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Con el virus no se negocia. ¿Y con el clima?

Hay una gran lección de esta crisis sanitaria: con un virus no se negocia y solo se puede combatir escuchando a la ciencia. Es la única alternativa realista y sensata. Y hoy toca aplicar esta enseñanza a una crisis aún mayor que la COVID19: el cambio climático. Así que, al igual que hemos aprendido a alinearnos con la ciencia para enfrentarnos a la emergencia sanitaria, también es hora de alinearnos con la ciencia para enfrentarnos a la emergencia climática.

En este sentido, los informes científicos de Naciones Unidas no dejan lugar a dudas. Nos queda apenas una década para evitar los peores escenarios del cambio climático y los compromisos actuales de reducción de gases por parte de los países no permiten en absoluto cumplir con el Acuerdo de París. Mientras este acuerdo climático, ratificado tanto por la Unión Europea como por España, apunta como meta no superar el aumento de 1.5ºC de temperatura al final de este siglo, con los compromisos actuales vamos directos a un aumento de 3ºC, ¡el doble! Esta dinámica pone en peligro la vida digna, o simplemente la vida, de millones de personas hoy y, aún más, mañana.

¿Cuál es la situación en España? Pues con el anteproyecto de Ley de Cambio Climático cuya llegada al Congreso celebramos, el Gobierno de coalición propone fijar como objetivo reducir un 23% sus emisiones de gases de efecto invernadero en 2030, respecto a 1990. Teniendo en cuenta que haría falta reducir al menos en un 65% a nivel europeo para cumplir con el Acuerdo de París, y partiendo de un reparto entre países europeos basado no solo en el PIB per cápita sino también en las emisiones históricas de cada país, España tendría que reducir en un 55% sus emisiones para 2030. Y conseguir la neutralidad climática para 2040, no para 2050. Si bien el anteproyecto cumple con los (muy insuficientes) objetivos de reducción y la (muy discutible) metodología de reparto europeos, a día de hoy, no alinea a España con la ciencia, ni tampoco con la justicia climática a nivel global.

Por eso en sus respectivas propuestas de leyes climáticas, desde Los Verdes Europeos pedimos una mayor ambición a la Comisión Europea y, desde EQUO, una mayor ambición al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Además del 55% en 2030, esta ambición realista alineada con la ciencia se debería concretar en una transición energética más rápida y potente con, entre otras cosas, un sistema eléctrico 100% renovable en 2030, una reducción más sustancial de la demanda energética, el cierre de las centrales de carbón para 2025 y el final de la venta de coches de motor fósiles para el final de esta década. Pasaría también por reducir los vuelos domésticos, reforzando a la vez la alternativa en trenes para cubrir un mismo trayecto, así como establecer un impuesto sobre el queroseno y poner una moratoria a las grandes infraestructuras, como la ampliación del aeropuerto del Prat. 

Además, apostemos por una Ley con capacidad de acción transversal en todos los sectores de la economía, empezando por los más intensivos en CO2 o energía como los actuales modelos agroalimentarios, turísticos, de la industria o de la construcción. Es prioritario acometer la transición hacia otro modelo agrícola y de alimentación basado en la agroecología y en circuitos cortos y de temporada de producción y consumo, con una reducción de la producción y consumo de carne; el cambio de modelo de turismo, desde el actual basado en el low cost y la cantidad hacia otro basado en la calidad y la sostenibilidad; o un plan de reindustrialización verde y la rehabilitación masiva de edificios y viviendas.

Como bien ha mostrado la crisis sanitaria, el modelo económico no es sostenible y ahora es el momento de cambiar de rumbo hacia una economía más resiliente y ecológica.

Sin duda, el anteproyecto de Ley de Cambio Climático apunta en la dirección correcta de la tan imprescindible transición ecológica y justa. Al mismo tiempo, le falta todavía la ambición necesaria para estar a la altura del reto climático y alineada con la ciencia, y así convertirse en una verdadera “Ley de Emergencia Climática”. Considerando además que esta ley debe ser una herramienta esencial de la reconstrucción verde y justa, desde EQUO mostramos nuestra entera predisposición a colaborar, trabajar y negociar para mejorar el texto propuesto. Al igual que ahora, de la crisis climática saldremos juntas y juntos.

Por Florent Marcellesi –  Coportavoz de EQUO y ex-eurodiputado de Los Verdes Europeos

Gobernabilidad global para alcanzar la sostenibilidad global

En anteriores artículos, publicados en este blog la semana pasada, analizaba tanto la posición de Europa ante la post pandemia como las condiciones en las que España afronta la salida de esta crisis, pero, en esta ocasión, quiero comentar el escenario en el ámbito más amplio, el del conjunto de nuestro planeta con sus carencias organizativas.

Estamos ante una globalización desgobernada, como ya denunció Kofi Anam al dejar, a finales de 2004, la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU). Esta globalización es deficitaria en tres elementos básicos: a) estrategias globales comunes (lo más desarrollado son Convenios Globales, aunque insuficientes); b) capacidades comunes (lo más cercano a un Gobierno Global es ahora el G20 ); y, sobre todo, c) responsabilidades comunes, que se ejercerían, necesariamente, en una economía de mercado mediante impuestos  globales, como la tantas veces invocada Tasa Tobin a las transacciones financieras, el impuesto al  CO2 que parecía más cercano a hacerse realidad o, por último, el más restringido al keroseno de aviación que ni siquiera fue posible a nivel de la Unión Europea.

Estas anomalías se ponen de manifiesto en la crisis actual en la que un país como Estados Unidos se puede permitir no solo desautorizar a la Organización Mundial de la Salud (OMS), sino, también, incapacitarla con solo retirarle su aportación económica. Si la capacidad de gestión e intervención de un organismo se mide finalmente por el tamaño de su presupuesto y la predictibilidad de este, la de Naciones Unidas, y con ella la de la OMS, no podría ser más limitada.

La Gobernabilidad global, clave para la Sostenibilidad del planeta, parece que solo tendrá visos de realidad si se plantean medidas disruptivas como los impuestos globales ya mencionados. A ellos habría que añadir, a la hora de reforzar los distintos nodos de la red global (en particular los de los países en vías de desarrollo), el de una renta global de subsistencia cubierta por las recaudaciones impositivas citadas, de tal forma que se destinara a cooperación internacional más del 0,7% de la riqueza global, del PIB mundial, de forma predecible, como se acordó en 1992 en la Cumbre de Río, porcentaje cada vez más lejano por pequeño que parezca.

Disponer de recursos predecibles facilitaría una recuperación de los nodos más débiles de la red global, diversificar su economía, especializada ahora en suministros baratos para países desarrollados, y gestionar sosteniblemente sus recursos con una mayor “autosuficiencia conectada” que, también, podría romper la dependencia de esos suministros baratos, en particular productos sanitarios clave, de los nodos más fuertes, aunque también vulnerables. La red se convertiría en una red de cooperación entre nodos más sostenibles y resilientes reforzados todos ellos por su “autosuficiencia conectada”, aunque “diferenciada”.

Y en este caso, el recurso a la energía sostenible como vector de cambio verdaderamente disruptivo, con la posibilidad de un progreso rápido hacia la autosuficiencia energética conectada a todos los niveles, al contar con recursos predecibles, acercaría sensiblemente el Objetivo 7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Este paso, además, facilitaría sustancialmente el resto de los ODS como señala la ONU:

La energía es fundamental para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace frente el mundo actualmente. Ya sea para el empleo, la seguridad, el cambio climático, la producción de alimentos o para aumentar los ingresos. El acceso universal a la energía es esencial.

Trabajar para alcanzar las metas de este objetivo es especialmente importante ya que afecta directamente a la consecución de otros objetivos de desarrollo sostenible. Es vital apoyar nuevas iniciativas económicas y laborales que aseguren el acceso universal a los servicios de energía modernos, que mejoren el rendimiento energético y aumenten el uso de fuentes renovables para crear comunidades más sostenibles e inclusivas y para la resiliencia ante problemas ambientales como el cambio climático.

Esta sí que sería una nueva normalidad a nivel global, pasando de la mal llamada “aldea global” a reconocer, o poder recrear, “el globo en cada aldea”, manteniendo sus especificidades.

Para salir de la crisis solo hay una vía: medidas disruptivas. ¡Es el momento!

España aborda la salida socioeconómica de la post pandemia en mejores condiciones, en cuanto a Gobernabilidad, de las que tenía solo hace un par de años cuando la Planificación Estratégica, a medio y largo plazo, era prácticamente inexistente, incluso en temas tan claves como la energía. Es obvio que el Consejo de Ministros, que mañana martes tiene que empezar a abordar cómo se va a llevar a cabo la recuperación económica, tiene más capacidades a este respecto de lo que hubiera tenido entonces, y es así por dos razones principales.

En estos momentos España dispone del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2020-2030 (PNIEC), remitido a Bruselas en marzo de este año, una vez revisado según las recomendaciones de la Comisión, y dispone de otra herramienta fundamental:  una Vicepresidencia para la Transición Ecológica.

Esto permite hacer un planteamiento más operativo del necesario Plan de Reconstrucción a medio y largo plazo para una nueva normalidad post pandemia, un escenario más sostenible, según ha anticipado el Presidente, y en el que se inscribiría a corto plazo, como primera fase, se entiende, un Plan de Medidas Urgentes de Recuperación compatible con el Plan de Reconstrucción. Este, como ya ha señalado la Vicepresidenta Ribera, debería enmarcarse en una Agenda Verde como la propuesta por la Comisión a nivel Comunitario, iniciativa de la que podría beneficiarse España.

Es evidente que la forma de abordar el Plan de Reconstrucción es muy distinta según se cuente o no con la perspectiva de un nuevo marco comunitario y, ciertamente, se beneficiaría en general, y especialmente en lo referente al Plan de Medidas Urgentes, de los recursos financieros que finalmente se pongan a disposición a nivel comunitario, como apuntaba el pasado viernes.

Para no complicar el ejercicio, lo más realista es pensar que no vamos a contar con un nuevo marco comunitario a corto plazo y que el apoyo va a ser fundamentalmente financiero y de capacidad de endeudamiento. Aunque el hecho de que se vayan a revisar por la Comisión las Nuevas Perspectivas Financieras 2020-2027, afortunadamente todavía no aprobadas, y la posibilidad, por necesidad, de disponer de nuevos recursos presupuestarios, podría deparar sorpresas esta vez positivas.

La posible Hoja de Ruta para coordinar las necesidades de planificación a corto plazo, con el desarrollo del marco estratégico a medio y largo plazo, con el objetivo de lograr un hito significativo en el escenario 2030, podría conformarse en base a los siguientes procesos paralelos que vayan confluyendo en el tiempo:

  • Generar de forma rápida la Agenda Verde Española 2030, simplemente trasladando, “transponiendo”, al contexto español el Nuevo Pacto Verde Europeo, como sería deseable, en cualquier caso, e introduciendo, a semejanza de la Comisión (prevé incrementar el objetivo de reducción de emisiones del 40% al 55%), un PNIEC (pendiente de introducir objetivos más ambiciosos) como vector de cambio e instrumento operativo de dicha Agenda, haciendo del sector energético un verdadero “sector tractor”, según apelativo de la Vice Presidenta.
  • Avanzar suficientemente en el Plan de Reconstrucción en el marco de la Agenda Verde para poder elaborar un Plan de Recuperación o de Medidas Urgentes de forma rápida y que eso no implique que no esté alineado con el escenario y las prioridades que se plantean a medio y largo plazo.

El Plan de Recuperación puede ser determinante para reorientar progresivamente y dar predictibilidad a sectores de difícil sostenibilidad que hoy tienen un peso excesivo en la economía española, como el turismo, la construcción, la automoción, etc., e incentivar el I+D+i. También es fundamental avanzar en la diversificación económica promoviendo sectores de futuro y generadores de empleo estable como la rehabilitación energética, las energías renovables y la generación distribuida, el almacenamiento de electricidad, la electrificación del transporte y la movilidad eléctrica.

  • Iniciar la revisión del PNIEC para fortalecerlo como elemento clave de la Agenda Verde, del escenario deseable para 2030 y verdadero dinamizador del Plan de Reconstrucción, haciendo de la energía el vector disruptivo del cambio, lo que implicaría:

Hacerlo accesible desde ya y de forma comprensible (resúmenes ejecutivos, presentaciones visuales e interactivas…) al público general si se pretende, como recoge el PNIEC, y es clave, colocar al ciudadano en el centro, agente proactivo y protagonista. El PNIEC debe ser parte del imaginario popular si queremos que el ciudadano se ilusione con el escenario deseable.

Dar prioridad a las medidas de carácter transversal del PNIEC (reforma del Sistema Eléctrico, fiscalidad…), haciéndolas más estructurales, de rápida implantación y de mayor impacto, así como a las específicas que, estando más cerca del ciudadano, contribuyen a su involucración más directa, a su empoderamiento y, posiblemente, a la generación más rápida y distribuida de empleo, incluyendo:

  • Autoconsumo. Estableciendo un objetivo, ahora sin concretar, que podría ser del 10% de la potencia de generación eléctrica, es decir, entre 16.000 y 18.000MW en 2030.
  • Rehabilitación de vivienda. Multiplicando por 4 el objetivo actual para pasar al 2% del parque de viviendas rehabilitadas al año (medio millón hasta 2030 y más allá), como figura en la Hoja de Ruta 2050 de la Comisión para una UE eficiente en el uso de recursos.
  • Electrificación del transporte. Anticipando la fecha para matriculación solo de vehículos emisiones cero, fundamentalmente eléctricos, a 2040 o, al menos, a 2035 (10 años después del 2025, cuando según el PNIEC el sector de la automoción alcanzará la paridad de precios entre vehículos eléctricos y de combustión).

Y, por supuesto, todo lo anterior debería tener un efecto significativo en la-mayoración de los objetivos básicos del PNIEC, respecto a la electrificación y reducción de la demanda de energía final, a la participación de las renovables en la generación y en la energía final y, finalmente, a la reducción de emisiones en 2030,  ahora poco significativa, 23%, frente al objetivo actual de la UE del 40% y, aun menos, frente al previsto del 55% sobre 1990 (que España no supere el 40% de reducción en 2030 pondría fuera de su alcance la descarbonización en 2050), como venimos señalando desde la Fundación Renovables en nuestros últimos informes.

Y supondría un gran paso en la autosuficiencia energética conectada (ahora de menos del 30%, aun contando con la nuclear como autóctona y no sostenible, acercándose al 40% en el PNIEC) que podría, en este caso, aproximarse al 50% en 2030, para hacer posible el 100% en 2050.

No va a ser fácil manejar todos estos procesos en tiempos tan apremiantes, por lo que será necesario cargarse de razón y eso es lo que, al menos, si nos va a permitir esta pandemia.

El cambio climático ya nos había cargado de razón para hacer lo que, en cualquier caso, teníamos que hacer y que es cambiar nuestros modelos de producción y de consumo y hacerlo de forma rápida. Ahora el Covid-19 nos señala que hay que hacerlo urgentemente e, incluso, disruptivamente, con un verdadero clímax para el cambio. Si no es ahora, ¿cuándo?

Organización para la acción

Es fundamental que para alcanzar los objetivos anteriormente descritos desde ahora nos organicemos adecuadamente para asegurarnos:

-Que los Planes, Pactos, Acuerdos, … de Recuperación, de Reconstrucción … y, en general, de Medidas Urgentes para la post pandemia, en los que no es necesario entrar porque van a ser no solo de distinto orden, sino, en general, de corto recorrido, supongan un paso adelante y no hacia atrás, o hacia un lado, en la construcción de ese futuro deseable y que se refieran, en cualquier caso, a escenarios deseables para una mayor sostenibilidad.

-Que los Planes se inscriban, se apoyen o acompañen, cuando sea posible, de Estrategias, Agendas, Planes a medio y largo plazo de avance hacia la sostenibilidad que, de hecho, existen a casi todos los niveles.

-Que los Planes a medio y largo plazo existentes se revisen o actualicen para hacerlos más ambiciosos, menos cautelosos y más disruptivos en pro de la ahora imperiosa mayor sostenibilidad.

-Que se superen lo antes posible las limitaciones existentes a todos los niveles en materia de capacidades de Gestión, de Gobernabilidad, recurriendo a propuestas y medidas disruptivas. La crisis no es de recursos, la crisis es de gestión. Dada la importancia y la urgencia solo caben medidas también disruptivas en este aspecto.

Para afrontar todas las anomalías  a nivel global, regional-UE, estatal-autonómico-local tenemos que recurrir a un concepto disruptivo que puede imperar y generalizarse, ahora con más razón, y que es el de la autosuficiencia conectada (depender al máximo de los recursos propios optimizando su uso y las conexiones para excedencias o carencias), en contraste con la insuficiencia mal conectada que ha remachado la pandemia, así como a vectores privilegiados de cambio, “vectores disruptivos”, como la energía sostenible, el más importante en estos momentos.

El acceso generalizado hoy a la energía, y facilitado por las fuentes de energía renovables (con la consiguiente posibilidad de acceder al agua, al bombeo, a la desalación, al tratamiento… y con ello a los alimentos, la movilidad y el transporte…), así como el posible acceso, también generalizado, a la información, y por ende facilitar la educación, la formación…. vía internet, casi en cualquier lugar, facilitando comunidades diversificadas, multifuncionales…, nos acerca a la posible replica de lo que sería un ecosistema maduro en la naturaleza (biodiverso/mucha información y con energía, agua, nutrientes…), es decir, a comunidades maduras y a la autosuficiencia conectada a todos los niveles de agregación y, además, obteniendo como resultado la mitigación del cambio climático.

Domingo Jiménez Beltrán – Patrono fundador de la Fundación Renovables

La mala calidad del aire, la peste del siglo XXI

En la segunda mitad del siglo XIX todas las grandes ciudades decidieron encargar a ingenieros y urbanistas la modificación de la configuración urbana fundamentalmente con el objetivo de hacer frente a los acuciantes problemas de salubridad, los cuales eran el origen de las epidemias que mermaban la salud de sus habitantes, especialmente la peste.

De aquel esfuerzo y gracias a personas como Ildefonso Cerdá en Barcelona; a Arturo Soria con  su diseño de la ciudad lineal en Madrid, ambos apostando y pensando siempre en la mejora de la convivencia; o a Haussmann, con su apuesta por el espacio en la ciudad de París, nació una nueva concepción urbana a través de la puesta en marcha de propuestas de reconstrucción global de la ciudad que permitieron que ese diseño urbano, que hemos heredado, marcase el desarrollo de estas ciudades y las haya convertido en todo un referente a nivel urbanístico.

La batalla contra los problemas de insalubridad del siglo XIX se dio por ganada cuando fue erradicado el riesgo contra la salud de la ciudadanía de forma clara en buena parte gracias a esas medidas. Siglo y medio después de Ildefonso Cerdá nos volvemos a encontrar con una nueva situación de emergencia sanitaria, provocada, esta vez, por la mala calidad del aire que, poco a poco, va minando la salud de las personas y que hoy día es la causa del fallecimiento prematuro, según datos de la Agencia Europea de Medioambiente, de más de 38.000 personas al año en nuestro país.

España es un país eminentemente urbano, más del 80% de la población vivimos en ciudades de más de 10.000 habitantes, y la causa de la mala calidad el aire está directamente relacionada con el consumo de energías fósiles. Concretamente más del 99% de las emisiones de SO2 y NOx, más del 92% del CO2 y más del 85% de las partículas de menos de 2,5 micras, están motivadas por el consumo de energía fósil (en su mayor parte para el transporte), siendo causantes del 81% de las muertes prematuras.

En la actualidad, emprender cambios de reconstrucción como se hizo en el siglo XIX es impensable. A ningún regidor se le ocurriría presentar a sus vecinos una demolición masiva de las grandes avenidas que sirvieron para que la supremacía del vehículo se impusiera sobre el sufrido y relegado peatón, pero sí es posible hoy reducir los efectos de la contaminación para que la muerte silenciosa, causante de la mala calidad del aire, se mitigue.

La solución la conocemos todos desde hace tiempo y no es otra que recuperar la dimensión humana de la ciudad, empezando por reducir las necesidades de movilidad gracias a una mayor disponibilidad de servicios y la electrificación de todas las demandas de energía existentes; desde la electrificación del transporte público al fomento de la bomba de calor o, simplemente, asumiendo el compromiso sobre la erradicación del consumo de combustibles fósiles.

Ponerle trabas a la circulación de vehículos contaminantes es una de las soluciones que tenemos que asumir, pero desde una determinación clara y tajante. Las propuestas que Madrid ha llevado a cabo con su exiguo Madrid Central de 4,7 km2, sin apostar por la lógica natural de extenderlo a la M30 con 42 km2 o incluso la de Barcelona con su propuesta de 95 km2 de no circulación de los 50.000 vehículos más contaminantes salvo fines de semana, son a todas luces insuficientes, por lo que se da a entender que muchas veces se trata más de una medida de propaganda política que un empeño real y sustancial para combatir lo que podemos denominar como “la peste del siglo XXI”.

Ciudades como Vitoria-Gasteiz, que -con el apoyo de todas las fuerzas políticas- consiguió ser Capital Verde Europea en 2012 y en la que el 67% de los desplazamientos tiene lugar a pie y en bicicleta, tienen mucho que enseñar sobre cómo las decisiones deben ser llevadas a cabo con rigor, con continuidad y sin miedo a una contraria contestación popular, cuyo origen está en la falta de información y en la existencia de una voluntad de rédito político de la oposición, que parece que viviera en otra ciudad.

Hemos vivido una semana en la que, por fin, la juventud ha empezado a decir basta y a reclamar que la tan difundida transición ecológica justa debe entenderse, ante todo, desde una perspectiva intergeneracional, suponiendo no solo una mayor responsabilidad en el consumo de energía, sino el abandono de prácticas tan insostenibles como el diseño del transporte urbano.

No podemos considerar que la emergencia climática en la que vivimos -cuatro días antes de su disolución el Congreso de los Diputados instó al gobierno de la nación a que la declarase- se combata desde una transición tranquila. Si estamos en una emergencia las medidas deben ser claras y no esperar a la declaración de zonas catastróficas continuas por sus efectos, como es el caso del Levante español con el último episodio DANA.

La peste, esta vez silenciosa, nos está ahogando y solo nos queda desde esta tribuna exigir que se dejen de discusiones políticas y actúen alcanzando un pacto nacional para combatirla. Somos la última generación que puede combatir el cambio climático. No defraudemos más a nuestros hijos dejándoles una hipoteca que nunca podrán pagar.

Fernando Ferrando – Presidente de la Fundación Renovables

¡Esto es una emergencia climática!

Ya está entre nosotros. No hablamos del último anuncio de una película de miedo. Hablamos de una realidad científica con graves consecuencias en nuestras vidas diarias. Hablamos del cambio climático. De estos temporales e incendios extremos que azotan nuestros territorios, de estas olas de calor y contaminación que matan, de nuestros agricultores arruinados, y de todas aquellas pérdidas económicas y de empleo por los desastres climáticos.

Sí, estamos viviendo una emergencia climática. Es decir, una situación de peligro que requiere una acción inmediata. No solo para proteger mañana a nuestros hijos e hijas, o a las personas que lo sufren y que migran por el mundo, sino también hoy para protegernos a nosotros mismos.

Para ello, lo más urgente es que se conforme ya un gobierno que tenga como proyecto de país y de forma transversal la lucha a favor del clima. Y si vence la irresponsabilidad política y vamos a elecciones de nuevo, que al menos la acción climática sea por fin una prioridad electoral de los partidos (y los medios de comunicación) de cara al 10 de noviembre, lo que no fue el caso en las últimas elecciones de abril.

Mientras tanto, que sea de cooperación, de coalición o de contorsión; un “gobierno de emergencia climática” aprobaría ya una Ley de Cambio Climático que establezca una reducción de al menos el 55% de nuestras emisiones de CO2 antes de 2030. Apostaría por una transición energética rápida y potente con una reducción sustancial de la demanda energética, el cierre de las centrales de carbón para 2025 y un sistema eléctrico 100% renovable en 2030. Promulgaría una revolución de la movilidad a favor de la salud y del clima, reduciendo de forma drástica el número de coches individuales de combustión, pero aumentado de forma proporcional el transporte público, el coche compartido eléctrico y las bicicletas, en unas ciudades a escala humana. Y, por último, lucharía por otro modelo agrícola y de alimentación, promoviendo nuestra dieta mediterránea y una Política Agraria Común que ponga en el centro a nuestra salud, los agricultores, el clima y nuestro entorno.

Pero, evidentemente, el clima es demasiado importante como para dejarlo solo en manos de los políticos. También está en manos de la ciudadanía actuar en el día a día. Si bien existe una responsabilidad mayor en los hombros de los que más contaminan y que más capacidad de decisión tienen, la ciudadanía sí puede y debe mostrar el camino de forma coherente hacia una sociedad más sostenible y justa.

Existen miles de maneras útiles y asequibles de proteger el clima, aumentado a la vez nuestra calidad de vida: comprando local, de temporada y ecológico, comiendo menos carne y más proteínas vegetales, moviéndose en bici o en transporte compartido, contratando e invirtiendo en energía limpia, cogiendo menos aviones y más trenes, reutilizando y reciclando en vez de usar y tirar, o prefiriendo productos duraderos y éticos frente a la industria low-cost de la obsolescencia programada. Y cuando uno pone en práctica este cambio transformador de forma colectiva, ya sea junto con sus vecinos, en una empresa o con un movimiento social, el efecto multiplicador es abrumador e imparable.

Por último, está también en nuestras manos el reclamar que España declare la emergencia climática y actúe ya. Por ello, “en defensa del presente y del futuro, de un planeta vivo y de un mundo justo”, más de 300 organizaciones han llamado a movilizarse el próximo 27 de septiembre. Para este día de “huelga mundial por el clima”, nos animan -y ¡me sumo!- a secundar la huelga estudiantil, la huelga de consumo, los paros laborales o las concentraciones simbólicas de 4 minutos y 15 segundos, entre las 11 y las 12 de la mañana de ese mismo día. ¡Acudamos e invitemos a nuestros amigos, familiares y colegas a hacerlo también!

Sí, el cambio climático está entre nosotros. Pero depende de nosotros convertir esta amenaza en una oportunidad histórica. Evitemos lo peor cambiando la sociedad a mejor.

Por Florent Marcellesi –  Ex-eurodiputado de EQUO y miembro del Foro de Transiciones