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Una decisión poco valiente e incoherente del Miteco

A principios del pasado mes de octubre, el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC, su acrónimo inglés), presentó su informe especial sobre los impactos del cambio climático en un escenario de 1,5ºC de incremento de la temperatura media del planeta con respecto a los niveles preindustriales, realizado por encargo de los casi doscientos países que forman parte de la Convención de Cambio Climático de la ONU.

En este informe, la comunidad científica nos advierte de los graves efectos ambientales, sociales y económicos que tendría alcanzar ese incremento medio de 1,5ºC (de hecho ya la hemos aumentado 1ºC y los impactos negativos son claramente palpables) y avisa de que si queremos limitar la subida al menos a esos 1,5ºC tendremos que realizar con urgencia “cambios de gran alcance y sin precedentes” en el modelo energético y económico pues, al ritmo actual de emisiones, ese aumento podría alcanzarse incluso en 2030, es decir tan sólo dentro de 11 años.

planta

En esas fechas, la titular del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), Teresa Ribera, una reconocida experta en la materia, declaró, en una entrevista en el programa “Las mañanas de RNE”, que el informe del IPCC era “un gran tirón de orejas, porque lo que pone de manifiesto es que ya hemos incrementado la temperatura 1ºC con respecto a la media de la era preindustrial, y que ya estamos sufriendo esos cambios en los patrones habituales del clima”.

En esa misma entrevista la ministra manifestó que: “El mejor momento para haber empezado a actuar con tiempo suficiente para alcanzar ese objetivo era hace 25 años. Pero en todo caso, el segundo mejor momento es hoy, y tenemos que acelerar toda nuestra acción en materia de cambio climático. La gente no es consciente de hasta qué punto tiene un impacto tremendo sobre nuestras vidas, nuestro entorno económico y nuestras posibilidades de desarrollo. Es posible hacerlo pero evidentemente requiere poner toda la maquinaria a trabajar en la buena dirección y yo creo que es un mensaje fundamental para todos los gobiernos y para todos los decisores de políticas públicas (…) y los actores económicos”.

A lo que añadió: “El mensaje fundamental es una llamada a la acción, una sacudida. (…) de lo que se trata es que toda la acción es imprescindible. (….) Cuanto más hagamos, menos malo será, y habrá una mayor posibilidad de recuperar en el medio plazo una estabilidad climática para nuestros hijos, nietos y descendientes”.

Sin duda, declaraciones muy plausibles y dignas de elogio, especialmente para cualquiera, entidad o persona física, que esté realmente preocupado por el problema del cambio climático. Incluso el MITECO emitió una nota de prensa oficial titulada “El Gobierno se compromete a acelerar la acción climática en línea con el informe del IPCC”.

Pero, como dice el refrán, de las palabras a los hechos, va mucho trecho.

Así pues, de forma totalmente incoherente con esas declaraciones de la ministra Ribera, el Consejo de Ministros celebrado el pasado 28 de diciembre, a propuesta de la titular del MITECO, tomó la decisión de conceder una segunda prórroga de 10 años a la concesión de explotación de hidrocarburos denominada “Casablanca“, la más antigua de las cinco concesiones de las que disfruta la compañía Repsol en su plataforma petrolífera ubicada en el mar Mediterráneo, frente a las costas de Tarragona. La decisión se ha concretado en el Real Decreto 1519/2018, publicado en el BOE del 29 de diciembre.

El Consejo de Ministros celebrado el pasado 28 de diciembre, a propuesta de la titular del MITECO, tomó la decisión de conceder una segunda prórroga de 10 años a la concesión de explotación de hidrocarburos denominada “Casablanca”

Ojalá hubiera sido sólo una broma de mal gusto típica del día de los Santos Inocentes, pero no, no fue una broma, aunque la decisión sí fuera de mal gusto, al menos desde el punto de vista de la necesaria transición a la descarbonización de la economía. Parece claro que, en este caso, el MITECO ha cedido a las presiones del sector petrolero, el cual no destaca precisamente por su compromiso en la lucha contra el cambio climático.

La concesión de ese tipo de prórrogas es meramente potestativo: el Gobierno central no tiene ninguna obligación legal de concederlas. Por ello, resulta obvio que la decisión del MITECO, que permite alargar en el tiempo la actividad de explotación de hidrocarburos en el mar, va en contra del espíritu de avanzar en la transición energética hacia un modelo libre de combustibles fósiles, que tanto propugna la ministra Ribera.

Una decisión totalmente incongruente que hace caso omiso a la petición del IPCC de realizar urgentemente cambios “de gran alcance y sin precedentes” en el modelo energético y económico para así poder avanzar rápidamente y con éxito en la obligada transición hacia un modelo sostenible y profundamente descarbonizado.

En este caso, el MITECO ha cedido a las presiones del sector petrolero, el cual no destaca precisamente por su compromiso en la lucha contra el cambio climático

En diciembre del 2017 contábamos en este mismo blog que Francia se había convertido en el primer país del mundo en prohibir por ley la producción de hidrocarburos en todo su territorio, tanto en el mar como en tierra firme. La ley francesa prohíbe el otorgamiento de cualquier nueva licencia de exploración de hidrocarburos por el método que sea. Las explotaciones actualmente vigentes se irán eliminando a medida que acabe su periodo concesional.

Eso mismo podría haber hecho el MITECO: no prorrogar las concesiones a medida que fueran caducando sus actuales permisos. La medida no sería ni tan siquiera drástica para el promotor, de hecho la concesión de explotación “Casablanca” es sólo una de las cinco concesiones de explotación que tiene Repsol en el subsuelo marino del Mediterráneo, ligadas a su plataforma petrolífera del mismo nombre, frente a las costas de Tarragona. Las otras cuatro concesiones de explotación seguirían vigentes hasta que sus plazos fuesen venciendo en los próximos años.

Por otra parte, independientemente de la voluntad del Gobierno de querer seguir perpetuando en mayor o menor medida el modelo energético convencional, el MITECO debería haber sometido el expediente de esta prórroga de explotación de hidrocarburos al trámite de evaluación de impacto ambiental.

El MITECO, en vez de innovar de forma sostenible, ha mantenido la “costumbre” de sus predecesores de otorgar estas prórrogas sin que se realizase ningún control ambiental al respecto. Esta práctica es contraria al Derecho de la Unión Europea y resulta especialmente grave cuando existe un riesgo de accidentes graves en la plataforma petrolífera que no se ha analizado mediante un adecuado procedimiento de evaluación de impacto ambiental. La necesidad de dicho control ha sido declarada por la jurisprudencia europea y en este caso, con los antecedentes existentes de vertidos de Repsol, es más que indicada.

La decisión del MITECO, que permite alargar en el tiempo la actividad de explotación de hidrocarburos en el mar, va en contra del espíritu de avanzar en la transición energética hacia un modelo libre de combustibles fósiles, que tanto propugna la ministra Ribera.

El Tribunal de Justicia Europeo, en diversas sentencias emitidas desde 1998, ha establecido claramente que este tipo de procedimiento debe someterse a la obligación de evaluación ambiental que impone la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental, lo cual es igualmente aplicable a los controles establecidos por la Directiva marco de protección del medio marino.

También es de resaltar la falta de transparencia de la Dirección General de Política Energética y Minas del MITECO que ha denegado, sin fundamento jurídico alguno, la personación de la Alianza Mar Blava en ese expediente de solicitud de prórroga, al igual que hiciera este organismo en la anterior legislatura con otros expedientes similares, pese a que el Defensor del Pueblo ha dado amparo legal al derecho de la Alianza a ser considerados parte interesada en este tipo de procedimientos.

En resumen, una decisión incongruente con el compromiso de descarbonización del MITECO y de la propia ministra, una decisión muy poco valiente, al gusto de la industria de los combustibles fósiles, adoptada sin la necesaria evaluación de impacto ambiental de una actividad de tan alto riesgo para el medio ambiente, y además con una lamentable falta de transparencia al impedir activamente la personación de la Alianza Mar Blava en ese expediente administrativo.

En una entrevista concedida a la agencia EFE antes de viajar a Katowice (Polonia) para encabezar la delegación española durante el tramo final de la 24 Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático de la ONU (COP24), la ministra declaró: Todos los informes confirman la urgencia de pasar a la acción, y los gobiernos tenemos la obligación de ser valientes, adoptar medidas y proporcionar un marco regulatorio estable y predecible que dé señales claras de hacia dónde vamos”.

También añadió: “Hay gobernantes que pueden frenar la transición, pero no detenerla”. En eso sí estamos de acuerdo.

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

Baleares puede ser pionera en la Transición Energética

El Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética de las Islas Baleares acaba de iniciar su tramitación reglamentaria en el Parlament balear. El carácter pionero de esta iniciativa dentro de España despertó ya hace meses el interés en medios internacionales, seguramente en contraposición con el retraso y la desidia del Gobierno Rajoy en presentar su propio proyecto de ley en esta materia, pese a haber ratificado la Unión Europea el Acuerdo de París en octubre de 2016 (y España en enero de 2017).

Se trata de un Proyecto de Ley con objetivos ambiciosos de cara a la reducción de emisiones de CO2 y la descarbonización del sistema energético balear, a día de hoy inmensamente dependiente de los combustibles fósiles en todos los sectores.

Así, por ejemplo, la generación de electricidad en las Islas Baleares está predominantemente basada en centrales térmicas de combustibles fósiles (carbón, fueloil, gasóleo y gas). A finales de 2017, en toda la Comunidad Autónoma sólo había 4 MW instalados de energía eólica y 78 MW de solar fotovoltaica, según datos de Red Eléctrica de España.

Pretende avanzar hacia la autosuficiencia energética mediante el abandono progresivo de los combustibles fósiles, el incremento de la eficiencia energética (reducción del consumo primario en un 26% para 2030 y un 40% para 2050 con respecto a los niveles de 2005) y aumentar la capacidad para generar en el territorio de las Islas Baleares, mediante energías renovables

La movilidad terrestre en Baleares se basa mayoritariamente en el uso del vehículo privado. Así, la ratio de coches privados por habitante es superior a la media estatal, entre otras cosas, porque no se ha hecho hasta ahora una apuesta decidida por el transporte público colectivo ni la intermodalidad.

Los objetivos generales de este Proyecto de Ley balear son la mitigación de las causas del Cambio Climático y la adaptación de la economía, la sociedad y los ecosistemas a los impactos que éste provocará, además de impulsar la democratización de la energía y, por supuesto, dar cumplimiento al Acuerdo de París.

Para ello, se pretende avanzar hacia la autosuficiencia energética mediante el abandono progresivo de los combustibles fósiles, el incremento de la eficiencia energética (reducción del consumo primario en un 26% para 2030 y un 40% para 2050 con respecto a los niveles de 2005) y aumentar la capacidad para generar en el territorio de las Islas Baleares, mediante energías renovables, al menos el 70% de la energía final que se consuma en ese territorio en el 2050. A este respecto, para la penetración de las energías renovables se plantea como objetivos el 35% en 2030 y el 100% en 2050, porcentajes entendidos como proporción de la energía final consumida en el territorio balear.

Baleares

El texto prevé la transformación progresiva de las flotas de vehículos de alquiler (muy numerosos en la cada vez más larga temporada turística en Baleares) desde 2020, cuando un 2% de los vehículos deberán ser eléctricos, hasta alcanzar el 100% de éstos en 2035. La medida irá acompañada de importantes inversiones en infraestructura de puntos de recarga eléctrica.

Además se plantea la prohibición de entrada a las islas de vehículos “fósiles”. En 2025 se restringirá la entrada de vehículos diésel a las islas, así como su venta, y en 2035 lo mismo sucederá con los de gasolina y demás derivados del petróleo, de manera que en 2050 el parque móvil esté totalmente descarbonizado. Esta, no obstante, ha sido una de las medidas que más críticas han suscitado en determinados sectores.

Plantea la prohibición de entrada a las islas de vehículos “fósiles”. En 2025 se restringirá la entrada de vehículos diésel a las islas, así como su venta, y en 2035 lo mismo sucederá con los de gasolina y demás derivados del petróleo

Todas las medidas previstas en el citado Proyecto de Ley, permitirán, según lo anunciado por el Gobierno balear, una reducción de las emisiones de CO2 del 40% en 2030 y de un 90% para el 2050, con respecto a los niveles de 1990.

En el marco de la recientemente iniciada tramitación parlamentaria de este texto, Alianza Mar Blava y la European Climate Foundation (ECF) han organizado en el Parlament balear un ciclo de jornadas técnicas y de debate sobre diferentes aspectos de la problemática y de los temas abordados en dicho proyecto de ley, ciclo que terminará el 31 de octubre con una mesa redonda entre los partidos políticos baleares para confrontar sus posturas frente al desafío climático y la necesidad de iniciar la transición hacia la sostenibilidad energética y la velocidad que ha de darse a este proceso.

El objetivo de Alianza Mar Blava y la European Climate Foundation es conseguir la aprobación de una ley ampliamente consensuada para poder afrontar eficazmente el desafío del Cambio Climático.

Es decir, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se pretende aprobar en esta legislatura tendrá que ser desarrollada y aplicada sin contratiempos ni sobresaltos, no sólo en la próxima legislatura sino en un marco temporal de varias décadas, para poder hacer frente con éxito a un reto tan importante para toda la sociedad y el medio ambiente como es el del cambio climático. Sin duda, ello sólo será posible si esta ley consigue contar con un amplio consenso social, empresarial y político; dicho de otra forma, si se logra que la inmensa mayoría de la sociedad balear la considere como una ley necesaria y positiva.

Los impactos esperados del Cambio Climático en las próximas décadas en las islas Baleares serán especialmente graves, lo que debiera ser motivo de honda preocupación para la sociedad balear y para todas las fuerzas políticas que la representan.

La gravedad del problema del Cambio Climático nos fuerza a avanzar de forma urgente y decidida en la transición energética hacia un modelo completamente descarbonizado, libre de combustibles fósiles, y 100% renovable. No sólo porque éste sea nuestro compromiso internacional al haber ratificado el Acuerdo de París, sino porque la comunidad internacional se está moviendo muy despacio al respecto y se nos acaba el tiempo, si es que queremos evitar los efectos más catastróficos del Cambio Climático.

Los datos de los científicos no dejan lugar a dudas. Los impactos esperados en las próximas décadas en las islas Baleares serán especialmente graves, lo que debiera ser motivo de honda preocupación para la sociedad balear y para todas las fuerzas políticas que la representan.

En base a las conclusiones de los modelos climáticos, el incremento de la temperatura media en las Islas Baleares a lo largo del siglo XXI será superior al que se registrará globalmente. Debido al aumento esperado de las temperaturas medias, es muy probable que se produzcan fuertes olas de calor y episodios de temperaturas extremas al tiempo que aumentaría el riesgo de que se produzcan situaciones de grave escasez de agua. El aumento del nivel del mar tendrá consecuencias negativas para el litoral, el suministro de agua (por la salinización de acuíferos), el urbanismo, etc. Así, el aumento del nivel del mar conllevará la pérdida irreversible de muchos metros de sus hermosas playas antes de 2050.

De todo ello se deduce que las Islas Baleares van a verse especialmente afectadas por el Cambio Climático y, dado que es un territorio que concentra un alto porcentaje de población, de actividad económica y de sistemas naturales muy sensibles a los cambios ambientales, se puede afirmar, por tanto, que va a ser especialmente vulnerable a sus efectos, desde diversos puntos de vista: salud, medioambiental y económico.

Sin duda alguna, se trata de un contexto extremadamente preocupante para las Islas Baleares, dada su economía tan dependiente del buen estado de sus aguas y sus costas, de la disponibilidad de agua para el suministro, factores básicos, entre otros, para poder seguir manteniendo su liderazgo en el ámbito turístico, su principal industria.

Estamos en un momento clave. Las islas Baleares pueden convertirse en un referente mundial en la lucha contra el Cambio Climático y ser, en unas décadas, 100% renovables. Es sólo cuestión de voluntad política y compromiso ciudadano.

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

Un nuevo paso hacia un Mediterráneo libre de prospecciones de hidrocarburos, pero hacen falta más

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

De las medidas urgentes para la protección del Mediterráneo que Alianza Mar Blava solicitó al nuevo Gobierno, una ya es realidad. Se trata de la aprobación, efectuada en el Consejo de Ministros del pasado 29 de junio, del Real Decreto 669/2018, de protección del Corredor de Migración de Cetáceos de la demarcación marina levantino-balear como Área Marina Protegida, que establece además la adopción de un régimen de protección preventiva en esa zona y su inclusión dentro de la lista de Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (Lista ZEPIM) en el marco del Convenio de Barcelona, tal y como Mar Blava venía solicitando desde mediados de 2015.

Este nuevo espacio marino protegido tiene una superficie de 46.385,70 km2. Es una franja de aguas de unos 85 km de anchura media, que discurre entre la costa catalana y la valenciana, y el archipiélago balear. Se extiende por el norte dentro de las aguas de soberanía española a la altura del Cabo de Creus, en Gerona, hasta el Cabo de la Nao, en Alicante, por el sur; por el este, discurre paralela a las costas de islas de Ibiza, Mallorca y Menorca, a una distancia de unos 13 km; y por el oeste, también paralela a las costas catalana y valenciana, se mantiene a unos 38 km de distancia media.

La zona protegida comprende la totalidad del espacio marino, incluidas las aguas en las que está integrado, el lecho, el subsuelo y los recursos naturales existentes dentro de los límites establecidos por las coordenadas geográficas que marca el Real Decreto.

Para lograr la protección del Corredor de Migración de Cetáceos, a lo largo de 2016 y 2017 Alianza Mar Blava promovió, entre otras cosas, la consecución de apoyos institucionales, políticos, sociales y científicos, dentro y fuera de España.

El citado corredor tiene un altísimo valor ecológico por albergar una gran diversidad de especies de cetáceos (incluyendo la segunda y tercera especies más grandes de la Tierra: los rorcuales y los cachalotes, así como el delfín mular y el delfín listado y especies de cetáceos buceadores de gran profundidad como el calderón gris, el calderón común y el zifio de Cuvier) y, además, es de especial relevancia por ser utilizado como zona de paso migratorio por el rorcual común hacia sus áreas de cría y alimentación en el norte del Mediterráneo. Todas estas especies han recibido ya estatus de protección por parte de varios regímenes de conservación tanto nacionales como  internacionales. Por no citar otras muchas especies de fauna marina (aves, tortugas, peces -incluidos los tiburones-, e invertebrados).

A mediados de 2015, Alianza Mar Blava incluyó entre sus objetivos la protección del Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo como Área Marina Protegida (AMP) por el Gobierno español y como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) por el Convenio de Barcelona. Y así lo decidió, no sólo por la relevancia de este espacio marino desde el punto de vista de la protección de los ecosistemas y de la fauna marina del mar Mediterráneo, sino también para imposibilitar que se pudieran llevar a cabo diversos proyectos de prospecciones de hidrocarburos que distintas compañías petroleras habían solicitado en esta misma zona.

Algunos de éstos están aún en tramitación (ver más abajo) y otros cuyo archivo ya se ha logrado en los últimos años mediante otras estrategias. Así, en 2015 se consiguió el archivo de los permisos de investigación de hidrocarburos otorgados (en 2010) en el golfo de Valencia a la petrolera Cairn Energy; en 2016, el archivo del proyecto de prospecciones de Services Petroliers Schlumberger en el golfo de León; y en 2017, el de Spectrum Geo Limited en el mar Balear.

Mediterraneo

Para lograr la protección del Corredor de Migración de Cetáceos, a lo largo de 2016 y 2017 Alianza Mar Blava promovió, entre otras cosas, la consecución de apoyos institucionales, políticos, sociales y científicos, dentro y fuera de España. Entre los apoyos que logró sumar para consolidar esta iniciativa están los del Parlament balear, el Govern balear, la Generalitat de Cataluña, la Generalitat de Valencia, los Consells insulares de Mallorca, Menorca, Formentera e Ibiza, más de 10 ayuntamientos de las Islas Baleares y los ayuntamientos de Barcelona y Valencia, el Congreso de los Diputados y el Senado, las mayores ONG ecologistas de ámbito estatal, así como numerosos expertos y entidades científicas tanto nacionales como internacionales.

Con el fin de garantizar que no exista una merma del estado de conservación de las especies presentes en este espacio marino, en este Real Decreto se aprueba la aplicación de un régimen de protección preventiva que determina que quedará prohibido cualquier tipo de actividad extractiva de hidrocarburos, salvo aquéllas relacionadas con permisos de investigación o explotación en vigor” y también que no se permitirá el uso de sistemas activos destinados a la investigación geológica subterránea  (tanto por medio de sondas, aire comprimido o explosiones controladas como por medio de perforación subterránea), salvo aquéllas relacionadas con permisos de investigación o explotación en vigor”.

Sobre este espacio marino no hay actualmente ningún permiso de investigación o explotación en vigor. Pero lo que sí hay son varias solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos, cuyas superficies de actuación prevista se solaparían con grandes áreas del citado Corredor. En concreto, los doce permisos denominados “Nordeste 1” a “Nordeste 12”, solicitados por la petrolera escocesa Cairn Energy en el golfo de León y el denominado “Medusa”, solicitado por las petroleras Repsol, CEPSA, CNWL Oil España y POG, frente a las costas de Tarragona.

 Por lo tanto,Alianza Mar Blava considera que la consecuencia inmediata derivada de la protección del Corredor, en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto y especificado en su régimen de protección preventiva, es que el Ministerio para la Transición Ecológica proceda al archivo definitivo de los citados proyectos de prospecciones petrolíferas actualmente en tramitación.

Alianza Mar Blava considera que la consecuencia inmediata derivada de la protección del Corredor, es que el Ministerio para la Transición Ecológica proceda al archivo definitivo de los citados proyectos de prospecciones petrolíferas actualmente en tramitación.

La protección del Corredor de Migración de Cetáceos era una medida muy importante y urgente. En primer lugar, por la extraordinaria importancia ecológica que este Corredor tiene por sí mismo. En segundo lugar, para posibilitar la puesta en marcha de medidas de protección que impidan que puedan materializarse una serie de proyectos de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos que amenazan seriamente sus valores naturales y su viabilidad. Y, por último, para poner actuar sobre procesos que ya están actuando negativamente sobre las especies que pueblan este corredor, como es el caso de la contaminación acústica submarina, para lo cual es fundamental que el Gobierno inicie de inmediato la elaboración de un eficaz Plan de Uso y Gestión de este nuevo espacio marino protegido.

Evidentemente con la declaración de esta nueva Área Marina Protegida no basta. Hacen falta nuevos pasos, que el Gobierno puede dar, mientras se tramita en las Cortes Generales una ley que prohíba definitivamente la realización de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y otros recursos minerales en las aguas bajo jurisdicción española.

El primero es decretar una moratoria de efecto inmediato a la presentación de nuevas solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos, de nuevos proyectos de prospecciones de hidrocarburos y de cualquier otro proyecto para la realización de campañas de adquisición sísmica con cañones de aire comprimido u otras tecnologías generadoras de niveles inadmisibles de contaminación acústica submarina, que son muy lesivas para la fauna marina.

El segundo, el archivo definitivo de todas las solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos y de todos los proyectos de exploración de hidrocarburos o de adquisiciones sísmicas que están aún en tramitación fuera del Corredor de Migración de Cetáceos: el proyecto “Uncovering the Mediterranean Salt Giant (MEDSALT-2)”, solicitado por INOGS de Trieste, Italia, en aguas situadas entre Mallorca e Ibiza y Formentera; y el proyecto de perforación de pozos de Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A. en el área “Ampliación de Casablanca”, frente a las costas de Tarragona, denominado “Sondeos exploratorios desde la plataforma Casablanca: Rodaballo Este 1, Casablanca Oeste 1 a 3″;

No tiene sentido seguir buscando nuevos yacimientos de hidrocarburos, ni en el mar ni en la tierra, si queremos ser coherentes con nuestros compromisos frente al desafío del cambio climático: #KeepItInTheGround.

La transición energética: un seguro de vida en 2018

Hugo Morán – Secretario para la transición ecológica de la economía

En desarrollo del artículo 132.2 de la Constitución Española que los consagra como  bienes de dominio público estatal, la Ley de Costas declara que tienen tal consideración la zona marítimo-terrestre, la ribera del mar y de las rías, el mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo, los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, estableciendo que la actividad administrativa ha de ir dirigida a asegurar su integridad y adecuada conservación, adoptando las medidas de protección y restauración necesarias y, cuando proceda, de adaptación, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático.

Para un país como el nuestro, secularmente volcado al mar, y una realidad económica y social extraordinariamente dependiente de sus recursos en sectores estratégicos como son el turismo y la pesca, el mandato constitucional debería haberse mantenido por encima de cualesquiera otros intereses que, como hemos tenido dolorosa ocasión de constatar en varios momentos, hacen pagar en forma de desastres ambientales precios inasumibles a cambio de vacuas expectativas.

En aras de esa preservación no han sido pocas las iniciativas surgidas en los últimos años en demanda de compromisos legislativos efectivos, para prohibir determinadas actividades incompatibles con la defensa de la integridad ambiental de nuestros mares; la última de ellas en forma de una proposición de ley que el Parlamento Balear, en el marco de un gran consenso social cristalizado en la Alianza Mar Blava, decidió elevar a la consideración de las Cortes Generales, y que permanece varada en la mesa del Congreso, vetada su admisión a trámite por parte del Gobierno de la Nación.

A esa reivindicación social especialmente arraigada en los territorios que se encadenan en los casi seis mil kilómetros de costa de nuestro país, se ha venido a sumar el clamor internacional de una comunidad científica que anticipa consecuencias catastróficas para la Humanidad, si los gobiernos no asumen el compromiso de renunciar a la extracción de no menos de dos tercios de las reservas de hidrocarburos que aún reposan en las entrañas del Planeta.

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Prioridad para los cetáceos frente a los combustibles fósiles

Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

Esta vez se trata de una noticia positiva. Debemos congratularnos, y mucho, puesto que no ha sido tarea fácil, de que el pasado 22 de noviembre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) pusiese por fin en marcha la fase de consulta pública del proyecto de Real Decreto sobre la protección ambiental del Corredor de Migración de Cetáceos de la demarcación marina levantino-balear del Mediterráneo, tal y como se venía reclamando en los últimos meses al Gobierno español desde la Alianza Mar Blava y desde numerosas instancias públicas y privadas dentro y fuera de nuestras fronteras.

La zona a proteger, que se declara “Área Marina Protegida”, ocupa una superficie estimada de 46.262,82 km2 y comprende la totalidad del espacio marino, incluidas las aguas en las que está integrado, el lecho, el subsuelo, la columna de aire suprayacente y los recursos naturales existentes dentro de los límites geográficos establecidos en dicho Real Decreto. Además se establece la aplicación de un régimen de protección preventiva en esa área.

Se trata de una feliz noticia, no sólo desde el punto de vista de la protección de los ecosistemas y de la fauna marina del mar Mediterráneo, sino también desde la óptica del cambio climático y la necesaria descarbonización de nuestra economía, ya que la protección de este corredor de cetáceos implica también la imposibilidad de que se puedan llevar a cabo diversos proyectos de prospecciones de hidrocarburos que distintas compañías petroleras (Cairn Energy, Repsol, Cepsa, …) habían solicitado en esta misma zona.

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Otra prueba del “Trumpismo” climático del ministerio de energía

 Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico en Alianza Mar Blava

El Congreso de los Diputados acogerá el próximo miércoles 21 de junio por la tarde unas jornadas parlamentarias organizadas por la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA), en colaboración con la Alianza Mar Blava, para presentar y debatir la “Proposición de Ley sobre la protección del mar Mediterráneo bajo jurisdicción española de los daños que pudieran producir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales” que, tras ser aprobada en el Parlament balear por unanimidad (Partido Popular, Partido Socialista, MÉS per Mallorca, Podem Illes Balears, El Pi-Proposta per les Illes Balears, MÉS per Menorca y Grupo Mixto), ha iniciado ya su andadura en las Cortes Generales.

El evento consistirá en dos mesas, ambas moderadas por miembros de la APDDA. Una primera con las intervenciones del abogado de la Alianza Mar Blava que presentará el contenido de la Proposición de Ley (PL), su perfecto encaje en el marco normativo español, europeo e internacional y su coherencia con los compromisos adquiridos internacionalmente por España en la lucha contra el cambio climático; de un experto en cetáceos y fauna marina, que disertará sobre la importancia ambiental del Mediterráneo; y, finalmente, de un experto en turismo que explicará la positiva repercusión económica que tendría la aprobación de esta PL para las CC.AA. ribereñas del Mediterráneo, donde esta industria es uno de los ejes fundamentales de su economía.

La segunda será una mesa redonda con la participación de representantes de todos los grupos parlamentarios, para que den su opinión al respecto de la cuestión que se plantea y, en particular, sobre la citada PL. En reuniones mantenidas previamente con los grupos parlamentarios del Congreso (menos con el grupo Vasco, con el que aún no ha habido oportunidad de encontrarse), todos ellos nos han expresado claramente su apoyo a esta Proposición de Ley, salvo el grupo Popular que aún no ha querido manifestar su postura expresamente.

Esta PL se ha enviado a las Cortes siguiendo lo establecido en el artículo 87.2 de la Constitución, el cual otorga a las Asambleas de las Comunidades Autónomas la capacidad de promover leyes en España. De hecho, la PL ha sido ya tramitada por la Mesa del Congreso, que la calificó el pasado 16 de mayo y la publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales con fecha 19 de mayo de 2017.

Desde la Alianza Mar Blava queremos insistir en que la aprobación de una Ley que proteja el Mediterráneo y sus valores naturales, culturales y socioeconómicos frente a las amenazas que entrañan las prospecciones de hidrocarburos es una demanda de toda la sociedad civil y el sector privado de las islas Baleares, así como de las administraciones baleares y de otros territorios del arco mediterráneo, además de ser una medida plenamente coherente con la necesaria transición energética hacia una economía plenamente descarbonizada.

Actualmente, la Mesa del Congreso está a la espera de recibir el informe con el criterio del Gobierno sobre la citada Proposición, el cual, de acuerdo con la jurisprudencia emanada de los tribunales, sólo puede pronunciarse al respecto en el sentido de si considera o no que la PL pudiera tener repercusión económica en los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo esta PL, tal como está planteada, no supondrá ni incremento de gastos ni minoración de ingresos al Estado.

Así se desprende del Informe jurídico sobre ausencia de repercusión presupuestaria de la citada Proposición de Ley, encargado por la Alianza Mar Blava, en el que se concluye que: las disposiciones de la Proposición de Ley sobre “Protección del Mar Mediterráneo (….) no suponen jurídicamente ningún tipo de aumento de gastos o de disminución de ingresos en relación con los Presupuestos Generales del Estado vigentes al día de la fecha, que constituyen el elemento de contraste al efecto, aunque se mantengan con el carácter de presupuesto prorrogado”.

Esta Proposición de Ley se estructura en un artículo, una disposición adicional y una disposición transitoria por los cuales queda excluida la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, u otras sustancias minerales, en el medio marino del mar Mediterráneo sobre el que España tenga jurisdicción. Igualmente queda excluido de este espacio marino la exploración a través de adquisiciones sísmicas sea cual sea su finalidad, excepto en el caso de que esté científicamente demostrado que utilizan tecnologías completamente inocuas para el medio marino.

La disposición adicional especifica que las explotaciones de hidrocarburos comprendidas en esta ley cuya concesión sea anterior a su entrada en vigor, permanecerán vigentes hasta su extinción sin que se puedan otorgar prórrogas de ningún tipo. Mientras tanto, la disposición transitoria subraya que la ley será aplicable a todas aquellas solicitudes de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos o de adquisiciones sísmicas en tramitación que no hayan sido resueltas a la entrada en vigor de la ley.

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Una nueva oportunidad para que el Gobierno español muestre coherencia ante el desafío climático

Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado técnico de Alianza Mar Blava

climate change

Hace poco más de dos meses, el pasado 2 de febrero, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el instrumento de ratificación del Acuerdo de París, hecho en esta ciudad el 12 de diciembre de 2015 y que había sido ya firmado por España en Nueva York el 22 de abril de 2016.

Unos meses antes de la ratificación por parte de España, exactamente el 4 de noviembre de 2016, el Acuerdo de París entró en vigor. El reconocimiento por parte de la inmensa mayoría de los líderes mundiales de la necesidad urgente de tomar medidas contra el cambio climático fue clave para su rápida aprobación y entrada en vigor.

En la Disposición publicada en el citado BOE se plasman las palabras de su Majestad el Rey Felipe VI: “MANIFIESTO el consentimiento de España en obligarse por este Acuerdo y EXPIDO el presente instrumento de ratificación firmado por Mí y refrendado por el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (…)”.

Así pues, España se ha obligado a cumplir el Acuerdo de París cuyo principal objetivo es: “Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático”.

El Acuerdo de París ha tenido la virtud de lograr que prácticamente todo el mundo haya reconocido y asumido que para cumplir sus objetivos es necesario poner en marcha de forma urgente planes que conduzcan a una descarbonización profunda de nuestra economía. Sustituir el modelo energético actual, fundamentado en el uso de energías sucias y peligrosas, mayoritariamente combustibles fósiles, es una ardua tarea, para la que no nos queda mucho tiempo y, como hemos visto (hace unos días, Trump firmó una orden ejecutiva con una serie de medidas para recuperar la producción de energías fósiles en Estados Unidos), no van a faltar obstáculos en el camino.

No obstante, pese a la existencia de trabas que habrá que superar, no tenemos más remedio que alcanzar lo más pronto posible, antes de 2050, un sistema energético eficiente e inteligente basado al 100% en el ahorro, la eficiencia y las energías renovables, únicos recursos energéticos sostenibles con los que plantar cara eficazmente el problema del cambio climático.

En la Alianza Mar Blava, plataforma surgida en Ibiza y Formentera que agrupa actualmente a más de 110 entidades tanto de Administraciones públicas (Govern balear, los cuatro Consells y diversos ayuntamientos de estas islas, así como el Ayuntamiento de Barcelona) como del sector privado (entidades de sectores económicos como el turismo, la pesca o el náutico) y de la sociedad civil (organizaciones sociales, sindicales y ecologistas), estamos convencidos de que hay que sacar cuanto antes a los combustibles fósiles de nuestro modelo energético.

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Una ley para declarar el Mar Mediterráneo libre de prospecciones de hidrocarburos

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

El pasado 13 de enero tuvo lugar en el Parlament balear un acto de democracia directa cargado de gran simbolismo pues en él se concretó la transmisión de una Proposición de Ley para proteger el mar Mediterráneo bajo jurisdicción española frente a la amenaza de las prospecciones de hidrocarburos, desde la sociedad balear, representada en este caso por la Alianza Mar Blava, al Parlament, el cual es, como especifica el propio Estatuto de Autonomía de las islas, la representación del pueblo de Baleares.

La Alianza Mar Blava es una plataforma intersectorial cuya misión es incrementar la protección del mar Mediterráneo, acabar con la amenaza que para la economía y el medio ambiente de las comunidades del arco mediterráneo suponen los proyectos de prospecciones petrolíferas actualmente en tramitación, y avanzar hacia una mayor sostenibilidad del sistema energético.

Esta Alianza agrupa actualmente a más de 110 entidades tanto de las Administraciones públicas (Govern balear, Consells insulares de Formentera, Ibiza, Menorca y Mallorca, diversos ayuntamientos de estas islas y el Ayuntamiento de Barcelona) como del sector privado (entidades de sectores económicos como el turismo, la pesca o el náutico) y de la sociedad civil (organizaciones sociales, sindicales y ecologistas).

La Proposición de Ley que la Alianza, junto a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Govern balear, presentó y entregó a todos los grupos políticos del Parlament balear, se estructura en un único artículo, una disposición adicional y una disposición transitoria.

Dicho artículo establece que quedará excluida la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, u otras sustancias minerales, en el medio marino del mar Mediterráneo sobre el que España tenga jurisdicción.

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