Por Concha Cánovas – Experta en Energías Renovables

La idea de volver a escribir desde este blog sobre fiscalidad y energía surge ante la inverosímil justificación que esgrime la Secretaria de Estado de Energía para informar desfavorablemente a la proposición de ley sobre medidas urgentes de fomento del autoconsumo presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos en el Congreso y que se basa, exclusivamente,  en el “impacto económico en impuestos que se dejaría de recaudar”. Esta respuesta, más propia de un departamento de hacienda que de un departamento de energía, ni tan siquiera entra a valorar las  argumentaciones de peso que, en ámbitos que sí son de su competencia,  se dan en la propia exposición de motivos de la proposición de Ley. Lo que representa, a mi juicio,  un desprecio hacia la iniciativa y hacia quien la propone.

Entre las argumentaciones de esta proposición cabe señalar:

• El mandato que impone la Constitución Española, en su artículo 45, a los poderes públicos de velar por la utilización racional de los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente.
• Valora el autoconsumo eléctrico renovable como uno de los instrumentos más apropiados para reducir el impacto medioambiental de la generación eléctrica, además de favorecer la disminución de la importación de combustibles fósiles, permitiendo equilibrar la balanza comercial y fortalecer la independencia energética de nuestro país.
• La propuesta está en línea con la necesidad establecida en la Directiva 2009/28/CE de promover un cambio de modelo energético hacia la producción descentralizada de energía dada las numerosas ventajas que entraña.
• Da cumplimiento al documento que suscribieron el pasado mes de febrero la mayoría de los Grupos Parlamentarios del Congreso junto con organizaciones sindicales, empresariales y sociales para promover y apoyar una reforma legal que eliminase las principales trabas existentes en la actualidad para el desarrollo del sector del autoconsumo eléctrico.

No vamos a entrar en la  justificación que da la Secretaría de Estado de Energía, solamente señalar que además de inexacta es incompleta, como les hubiera sido fácil comprobar si se hubieran tomado la molestia de contrastar los cálculos que en su día realizó el IDAE (organismo cuya presidencia ostenta precisamente el Secretario de Estado) para demostrar el efecto favorable fiscalmente de la penetración del autoconsumo en España.

Ni siquiera el hecho de que España haya registrado el segundo déficit público más elevado dela UE, alcanzando en 2016 casi un 5% del PIB, según estimaciones del Banco de España, frente al 3,6% previsto, puede servir de justificación para que la Secretaría de Estado de Energía  se valga únicamente de argumentaciones  de naturaleza fiscal. Supeditar las necesarias y urgentes actuaciones de política energética exclusivamente a la política fiscal, representa una devaluación de la política energética que, como ya ha señalado Jorge Morales en esta mismo espacio, serviría por si solo para desmontar cualquier propuesta de actuación energética que pudiera suponer un ahorro en la factura de la luz.

Este afán recaudatorio en electricidad queda en evidencia también ante la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo contra 12 artículos de la ley de 27 de diciembre de 2012 sobre medidas fiscales para la sostenibilidad energética, dejando de manifiesto la  finalidad puramente fiscal de estos tributos; sirva a modo de ejemplo la doble imposición que puede representar el 7% de la generación de electricidad con el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE),por cuanto ambos tributos gravan  el mismo hecho imponible como es la producción de energía eléctrica.

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