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La gestión de los residuos radiactivos, cuestión sin resolver

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado técnico de la Alianza Mar Blava

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En Extremadura ha surgido estos últimos días una acalorada polémica tras la decisión del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de informar favorablemente la solicitud del titular de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) para la instalación de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) para el combustible nuclear gastado producido por los reactores I y II de esta instalación atómica. El ATI tendrá que estar operativo en 2018.

La Junta de Extremadura ha manifestado su contrariedad con el informe del CSN, aunque su verdadera posición con respecto al futuro de la central nuclear y su posible continuidad en el largo plazo ha sido siempre una especie de misterio insondable. Los ecologistas también han protestado porque consideran que esta instalación es parte de una estrategia para facilitar la prolongación de la vida operativa de la central más allá de los 40 años y llegar hasta los 60.

La central nuclear de Almaraz consta de dos unidades. Según datos oficiales del CSN, Almaraz-1 obtuvo la autorización de puesta en marcha el 13 de octubre de 1980 y Almaraz-2 logró la suya el 15 de junio de 1983. Ambos reactores fueron diseñados para una vida útil de 30 años, pero el 7 de junio de 2010, el CSN les otorgó un nuevo permiso de explotación provisional por 10 años más, esto es hasta junio de 2020. Llegada esa fecha, Almaraz-1 tendría casi 40 años de vida operativa y Almaraz-2, 37. Por lo tanto, ambas unidades han obtenido ya, de facto, una extensión de su vida útil más allá de su inicial vida de diseño.

A los ecologistas no les falta cierta razón al desconfiar, puesto que, según el CSN, en su reciente “Informe del Consejo de Seguridad Nuclear al Congreso de los Diputados y al Senado”, correspondiente al año 2015, el año de saturación de las piscinas de combustible gastado, será el 2020 para Almaraz-1 y el 2022 para Almaraz-2.

Es decir, si los permisos de autorización vigentes para estas dos centrales acaba en junio de 2020, está claro que no necesitan construir ahora el ATI, para tenerlo listo en 2018, salvo para utilizarlo como argumento para lograr una ampliación de su vida operativa más allá de esa fecha. Es sabido que, dentro de unos meses, la empresa titular de Almaraz presentará ante el CSN una solicitud para la renovación de su permiso de explotación por 10 o más años, a contar desde junio de 2020.

Para justificar su informe favorable al ATI de Almaraz, el CSN argumenta que “en caso de que no estuviera disponible el Almacén Temporal Centralizado (ATC) en las fechas de necesidad de almacenamiento del combustible gastado de cualquier central española, se contempla la posibilidad de un ATI, como solución transitoria”. En este ATI se alojaría el combustible gastado por los reactores I y II de Almaraz hasta que fuera posible su traslado al ATC, cuya construcción está prevista en el municipio conquense de Villar de Cañas.

Sin embargo, como contábamos hace unas semanas en este mismo blog, el proyecto del ATC para el combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos de alta actividad, piedra angular del último Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) aprobado por el Gobierno, ha demostrado ser un absoluto fracaso.

El PGRR en vigor fue aprobado en 2006 por el Consejo de Ministros. En él se establecía como “un objetivo básico prioritario” el poder “disponer de un ATC tipo bóvedas en el entorno del año 2010, cuyo periodo operativo sería del orden de unos 60 años”. Han pasado 10 años desde la aprobación del PGRR y el proyecto del ATC lleva más de 6 años de retraso. Dados los graves problemas de seguridad, a causa de factores hidrogeológicos, de la ubicación elegida, sumado al hecho de que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha decidido proteger la zona como Parque Natural, el ATC no tiene perspectivas de salir adelante ni a corto ni a largo plazo.

En realidad, nunca, ni en 2006 ni ahora, ha sido necesario construir un ATC, pues ya entonces existía una alternativa perfectamente viable en España, más ventajosa desde el punto de vista de seguridad y del impacto económico y social que el ATC: los ATI, de contenedores en seco y en superficie, en los emplazamientos de las actuales centrales nucleares.

¿Pero entonces, hay que apostar por los ATI o no?

La cuestión de fondo, que subyace tras esta polémica del ATI de Almaraz, es que no existe en España una política consensuada socialmente sobre la cuestión de la energía nuclear. Qué hacer con el combustible nuclear y los residuos radiactivos de alta actividad ya generados por las centrales nucleares es una cuestión que va indisolublemente unida a la de la fecha de cierre definitivo de estas instalaciones. Tratar de solventar el uno sin el otro es un completo absurdo.

La industria nuclear ha producido irresponsablemente residuos radiactivos de alta actividad sin saber qué hacer con ellos durante sus más de 50 años de existencia. Es un material muy peligroso, debido a su elevado potencial radiotóxico y a su alto nivel de radiactividad, que persiste durante cientos de miles de años.

Debido a estas características, estos residuos suponen un importante problema ambiental, de salud pública y económico, que nadie sabe bien cómo resolver. De hecho, todas las opciones de gestión de los residuos radiactivos de alta actividad propuestas por la industria nuclear plantean serios inconvenientes (p.ej. almacenamiento geológico profundo, almacenes temporales centralizados, reprocesamiento, transmutación nuclear…). No existe ninguna solución técnica que garantice que no se producirán efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente a corto, medio o largo plazo.

Dado que suponen un problema de primer orden de magnitud, la solución que hay que buscar para gestionar los residuos radiactivos ya producidos debe necesariamente pasar por la consecución previa de un amplio acuerdo social, a través de un proceso de decisión transparente y democrático, entre todos los sectores interesados.

En mi opinión, cualquier política de gestión de residuos radiactivos debe priorizar el cese en el plazo más corto posible de su producción, lo que implica necesariamente poner en marcha un plan de cierre progresivo pero urgente de las centrales nucleares, ya que éstas son las que los producen. La viabilidad de la sustitución de las centrales nucleares por energías renovables es un hecho ampliamente demostrado.

En ese preciso marco, desde el punto de vista técnico, la opción menos mala para la gestión temporal de los residuos radiactivos sería su almacenamiento en el lugar donde éstos se hayan producido (en cada central nuclear los suyos: los ATI), en contenedores en seco, en superficie, en una forma accesible, vigilada y recuperable. De esta manera se acercará al máximo posible el nivel de seguridad para la población, trabajadores y medio ambiente.

A nivel político, hay partidos que sí han expresado claramente su opinión ante esta problemática, pero la mayoría no. El PSOE plantea “un calendario de cierre de las centrales nucleares cuando lleguen a sus 40 años de vida, comenzando con la clausura definitiva de Garoña, que culminará en la fecha límite del 2028”. En el programa de Unidos Podemos a las últimas elecciones se propone: “El cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña y la no extensión de los permisos de operación para el resto de centrales nucleares en funcionamiento, de modo que todas ellas estén cerradas en 2024”. El Partido Popular se ha mostrado siempre proclive a la energía nuclear; en su último programa expresa su intención de “alargar la vida de las centrales nucleares hasta, por lo menos, 60 años, y poner en marcha nuevamente la central de Garoña”. En la mayoría del resto de los partidos, como es el caso de Ciudadanos, en sus programas no se hace mención alguna al tema nuclear.

Sobre la gestión de los residuos radiactivos, salvo menciones concretas al ATC en los tres primeros partidos citados, no se conoce la postura detallada de ninguno de estos partidos a nivel estatal ni tampoco la de Ciudadanos. Sobre el ATC, el PSOE plantea revisar la decisión sobre su instalación en Villar de Cañas, donde Podemos Castilla-La Mancha se opone tajantemente a su construcción; y el PP manifiesta inequívocamente su intención de construirlo en esa localidad.

2 comentarios · Escribe aquí tu comentario

  1. Dice ser Rosa Pinto

    La verdad es que no se habla nada de este tema y es algo a lo que habría que prestar mucha más atención simplemente por lo peligroso que puede llegar a ser para la población. La gestión de los residuos radioactivos debería ser tema de debate en política.

    Un saludo y espero que este post llegue a mucha más gente para que tomen conciencia

    26 Septiembre 2016 | 13:06

  2. Dice ser Newinversor

    Siempre podrán los miembros de los consejos de administración llevarse a sus jardines de sus espléndidas mansiones unos cuantos barriles y costear su custodia y mantenimiento ¿no?, Total ellos dicen que no es peligroso.
    Ellos se han llenado los bolsillos y ahora quieren que paguemos todos.
    Por cierto si esos costes y otros mucho que callan se hubieran añadido al precio del kWh. Nsdie en su sano juicio, salvo otros intereses ocultos, hubiera querido energía eléctrica de origen nuclear y para las empresas que se han beneficiado, no hubiera sido rentable…… salvo que papá Estado como ha hecho y hace les siga pagando los pufos

    26 Septiembre 2016 | 13:59

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