Entradas etiquetadas como ‘Residuos radiactivos’

La oportunidad de cerrar las centrales nucleares

Por José Luis García – Área de Energía y Cambio Climático de Greenpeace España

Puede resultar chocante hablar de cerrar centrales nucleares justo cuando Mariano Rajoy vuelve a formar gobierno. Pero voy a hacerlo porque hay datos tan contundentes que cualquier gobierno que busque el bienestar de la ciudadanía y la sostenibilidad económica del país debería tenerlos muy en cuenta.

Para decidirse a cerrar centrales nucleares no hace falta ser un apasionado ecologista. Hasta el país adalid de esta energía, Francia, acaba de aprobar un plan de transición energética en el que prevé cerrar hasta una docena de centrales para 2023.

Las centrales nucleares no son eternas (otra cosa son los residuos radiactivos que generan, cuya duración es tan larga que se asemeja más al concepto de eternidad), de manera que tendrán que cerrar tarde o temprano. La cuestión es, por tanto, cuándo es el mejor momento de hacerlo.

Cualquiera puede entender que una instalación de este tipo no se puede dejar que se muera de vieja, hay que planificar su cierre para antes de que el envejecimiento amenace la seguridad. Y tanto por seguridad como por economía, el mejor momento es aquel en que caduquen las licencias de operación que tiene cada central, lo que sucederá entre 2020 y 2024 para los siete reactores que aún funcionan en España (para el de Garoña se pasó ese plazo, y solo a un gobierno “descerebradamente” pronuclear se le puede ocurrir que vuelva a abrirse).

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La gestión de los residuos radiactivos, cuestión sin resolver

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado técnico de la Alianza Mar Blava

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En Extremadura ha surgido estos últimos días una acalorada polémica tras la decisión del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de informar favorablemente la solicitud del titular de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) para la instalación de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) para el combustible nuclear gastado producido por los reactores I y II de esta instalación atómica. El ATI tendrá que estar operativo en 2018.

La Junta de Extremadura ha manifestado su contrariedad con el informe del CSN, aunque su verdadera posición con respecto al futuro de la central nuclear y su posible continuidad en el largo plazo ha sido siempre una especie de misterio insondable. Los ecologistas también han protestado porque consideran que esta instalación es parte de una estrategia para facilitar la prolongación de la vida operativa de la central más allá de los 40 años y llegar hasta los 60.

La central nuclear de Almaraz consta de dos unidades. Según datos oficiales del CSN, Almaraz-1 obtuvo la autorización de puesta en marcha el 13 de octubre de 1980 y Almaraz-2 logró la suya el 15 de junio de 1983. Ambos reactores fueron diseñados para una vida útil de 30 años, pero el 7 de junio de 2010, el CSN les otorgó un nuevo permiso de explotación provisional por 10 años más, esto es hasta junio de 2020. Llegada esa fecha, Almaraz-1 tendría casi 40 años de vida operativa y Almaraz-2, 37. Por lo tanto, ambas unidades han obtenido ya, de facto, una extensión de su vida útil más allá de su inicial vida de diseño.

A los ecologistas no les falta cierta razón al desconfiar, puesto que, según el CSN, en su reciente “Informe del Consejo de Seguridad Nuclear al Congreso de los Diputados y al Senado”, correspondiente al año 2015, el año de saturación de las piscinas de combustible gastado, será el 2020 para Almaraz-1 y el 2022 para Almaraz-2.

Es decir, si los permisos de autorización vigentes para estas dos centrales acaba en junio de 2020, está claro que no necesitan construir ahora el ATI, para tenerlo listo en 2018, salvo para utilizarlo como argumento para lograr una ampliación de su vida operativa más allá de esa fecha. Es sabido que, dentro de unos meses, la empresa titular de Almaraz presentará ante el CSN una solicitud para la renovación de su permiso de explotación por 10 o más años, a contar desde junio de 2020.

Para justificar su informe favorable al ATI de Almaraz, el CSN argumenta que “en caso de que no estuviera disponible el Almacén Temporal Centralizado (ATC) en las fechas de necesidad de almacenamiento del combustible gastado de cualquier central española, se contempla la posibilidad de un ATI, como solución transitoria”. En este ATI se alojaría el combustible gastado por los reactores I y II de Almaraz hasta que fuera posible su traslado al ATC, cuya construcción está prevista en el municipio conquense de Villar de Cañas.

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Estrategia nuclear fracasada

Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

Pancarta antinuclear

En el ámbito de la energía (como en tantos otros), las estrategias mal paridas, pergeñadas sin consenso social y sin adecuados criterios técnicos, no resisten el paso del tiempo. Este es el caso de la política de gestión de los residuos radiactivos de las centrales nucleares españolas, que se ha demostrado, otra vez más, como un absoluto fiasco.

Los 10 años transcurridos desde que, el 23 junio de 2006, el Consejo de Ministros aprobara el Sexto Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) presentado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC), han sido suficientes para comprobar el estrepitoso fracaso de la estrategia propuesta en dicho plan por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), a través del MITyC, del que depende.

En el citado PGRR, aun en vigor, se planteaba como hito principal la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos de alta actividad de las centrales nucleares españolas, al que se otorgaba prioridad absoluta. En el PGRR se plasmaba que “en virtud de los análisis efectuados desde los puntos de vista técnico, estratégico y económico”, resultaba “un objetivo básico prioritario” el poderdisponer de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) tipo bóvedas en el entorno del año 2010, cuyo periodo operativo sería del orden de unos 60 años”.

El lobby nuclear, y los sucesivos ministros de Industria de esos años, en especial Miguel Sebastián, defendieron el ATC como la panacea para el complejo problema de los residuos nucleares y pusieron gran empeño en conseguir que fuera una realidad en la fecha prevista, en 2010. Para ellos era la piedra angular para conseguir prorrogar la vida de las centrales nucleares hasta los 60 años. Pero han fracasado.

Ya en esas fechas, 2006 en adelante, diversos expertos y grupos ecologistas, alertaron de lo desacertado de esos, supuestamente rigurosos, análisis “técnicos, estratégicos y económicos” de ENRESA, y denunciaron que el Gobierno central había prescindido absolutamente de la búsqueda previa de consenso social al respecto, condición necesaria para sentar las bases con las que poder avanzar de forma eficaz en esta peliaguda materia que es la gestión de los residuos radiactivos.

Estamos en 2016, han pasado 10 años, y el proyecto del ATC, al que, por diversas razones, entre ellas técnicas, se augura ya poco futuro, se ha convertido en otro de los casos que reflejan todos los síntomas de nuestro depauperado y corrupto sistema político.

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Los estados ya no compiten por la nuclear sino por las renovables

 

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Joan Herrera – Abogado

Treinta años desde el accidente de Chernóbil, cinco desde el de Fukushima, y aún hoy podemos escuchar aquello de “temer la energía nuclear es como temer un eclipse de sol, no se puede encarar el debate sin apriorismo, el debate nuclear se tiene que hacer sin ideología de por medio”. Frases como estas se han dicho desde todos los rincones, especialmente antes de prorrogar la vida útil de las centrales.

Pero Fukushima, como Harrisburg en 1979, como Chernóbil en 1986 o Tokaimura en 1999, demuestran que un imprevisto puede alterar todas las previsiones. A punto estuvo de pasar en Vandellós en 1989 cuando estuvimos a muy poco de sufrir un grave accidente nuclear. En todos los casos, un imprevisto, en forma de error humano o de circunstancia extraordinaria y no prevista, hizo que la delgada línea roja decidiese entre rozar la tragedia o tocarla con la palma de las manos.

Central nuclear

Y así, por un escenario no previsto, se ha dejado todo un territorio y miles de vidas hipotecadas para centenares de años. Este es el problema de la energía nuclear. Una energía cara –no explican que los costes sólo son asumidos por un privado cuando la administración paga la construcción, el desmantelamiento de la planta, se hace cargo del seguro o se encarga de la gestión de los residuos–; una tecnología que no sabe qué hacer con los residuos peligrosísimos que genera; y, lo que es más grave, una opción que supone asumir riesgos extraordinarios, riesgos absolutos en caso de accidente.

Pero la seguridad es un coste que nadie parece querer tener en cuenta y que no está internalizado en los costes de generación nuclear: costes de los planes e infraestructuras de emergencias, costes de desmantelamiento, costes de gestión de residuos, costes de cultura de seguridad. Frente a ello, la política de los propietarios de las centrales ha sido la optimización de la producción ahorrando costes de gestión, porque las centrales nucleares, una vez amortizadas, como es el caso de España, son una hucha de hacer dinero. En nuestro país, las nucleares se amortizaron ya hace años, primero gracias al mecanismo del Marco Legal Estable antes de la liberalización del sector eléctrico y luego gracias a diversas ayudas del Estado –como los costes de transición a la competencia (CTC)-  y a unos beneficios desorbitados por el perverso sistema de formación marginalista de precios en el pool.

Más allá de incidentes, accidentes e historias para no dormir, hay que decir que la energía nuclear lleva tiempo en situación de freno y marcha atrás. En EEUU, desde 1979 (accidente de Harrisburg) no se ha construido ninguna nueva central y en España, desde 1991, año en el que el Ministro Claudio Aranzadi terminó con la moratoria nuclear, nadie ha querido hacer ninguna otra nueva. Esta tendencia también se constata en el análisis de los 15 últimos años. En este período, el 56,2% de la nueva capacidad eléctrica instalada corresponde a las fuentes renovables (y el 29,4% a la eólica). A lo largo de estos 15 años, desde el 2000, el balance de incrementos y descensos de capacidad arroja este saldo: la eólica gana 116.759 MW; el gas 101.277 MW y la fotovoltaica 86.926 MW. Por el contrario, en el furgón de cola están el fuel oil (que pierde 25.293 MW), el carbón (se reduce en 24.745 MW) y la energía nuclear (baja 13.190 MW). Y cuando se pregunta por qué Estados Unidos lleva tres décadas sin nueva inversión nuclear, la respuesta que dan los economistas americanos es su elevado coste y la necesidad de fuertes ayudas públicas para las nuevas centrales.

Los estados no compiten por la nuclear sino por las renovables y esa es la clave de fondo en la competencia económica entre EEUU y China que, no por casualidad, son ya las primeras potencias del mundo en tecnologías limpias, después de haber desbancado a la Unión Europea en ese liderazgo.

El modelo energético mundial está cambiando hacia lo que Jeremy Rifkin define como “Tercera Revolución Industrial” a través de las energías renovables. Y la clave que determina que el modelo sea nuevo o reproduzca los errores de los modelos existentes es si es un modelo de generación distribuida, en manos de más gente, más democrático y con menos pérdidas.

Y mientras esto pasa, en España no somos capaces de encarar un debate sobre el futuro de la energía nuclear, mientras la industria va ganando sus absurdos pulsos a la sociedad. Entre ellos las prórrogas a la central de Garoña, una central ruinosa y cuyas mejoras no le van a salir nada a cuenta al propietario, pero que sirven al conjunto de las centrales nucleares para mantener la expectativa de que plantas que deberían cerrar continúen en funcionamiento.

Lejos de esa realidad, encarar el debate de cómo afrontar el cierre de las plantas abriría la oportunidad de afrontar también el debate energético. Para España las consecuencias de un parón nuclear pueden ser positivas debido al exceso de generación en el sistema, muy superior a los 7.000 MW nucleares. Esa sobrecapacidad permitiría elevar mucho más los objetivos de renovables en generación distribuida para mejorar los malos ratios de dependencia energética y de eficiencia energética. Se trata de hacer lo que han hecho otros. Una vez las plantas están amortizadas, lo que ganan de más debe servir no para repartir dividendos entre accionistas, sino para invertir en renovables, eficiencia y alternativas económicas en los entornos de las plantas. Se trata pues de hacer de un problema, el cierre de las plantas, una oportunidad: la oportunidad de avanzar hacia un sistema energético menos dependiente del exterior, que incentive el ahorro de energía y la reducción de las emisiones de CO2.

Las renovables constituyen el cambio tecnológico más importante del siglo XXI por su rápida maduración, por ser la fuente de aplicación más rápida y más eficaz para reducir las importaciones de petróleo y las emisiones de CO2 y porque son un instrumento de innovación tecnológica imprescindible para cambiar nuestro patrón de crecimiento y crear empleo.

Tenemos de nuevo nuevas elecciones y estas serían una magnífica oportunidad para que cada uno de los actores políticos se comprometiese con un horizonte sin nucleares. Deberíamos romper la hucha que representan las nucleares para las eléctricas y con ello aplicar la ética de la energía que consiste, sencillamente, en no derivar los problemas a las futuras generaciones.

  • Imagen: Blatant World

Regreso a Fukushima, cinco años después del accidente nuclear

Raquel Montón – Greenpeace y Fundación Renovables

El mes pasado estuve en Japón, visitando Fukushima 5 años después del accidente nuclear. Cinco años es mucho tiempo si tenemos en cuenta que el accidente está lejos de haber terminado, sin embargo, es muy poco tiempo si pensamos que los efectos de la contaminación radiactiva apenas acaban de comenzar.

El lugar donde se encuentra la central nuclear sigue estando muy contaminado con radiactividad. En la carretera más próxima a la central está prohibido ir a menos de 70 km/h y no se puede parar bajo ningún concepto. A día de hoy, sigue siendo imposible conocer ni la ubicación de parte del combustible nuclear fundido ni en qué estado se encuentra. Desde hace 5 años todos los días ininterrumpidamente se vierten más de 300 toneladas de agua en los reactores nucleares para evitar que ese combustible fundido, esté donde esté, pueda volver a “activarse”. Cientos de miles de millones de litros de agua que se acumulan por todas partes.

En nuestro camino hacia el noroeste de Fukushima, que es donde cayó la mayor parte de la radiactividad que fue a parar a tierra, apenas vimos gente. En estos 5 años 115.000 personas han dejado de vivir en Fukushima. Unas 63.000 todavía lo hacen en pequeñas viviendas prefabricadas en apenas 5 metros cuadrados por persona. Y a pesar de que de manera natural la radiactividad va decayendo, este proceso es tan largo que no permitirá hasta dentro de 300 años que las cosas vuelvan a estar como antes, pero su desgracia no acaba ahí. El Gobierno de Japón, en su empeño por volver a la normalidad, está descontaminando las carreteras y los 20 metros más próximos a las casas, apenas una cuarta parte de todo lo contaminado, pero con ello justificará que la gente puede regresar.

Bolsas de 1 metro cúbico con residuos radiactivos (Greenpeace)

Bolsas de 1 metro cúbico con residuos radiactivos (Greenpeace)

 Y ¿cómo quita el gobierno la contaminación radiactiva?, pues lo que están haciendo es “barrer” los primeros 5 cm del suelo y meterlos en bolsas. Unas bolsas negras que contienen unos 1.000 kilos de tierra contaminada cada una. Por el momento ya han llenado 9 millones de bolsas. Las bolsas están por todas partes, mires donde mires. En estos momentos hay 114.000 sitios con montones de bolsas. No se sabe qué van a hacer con ellas, pero es que además la tierra que “barren” tampoco queda limpia porque se vuelve a contaminar con el terreno que está a su alrededor y que no ha sido descontaminado. En resumen, a finales de año el Gobierno acabará de limpiar, según sus planes, y dejará de dar ayudas a esas personas que viven apiñadas, que se verán obligadas a regresar con la radiactividad y las bolsas. El propio relator de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya ha alertado que esto puede violar el derecho humano a la salud.

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¿Son las energías renovables caras o baratas?

                                  María Concepción Cánovas del Castillo – Experta en energías renovables conchacanovas

La calificación de un producto como “caro o barato” se basa en su comparación con productos de características similares; de ahí que nos tengamos que preguntar si tienen sentido afirmaciones como que “la energía nuclear es más barata que la energía renovable”.

¿Cuáles han de ser los criterios que permitan comparar los costes de generación de tecnologías como la solar y la eólica, cuya producción de electricidad está exenta de emisiones y residuos, con respecto a una tecnología como la nuclear cuyos residuos de alto nivel radiactivo será necesario gestionar y vigilar durante miles de años y para los que a día de hoy, después de cincuenta años generando este tipo de desechos radiactivos, no se dispone aún de almacenamiento definitivo?

Flickr- Tonymadrid Photography

Sin entrar a valorar la insolidaridad generacional que conlleva el uso de la energía nuclear, la valoración de sus costes es imposible de precisar como reconocía el Gobierno en el preámbulo de la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, por lo que difícilmente puede aceptarse la comparación de los costes de generación de ambas tecnologías.

Tampoco está exenta de dificultades la comparativa de costes de generación de electricidad a partir de energías renovables con respecto a la generación con combustibles fósiles, dada la necesaria internalización en estos últimos del coste que supone las emisiones de CO2 a la atmosfera y sus implicaciones a medio-largo plazo tanto ambientales como económicas y sociales;  si tomamos como referencia el histórico de los precios de los permisos de polución en la Unión Europea podemos comprobar que estos no responden a criterios de subsanación de costes, sino a la fijación de precios en función del mercado de oferta y demanda.

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