Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava 
Celso Flores / Flickr
Mientras que el Gobierno francés ha decidido aprobar una ley para poner fin a la producción de hidrocarburos en todo el territorio galo, aquí en España, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) de Mariano Rajoy sigue anclado en planteamientos de épocas pretéritas, ajeno a la realidad cada vez más preocupante del cambio climático, apostando por la continuidad en la búsqueda y en la explotación de estos combustibles fósiles, en lugar de emprender el camino hacia la necesaria descarbonización urgente de nuestra economía.
Hace años, en 2011, Francia, siendo Presidente de la República el conservador Nicolás Sarkozy, prohibió por ley la utilización de la técnica de la fracturación hidráulica (fracking) para la exploración y explotación de hidrocarburos. También se instauró una moratoria a las prospecciones de gas y petróleo en aguas del Mediterráneo bajo jurisdicción francesa.
Ahora Francia va más allá: hace unas semanas, el ministro de Transición Ecológica y Solidaria, Nicolás Hulot, presentó el Proyecto de Ley que establecerá el proceso de salida, progresiva e irreversible, de la producción de petróleo y gas en la totalidad del territorio francés, con el horizonte puesto en 2040. Esa Ley, establecerá, que, inmediatamente tras su entrada en vigor, no se concederá ningún nuevo permiso de exploración e investigación de hidrocarburos convencionales y no convencionales, ni en tierra ni en el mar.
Igualito que en España, donde el Gobierno de Mariano Rajoy vetó el pasado mes de junio en la Mesa del Congreso de los Diputados, con el apoyo del partido Ciudadanos de Albert Rivera, la tramitación de una Proposición de Ley para proteger las aguas españolas del mar Mediterráneo de los daños que pudieran producir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.
El veto del Partido Popular a esa Proposición de Ley, impulsada desde el Parlamento balear, donde se aprobó por unanimidad (y por tanto también con el apoyo de Ciudadanos y del Partido Popular en esa cámara autonómica), se basa en un informe anónimo y plagado de falsedades. Es un informe con el membrete del Gabinete del MINETAD pero en el que no se identifica a la persona que lo ha realizado y que tendría que responsabilizarse de su contenido. El hecho de que el citado informe del MINETAD aporte sólo argumentos que no se sostienen jurídicamente, debe ser el motivo por el cual nadie (ningún funcionario ni responsable político) se ha atrevido a firmarlo.
