Por Hugo Morán – Exdiputado

El enorme retraso que España va acumulando en su ineludible transición energética, hace que esta sea una de las áreas de gestión más afectadas por el actual desconcierto institucional en que se desenvuelve la política patria. Por razones harto conocidas la atención mediática, y por ende la ciudadana, se centran en estas fechas en las decisiones que ha de adoptar el PSOE en torno al posible desbloqueo de la investidura de quien haya de ostentar la Presidencia del Gobierno en la renuente próxima legislatura. Así pues me parecía oportuno aguardar a la resolución del Comité Federal que los socialistas celebraban ayer domingo, antes de encarar la redacción de estos párrafos que siguen. Me explico.

A nadie se le escapa, sea letrado en la materia o profano en ella, que la regulación del  sistema energético de un país reviste una complejidad técnica de la que dan cuenta las decenas de miles de páginas que ocupan los centenares de reglamentos y órdenes ministeriales dictadas en desarrollo de las leyes que son aprobadas por las Cortes, y que tienen su continuidad en los ámbitos competenciales de orden autonómico y local. Si ya de por sí resulta tarea harto difícil ahormar la voluntad del legislador al marco del interés general, como por desgracia constatamos, en tanto que son muchos, diversos y contrapuestos, los intereses territoriales, sectoriales, económicos y sociales (legítimos unos, espurios otros) que condicionan la conformación de las distintas posiciones políticas del arco parlamentario, cuando toca convertir la ley en herramienta de trabajo, quizás en el universo energético más que en ningún otro, se impone la pragmática sentencia atribuida al conde de Romanones: “Ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento”.

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