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Probabilidades y posibilidades

Piet Holtrop – Abogado

Probabilidades, posibilidades e historias paralelas.

El probabilismo es una vertiente intelectual que analiza historias alternativas y es muy útil para explicar qué realidad podría estar detrás de unos hechos. Todas las personas tendemos a tener una visión de túnel y solemos explicar los hechos en retrospectiva de una manera que nos glorifica un poco más de la cuenta. Los políticos suelen atribuirse sin parpadear toda mejora económica del país y, generalmente, dicen que los problemas que encuentran tienen sus causas en obstáculos estructurales que heredaron de sus antecesores.

Hace poco la Comisión Europea publicó su Decisión de declarar compatible el sistema de apoyo a las energías renovables en España con los criterios de Ayudas de Estado de la Unión Europea. Muy bien, bravo por la Comisión Europea.

O no tan bravo, depende de cómo miremos la historia.

El nuevo sistema retributivo, instaurado a raíz del Real Decreto – Ley 9/2013, del entonces ministro Soria, fue notificado tarde como Ayudas de Estado a la Comisión Europea y el Gobierno no paró su aplicación como es debido en estos casos y, por este motivo, de entrada, este sistema tenía que considerarse como una Ayuda de Estado ilegal. Si en el proceso de examinación por parte de la Comisión Europea esta ayuda además se hubiera considerado incompatible en su contenido, la Comisión Europea tendría que haber ordenado la devolución de las mismas por parte de los beneficiarios. Lo dicho: como la Comisión declaró el sistema español compatible y no sobrecompensado, no cabe devolución de ningún importe y, a partir de ahora, el esquema retributivo español es totalmente legal.

Visto así parece todo estupendo y el 30 de noviembre del 2017 entraría en la historia como un gran día para la seguridad jurídica en España.

No obstante, si miramos los detalles de esta historia, nos pueden sorprender algunas manifestaciones y modus operandi de la Comisión Europea. Podemos construir una historia alternativa, que hubiera conducido exactamente al mismo resultado en cuanto a la no devolución de estas ayudas, pero con una mayor concreción de la seguridad jurídica en España.

¿Cómo?  

Cuando se abrió el expediente, la Comisión Europea lo amplió y le pidió al Reino de España que le aportara también la información necesaria para investigar la legalidad de los sistemas de apoyo vigentes en España con anterioridad al sistema actual, que eran los sistemas basados en el Real Decreto 661/2007 y en el Real Decreto 1578/2009 (el antiguo régimen especial). La Comisión podía ir hasta 10 años atrás, estaba en su derecho. En la Decisión publicada, la Comisión sigue la argumentación realizada por el Reino de España, por la cual el actual sistema de retribución ha absorbido el sistema anterior. Acto seguido, la Comisión argumenta bajo su responsabilidad que, como sea que el antiguo sistema ha sido absorbido por el nuevo sistema, tampoco hace falta que lo examine. Sólo examina el nuevo sistema y lo hace utilizando las Guidelines vigentes en la actualidad. En mi opinión, la Comisión debería haber examinado la conformidad de los dos esquemas anteriores con las entonces vigentes Guidelines y, por supuesto, debería haber valorado si había sobrecompensación o no. Creo que la compensación de estos esquemas estaba en línea con lo que se hacía en otros países europeos y estoy convencido de que la Comisión tendría que haber declarado compatibles los dos esquemas retributivos anteriores al actual. De todas formas, en el hipotético caso de haber declarado que dichos sistemas estaban sobrecompensados, por el mismo motivo de ser absorbidos por su sistema sucesor, en ningún supuesto hubiéramos visto ninguna necesidad de devolución.

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La gestión de los residuos radiactivos, cuestión sin resolver

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado técnico de la Alianza Mar Blava

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En Extremadura ha surgido estos últimos días una acalorada polémica tras la decisión del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de informar favorablemente la solicitud del titular de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) para la instalación de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) para el combustible nuclear gastado producido por los reactores I y II de esta instalación atómica. El ATI tendrá que estar operativo en 2018.

La Junta de Extremadura ha manifestado su contrariedad con el informe del CSN, aunque su verdadera posición con respecto al futuro de la central nuclear y su posible continuidad en el largo plazo ha sido siempre una especie de misterio insondable. Los ecologistas también han protestado porque consideran que esta instalación es parte de una estrategia para facilitar la prolongación de la vida operativa de la central más allá de los 40 años y llegar hasta los 60.

La central nuclear de Almaraz consta de dos unidades. Según datos oficiales del CSN, Almaraz-1 obtuvo la autorización de puesta en marcha el 13 de octubre de 1980 y Almaraz-2 logró la suya el 15 de junio de 1983. Ambos reactores fueron diseñados para una vida útil de 30 años, pero el 7 de junio de 2010, el CSN les otorgó un nuevo permiso de explotación provisional por 10 años más, esto es hasta junio de 2020. Llegada esa fecha, Almaraz-1 tendría casi 40 años de vida operativa y Almaraz-2, 37. Por lo tanto, ambas unidades han obtenido ya, de facto, una extensión de su vida útil más allá de su inicial vida de diseño.

A los ecologistas no les falta cierta razón al desconfiar, puesto que, según el CSN, en su reciente “Informe del Consejo de Seguridad Nuclear al Congreso de los Diputados y al Senado”, correspondiente al año 2015, el año de saturación de las piscinas de combustible gastado, será el 2020 para Almaraz-1 y el 2022 para Almaraz-2.

Es decir, si los permisos de autorización vigentes para estas dos centrales acaba en junio de 2020, está claro que no necesitan construir ahora el ATI, para tenerlo listo en 2018, salvo para utilizarlo como argumento para lograr una ampliación de su vida operativa más allá de esa fecha. Es sabido que, dentro de unos meses, la empresa titular de Almaraz presentará ante el CSN una solicitud para la renovación de su permiso de explotación por 10 o más años, a contar desde junio de 2020.

Para justificar su informe favorable al ATI de Almaraz, el CSN argumenta que “en caso de que no estuviera disponible el Almacén Temporal Centralizado (ATC) en las fechas de necesidad de almacenamiento del combustible gastado de cualquier central española, se contempla la posibilidad de un ATI, como solución transitoria”. En este ATI se alojaría el combustible gastado por los reactores I y II de Almaraz hasta que fuera posible su traslado al ATC, cuya construcción está prevista en el municipio conquense de Villar de Cañas.

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El voto del carbón: ¿el interés general o el de los lobbies industriales?

Por José Luis Garcia – Responsable de Energía y CC de Greenpeace

Poca gente sabe que una parte de la electricidad que consumimos se obtiene quemando carbón. Menos gente aún sabe que al quemar carbón se produce cáncer. No es una afirmación sensacionalista: un nuevo estudio científico ha encontrado un vínculo entre la exposición a las micropartículas que se liberan en la quema del carbón y múltiples tipos de cáncer, además del más obvio, el cáncer de pulmón.

Silueta de mineros

Es una conclusión muy preocupante, puesto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya había declarado la contaminación atmosférica como cancerígena y “causa ambiental principal” de las muertes por cáncer, con las evidencias que se tenían antes del citado estudio. La exposición a las micropartículas supone la mayor amenaza ambiental para la salud del mundo y a ella se atribuyen más de un millón de muertos al año en China, 600.000 en India y unos 100.000 en Europa. La mayor fuente de emisión de esas micropartículas es la quema de carbón y petróleo, con lo que los nuevos datos solo pueden reforzar la necesidad de abandonar estos combustibles fósiles lo antes posible. Algo que sobre todo beneficiaría a las personas que viven más cerca de las centrales térmicas.

Y no solo por eso, es que también el carbón es el que más responsabilidad tiene en el calentamiento global que provoca el cambio climático. Una de las consecuencias de esto es el blanqueo y muerte de coral. Este año se está produciendo un blanqueo nunca visto en la Gran Barrera de Coral de Australia, el mayor arrecife coralino del mundo, con un 93% de blanqueo, del cual un 50-90% está muriendo en la parte norte. Y paradójicamente, el gobierno planea construir, en mitad del arrecife, un enorme puerto para facilitar la exportación de la producción australiana de… carbón.

En nuestro país, el carbón ha sido tradicionalmente un tema “tabú” en la política: todos saben que su continuidad es inviable económica y ambientalmente, pero nadie se atreve a comprometerse a proporcionar una transición justa a las comarcas que durante décadas han soportado la actividad de extracción y quema de carbón. En las pasadas elecciones vimos, por primera vez, que una de las formaciones más votadas, la coalición encabezada por Podemos, incluyó en su programa el compromiso de llevar a cabo “el cierre progresivo de las centrales de carbón”, añadiendo que “el abandono progresivo de fuentes de energía vinculadas a las centrales de ciclo combinado, nucleares o de carbón, se efectuará en el marco de una transición justa para los trabajadores de estas industrias, de manera que se garantice su progresiva recolocación en sectores limpios en igualdad de condiciones.” Compromiso que mereció la mejor calificación en la evaluación de los programas electorales que hizo Greenpeace. En el reciente documento programático presentado por la coalición formada por Podemos, Izquierda Unida y Equo, se recoge la “sustitución progresiva del uso de energías fósiles por energías renovables, garantizando en todo caso una transición juntas de los empleos hacia nuevos sectores no contaminantes”, por lo que será imprescindible que se desarrollen políticas que garanticen un futuro sostenible y sin carbón para las cuencas mineras a partir de 2018.

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