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La energía nuclear en los programas de los partidos

Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

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¿Qué política energética tendremos después del 26J? En particular, ¿qué pasará con las centrales nucleares? Los sondeos de opinión con respecto a los resultados de las próximas elecciones generales no permiten, en estos momentos, hacerse una idea clara de qué podrá pasar al respecto. Los líderes de los cuatro principales partidos han manifestado públicamente que no habrá unas terceras elecciones, que es seguro que se alcanzará un acuerdo de gobierno tras los comicios, pero ¿cuál? Ahora mismo no parece que vaya a ser una tarea sencilla lograrlo. En cualquier caso, mientras tanto, lo único que podemos hacer es comparar la parte energética de los programas electorales de unos y otros y tratar de hacer cábalas sobre qué pasará al final en virtud de las diferentes combinaciones posibles para formar gobierno.

En algunos temas energéticos, como la fracturación hidráulica (fracking) o el autoconsumo eléctrico, todos los partidos relevantes, menos el Partido Popular, están prácticamente de acuerdo. A excepción del PP, todos las demás fuerzas políticas coinciden en que hay que reformar drásticamente la actual normativa sobre el autoconsumo eléctrico, que con la regulación impuesta (y aún vigente) por el ex ministro Soria queda totalmente impedida y maniatada. Así mismo, casi todos los demás coinciden en el rechazo, más o menos explícito, a la obtención de gas no convencional por la insostenible tecnología del fracking, o a las prospecciones de hidrocarburos en el mar.

Pero con la energía nuclear ya es otro cantar. Analizando los programas electorales es muy curioso comprobar cómo, a pesar de la importancia del tema y de lo candente que son asuntos como la reapertura o no de la central nuclear de Garoña (Burgos) o la continuidad del proyecto del cementerio nuclear de residuos nucleares de alta actividad (ATC), actualmente propuesto en Villar de Cañas (Cuenca), hay un número significativo de partidos que ni siquiera hacen mención de todo ello en sus programas electorales.

Es el caso de Ciudadanos: en su programa no hay ni una sola mención al tema nuclear. Es el único caso entre los cuatro partidos principales con aspiración formar parte del futuro gobierno. Si bien es verdad que, en el transcurso de la anterior campaña electoral, sus portavoces hicieron declaraciones diciendo que cerrarían las nucleares y, posteriormente, lo que es más significativo, en el “Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso” alcanzado con el PSOE de cara al debate de investidura de Pedro Sánchez, Ciudadanos se comprometió a un “Cierre progresivo de las centrales nucleares al cumplir los 40 años de vida útil”.

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Estrategia nuclear fracasada

Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

Pancarta antinuclear

En el ámbito de la energía (como en tantos otros), las estrategias mal paridas, pergeñadas sin consenso social y sin adecuados criterios técnicos, no resisten el paso del tiempo. Este es el caso de la política de gestión de los residuos radiactivos de las centrales nucleares españolas, que se ha demostrado, otra vez más, como un absoluto fiasco.

Los 10 años transcurridos desde que, el 23 junio de 2006, el Consejo de Ministros aprobara el Sexto Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) presentado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC), han sido suficientes para comprobar el estrepitoso fracaso de la estrategia propuesta en dicho plan por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), a través del MITyC, del que depende.

En el citado PGRR, aun en vigor, se planteaba como hito principal la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos de alta actividad de las centrales nucleares españolas, al que se otorgaba prioridad absoluta. En el PGRR se plasmaba que “en virtud de los análisis efectuados desde los puntos de vista técnico, estratégico y económico”, resultaba “un objetivo básico prioritario” el poderdisponer de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) tipo bóvedas en el entorno del año 2010, cuyo periodo operativo sería del orden de unos 60 años”.

El lobby nuclear, y los sucesivos ministros de Industria de esos años, en especial Miguel Sebastián, defendieron el ATC como la panacea para el complejo problema de los residuos nucleares y pusieron gran empeño en conseguir que fuera una realidad en la fecha prevista, en 2010. Para ellos era la piedra angular para conseguir prorrogar la vida de las centrales nucleares hasta los 60 años. Pero han fracasado.

Ya en esas fechas, 2006 en adelante, diversos expertos y grupos ecologistas, alertaron de lo desacertado de esos, supuestamente rigurosos, análisis “técnicos, estratégicos y económicos” de ENRESA, y denunciaron que el Gobierno central había prescindido absolutamente de la búsqueda previa de consenso social al respecto, condición necesaria para sentar las bases con las que poder avanzar de forma eficaz en esta peliaguda materia que es la gestión de los residuos radiactivos.

Estamos en 2016, han pasado 10 años, y el proyecto del ATC, al que, por diversas razones, entre ellas técnicas, se augura ya poco futuro, se ha convertido en otro de los casos que reflejan todos los síntomas de nuestro depauperado y corrupto sistema político.

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Un Consejo de Seguridad Nuclear de república bananera

carlosbravomini

Carlos Bravo – Director de la Fundación Renovables 

No creo que en ningún país del mundo que se precie de ser una verdadera democracia pueda pasar lo que está ocurriendo en España con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

El desprecio reiterado, la burla, del Presidente del CSN Fernando Martí Scharfhausen hacia el Congreso de los Diputados, amparándose en ridículas excusas y penosas maniobras y tejemanejes para evitar comparecer ante las Cortes Generales (que, recordemos, son la más alta representación del pueblo español) ha llegado ya a lo esperpéntico, y, junto con otras lamentables acciones del CSN en los últimos meses, ha devaluado la categoría de este organismo a la de una república bananera.

La Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, obliga al Presidente del CSN a mantener puntualmente informado al Congreso de los Diputados y al Senado. Sin embargo, el señor Martí no comparece ante las Cortes Generales desde diciembre de 2014, a pesar de haber sido solicitada su comparecencia en varias ocasiones por parte de la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso para explicar su gestión.

JavierLeiva

La aversión del Señor Martí Scharfhausen a dar cuenta de sus actuaciones, su desprecio a su obligación de transparencia hacia el público, va incluso más allá del habitual oscurantismo del que lleva haciendo gala el CSN desde su creación en 1980. De hecho, el secretismo es algo consustancial a la industria nuclear. Esta industria, que, pese a accidentes como Fukushima, Chernóbil, Harrisburg, Vandellós-1, y otros muchos, insiste aún en presentarse a sí misma como segura, no puede reconocer al tiempo la intrínseca peligrosidad de su tecnología, pues su única prioridad es mantener su negocio, sea como sea.

En consecuencia, la industria nuclear (donde se insertan las grandes compañías eléctricas que operan centrales nucleares) hace todo lo posible por ocultar a la opinión pública sus continuos problemas de seguridad, y en algunos países, como en España, cuenta  para ello, lamentablemente con la ayuda del órgano regulador, el CSN, el cual, en teoría, debería ser independiente tanto con respecto a la industria nuclear (a la que se supone debe regular y controlar) como del Gobierno de turno. De acuerdo con nuestra normativa, sólo las Cortes Generales pueden ejercer control sobre el CSN.

En los últimos meses hemos sido testigos de los intentos del Presidente del CSN, y de la mayoría de los Consejeros (salvo la honrosa excepción de la consejera Cristina Narbona), de autorizar la operación por 17 años más de la obsoleta central nuclear de Garoña (gemela del siniestrado reactor 1 de Fukushima) saltándose sus propios procedimientos internos, o de tratar de sacar adelante el proyecto del cementerio nuclear de residuos radiactivos de alta actividad (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) a pesar de las advertencias de los propios técnicos del CSN sobre la falta de idoneidad del terreno desde el punto de vista hidrogeológico.

La opacidad con la que se ha llevado a cabo el proceso de evaluación de la solicitud de emplazamiento del ATC obligó a la ONG ‘Transparencia Internacional’ a tener que acudir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que se obligara al CSN a hacer públicos una serie de documentos clave sobre este proceso, como finalmente ha sucedido tras Resolución de citado organismo. 

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