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Cuatro razones para acelerar la transición energética

El pensamiento ilustrado vincula el progreso con la felicidad y el conocimiento científico. Ser ilustrado y negacionista del cambio climático implica otorgar más valor a los prejuicios y supersticiones que a la ciencia; es lo opuesto a los valores de la ilustración que nacieron en la Europa del siglo XVIII y que hoy representa el europeísmo. La guerra del gas iniciada por Putin ha aflorado el negacionismo climático que subyace en los países europeos y encarna la ultraderecha que crece desde los países nórdicos hasta el sur de Europa, aupada por las noticias falsas y la inflación provocada por la energía fósil. ¿Se imaginan veintisiete Víktor Orbán gobernando en la Unión Europea?

A esta situación se ha llegado por los errores de las instituciones europeas y los gobiernos nacionales en la gestión de la recesión de 2008, la pandemia de 2020 y la guerra de Putin en 2022. Europa ha dado pasos atrás en la cohesión social con la imposición de políticas de austeridad, la dependencia tecnológica e industrial y ahora retrocede en los objetivos climáticos aumentando su dependencia del gas. Mientras instituciones globales, como la ONU, la AIE o el IRENA, claman por acelerar la transición energética, en Europa avanza el caballo de Troya más reaccionario, precisamente cuando las razones para combatir el cambio climático se hacen más evidentes.

1-El planeta se aproxima al punto de inflexión climática

El último informe sobre el estado del clima de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) anunció que cuatro indicadores que miden el cambio climático llegaron a su nivel récord en 2021: la concentración de gases de efecto invernadero, la subida del nivel del mar, el calor acumulado en los océanos y la acidificación de los mares. Los combustibles fósiles son los responsables del deterioro del clima que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, califica como “callejón sin salida desde el punto de vista ambiental y económico” del que es necesario desengancharse triplicando la inversión en renovables, en baterías de almacenamiento y cortando las ayudas que los gobiernos destinan a la energía fósil.

El estudio de la Universidad de Exeter (Reino Unido), publicado en la revista “Science” en septiembre, identifica cinco líneas rojas que, con el nivel de calentamiento actual, pueden superarse: el colapso de la capa de hielo de Groenlandia y de la Antártida occidental, la pérdida de permafrost, la pérdida de los corales tropicales y el colapso de las corrientes en el Mar de Labrador, en el Atlántico. Estos puntos de inflexión son posibles ahora y se superarán incluso si se cumpliera el Acuerdo de París que limita el calentamiento entre 1,5ºC y 2ºC. “La evaluación del riesgo que representan ha aumentado dramáticamente” y exige una “acción urgente para mitigar el cambio climático” por los impactos irreversibles que tendrá para cientos de millones de personas.

La publicación “The Lancet” ha destacado que los muertos prematuros que provoca la polución ambiental ascienden a nueve millones cada año, más que los seis millones setecientos mil de la Covid en dos años y medio. Sin embargo, a pesar de que los informes del IPCC de la ONU tienen el respaldo de miles de científicos de todo el mundo, los mensajes sobre la gravedad del cambio climático no venden frente a la banalidad que exigen las cuotas de audiencia, convirtiendo la indiferencia en la mayor amenaza para nuestro modo de vida.

 2-El miedo invisibiliza el cambio climático

Según el informe “United in Science 2020”, coordinado por la OMM, la recuperación de las emisiones de CO2 a niveles precovid hace posible que la barrera de 1,5ºC de aumento del calentamiento global se supere puntualmente en 2024. La Cumbre del Clima de Madrid (COP25) en 2020 constató el alejamiento de los objetivos de reducción de emisiones y en la Cumbre de Glasgow (COP26) de 2021 la Unión Europea anunció su nuevo objetivo de reducción de emisiones del 55% en 2030, pero etiquetando el gas fósil y la energía nuclear como energías verdes, en contradicción con su gobernanza sobre energía y clima.

Mientras Putin ataca Ucrania, el “putinismo” invade la Unión Europea. La decisión de la derecha populista (PPE) de eliminar el cordón sanitario a la extrema derecha tendrá consecuencias en el modelo energético tal como lo definen las directivas europeas, como modelo descarbonizado y distribuido, con renovables y eficiencia energética, con el consumidor activo en el centro del sistema e independiente de las grandes energéticas.

La Comisión Europea afronta la crisis de suministro del gas ruso con sacrificios de ahorro, más importaciones de gas, carbón y petróleo, incluso de Rusia, y más inversiones en nuevas infraestructuras gasistas. Se ha olvidado hasta ahora de los instrumentos de eficiencia energética y gestión de la demanda para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.  Los planes de los gobiernos sobre producción y consumo de combustibles fósiles hacen imposible el cumplimiento del Acuerdo de París y frenan la transición energética.

El miedo y la incertidumbre determinan las decisiones con la inflación como amenaza al proyecto europeo. El medio ambiente y la sostenibilidad no preocupan a las empresas, ni a las instituciones, que se desentienden de la emergencia climática manteniendo el gas en la formación de precios. Se combate la inflación, originada por los precios del gas y el petróleo, con más gas y petróleo y más inequidad fiscal, es decir, desigualdad. Es el escenario de un retroceso en los objetivos climáticos y en la cohesión social a través de una estrategia en la que la percepción del cambio climático se ha diluido.

3-España en deuda ecológica

El informe de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), sobre el “El Estado del clima de España 2020”, concluía que la temperatura media fue 1,7ºC superior en 2020 a la de la era preindustrial. En los últimos 60 años el incremento acumulado ha sido de 1,3ºC y a finales de siglo alcanzará los cinco grados. Es una evidencia que el calentamiento se acelera en España. Este verano se han sucedido los fenómenos climáticos extremos, incluyendo las máximas temperaturas del Mediterráneo y la sequía del humedal de Doñana, mientras las emisiones permanecen conectadas a la evolución del PIB, que no contabiliza la huella ecológica de la actividad humana.

El centro de investigación Global Footprint Network informó que el 12 de mayo España había consumido los recursos ambientales que los ecosistemas pueden regenerar en todo el año. La deuda ecológica de España aún se subestima, pero rebela la insostenibilidad del modelo de producción y consumo. El futuro de la agricultura, el turismo, la construcción, las ciudades y la energía está amenazado por fenómenos climáticos estructurales ante los que se sigue mirando hacia otro lado, con una planificación (PNIEC) plagada de gas hasta 2050. Según los trabajos del IPCC de la ONU, lograr la meta de los 1,5ºC de calentamiento global exigirá eliminar el uso del carbón en un 100%, el petróleo en un 60% y el gas en un 70%.

Por el contrario, la ofensiva contra la transición energética solo acaba de comenzar. Según la consultora Oliver Wyman, las empresas españolas, igual que las del conjunto del G7, incumplen el Acuerdo de París. Las grandes eléctricas, que con los fondos extranjeros están “vampirizando” el sector de las renovables, se oponen a reformar el mercado mayorista, cierran el paso a las renovables en la sociedad que gestiona el mercado eléctrico y presionan en Bruselas contra la propuesta española para modificarlo.

Cuestionar el calendario de los objetivos climáticos se generaliza hasta el extremo de plantear, como acaba de hacer el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo, la suspensión temporal de los derechos de emisión de CO2, abrir el uso del fracking y las nucleares y “resetear la transición energética”. Se favorece a las grandes energéticas, sin estudio económico ni ambiental, para que el conjunto de la sociedad pague el despropósito con otra espiral de costes en la factura energética. Si en 2012 se aprobó la moratoria renovable, ahora estamos a las puertas de que se paralice la transición ecológica para rescatar otra vez al sector energético y alargar la vida de las fuentes de energía más caras y contaminantes. Alemania y Francia ya lo están haciendo.

4-Más transición energética o más “inflación fósil”

Según Bloomberg NEF, la generación eléctrica en el mundo ha seguido dominada en 2021 por la energía fósil hasta alcanzar el 61% del total y duplica la generación renovable. Se ha producido un aumento de las emisiones energéticas del 7%, marcando el máximo histórico. Aunque el 75% de la nueva potencia es renovable son necesarias acciones más audaces para acelerar la transición energética.

En 2021 los combustibles fósiles han regresado como principal fuente de energía en Europa. Ha aumentado el consumo interno de petróleo, carbón y gas casi un 9% de media, según Eurostat. La reacción europea al corte de suministro de gas ruso augura un crecimiento de la dependencia de los combustibles fósiles, cuando es la principal causa de la alta inflación. La Agencia Internacional de la Energía ha publicado la ”Agenda Breakthrough” en la que se insiste que es la ciencia la que está reclamando acelerar la transición energética y propone multiplicar por cuatro las renovables en 2030 y el crecimiento de la movilidad eléctrica o la transición a cero emisiones “se retrasará décadas”.

La “inflación fósil” debería ser objeto de la acción del Banco Central Europeo (BCE), pero su presidenta, Christine Lagarde, afirmó el 8 de septiembre que ni podía reducir el precio de la energía, ni reformar el mercado eléctrico; sin embargo, el BCE ha subido los tipos de interés para acelerar la recesión y sigue comprando activos del sector de los combustibles fósiles. La inacción del BCE ha sido denunciada por la organización Reclaim Finance, así como el criterio que sobreestima la “inflación verde”, es decir, el coste de la transición a las energías limpias, cuando su impacto en el consumidor final es menor que el de la “inflación fósil”.

Los combustibles fósiles impulsan la crisis climática y la inflación; por el contrario, acelerar la transición energética será decisivo para afrontar la “inflación fósil” y estabilizar la economía europea con más autosuficiencia energética. El desarrollo de las energías limpias ha demostrado que su velocidad de maduración supera al resto de tecnologías, por lo que se debe priorizar la financiación de la transición ecológica y abandonar el principio de “neutralidad tecnológica” o “neutralidad de mercado” que utilizan tanto el BCE como la Comisión Europea en la taxonomía sobre inversiones sostenibles. Se debe reducir la demanda de CO2 con más demanda de economía verde.

La mejor política de ahorro es acelerar la transición energética. Subestimar el potencial de competitividad de las energías limpias ha sido una constante del modelo energético tradicional para frenar las políticas climáticas. Cuando hoy se comprueba que el coste de tecnologías, como la fotovoltaica, eólica, baterías de almacenamiento, autoconsumo o edificios cero emisiones, es más competitivo y eficiente que el de las energías convencionales, se demuestra que una transición rápida a las energías limpias producirá más felicidad a los consumidores y al planeta.

Javier García Breva – Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Renovables

Comunidades energéticas: de derrota en derrota hasta la victoria final

Que nuestra forma de cubrir las necesidades energéticas se lleve a cabo en comunidad no es una utopía: ni por cuestiones técnicas, resueltas por el desarrollo y la disponibilidad de las fuentes renovables; ni por temas de eficiencia, dado que la gestión de la demanda lleva implícita la minimización de las necesidades, tanto de energía como de infraestructuras, sobre todo si se utilizan de forma unidireccional; y ni en materia de legalidad, ya que la figura de la Comunidad Energética (CE) es la base de la Directiva UE 2019/944 sobre el Mercado Interior de la Electricidad.

En la directiva, todavía no transpuesta al orden jurídico español tras 2 años, a pesar del interés declarado por el Gobierno de España en apostar por las Comunidades Energéticas, se deja claro tanto el papel que deben tener en el modelo energético del futuro como la necesidad de que los gobiernos velen por que se cumplan los requisitos básicos para su funcionamiento y desarrollo.

Ya en el artículo 1 introduce que su estatus debe ser el de “una   entidad   jurídica   que:  se   basa   en   la   participación   voluntaria   y   abierta, … y  cuyo   objetivo   principal   consiste   en   ofrecer   beneficios   medioambientales,  económicos   o   sociales   a   sus   miembros   o   socios   o   a   la   localidad   en   la   que   desarrolla   su   actividad,   más   que   generar   una   rentabilidad   financiera,   y   participa   en   la   generación,  incluida   la   procedente   de   fuentes   renovables,…   así como, en la prestación de servicios relacionados con la energía”.

El marco de actuación de las CE es lo suficientemente amplio como para situarlas en el centro del modelo energético futuro y demandar un marco regulatorio que permita su desarrollo y replicabilidad. Quizás, señalar como única duda, respecto a la definición y alcance que se les da en la directiva, la sombra que se introduce al indicar que la rentabilidad financiera no debe estar entre sus objetivos, como si esta solo pudiera ser obtenida por los agentes que controlan y actúan desde el sector eléctrico tradicional. Es absurdo que a los procesos de inversión se les pretenda colocar la etiqueta “Non-profit” porque es la forma de condenarlos al fracaso o hacerlos depender, de forma continua, de un procedimiento de actuación artificial al amparo de las ayudas públicas.

Es fundamental destacar que en los artículos 16 y 18 se exige a los Estados miembros la creación de un marco jurídico favorable y que, además, logren que el gestor de la red de distribución coopere y ajuste los costes por el uso de la red a la realidad de dicho uso.

A nadie se le escapa que estas exigencias no solo no se cumplen, sino que, además, nuestro ordenamiento jurídico va en dirección contraria al mandato de la directiva en algunos elementos básicos para el desarrollo de las CE, como, por ejemplo:

  • Que no disponemos de un marco regulatorio adecuado, pese a la consulta pública de finales de 2020, ni sabemos todavía que personalidad jurídica van a tener las CE.
  • Que el autoconsumo colectivo, antesala de las CE, no está regulatoriamente desarrollado.
  • Que las distribuidoras no solo no ayudan, sino que son la mayor traba para cualquier instalación de autoconsumo que supere los 15 kW. La retribución definida como rentabilidad por inversión va en contra del establecimiento de peajes por uso real de la red, como exige la directiva, y su pertenencia a grupos eléctricos integrados hace que haya un permanente conflicto de intereses entre las funciones encomendadas para el desarrollo de las CE y el beneficio del grupo empresarial.

No nos engañemos; a pesar del interés mostrado por el Gobierno con la elaboración de guías, la participación en jornadas explicativas, el destino de líneas de ayudas financieras desde los fondos de los Next Generation EU, como los 100 M€, procedimiento que está en periodo de consulta pública hasta el próximo día 19 de noviembre, o la disponibilidad de un mapa interactivo en la web del IDAE en el que se pueden ver las iniciativas que están en marcha actualmente, ni hemos avanzado en el desarrollo de las CE ni en el del autoconsumo colectivo, que es la base de partida, al menos en cuanto a la generación de electricidad en las CE.

Vemos como la mayoría de las Comunidades Autónomas están haciendo verdaderos esfuerzos para apoyar el desarrollo de las primeras iniciativas de CE, pero no es suficiente y realizar un proyecto piloto tras otro, hechos, no me cabe ninguna duda, con el esfuerzo innovador de muchos para conseguir que sea fácil llevar a cabo estas iniciativas de forma natural, no es el camino que seguir.

Las CE necesitan, ante todo, que el autoconsumo colectivo se desarrolle regulatoriamente de forma adecuada:

  • Eliminando la exigencia de la distancia máxima de 500 metros entre generación y consumo.
  • Suprimiendo la exigencia de suma uno de los coeficientes de reparto de todos los participantes, con el fin de dotar de flexibilidad a la entrada y a la salida de los consumidores asociados.
  • Desarrollando el estatuto del consumidor asociado.
  • Regulando que el acceso a la red sea automático, porque somos una agrupación de consumidores que ya tenemos una potencia contratada muy superior a la que vamos a inyectar a la red como excedentes.
  • Cumpliendo la promesa de disponer de coeficientes dinámicos de reparto y que verdaderamente se pueda compartir la electricidad entre los miembros de la CE.

Obviamente, es difícil pensar que el autoconsumo colectivo va a ser una práctica habitual cuando todavía no disponemos de las pautas necesarias para eliminar las barreras existentes. No necesitamos ayudas económicas, ni pretendemos que las CE florezcan en base a su consideración como proyectos piloto para lucimiento público, solo queremos que su desarrollo sea replicable y normalizado.

Winston Churchill pensaba que la victoria era una consecuencia natural de las causas justas y del empeño en conseguirlas. Sabemos que en comunidad todos somos más fuertes y por eso nuestras peticiones deben estar centradas en conseguir los grados de libertad que necesitamos para ponerlas en marcha. Todo lo que retrasemos su desarrollo ocasionará derrotas absurdas que no necesitamos para lograr nuestro objetivo que no es otro que poder decidir en libertad cómo queremos cubrir nuestras necesidades energéticas.

 

Fernando Ferrando – Presidente de la Fundación Renovables

Una llamada de atención para la protección de los océanos y la mitigación del cambio climático

Los océanos son mucho más que el hogar de una deslumbrante variedad de plantas y animales o una importante fuente de alimento para nosotros. Los océanos desempeñan un papel crucial en la regulación de nuestro clima y almacenan grandes cantidades del exceso de calor que se ha acumulado en el sistema terrestre desde la época preindustrial. Además, absorben una parte importante del CO2 antropogénico, eliminándolo de la atmósfera y evitando un mayor calentamiento.

Debido al cambio climático todos estos servicios que nos proporciona el océano son cada vez más importantes y, al mismo tiempo, están cada vez más en peligro.

Un siglo de cambios globales y una llamada urgente a la acción

El recientemente publicado 6º Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) afirma rotundamente que el cambio climático provocado por el hombre es rápido, generalizado, se está intensificando y está afectando a muchos aspectos y funciones críticas de los océanos.

Actualmente, las concentraciones de CO2 son más altas que en los últimos 2 millones de años o, en palabras del renombrado científico del clima, Erich Fischer, «más altas que nunca en la historia de la humanidad». El calentamiento global de 1,5ºC o 2°C -el límite superior definido en el Acuerdo de París- se superará durante el siglo XXI a menos que se produzcan profundas reducciones de las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Pero, incluso entonces, hay muchos cambios debidos a las emisiones de gases de efecto invernadero pasadas y futuras que seguirán siendo irreversibles durante siglos o milenios, especialmente en el océano. Algunos ejemplos son el derretimiento de las grandes placas de hielo, el aumento del nivel global del mar y el calentamiento, la acidificación y la desoxigenación de los océanos.

El cambio climático afecta al océano a varios niveles. Por un lado, se está produciendo un calentamiento del océano, proceso que en el último siglo avanzó más rápido que en cualquier otro momento desde el final de la última glaciación (hace unos 11.000 años). Además del calentamiento progresivo del océano, también se ha producido un aumento de las temperaturas extremas, las llamadas olas de calor marinas. Su frecuencia se ha duplicado desde la década de 1980 y se prevé que en el futuro sean aún más frecuentes, largas e intensas. Esto tiene efectos adversos en muchos organismos marinos, especialmente en los corales, sumamente sensibles a la temperatura. Además de la decoloración de los corales, las olas de calor marinas también pueden causar cambios en la producción primaria, en la composición y distribución de las especies, en la proliferación de algas tóxicas y en la disminución de las capturas pesqueras.

La acidificación de los océanos está agravando los efectos del calentamiento de estos. En los últimos dos millones de años son insólitos unos niveles de pH en alta mar tan bajos como los actuales y se prevé que su reducción continúe. Este es otro duro revés para los corales y perjudica también a otra fauna calcificadora, incluidas importantes especies de fitoplancton, briozoos, crustáceos como los cangrejos, moluscos como los calamares o las ostras y equinodermos como las estrellas de mar.

A todo esto se suma la desoxigenación de los océanos, una disminución del contenido de oxígeno en la parte superior del océano causada por el calentamiento del océano, la estratificación y la eutrofización. En su estado más extremo, la desoxigenación de los océanos puede causar las llamadas «zonas muertas», regiones con insuficiente concentración de oxígeno para mantener la vida. Se prevé que estas zonas se incrementen en el futuro.

En algunos casos, se pronostica que las corrientes oceánicas se vean alteradas por el calentamiento global. Un ejemplo es la circulación de vuelco meridional del Atlántico (AMOC, por sus siglas en inglés), la poderosa corriente que transporta agua caliente desde el Caribe a Europa, que se prevé que se debilite a lo largo del siglo XXI. Y aunque existe una confianza moderada en que no se producirá un colapso abrupto de la AMOC en este siglo, no se puede descartar por completo un punto de inflexión climático tan importante.

Un efecto visible y más conocido es el deshielo de las enormes placas de hielo de Groenlandia y la Antártida, que contribuye a la subida del nivel del mar (junto con la expansión térmica del agua marina más caliente). En los próximos 2.000 años, se prevé que el nivel medio del mar a nivel mundial aumente entre 2 y 3 m si el calentamiento se limita a 1,5°C, entre 2 y 6 m si se limita a 2°C, y entre 19 y 22 m con un calentamiento de 5°C.

Además, si el calentamiento continúa, antes de 2050 el Ártico estará prácticamente sin hielo durante el verano, hecho que no ha sucedido nunca. Esta situación podría convertirse en la nueva normalidad para 2100 si las emisiones de gases de efecto invernadero son elevadas. Esto podría tener importantes repercusiones negativas en las especies que dependen del hielo marino para su supervivencia, alimentación o cría, como las ballenas, los osos polares y las focas.

Muchos de estos impactos supondrán grandes retos para los organismos y ecosistemas marinos de todo el planeta y pueden llevar a algunos de ellos hasta el límite de su capacidad de adaptación o aclimatación. Esto no sólo puede condenar a ciertas especies, sino que incluso podría devastar zonas enteras de ecosistemas oceánicos de gran importancia y epicentros de la vida marina, como los arrecifes de coral.

Ante estas perspectivas, resulta más importante y urgente que nunca salvaguardar nuestros océanos. Éstos son, sin duda, nuestro mayor aliado en la carrera contra el cambio climático y tenemos que preservar su salud, biodiversidad y resiliencia, así como los servicios que prestan, para que puedan seguir ayudando a mitigar el cambio climático.

¿Qué hay que hacer?

La lectura del informe del IPCC deja claro que nos dirigimos hacia un territorio inexplorado. Nunca antes la humanidad se había enfrentado a un mundo en el que los océanos se calientan, se acidifican, se desoxigenan y se deterioran tan rápido como ahora. Pero, aunque todo esto suene a fatalidad, todavía hay esperanza. No estamos simplemente a merced del cambio climático, sino todo lo contrario, lo estamos causando e impulsando. Nuestras acciones determinan en qué dirección nos dirigimos y a qué velocidad. Todavía tenemos el poder de frenar el cambio climático, atenuar la amplitud de sus impactos y cambiar de rumbo en aspectos relevantes. Y aunque ya nos vemos abocados, irremediablemente, a algunos procesos con trayectorias preocupantes durante cientos, quizá incluso miles de años, otras consecuencias todavía pueden aliviarse o evitarse, a veces incluso revertirse, si reaccionamos de forma inmediata con reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero rápidas, decisivas y duraderas.

El clima que tendremos en el futuro depende de nuestras acciones ahora. O, como lo expresa la oceanógrafa Sylvia Earle: «nuestras acciones en los próximos 10 años determinarán el estado del océano durante los próximos 10.000 años». Este nuevo informe de evaluación es una llamada de atención urgente que debemos atender antes de que sea demasiado tarde.

Acción inmediata para nuestros océanos

Para asumir esa responsabilidad y proteger nuestros océanos, OceanCare pide que se prohíba inmediatamente la exploración de hidrocarburos y se elimine gradualmente su explotación en todo el mundo. Esto representaría un paso importante hacia la descarbonización de nuestras economías, que se necesita con urgencia, y, además, reduciría otra fuente de estrés y peligro para la fauna marina.

OceanCare también pide a la Organización Marítima Internacional (OMI) que introduzca una reducción de velocidad obligatoria para el sector del transporte marítimo. Se trata de una medida económicamente rentable, probada y fácil de aplicar, de rápidos resultados y muy eficaz para reducir las emisiones de carbono de este importante sector de la economía y, como efectos ambientales positivos indirectos, también reduce en gran medida las emisiones de ruido -otro importante factor de estrés para la fauna marina- y el riesgo de colisiones de barcos con cetáceos. La Unión Europea y sus Estados miembros deberían estar a la vanguardia de la promoción de esta medida operativa e imponerla siempre que sea posible en sus aguas.

Junto a estas acciones directas por el clima, OceanCare se centra en la reducción de otros factores de estrés que afectan a la fauna y los ecosistemas marinos, como la contaminación, la sobrepesca, la degradación del hábitat, los enmallamientos, las colisiones con los buques y la caza de ballenas. Puede que esto no mitigue directamente los efectos nocivos del cambio climático en nuestros océanos, pero probablemente ayudará a aumentar la resiliencia de los ecosistemas y las poblaciones de animales y aumentará nuestra esperanza de que sean capaces de adaptarse o aclimatarse a los cambios futuros y puedan seguir dando vida a nuestro inestimable aliado y sistema de soporte vital que son los océanos.

 

Por Sandra Striegel- OceanCare- y Carlos Bravo – Responsable de políticas marinas de OceanCare y amigo de la Fundación Renovables

Necesitamos impulsar el autoconsumo colectivo

Mucho tiempo ha pasado ya desde que las instalaciones fotovoltaicas para el autoconsumo son una realidad en España. El desarrollo de la tecnología fotovoltaica y, sobre todo, los bajos costes de generación alcanzados, han hecho de esta tecnología un actor cada vez más importante en la transición energética. El camino no ha sido fácil. Desde los tiempos del famoso “Impuesto al Sol”, un tiempo en el que se nos llamaba a los autoconsumidores depredadores del sector eléctrico, insolidarios y otras lindezas, muchas cosas han cambiado para mejor. Bien es cierto que aún persisten problemas que debemos corregir para que el autoconsumo tenga el desarrollo que debería tener, en un país con un recurso solar tan generoso como el nuestro. Uno de los más importantes es la simplificación de los trámites administrativos, sobre todo para las instalaciones domésticas, que a día de hoy sigue siendo demasiado largo y complejo. Las últimas estimaciones hablan de una media de 45 días y, aunque venimos de plazos de más de seis meses, siguen siendo plazos inasumibles para instalaciones con una complejidad técnica tan baja.

Una de las claves para el impulso del autoconsumo es potenciar el autoconsumo colectivo o autoconsumo compartido, es decir, cuando varios usuarios comparten una misma instalación fotovoltaica y se benefician conjuntamente de la energía producida. Sin duda, una gran idea que permite realizar instalaciones de autoconsumo en comunidades de propietarios o en polígonos industriales. Recordemos que en España la mayoría de la población vive en bloques y que disponemos de una gran cantidad de espacio en las cubiertas de los polígonos industriales.

Esta modalidad de autoconsumo tiene varias ventajas:

  • Desde un punto de vista energético, son más que evidentes y se traducen en que la energía autoconsumida, es decir la energía utilizada directamente de la generación fotovoltaica, aumenta, disminuyendo la energía vertida a la red e incrementando, por tanto, la rentabilidad de estas instalaciones.
  • La generalización de estas instalaciones en los edificios permite, además, incrementar la producción de energía eléctrica en las ciudades, generando electricidad cercana al consumo y disminuyendo la dependencia energética de estas.
  • Permite una democratización y descentralización de la producción de energía, enfrentando a los ciudadanos a su responsabilidad en un consumo responsable y respetuoso con el medio ambiente.

Sin embargo, todavía tenemos problemas que resolver antes de que este tipo de autoconsumo tenga el desarrollo deseado. Si dejamos al margen los procedimientos administrativos de los que ya hemos hablado, hay dos barreras importantes para el desarrollo del autoconsumo compartido.

El primero es que para realizar una instalación de autoconsumo colectivo o compartido la distancia entre los puntos de generación y consumo no puede exceder de 500 m. Una distancia totalmente arbitraria y sin ninguna justificación técnica, habida cuenta de que los impuestos por utilización de las redes eléctricas no se aplican en función de la distancia entre generación y consumo. Además, los autoconsumidores pagamos en igualdad de condiciones con los demás productores por el uso de las redes eléctricas.

No hay, por tanto, ninguna justificación para limitar esta distancia. En última instancia, ¿por qué no es posible descontar de la factura eléctrica la generación FV que podríamos tener en una segunda residencia? Si la red eléctrica es la misma y no hay ninguna discriminación a ningún productor eléctrico por la distancia al punto de consumo, ¿por qué debe haber un límite de distancia para el autoconsumo compartido? ¿Y qué más da donde yo tenga los paneles fotovoltaicos? En estos casos, deberíamos pagar por el uso que hagamos de la red. Aquí el problema es que los propietarios de las redes no cobran por este uso, sino que cobran una rentabilidad fija por las inversiones que hicieron, las usemos o no.

Seguramente la solución pasa por una reforma integral del mercado eléctrico para adaptarlo a las nuevas formas de producir y consumir energía, más descentralizadas y con mayor participación de la ciudadanía.

La segunda barrera tiene que ver con la forma de compartir la energía producida. En una instalación de autoconsumo compartido los asociados establecerán los coeficientes horarios de reparto de la energía producida (Real Decreto 244/2019), pero estos coeficientes deben ser fijos. Tampoco tiene mucho sentido que no se puedan establecer coeficientes dinámicos, de forma que los excedentes de un vecino tengan la posibilidad de ser usados por otro antes de ser vertidos a la red.  Imaginemos en un caso extremo, el mes de vacaciones de un vecino. En este caso la mayor parte de la energía que le corresponde es vertida a la red y no puede ser aprovechada por los otros vecinos que comparten la misma instalación. Los coeficientes de reparto fijos van a suponer un freno al desarrollo del autoconsumo compartido, cuando las directivas europeas abren la posibilidad de contratos bilaterales de compra venta de energía entre distintos usuarios. Tenemos todavía un amplio margen de mejora en la legislación actual sobre autoconsumo y si de verdad queremos impulsarlo, estas barreras tendrían que desaparecer cuanto antes.

Por último, me gustaría hacer mención a las normas de edificación. En los edificios ya construidos no es sencillo llevar un conductor eléctrico desde la salida del inversor, normalmente cercano a los módulos fotovoltaicos y por lo tanto en la azotea del edificio, hasta la entrada de la acometida de la red eléctrica, a nivel de calle. Debemos empezar a considerar en la normativa para viviendas de nueva construcción la importancia de una preinstalación para sistemas fotovoltaicos de autoconsumo, en la que además de una buena distribución del espacio en las azoteas, para evitar sombras posteriores en los generadores fotovoltaicos, se prevea la infraestructura necesaria para facilitar la posterior instalación de estos sistemas. Avanzaremos así hacia los edificios de consumo de energía cero, es decir, edificios en los que una parte importante de su consumo energético se genera en el propio edificio mediante fuentes renovables.

El autoconsumo compartido debe jugar un papel importante en la transición energética y es urgente una regulación que permita y facilite su rápido desarrollo.

Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga y Vicepresidente de la Fundación Renovables

Ley de Cambio Climático, un cauce verde para la lluvia de millones

Están siendo semanas frenéticas, como si las prisas por hacer las cosas bien por fin hubieran llegado, o, más bien, porque mañana, jueves 15 de octubre, comienza el periodo para presentar las iniciativas de recuperación para los fondos Next Generation de la Unión Europea. Es un sprint en toda regla y, no es para menos. Estamos hablando de 72.700 millones de euros en transferencias, esto es, para entendernos, el equivalente al 5,5% del PIB español, que se concentra en 2021-23 para recuperar la economía española. Los números nublan la vista. Una lluvia de millones que hay que evitar que caigan en los cauces del pasado, aquellos que nos llevarían a una falta de competitividad industrial y de innovación tecnológica, unos mantras que parece que nos cuesta asumir como sociedad. Nunca es tarde para ello.

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Brilla con Luz Propia

 

Las evidencias científicas sobre el colapso de nuestra sociedad el cambio climático cada día son más apabullantes. Los pronósticos de hace más de tres décadas, ya son una realidad. En la actualidad nos enfrentamos a la gran amenaza que supone el avance de la crisis climática y la económica, que justo acaba de comenzar. Las emisiones de gases de efecto invernadero aumentan sin parar, día tras día.

Hoy se evidencia, a todas luces, la urgente necesidad de un nuevo sistema socioeconómico ecológico y sostenible, permitiendo garantizar un futuro de calidad a nuestras próximas generaciones. Las crisis conllevan tiempos de adversidades, pero siempre tienen una luz de cambio en ellas, la cual tenemos que saber aprovechar.

La Fundación Renovables es un think tank de energía independiente que, formados por y para personas desde hace 10 años, tiene como objetivo fundamental la creación de políticas transformadoras y sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de llevar a cabo un cambio de modelo energético basado en el ahorro, la eficiencia y las renovables como principios fundamentales.

Son muchos los motivos que nos llevan a impulsar ese cambio. Son muchas las personas que necesitan este cambio. Son muchos años los que hemos luchado por este cambio. Son los colectivos más vulnerables los que necesitan este cambio. Son pocos los años que nos quedan para actuar y mantener la temperatura media global por debajo del incremento de 1,5º antes de 2050. Las soluciones existen. Es ahora o nunca.

Por estas múltiples razones, hemos creado una campaña personal, positiva, sencilla y directa que inspire a las personas a tener un papel activo y central, siendo ellos la pieza clave en la transición energética que ya estamos viviendo:
Hoy presentamos nuestra nueva imagen corporativa y este concepto, basándonos en la naturaleza de la cual venimos y formamos parte. Si observamos a las luciérnagas, vemos todos los elementos que necesitamos para que nuestro mensaje llegue mejor y más lejos. Son la ejemplificación perfecta de cómo producir nuestra energía de manera independiente y quizá, también, de encontrar la luz en la oscuridad actual.

La idea es desbordar nuestros canales de audiencia tradicional para que todo el mundo sea partícipe del futuro que está por venir. Para conseguirlo, es necesario que las diferentes administraciones rehagan sus políticas, hacia regulaciones más restrictivas con los combustibles fósiles y más permisivas con la participación pública.

Esta campaña no es más que un toque de atención a la actuación, necesitando las herramientas adecuadas para llevar a cabo dichas acciones. El objetivo es contribuir con nuestro propósito para concienciar a la mayor parte de la sociedad. Ahora tú eres el cambio, #brillaconluzpropia

Ismael Morales – Responsable de Comunicación de la Fundación Renovables

Con el virus no se negocia. ¿Y con el clima?

Hay una gran lección de esta crisis sanitaria: con un virus no se negocia y solo se puede combatir escuchando a la ciencia. Es la única alternativa realista y sensata. Y hoy toca aplicar esta enseñanza a una crisis aún mayor que la COVID19: el cambio climático. Así que, al igual que hemos aprendido a alinearnos con la ciencia para enfrentarnos a la emergencia sanitaria, también es hora de alinearnos con la ciencia para enfrentarnos a la emergencia climática.

En este sentido, los informes científicos de Naciones Unidas no dejan lugar a dudas. Nos queda apenas una década para evitar los peores escenarios del cambio climático y los compromisos actuales de reducción de gases por parte de los países no permiten en absoluto cumplir con el Acuerdo de París. Mientras este acuerdo climático, ratificado tanto por la Unión Europea como por España, apunta como meta no superar el aumento de 1.5ºC de temperatura al final de este siglo, con los compromisos actuales vamos directos a un aumento de 3ºC, ¡el doble! Esta dinámica pone en peligro la vida digna, o simplemente la vida, de millones de personas hoy y, aún más, mañana.

¿Cuál es la situación en España? Pues con el anteproyecto de Ley de Cambio Climático cuya llegada al Congreso celebramos, el Gobierno de coalición propone fijar como objetivo reducir un 23% sus emisiones de gases de efecto invernadero en 2030, respecto a 1990. Teniendo en cuenta que haría falta reducir al menos en un 65% a nivel europeo para cumplir con el Acuerdo de París, y partiendo de un reparto entre países europeos basado no solo en el PIB per cápita sino también en las emisiones históricas de cada país, España tendría que reducir en un 55% sus emisiones para 2030. Y conseguir la neutralidad climática para 2040, no para 2050. Si bien el anteproyecto cumple con los (muy insuficientes) objetivos de reducción y la (muy discutible) metodología de reparto europeos, a día de hoy, no alinea a España con la ciencia, ni tampoco con la justicia climática a nivel global.

Por eso en sus respectivas propuestas de leyes climáticas, desde Los Verdes Europeos pedimos una mayor ambición a la Comisión Europea y, desde EQUO, una mayor ambición al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Además del 55% en 2030, esta ambición realista alineada con la ciencia se debería concretar en una transición energética más rápida y potente con, entre otras cosas, un sistema eléctrico 100% renovable en 2030, una reducción más sustancial de la demanda energética, el cierre de las centrales de carbón para 2025 y el final de la venta de coches de motor fósiles para el final de esta década. Pasaría también por reducir los vuelos domésticos, reforzando a la vez la alternativa en trenes para cubrir un mismo trayecto, así como establecer un impuesto sobre el queroseno y poner una moratoria a las grandes infraestructuras, como la ampliación del aeropuerto del Prat. 

Además, apostemos por una Ley con capacidad de acción transversal en todos los sectores de la economía, empezando por los más intensivos en CO2 o energía como los actuales modelos agroalimentarios, turísticos, de la industria o de la construcción. Es prioritario acometer la transición hacia otro modelo agrícola y de alimentación basado en la agroecología y en circuitos cortos y de temporada de producción y consumo, con una reducción de la producción y consumo de carne; el cambio de modelo de turismo, desde el actual basado en el low cost y la cantidad hacia otro basado en la calidad y la sostenibilidad; o un plan de reindustrialización verde y la rehabilitación masiva de edificios y viviendas.

Como bien ha mostrado la crisis sanitaria, el modelo económico no es sostenible y ahora es el momento de cambiar de rumbo hacia una economía más resiliente y ecológica.

Sin duda, el anteproyecto de Ley de Cambio Climático apunta en la dirección correcta de la tan imprescindible transición ecológica y justa. Al mismo tiempo, le falta todavía la ambición necesaria para estar a la altura del reto climático y alineada con la ciencia, y así convertirse en una verdadera “Ley de Emergencia Climática”. Considerando además que esta ley debe ser una herramienta esencial de la reconstrucción verde y justa, desde EQUO mostramos nuestra entera predisposición a colaborar, trabajar y negociar para mejorar el texto propuesto. Al igual que ahora, de la crisis climática saldremos juntas y juntos.

Por Florent Marcellesi –  Coportavoz de EQUO y ex-eurodiputado de Los Verdes Europeos

Gobernabilidad global para alcanzar la sostenibilidad global

En anteriores artículos, publicados en este blog la semana pasada, analizaba tanto la posición de Europa ante la post pandemia como las condiciones en las que España afronta la salida de esta crisis, pero, en esta ocasión, quiero comentar el escenario en el ámbito más amplio, el del conjunto de nuestro planeta con sus carencias organizativas.

Estamos ante una globalización desgobernada, como ya denunció Kofi Anam al dejar, a finales de 2004, la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU). Esta globalización es deficitaria en tres elementos básicos: a) estrategias globales comunes (lo más desarrollado son Convenios Globales, aunque insuficientes); b) capacidades comunes (lo más cercano a un Gobierno Global es ahora el G20 ); y, sobre todo, c) responsabilidades comunes, que se ejercerían, necesariamente, en una economía de mercado mediante impuestos  globales, como la tantas veces invocada Tasa Tobin a las transacciones financieras, el impuesto al  CO2 que parecía más cercano a hacerse realidad o, por último, el más restringido al keroseno de aviación que ni siquiera fue posible a nivel de la Unión Europea.

Estas anomalías se ponen de manifiesto en la crisis actual en la que un país como Estados Unidos se puede permitir no solo desautorizar a la Organización Mundial de la Salud (OMS), sino, también, incapacitarla con solo retirarle su aportación económica. Si la capacidad de gestión e intervención de un organismo se mide finalmente por el tamaño de su presupuesto y la predictibilidad de este, la de Naciones Unidas, y con ella la de la OMS, no podría ser más limitada.

La Gobernabilidad global, clave para la Sostenibilidad del planeta, parece que solo tendrá visos de realidad si se plantean medidas disruptivas como los impuestos globales ya mencionados. A ellos habría que añadir, a la hora de reforzar los distintos nodos de la red global (en particular los de los países en vías de desarrollo), el de una renta global de subsistencia cubierta por las recaudaciones impositivas citadas, de tal forma que se destinara a cooperación internacional más del 0,7% de la riqueza global, del PIB mundial, de forma predecible, como se acordó en 1992 en la Cumbre de Río, porcentaje cada vez más lejano por pequeño que parezca.

Disponer de recursos predecibles facilitaría una recuperación de los nodos más débiles de la red global, diversificar su economía, especializada ahora en suministros baratos para países desarrollados, y gestionar sosteniblemente sus recursos con una mayor “autosuficiencia conectada” que, también, podría romper la dependencia de esos suministros baratos, en particular productos sanitarios clave, de los nodos más fuertes, aunque también vulnerables. La red se convertiría en una red de cooperación entre nodos más sostenibles y resilientes reforzados todos ellos por su “autosuficiencia conectada”, aunque “diferenciada”.

Y en este caso, el recurso a la energía sostenible como vector de cambio verdaderamente disruptivo, con la posibilidad de un progreso rápido hacia la autosuficiencia energética conectada a todos los niveles, al contar con recursos predecibles, acercaría sensiblemente el Objetivo 7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Este paso, además, facilitaría sustancialmente el resto de los ODS como señala la ONU:

La energía es fundamental para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace frente el mundo actualmente. Ya sea para el empleo, la seguridad, el cambio climático, la producción de alimentos o para aumentar los ingresos. El acceso universal a la energía es esencial.

Trabajar para alcanzar las metas de este objetivo es especialmente importante ya que afecta directamente a la consecución de otros objetivos de desarrollo sostenible. Es vital apoyar nuevas iniciativas económicas y laborales que aseguren el acceso universal a los servicios de energía modernos, que mejoren el rendimiento energético y aumenten el uso de fuentes renovables para crear comunidades más sostenibles e inclusivas y para la resiliencia ante problemas ambientales como el cambio climático.

Esta sí que sería una nueva normalidad a nivel global, pasando de la mal llamada “aldea global” a reconocer, o poder recrear, “el globo en cada aldea”, manteniendo sus especificidades.

Para salir de la crisis solo hay una vía: medidas disruptivas. ¡Es el momento!

España aborda la salida socioeconómica de la post pandemia en mejores condiciones, en cuanto a Gobernabilidad, de las que tenía solo hace un par de años cuando la Planificación Estratégica, a medio y largo plazo, era prácticamente inexistente, incluso en temas tan claves como la energía. Es obvio que el Consejo de Ministros, que mañana martes tiene que empezar a abordar cómo se va a llevar a cabo la recuperación económica, tiene más capacidades a este respecto de lo que hubiera tenido entonces, y es así por dos razones principales.

En estos momentos España dispone del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2020-2030 (PNIEC), remitido a Bruselas en marzo de este año, una vez revisado según las recomendaciones de la Comisión, y dispone de otra herramienta fundamental:  una Vicepresidencia para la Transición Ecológica.

Esto permite hacer un planteamiento más operativo del necesario Plan de Reconstrucción a medio y largo plazo para una nueva normalidad post pandemia, un escenario más sostenible, según ha anticipado el Presidente, y en el que se inscribiría a corto plazo, como primera fase, se entiende, un Plan de Medidas Urgentes de Recuperación compatible con el Plan de Reconstrucción. Este, como ya ha señalado la Vicepresidenta Ribera, debería enmarcarse en una Agenda Verde como la propuesta por la Comisión a nivel Comunitario, iniciativa de la que podría beneficiarse España.

Es evidente que la forma de abordar el Plan de Reconstrucción es muy distinta según se cuente o no con la perspectiva de un nuevo marco comunitario y, ciertamente, se beneficiaría en general, y especialmente en lo referente al Plan de Medidas Urgentes, de los recursos financieros que finalmente se pongan a disposición a nivel comunitario, como apuntaba el pasado viernes.

Para no complicar el ejercicio, lo más realista es pensar que no vamos a contar con un nuevo marco comunitario a corto plazo y que el apoyo va a ser fundamentalmente financiero y de capacidad de endeudamiento. Aunque el hecho de que se vayan a revisar por la Comisión las Nuevas Perspectivas Financieras 2020-2027, afortunadamente todavía no aprobadas, y la posibilidad, por necesidad, de disponer de nuevos recursos presupuestarios, podría deparar sorpresas esta vez positivas.

La posible Hoja de Ruta para coordinar las necesidades de planificación a corto plazo, con el desarrollo del marco estratégico a medio y largo plazo, con el objetivo de lograr un hito significativo en el escenario 2030, podría conformarse en base a los siguientes procesos paralelos que vayan confluyendo en el tiempo:

  • Generar de forma rápida la Agenda Verde Española 2030, simplemente trasladando, “transponiendo”, al contexto español el Nuevo Pacto Verde Europeo, como sería deseable, en cualquier caso, e introduciendo, a semejanza de la Comisión (prevé incrementar el objetivo de reducción de emisiones del 40% al 55%), un PNIEC (pendiente de introducir objetivos más ambiciosos) como vector de cambio e instrumento operativo de dicha Agenda, haciendo del sector energético un verdadero “sector tractor”, según apelativo de la Vice Presidenta.
  • Avanzar suficientemente en el Plan de Reconstrucción en el marco de la Agenda Verde para poder elaborar un Plan de Recuperación o de Medidas Urgentes de forma rápida y que eso no implique que no esté alineado con el escenario y las prioridades que se plantean a medio y largo plazo.

El Plan de Recuperación puede ser determinante para reorientar progresivamente y dar predictibilidad a sectores de difícil sostenibilidad que hoy tienen un peso excesivo en la economía española, como el turismo, la construcción, la automoción, etc., e incentivar el I+D+i. También es fundamental avanzar en la diversificación económica promoviendo sectores de futuro y generadores de empleo estable como la rehabilitación energética, las energías renovables y la generación distribuida, el almacenamiento de electricidad, la electrificación del transporte y la movilidad eléctrica.

  • Iniciar la revisión del PNIEC para fortalecerlo como elemento clave de la Agenda Verde, del escenario deseable para 2030 y verdadero dinamizador del Plan de Reconstrucción, haciendo de la energía el vector disruptivo del cambio, lo que implicaría:

Hacerlo accesible desde ya y de forma comprensible (resúmenes ejecutivos, presentaciones visuales e interactivas…) al público general si se pretende, como recoge el PNIEC, y es clave, colocar al ciudadano en el centro, agente proactivo y protagonista. El PNIEC debe ser parte del imaginario popular si queremos que el ciudadano se ilusione con el escenario deseable.

Dar prioridad a las medidas de carácter transversal del PNIEC (reforma del Sistema Eléctrico, fiscalidad…), haciéndolas más estructurales, de rápida implantación y de mayor impacto, así como a las específicas que, estando más cerca del ciudadano, contribuyen a su involucración más directa, a su empoderamiento y, posiblemente, a la generación más rápida y distribuida de empleo, incluyendo:

  • Autoconsumo. Estableciendo un objetivo, ahora sin concretar, que podría ser del 10% de la potencia de generación eléctrica, es decir, entre 16.000 y 18.000MW en 2030.
  • Rehabilitación de vivienda. Multiplicando por 4 el objetivo actual para pasar al 2% del parque de viviendas rehabilitadas al año (medio millón hasta 2030 y más allá), como figura en la Hoja de Ruta 2050 de la Comisión para una UE eficiente en el uso de recursos.
  • Electrificación del transporte. Anticipando la fecha para matriculación solo de vehículos emisiones cero, fundamentalmente eléctricos, a 2040 o, al menos, a 2035 (10 años después del 2025, cuando según el PNIEC el sector de la automoción alcanzará la paridad de precios entre vehículos eléctricos y de combustión).

Y, por supuesto, todo lo anterior debería tener un efecto significativo en la-mayoración de los objetivos básicos del PNIEC, respecto a la electrificación y reducción de la demanda de energía final, a la participación de las renovables en la generación y en la energía final y, finalmente, a la reducción de emisiones en 2030,  ahora poco significativa, 23%, frente al objetivo actual de la UE del 40% y, aun menos, frente al previsto del 55% sobre 1990 (que España no supere el 40% de reducción en 2030 pondría fuera de su alcance la descarbonización en 2050), como venimos señalando desde la Fundación Renovables en nuestros últimos informes.

Y supondría un gran paso en la autosuficiencia energética conectada (ahora de menos del 30%, aun contando con la nuclear como autóctona y no sostenible, acercándose al 40% en el PNIEC) que podría, en este caso, aproximarse al 50% en 2030, para hacer posible el 100% en 2050.

No va a ser fácil manejar todos estos procesos en tiempos tan apremiantes, por lo que será necesario cargarse de razón y eso es lo que, al menos, si nos va a permitir esta pandemia.

El cambio climático ya nos había cargado de razón para hacer lo que, en cualquier caso, teníamos que hacer y que es cambiar nuestros modelos de producción y de consumo y hacerlo de forma rápida. Ahora el Covid-19 nos señala que hay que hacerlo urgentemente e, incluso, disruptivamente, con un verdadero clímax para el cambio. Si no es ahora, ¿cuándo?

Organización para la acción

Es fundamental que para alcanzar los objetivos anteriormente descritos desde ahora nos organicemos adecuadamente para asegurarnos:

-Que los Planes, Pactos, Acuerdos, … de Recuperación, de Reconstrucción … y, en general, de Medidas Urgentes para la post pandemia, en los que no es necesario entrar porque van a ser no solo de distinto orden, sino, en general, de corto recorrido, supongan un paso adelante y no hacia atrás, o hacia un lado, en la construcción de ese futuro deseable y que se refieran, en cualquier caso, a escenarios deseables para una mayor sostenibilidad.

-Que los Planes se inscriban, se apoyen o acompañen, cuando sea posible, de Estrategias, Agendas, Planes a medio y largo plazo de avance hacia la sostenibilidad que, de hecho, existen a casi todos los niveles.

-Que los Planes a medio y largo plazo existentes se revisen o actualicen para hacerlos más ambiciosos, menos cautelosos y más disruptivos en pro de la ahora imperiosa mayor sostenibilidad.

-Que se superen lo antes posible las limitaciones existentes a todos los niveles en materia de capacidades de Gestión, de Gobernabilidad, recurriendo a propuestas y medidas disruptivas. La crisis no es de recursos, la crisis es de gestión. Dada la importancia y la urgencia solo caben medidas también disruptivas en este aspecto.

Para afrontar todas las anomalías  a nivel global, regional-UE, estatal-autonómico-local tenemos que recurrir a un concepto disruptivo que puede imperar y generalizarse, ahora con más razón, y que es el de la autosuficiencia conectada (depender al máximo de los recursos propios optimizando su uso y las conexiones para excedencias o carencias), en contraste con la insuficiencia mal conectada que ha remachado la pandemia, así como a vectores privilegiados de cambio, “vectores disruptivos”, como la energía sostenible, el más importante en estos momentos.

El acceso generalizado hoy a la energía, y facilitado por las fuentes de energía renovables (con la consiguiente posibilidad de acceder al agua, al bombeo, a la desalación, al tratamiento… y con ello a los alimentos, la movilidad y el transporte…), así como el posible acceso, también generalizado, a la información, y por ende facilitar la educación, la formación…. vía internet, casi en cualquier lugar, facilitando comunidades diversificadas, multifuncionales…, nos acerca a la posible replica de lo que sería un ecosistema maduro en la naturaleza (biodiverso/mucha información y con energía, agua, nutrientes…), es decir, a comunidades maduras y a la autosuficiencia conectada a todos los niveles de agregación y, además, obteniendo como resultado la mitigación del cambio climático.

Domingo Jiménez Beltrán – Patrono fundador de la Fundación Renovables

La mala calidad del aire, la peste del siglo XXI

En la segunda mitad del siglo XIX todas las grandes ciudades decidieron encargar a ingenieros y urbanistas la modificación de la configuración urbana fundamentalmente con el objetivo de hacer frente a los acuciantes problemas de salubridad, los cuales eran el origen de las epidemias que mermaban la salud de sus habitantes, especialmente la peste.

De aquel esfuerzo y gracias a personas como Ildefonso Cerdá en Barcelona; a Arturo Soria con  su diseño de la ciudad lineal en Madrid, ambos apostando y pensando siempre en la mejora de la convivencia; o a Haussmann, con su apuesta por el espacio en la ciudad de París, nació una nueva concepción urbana a través de la puesta en marcha de propuestas de reconstrucción global de la ciudad que permitieron que ese diseño urbano, que hemos heredado, marcase el desarrollo de estas ciudades y las haya convertido en todo un referente a nivel urbanístico.

La batalla contra los problemas de insalubridad del siglo XIX se dio por ganada cuando fue erradicado el riesgo contra la salud de la ciudadanía de forma clara en buena parte gracias a esas medidas. Siglo y medio después de Ildefonso Cerdá nos volvemos a encontrar con una nueva situación de emergencia sanitaria, provocada, esta vez, por la mala calidad del aire que, poco a poco, va minando la salud de las personas y que hoy día es la causa del fallecimiento prematuro, según datos de la Agencia Europea de Medioambiente, de más de 38.000 personas al año en nuestro país.

España es un país eminentemente urbano, más del 80% de la población vivimos en ciudades de más de 10.000 habitantes, y la causa de la mala calidad el aire está directamente relacionada con el consumo de energías fósiles. Concretamente más del 99% de las emisiones de SO2 y NOx, más del 92% del CO2 y más del 85% de las partículas de menos de 2,5 micras, están motivadas por el consumo de energía fósil (en su mayor parte para el transporte), siendo causantes del 81% de las muertes prematuras.

En la actualidad, emprender cambios de reconstrucción como se hizo en el siglo XIX es impensable. A ningún regidor se le ocurriría presentar a sus vecinos una demolición masiva de las grandes avenidas que sirvieron para que la supremacía del vehículo se impusiera sobre el sufrido y relegado peatón, pero sí es posible hoy reducir los efectos de la contaminación para que la muerte silenciosa, causante de la mala calidad del aire, se mitigue.

La solución la conocemos todos desde hace tiempo y no es otra que recuperar la dimensión humana de la ciudad, empezando por reducir las necesidades de movilidad gracias a una mayor disponibilidad de servicios y la electrificación de todas las demandas de energía existentes; desde la electrificación del transporte público al fomento de la bomba de calor o, simplemente, asumiendo el compromiso sobre la erradicación del consumo de combustibles fósiles.

Ponerle trabas a la circulación de vehículos contaminantes es una de las soluciones que tenemos que asumir, pero desde una determinación clara y tajante. Las propuestas que Madrid ha llevado a cabo con su exiguo Madrid Central de 4,7 km2, sin apostar por la lógica natural de extenderlo a la M30 con 42 km2 o incluso la de Barcelona con su propuesta de 95 km2 de no circulación de los 50.000 vehículos más contaminantes salvo fines de semana, son a todas luces insuficientes, por lo que se da a entender que muchas veces se trata más de una medida de propaganda política que un empeño real y sustancial para combatir lo que podemos denominar como “la peste del siglo XXI”.

Ciudades como Vitoria-Gasteiz, que -con el apoyo de todas las fuerzas políticas- consiguió ser Capital Verde Europea en 2012 y en la que el 67% de los desplazamientos tiene lugar a pie y en bicicleta, tienen mucho que enseñar sobre cómo las decisiones deben ser llevadas a cabo con rigor, con continuidad y sin miedo a una contraria contestación popular, cuyo origen está en la falta de información y en la existencia de una voluntad de rédito político de la oposición, que parece que viviera en otra ciudad.

Hemos vivido una semana en la que, por fin, la juventud ha empezado a decir basta y a reclamar que la tan difundida transición ecológica justa debe entenderse, ante todo, desde una perspectiva intergeneracional, suponiendo no solo una mayor responsabilidad en el consumo de energía, sino el abandono de prácticas tan insostenibles como el diseño del transporte urbano.

No podemos considerar que la emergencia climática en la que vivimos -cuatro días antes de su disolución el Congreso de los Diputados instó al gobierno de la nación a que la declarase- se combata desde una transición tranquila. Si estamos en una emergencia las medidas deben ser claras y no esperar a la declaración de zonas catastróficas continuas por sus efectos, como es el caso del Levante español con el último episodio DANA.

La peste, esta vez silenciosa, nos está ahogando y solo nos queda desde esta tribuna exigir que se dejen de discusiones políticas y actúen alcanzando un pacto nacional para combatirla. Somos la última generación que puede combatir el cambio climático. No defraudemos más a nuestros hijos dejándoles una hipoteca que nunca podrán pagar.

Fernando Ferrando – Presidente de la Fundación Renovables