Hugo Morán – Secretario para la transición ecológica de la economía
En desarrollo del artículo 132.2 de la Constitución Española que los consagra como bienes de dominio público estatal, la Ley de Costas declara que tienen tal consideración la zona marítimo-terrestre, la ribera del mar y de las rías, el mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo, los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, estableciendo que la actividad administrativa ha de ir dirigida a asegurar su integridad y adecuada conservación, adoptando las medidas de protección y restauración necesarias y, cuando proceda, de adaptación, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático.
Para un país como el nuestro, secularmente volcado al mar, y una realidad económica y social extraordinariamente dependiente de sus recursos en sectores estratégicos como son el turismo y la pesca, el mandato constitucional debería haberse mantenido por encima de cualesquiera otros intereses que, como hemos tenido dolorosa ocasión de constatar en varios momentos, hacen pagar en forma de desastres ambientales precios inasumibles a cambio de vacuas expectativas.
En aras de esa preservación no han sido pocas las iniciativas surgidas en los últimos años en demanda de compromisos legislativos efectivos, para prohibir determinadas actividades incompatibles con la defensa de la integridad ambiental de nuestros mares; la última de ellas en forma de una proposición de ley que el Parlamento Balear, en el marco de un gran consenso social cristalizado en la Alianza Mar Blava, decidió elevar a la consideración de las Cortes Generales, y que permanece varada en la mesa del Congreso, vetada su admisión a trámite por parte del Gobierno de la Nación.
A esa reivindicación social especialmente arraigada en los territorios que se encadenan en los casi seis mil kilómetros de costa de nuestro país, se ha venido a sumar el clamor internacional de una comunidad científica que anticipa consecuencias catastróficas para la Humanidad, si los gobiernos no asumen el compromiso de renunciar a la extracción de no menos de dos tercios de las reservas de hidrocarburos que aún reposan en las entrañas del Planeta.
La transición energética es, más allá de otras razones de orden estratégico, la mejor póliza de seguros que la Tierra puede contratar en aras a preservar sus actuales condiciones de vida. De tal forma que la “Proposición de Ley sobre la prohibición de las actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales en el medio marino”, que el Grupo Parlamentario Socialista registró en el Congreso de los Diputados el pasado mes de noviembre, puede considerarse sin duda como un auténtico seguro de vida para nuestros mares y para nuestro litoral.
La traducción en términos normativos de este compromiso que espera alcanzar el acuerdo unánime de la Cámara, no es otra que la que se recoge en el apartado 2 de su Artículo primero: “Quedan prohibidas las actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos u otras sustancias minerales en el medio marino sobre el cual el Reino de España ejerza jurisdicción que alcance al menos la protección de los recursos naturales. Igualmente se prohíbe en este espacio marino la exploración mediante adquisiciones sísmicas, sea cual sea su finalidad, a no ser que se utilicen tecnologías cuya completa inocuidad haya quedado científicamente demostrada”.
Que el 2018 venga acompañado de azules olas de esperanza.