Entradas etiquetadas como ‘CSN’

Energía nuclear, una hipoteca de por vida

Por Joan Herrera – Abogado

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¿Qué significa que no haya habido cambio en España? Entre otras cosas, la posibilidad que en lo energético se consoliden escenarios que nos hipotecan de por vida.

Hablo del debate energético, del caso concreto de la energía nuclear. En esta ocasión, quien se ha encargado de pulsar el botón para consolidar e incluso cristalizar la situación ha sido, ya no el Gobierno, sino el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Una vez más, el CSN ha hecho gala de su tradición de órgano regulador captado por el regulado y, en una decisión sin precedente alguno, ha concedido a Garoña, la central nuclear más antigua y con la tecnología más obsoleta, la posibilidad de continuar operando. Pero no sólo eso, lo ha hecho con una extraordinaria originalidad tratándose de una central nuclear. Por primera vez lo hace sin límite temporal (hasta ahora los permisos se concedían por un periodo de 10 años) y jugando, lo que es a mi entender, un claro rol político – económico. El papel del CSN consiste en blindar jurídicamente a los titulares de la central, de tal manera que si hay un Gobierno que quiera cerrar la planta, esta decisión tenga que dar pie a una extraordinaria indemnización por lucro cesante. La decisión ha contado con un voto en contra, el de Cristina Narbona, como excepción a un CSN acostumbrado a tener entre sus miembros a expertos que siempre coincidían en su posición claramente pronuclear.

En julio del 2009 me atreví a escribir sobre la necesidad de cerrar la central nuclear de Garoña en un artículo titulado “la indecisión de Garoña”. No tenía sentido que prolongásemos la vida de la central, como finalmente haría el Gobierno Zapatero, dado que aportaba una escasa potencia al mix eléctrico y en cambio “gozaba” de la tecnología más obsoleta. Pero el Gobierno con un presidente –epidérmicamente- antinuclear así lo hizo, dio dos años más a la central de Garoña, traspasó el tema al siguiente Gobierno y volvió a no exigir nada a un parque nuclear que, tras amortizarse, continuaba vendiendo la electricidad a un precio muy superior a su coste de generación.

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Garoña, la metamorfosis de una vieja cafetera nuclear

Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

 central nuclear

Vasija del reactor de la central de Garoña en fase de recarga

Gracias a las maniobras de un Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) cada vez más vendido a los intereses de las grandes empresas eléctricas, la vieja cafetera nuclear que es la central atómica de Santa María de Garoña (Burgos) se ha convertido de facto en un activo financiero de primer orden.

Ya desde sus orígenes, surgido en 1980 de las cenizas de la entonces moribunda Junta de Energía Nuclear franquista, de la cual heredó todos sus vicios y defectos, el CSN ha sido un organismo volcado descaradamente en la defensa de los intereses económicos de los propietarios de las centrales nucleares. La seguridad nuclear y la protección radiológica de las personas y del medio ambiente han quedado siempre en un segundo plano en la gestión del CSN. Su legendaria opacidad, obscurantismo y falta de transparencia hacia el público, ha sido objeto de numerosos editoriales y artículos a lo largo de sus más de 30 años de existencia.

Sonoros escándalos como el de la fuga de partículas radiactivas de Ascó en 2008, que la dirección de la central nuclear pudo ocultar durante meses gracias a la connivencia del CSN y que sólo pudo ser conocido por la opinión pública cuando Greenpeace lo destapó; o el de la degradación del sistema de aguas esenciales de la central nuclear de Vandellós-2, a la que el CSN permitió en 2004/2005 funcionar ocho meses sin las medidas preceptivas de seguridad hasta que, de nuevo, se dio a conocer públicamente por las denuncias de Greenpeace; son sólo algunos de los ejemplos más significativos de la actitud permisiva y condescendiente del CSN con los titulares de las instalaciones nucleares.

La decisión del CSN

La deriva del CSN a posturas cada vez menos independientes y neutrales se ha acrecentado en los últimos años y se ha evidenciado en asuntos tan importantes para la seguridad nuclear como el del proyecto del cementerio nuclear de residuos radiactivos de alta actividad (Almacén Temporal Centralizado, ATC) en la localidad conquense de Villar de Cañas – donde el CSN ha insistido en seguir adelante con la tramitación a pesar de las advertencias de los propios técnicos del CSN sobre la falta de idoneidad del terreno desde el punto de vista hidrogeológico-, o en el del alargamiento de vida de la central nuclear de Garoña.

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Un trámite “normal” para Garoña

Por Juan Castro – Gil – Abogado

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El Consejo de Inseguridad Nuclear ha decidido así como si tal cosa, que la Central Nuclear de Santa María de Garoña, de 40 años de edad y cerrada desde hace cuatro, pueda volver a abrir. Es gracioso ver en el orden del día del pleno del Consejo como su reapertura es un asunto de “trámite normal”. Sí, ya sé que seguramente sea la forma de hablar de los ilustres consejeros, pero no me pueden negar que semejante decisión es cualquier cosa menos “normal”.

Ahora que esta buena gente ha decidido sacarse el marrón de encima, deja a la siempre impecable voluntad del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital la decisión de reabrir la planta y, por extensión, permitir que sus peligrosas hermanas puedan prorrogar su actividad.

Por su parte, en la trama del vodevil, los dueños del establecimiento (Endesa e Iberdrola), cual canción de Pimpinela, distraen la atención del público con manifestaciones sobre el “sí quiero” y el “no quiero” a razón de pito pito gorgorito, mientras de trasfondo, como dueños de la central de Almaraz, operada por aquellas compañías junto con Gas Natural Fenosa, observan con una sonrisa macabra cómo pronto van a prorrogar la jubilación a sus peligrosos juguetitos un 50% más de tiempo del que les correspondía (verdadero quid de la cuestión).

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#DíaMundialDeLaEnergía: Una energía para todos

Por Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga

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Posiblemente no es el mejor día para hablar de energía. La coincidencia con el día de los enamorados y toda la propaganda comercial asociada, que nos incita, una vez más, a celebrarlo desde una perspectiva consumista, no ayuda nada a visibilizar que hoy celebramos el día mundial de la energía. Una energía que es un derecho básico, a la que se debería acceder en condiciones de igualdad y justicia social y que debería, sobre todo, consumirse con responsabilidad.

Una fecha importante debido a la fuerte dependencia existente entre desarrollo económico, consumo de energía y cambio climático. Si analizamos los datos disponibles a nivel global, veremos que el consumo de energía en el mundo es profundamente desigual. En grandes números, los países desarrollados, que representan el 25% de la población mundial, consumen aproximadamente el 75% de toda la energía y por lo tanto somos los máximos responsables del cambio climático. Una población mundial que ha alcanzado los 7400 millones de habitantes, de los que todavía un 17% no tiene acceso a la electricidad y un 38% depende de usos tradicionales de la biomasa para cocinar.

Es razonable pensar que la deseable mejora de las condiciones de vida de esta población va a facilitar su legítimo derecho al uso de energía y, por lo tanto, el consumo de energía a nivel mundial va a seguir aumentando en las próximas décadas. Esta encrucijada, motivada por tener que aumentar la producción de energía y a la vez mitigar el cambio climático, sólo se puede resolver si abandonamos el uso de los combustibles fósiles, que son actualmente la principal fuente de energía del planeta y el principal responsable del cambio climático. Los primeros en hacerlo debemos ser los países desarrollados, ya que disponemos de tecnología y recursos económicos suficientes para llevar a cabo la transición a una energía baja en carbono.

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En las antípodas de la seguridad nuclear

Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado técnico de Alianza Mar Blava

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En las últimas semanas ha sido noticia que nuestro recibo de la luz podría encarecerse en los próximos meses a causa de un notable incremento de la importación de electricidad española por parte de Francia.

El motivo de esta mayor exportación de electricidad desde España a Francia es la decisión de la autoridad de seguridad nuclear francesa de parar 16 centrales nucleares para someterlas a una revisión. Como, además de éstas, había ya paradas otras cinco centrales por otros motivos, ha llegado a haber un total de 21 centrales nucleares que no estaban operativas (de las 58 que tiene el país vecino) y eso ha forzado a Francia a importar más energía eléctrica de lo habitual desde España. Debido a ello han tenido que funcionar más centrales térmicas que son las que generan la electricidad más cara, y por ello los precios en el mercado mayorista han tendido al alza, lo que a su vez podría derivar en un aumento del coste del recibo para los consumidores finales.

Sin duda es una noticia curiosa, que pareciera indicar que los caminos de la electricidad son inescrutables y, en este caso, con potenciales repercusiones negativas al bolsillo del consumidor. A este respecto, cabe recordar que ese riesgo se vería totalmente anulado si, en lugar de exportar electricidad cara (y contaminante, agravadora del cambio climático) procedente de la quema de combustibles fósiles, estuviéramos exportando a Francia electricidad limpia producida con renovables. En efecto, como se desprende del informe “El sistema eléctrico español 2015” de Red Eléctrica de España (REE), una mayor participación de la producción renovable en el sistema implica una reducción del precio del mercado diario de la electricidad.

Pero, aunque a todos nos preocupa lo que tenemos que pagar en la factura eléctrica, lo que me resulta más sorprendente es que todos esos artículos se hayan centrado en el hecho del porqué un fallo en las nucleares francesas puede provocar una subida del recibo de la luz y no en la diferencia, en términos de independencia y rigor técnico, entre la Autoridad de Seguridad Nuclear de Francia (ASN) y nuestro Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

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La gestión de los residuos radiactivos, cuestión sin resolver

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado técnico de la Alianza Mar Blava

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En Extremadura ha surgido estos últimos días una acalorada polémica tras la decisión del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de informar favorablemente la solicitud del titular de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) para la instalación de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) para el combustible nuclear gastado producido por los reactores I y II de esta instalación atómica. El ATI tendrá que estar operativo en 2018.

La Junta de Extremadura ha manifestado su contrariedad con el informe del CSN, aunque su verdadera posición con respecto al futuro de la central nuclear y su posible continuidad en el largo plazo ha sido siempre una especie de misterio insondable. Los ecologistas también han protestado porque consideran que esta instalación es parte de una estrategia para facilitar la prolongación de la vida operativa de la central más allá de los 40 años y llegar hasta los 60.

La central nuclear de Almaraz consta de dos unidades. Según datos oficiales del CSN, Almaraz-1 obtuvo la autorización de puesta en marcha el 13 de octubre de 1980 y Almaraz-2 logró la suya el 15 de junio de 1983. Ambos reactores fueron diseñados para una vida útil de 30 años, pero el 7 de junio de 2010, el CSN les otorgó un nuevo permiso de explotación provisional por 10 años más, esto es hasta junio de 2020. Llegada esa fecha, Almaraz-1 tendría casi 40 años de vida operativa y Almaraz-2, 37. Por lo tanto, ambas unidades han obtenido ya, de facto, una extensión de su vida útil más allá de su inicial vida de diseño.

A los ecologistas no les falta cierta razón al desconfiar, puesto que, según el CSN, en su reciente “Informe del Consejo de Seguridad Nuclear al Congreso de los Diputados y al Senado”, correspondiente al año 2015, el año de saturación de las piscinas de combustible gastado, será el 2020 para Almaraz-1 y el 2022 para Almaraz-2.

Es decir, si los permisos de autorización vigentes para estas dos centrales acaba en junio de 2020, está claro que no necesitan construir ahora el ATI, para tenerlo listo en 2018, salvo para utilizarlo como argumento para lograr una ampliación de su vida operativa más allá de esa fecha. Es sabido que, dentro de unos meses, la empresa titular de Almaraz presentará ante el CSN una solicitud para la renovación de su permiso de explotación por 10 o más años, a contar desde junio de 2020.

Para justificar su informe favorable al ATI de Almaraz, el CSN argumenta que “en caso de que no estuviera disponible el Almacén Temporal Centralizado (ATC) en las fechas de necesidad de almacenamiento del combustible gastado de cualquier central española, se contempla la posibilidad de un ATI, como solución transitoria”. En este ATI se alojaría el combustible gastado por los reactores I y II de Almaraz hasta que fuera posible su traslado al ATC, cuya construcción está prevista en el municipio conquense de Villar de Cañas.

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Un Consejo de Seguridad Nuclear de república bananera

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Carlos Bravo – Director de la Fundación Renovables 

No creo que en ningún país del mundo que se precie de ser una verdadera democracia pueda pasar lo que está ocurriendo en España con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

El desprecio reiterado, la burla, del Presidente del CSN Fernando Martí Scharfhausen hacia el Congreso de los Diputados, amparándose en ridículas excusas y penosas maniobras y tejemanejes para evitar comparecer ante las Cortes Generales (que, recordemos, son la más alta representación del pueblo español) ha llegado ya a lo esperpéntico, y, junto con otras lamentables acciones del CSN en los últimos meses, ha devaluado la categoría de este organismo a la de una república bananera.

La Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, obliga al Presidente del CSN a mantener puntualmente informado al Congreso de los Diputados y al Senado. Sin embargo, el señor Martí no comparece ante las Cortes Generales desde diciembre de 2014, a pesar de haber sido solicitada su comparecencia en varias ocasiones por parte de la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso para explicar su gestión.

JavierLeiva

La aversión del Señor Martí Scharfhausen a dar cuenta de sus actuaciones, su desprecio a su obligación de transparencia hacia el público, va incluso más allá del habitual oscurantismo del que lleva haciendo gala el CSN desde su creación en 1980. De hecho, el secretismo es algo consustancial a la industria nuclear. Esta industria, que, pese a accidentes como Fukushima, Chernóbil, Harrisburg, Vandellós-1, y otros muchos, insiste aún en presentarse a sí misma como segura, no puede reconocer al tiempo la intrínseca peligrosidad de su tecnología, pues su única prioridad es mantener su negocio, sea como sea.

En consecuencia, la industria nuclear (donde se insertan las grandes compañías eléctricas que operan centrales nucleares) hace todo lo posible por ocultar a la opinión pública sus continuos problemas de seguridad, y en algunos países, como en España, cuenta  para ello, lamentablemente con la ayuda del órgano regulador, el CSN, el cual, en teoría, debería ser independiente tanto con respecto a la industria nuclear (a la que se supone debe regular y controlar) como del Gobierno de turno. De acuerdo con nuestra normativa, sólo las Cortes Generales pueden ejercer control sobre el CSN.

En los últimos meses hemos sido testigos de los intentos del Presidente del CSN, y de la mayoría de los Consejeros (salvo la honrosa excepción de la consejera Cristina Narbona), de autorizar la operación por 17 años más de la obsoleta central nuclear de Garoña (gemela del siniestrado reactor 1 de Fukushima) saltándose sus propios procedimientos internos, o de tratar de sacar adelante el proyecto del cementerio nuclear de residuos radiactivos de alta actividad (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) a pesar de las advertencias de los propios técnicos del CSN sobre la falta de idoneidad del terreno desde el punto de vista hidrogeológico.

La opacidad con la que se ha llevado a cabo el proceso de evaluación de la solicitud de emplazamiento del ATC obligó a la ONG ‘Transparencia Internacional’ a tener que acudir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que se obligara al CSN a hacer públicos una serie de documentos clave sobre este proceso, como finalmente ha sucedido tras Resolución de citado organismo. 

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