Por Hugo Morán – Exdiputado 
Es costumbre inveterada en nuestro país que, tras el advenimiento de cada nuevo ministro de energía, todo sean cábalas respecto a los planes que el recién llegado pueda traer bajo el brazo en relación con la siempre polémica cuestión de la energía nuclear. Y aunque Garoña y su hipotética reconexión es hoy el árbol que nos impide ver el bosque de la prolongación de la vida de todo el parque más allá de los 40 años, no es menos cierto que la central burgalesa condiciona en buena medida el calendario en la toma de decisiones por parte del Gobierno.
Estábamos así una vez más asistiendo al clásico despliegue argumental “técnico y académico” que precede invariablemente al subsiguiente mensaje político sobre las bondades de la tecnología atómica (económicas, ambientales y sociales): “la oposición a la energía nuclear no atiende a razones lógicas, sino que forma parte de una irracionalidad ideológica al servicio del mero oportunismo”, para a continuación dejar sentado que “el sentido común nos dice que España no puede permitirse el lujo de prescindir de ese 20% de electricidad que generan sus reactores nucleares, así que es imprescindible prolongar las licencias hasta los 60 años”. Cuando inopinadamente Fukushima vino a refrescarnos la memoria, para fastidio de unos y esperanza de otros.