas, que lleva implícita la utilización de la electricidad como fuente de energía, y porque, como vienen señalando las diferentes Directivas Europeas, es el único vector energético en el que la ciudadanía puede actuar de forma activa y bajo criterios de consumo responsable.

Ahora bien, para que la electricidad pueda ser la palanca que permita el cambio del modelo productivo se tienen que cumplir dos exigencias: reducir el precio del kWh, a través de la transición energética a las renovables y  de la reducción de los costes fijos regulados, y, sobre todo, proceder a una transformación del sistema eléctrico, no solo para su modernización y digitalización, sino para mejorar la facilidad de acceso de los nuevos agentes, entre los que nos encontramos todos los consumidores.

Para cumplir el primer requisito ya se han dado los primeros pasos con la puesta en marcha de subastas competitivas de nueva potencia renovable y con la propuesta de creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). Estas iniciativas deben tener continuidad reduciendo el resto de las partidas reguladas y eliminando la asimetría de la asignación de los costes fijos, que provoca que el consumidor doméstico asuma una mayor carga económica que el consumidor industrial.

Uno de los elementos fundamentales para poder seguir reduciendo el precio de la electricidad es actuar sobre los costes que las infraestructuras eléctricas introducen dentro de la tarifa, empeño que ni la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ni ningún gobierno han conseguido llevar a cabo a pesar de los repetidos intentos. En 2019 estos costes fueron de 6.891M€, suponiendo un 38% de los costes regulados o un 22% del total de la tarifa. Estas partidas incluidas en la tarifa han sido calculadas a partir de una retribución de las inversiones con un 7,5% de rentabilidad, valor muy por encima del WACC (de las siglas en inglés Weighted Average Cost of Capital) que las diferentes compañías tienen a la hora de financiar sus actividades, sobre todo si se considera que la retribución está exenta de riesgo de mercado, operativo o financiero.

Adecuar y modernizar las redes eléctricas a las necesidades presentes y futuras exige  su adaptación a la digitalización para que cumplan el papel de palanca anteriormente demandado. Este proceso necesitará unas inversiones en torno a los 30.000M€, según diferentes estudios.

El problema no radica en si el sector eléctrico tradicional está dispuesto a invertir, porque obviamente lo está, sino si el proceso de inversión se va a llevar a cabo de acuerdo con la necesidad de apertura y acceso a las infraestructuras para que el autoconsumo, la generación distribuida, la gestión de la demanda, los gestores de carga y las necesarias infraestructuras para la electrificación del transporte se puedan desarrollar, sabiendo que su éxito supone poner en riesgo el negocio de las actividades que el mismo grupo empresarial tiene integradas: la generación y la comercialización.

Por otro lado, las distribuidoras actuales ejercen de Comercializadoras de Referencia y suministran la electricidad a los más de 10 millones de consumidores domésticos que no han querido cambiarse al mercado liberalizado y se mantienen en el regulado con el PVPC y Complementariamente, también tienen a su disposición los puntos en los que existe capacidad de acceso y evacuación de sus propias redes eléctricas, situación que acaba siendo un privilegio para el desarrollo de inversiones en centrales de generación con fuentes renovables y que supone una clara posición de ventaja con respecto a otros inversores.

Por todas estas razones, la Fundación Renovables ha elaborado el informe “Democratizar la energía como proyecto de país. Los Fondos Next Generation EU y las infraestructuras del sistema eléctrico” basado en un propuesta que pretende que la distribución de electricidad, de forma progresiva y empezando por las redes más cercanas al consumidor, sea controlada por el Estado. A través de esta premisa, se reduciría el coste incluido en la tarifa, al disminuir la retribución por tratarse de un bien público, facilitaría que el cambio del mercado regulado de los consumidores domésticos se realice de forma protegida, se avanzaría hacia un acceso universal a la energía y las políticas energéticas de generación en los puntos de consumo y de gestión de la demanda, encontrarían el apoyo que la digitalización de las redes les deben prestar, sin pensar si esta iniciativa incide o no en la cuenta de resultados del resto de filiales del mismo grupo empresarial.

Por otro lado, en este mismo informe, la Fundación Renovables considera conveniente que la función de Operador del Sistema, que hoy tiene Red Eléctrica de España (REE), empresa con un 80% de inversores privados en el accionariado (mayoritariamente internacionales), pase a ser propiedad del Estado, dotándole de los activos que permitan la gestionabilidad del sistema sin que perturben la fijación normalizada de precios en el mercado mayorista, activos entre los que no se incluye la red de transporte.

La pregunta que contestar sería: ¿de dónde deben salir los recursos económicos para llevar esta iniciativa a buen puerto? La respuesta es obvia si atendemos a las premisas que la CE ha establecido para el destino de los Next Generation EU, al ser una línea de actuación para la transformación del sistema productivo y la apuesta por la transición ecológica y la digitalización. Por la idoneidad y la capacidad de transformación contenida en el propio objeto de su creación, el destino de los fondos debería ser vertebrar un sistema eléctrico flexible, abierto para todos los productores y consumidores y, por lo tanto, actuar para que las infraestructuras eléctricas cumplan su cometido y se modernicen para dar el mejor servicio al menor coste.

En España perdimos la consideración de la electricidad como bien de utilidad en la reforma que se llevó a cabo de la Ley del Sector Eléctrico 54/1997 y es el momento idóneo para recuperar esa consideración así como el papel del Estado como inversor en el suministro de un bien de primera necesidad, como es la electricidad, y que va a ser el elemento vertebrador del modelo energético del futuro.

Fernando Ferrando – Presidente de la Fundación Renovables

Un 2020 a la sombra del hidrógeno

Durante este 2020, y más allá de todo lo relacionado con la crisis sanitaria a causa de la Covid 19, hemos observado como diferentes tecnologías de generación de electricidad basadas en fuentes de energía renovable han competido, en el término amplio de la palabra, por captar la atención mediática, las inversiones, la seguridad regulatoria, las estrategias a futuro y, lo más importante, los fondos de recuperación Next Generation de la UE. Más allá de las tecnologías más maduras y baratas, como la eólica y la solar, que han ido batiendo récord mes tras mes; ha asomado la cabeza un actor más allá de la generación, olfateando el rastro del fondo de la UE y de sus negociaciones, que no esperábamos hasta dentro de unos años, el hidrógeno. Eso sí, multicolor, por mucho que el único capaz de reducir las emisiones, dentro de los objetivos adquiridos por España, sea el hidrógeno verde al ser producido con renovables.

Este nuevo vector energético nos ha hecho obviar los hitos de las energías renovables en nuestro país. Si miramos al sistema eléctrico, el pasado lunes 20 de diciembre a las 14:28 horas, según datos de Red Eléctrica de España, la generación eólica alcanzó los 19.588 MW de potencia instantánea con esta tecnología, lo que supone un aumento del 3,76% respecto al anterior máximo de 18.879 MW, registrado hace poco más de un año, el 12 de diciembre de 2019. Esto se traduce en que el 83% de la demanda registrada en el sistema eléctrico peninsular, en ese determinado momento, se ha cubierto con energía de origen renovable. Una cifra nunca vista, a la cual nos tendremos que ir acostumbrando en nuestro camino al sistema eléctrico 100% renovable.

Sin embargo, el 2020 ha sido el año del hidrógeno, una verdadera fiebre, y todo lo no circunscrito a esta incipiente tecnología ha quedado bajo su alargada sombra. El gobierno de España ha realizado, a través de su Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable, un envite para liderar su investigación, desarrollo y promoción, queriendo convertirnos en un Hub del Hidrógeno. Esta incluye diversos objetivos nacionales de implantación del hidrógeno renovable a 2030, incluyendo 4 GW de potencia instalada de electrolizadores, un mínimo del 25% del consumo de hidrógeno por la industria deberá ser renovable e implantación de hidrogeneras, trenes y vehículos de transporte pesado. Toda una hazaña, la cual necesitará inversión. Y mucha, sobre todo por parte de aquellos que tenían prácticamente un pie fuera, como es el caso de las compañías de hidrocarburos.

Por ejemplo, Enagás, con 12 proyectos de hidrógeno a desarrollar en el periodo 2021-2023, podría movilizar unos 1.500 millones de euros de inversión; Repsol también ha movido ficha, prevé realizar inversiones por entre 2.200 y 2.900 millones de euros en el periodo 2021-2026 vinculadas a proyectos de la cadena de valor. No solo las petroleras y gasistas se han unido a la fiebre desmesurada del hidrógeno, bien sea para reconvertir la infraestructura de transporte ya sobredimensionada o por dar un valor sostenible a la marca; también alguna que otra gran compañía eléctrica. Este es el caso de Iberdrola, con la proyección de 800 MW de hidrógeno verde y una inversión de 1.800 millones de euros en los próximos siete años. Un negocio muy suculento, con todo el camino por hacer, aunque ya se habían empezado a mover por otro lado.

Como reveló un análisis elaborado por la entidad Corporate Europe Observatory (CEO), el lobby del hidrógeno, cuyos principales actores son las empresas de gas fósil, ha declarado un gasto anual de 58,6 millones de euros para intentar influir en la formulación de políticas de Bruselas. Y vaya si lo consiguieron, pero, además, con los fondos de recuperación Next Generation de la UE de por medio, redoblaron esfuerzos. Estamos hablando, para España, de 66.300 millones de euros en préstamos y 59.000 en ayudas (672 500 millones de euros para toda la UE) que se emitirán periódicamente a través de los proyectos que presenten las Comunidades Autónomas, para impulsar nuestra recuperación que debería estar basada en una transición verde, digital y justa. Sin embargo, la industria del gas, ahora en jaque por el abaratamiento del coste de las baterías de almacenamiento, quiere mantener la puerta abierta en este fondo para proyectos de gas. Así, los líderes de la UE recibieron cartas y diferentes reuniones en sus despachos de más de 50 empresarios de la industria (incluidos BP, Enagas, Fluxys, Total, Repsol, Eurogas, Gasnaturally , IOGP y Gas Infraestructure Europe) para respaldar herramientas políticas ambiciosas y pragmáticas que permitirán la ampliación de todas las opciones de descarbonización que serán necesarias para lograr la neutralidad de carbono para 2050, incluidos los gases naturales y renovables. Por esta razón, tanto el hidrógeno azul (gas) como el verde (agua+renovables) han recibido el visto bueno para recibir dinero del Fondo de Recuperación y Resiliencia, señalados como una salida «limpia» de la crisis. Un traspié que nos puede salir muy caro, sobre todo a los consumidores, es decir, a los que siempre pagamos los errores de las políticas energéticas.

Toda esta fiebre por el hidrógeno ha postergado a otras alternativas ya maduras, desarrolladas y rentables, como es el caso del almacenamiento en baterías, las renovables, la electrificación de los diferentes sectores, la gestión de la demanda y la eficiencia energética. Por si estas razones no fueran suficientes, se echa en falta algo muy significativo, como marcan las Directivas Europeas. Nada menos que el papel activo del ciudadano, siendo el centro sobre el que gire el cambio de modelo energético.

¿Dónde queda la ciudadanía en los planes del hidrógeno? La respuesta es tan sencilla como aterradora, en un tercer plano. Esto choca frontalmente con la idea de desarrollar la capacidad de que el ciudadano pueda producir, consumir, compartir, almacenar y vender electricidad generada a partir de energía renovable, y que participen todo tipo de entidades que estén ubicadas cerca de los proyectos de energía o desarrollen actividades relacionadas con sus respectivos proyectos energéticos. Además, según un reciente estudio, el autoconsumo fotovoltaico en azoteas tiene un potencial abrumador que tenemos que empezar a explotar, ya que los cálculos realizados sitúan el potencial en 8.300 TWh al año. Para hacerse una idea de lo que significa esto, es aproximadamente 1,5 veces la demanda mundial de electricidad residencial de 2015. Este debería de ser uno de los focos principales para los proyectos que opten los fondos de la UE por sus características y beneficios, como ya expusimos desde la Fundación Renovables, entre los que destacan: ser sostenibles, viables a corto plazo, replicables, distribuidos, repercute en la pequeña empresa, inclusivo y favorece a la ciudadanía.

No obstante, no solo se deberían destinar a financiar o incentivar proyectos de autoconsumo, sino todo lo que opere sobre la demanda, renunciando a que el sistema se base exclusivamente en la oferta, y permita su gestión inteligente aumentando la capacidad de energía flexible por parte del ciudadano (agregadores de demanda, contadores inteligentes, domótica, desplazamiento de cargas, almacenamiento, carga del vehículo eléctrico, etc.). Así mismo, no podemos olvidar la aceleración hacia la consecución de los objetivos de reducción de emisiones de GEI (como el 55% de la UE para 2030), que nos permita no superar la barrera de los 1,5ºC de aumento de temperatura media global antes de 2050. Es necesario potenciar la rehabilitación energética de edificios, la generación distribuida, la movilidad sostenible y descarbonización del transporte, aumentar la eficiencia energética del equipamiento, la digitalización, los planes de desarrollo industrial e I+D+i; para todo ello, el fondo supondría un empujón definitivo para avanzar hacia la consecución de una sociedad más justa, equitativa en oportunidades y sostenible mediambientalmente.

Por tanto, el modelo propuesto que sobredimensiona el hidrógeno sólo profundizará en la dependencia de la importación de fuentes de energía de fuera de las fronteras europeas, ya sea gas fósil en el caso de España, además de acarrear una deuda futura que la pagaremos entre todos. En cambio, tenemos la oportunidad de empezar a generar diversas herramientas, medidas y soluciones fundamentales para que la transición energética sea abanderada por los que deben ser los principales beneficiarios de esta, la propia ciudadanía.

Ismael Morales – Responsable de Comunicación de la Fundación Renovables

 

El gas natural renovable puede parecer verde, pero no lo es

El gas natural es un combustible fósil versátil que representa más del 20% del suministro de energía en España. Aunque emite menos gases de efecto invernadero (GEI) y otros contaminantes que el carbón o el petróleo, el gas natural es uno de los principales contribuyentes al cambio climático.

Cada vez se utiliza más el argumento de que tal vez podría haber un sustituto directo del gas natural fósil en forma de gas natural renovable (GNR), un combustible diseñado para ser casi indistinguible del gas natural fósil. El GNR podría obtenerse a partir de biomasa (biogás) o de dióxido de carbono capturado y electricidad.

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