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La transición energética: un seguro de vida en 2018

Hugo Morán – Secretario para la transición ecológica de la economía

En desarrollo del artículo 132.2 de la Constitución Española que los consagra como  bienes de dominio público estatal, la Ley de Costas declara que tienen tal consideración la zona marítimo-terrestre, la ribera del mar y de las rías, el mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo, los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, estableciendo que la actividad administrativa ha de ir dirigida a asegurar su integridad y adecuada conservación, adoptando las medidas de protección y restauración necesarias y, cuando proceda, de adaptación, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático.

Para un país como el nuestro, secularmente volcado al mar, y una realidad económica y social extraordinariamente dependiente de sus recursos en sectores estratégicos como son el turismo y la pesca, el mandato constitucional debería haberse mantenido por encima de cualesquiera otros intereses que, como hemos tenido dolorosa ocasión de constatar en varios momentos, hacen pagar en forma de desastres ambientales precios inasumibles a cambio de vacuas expectativas.

En aras de esa preservación no han sido pocas las iniciativas surgidas en los últimos años en demanda de compromisos legislativos efectivos, para prohibir determinadas actividades incompatibles con la defensa de la integridad ambiental de nuestros mares; la última de ellas en forma de una proposición de ley que el Parlamento Balear, en el marco de un gran consenso social cristalizado en la Alianza Mar Blava, decidió elevar a la consideración de las Cortes Generales, y que permanece varada en la mesa del Congreso, vetada su admisión a trámite por parte del Gobierno de la Nación.

A esa reivindicación social especialmente arraigada en los territorios que se encadenan en los casi seis mil kilómetros de costa de nuestro país, se ha venido a sumar el clamor internacional de una comunidad científica que anticipa consecuencias catastróficas para la Humanidad, si los gobiernos no asumen el compromiso de renunciar a la extracción de no menos de dos tercios de las reservas de hidrocarburos que aún reposan en las entrañas del Planeta.

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