Energía nuclear, una hipoteca de por vida

Por Joan Herrera – Abogado

¿Qué significa que no haya habido cambio en España? Entre otras cosas, la posibilidad que en lo energético se consoliden escenarios que nos hipotecan de por vida.

Hablo del debate energético, del caso concreto de la energía nuclear. En esta ocasión, quien se ha encargado de pulsar el botón para consolidar e incluso cristalizar la situación ha sido, ya no el Gobierno, sino el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Una vez más, el CSN ha hecho gala de su tradición de órgano regulador captado por el regulado y, en una decisión sin precedente alguno, ha concedido a Garoña, la central nuclear más antigua y con la tecnología más obsoleta, la posibilidad de continuar operando. Pero no sólo eso, lo ha hecho con una extraordinaria originalidad tratándose de una central nuclear. Por primera vez lo hace sin límite temporal (hasta ahora los permisos se concedían por un periodo de 10 años) y jugando, lo que es a mi entender, un claro rol político – económico. El papel del CSN consiste en blindar jurídicamente a los titulares de la central, de tal manera que si hay un Gobierno que quiera cerrar la planta, esta decisión tenga que dar pie a una extraordinaria indemnización por lucro cesante. La decisión ha contado con un voto en contra, el de Cristina Narbona, como excepción a un CSN acostumbrado a tener entre sus miembros a expertos que siempre coincidían en su posición claramente pronuclear.

En julio del 2009 me atreví a escribir sobre la necesidad de cerrar la central nuclear de Garoña en un artículo titulado “la indecisión de Garoña”. No tenía sentido que prolongásemos la vida de la central, como finalmente haría el Gobierno Zapatero, dado que aportaba una escasa potencia al mix eléctrico y en cambio “gozaba” de la tecnología más obsoleta. Pero el Gobierno con un presidente –epidérmicamente- antinuclear así lo hizo, dio dos años más a la central de Garoña, traspasó el tema al siguiente Gobierno y volvió a no exigir nada a un parque nuclear que, tras amortizarse, continuaba vendiendo la electricidad a un precio muy superior a su coste de generación.

Hoy, la decisión del CSN abre la puerta al Gobierno para que este prorrogue la vida de la central nuclear de Garoña. Lo hace a las puertas de la renovación, o no, de la operatividad de la central de Almaraz. Y lo hace en un contexto en que, de mantenerse la potencia nuclear instalada, más los ciclos combinados, apenas quedará espacio para que aquellas tecnologías que nos hacen más independientes energéticamente y reducen más el precio de la electricidad, las renovables, puedan irrumpir al haber un exceso de potencia instalada.

La energía nuclear, siempre ha gozado de una querida y buscada opacidad, como también se ha expresado en diferentes ocasiones por númerosos articulistas, yo mismo lo hice en otro artículo publicado en 2005.

Y es que hoy, cuando hablamos de prolongar la vida útil de las centrales, o peor aún, cuando el debate no emerge, y estas continúan operando, lo que hacemos es ponernos la soga al cuello. Hablamos de centrales que ya han cumplido su vida útil o que están a punto de cumplirla, sobradamente amortizadas, y que sin embargo venden el precio de la energía que generan al mismo que lo hace la tecnología más cara que entra en el pool eléctrico (normalmente las centrales de ciclo combinado). Mientras, esta tecnología nos hace tener una potencia instalada excesiva, que no se puede encender ni apagar, que no puede hacer de tecnología de apoyo a las renovables, y que a la vez, en nada nos obliga a la hora de cambiar el modelo energético o de desarrollar el autoconsumo, las renovables o incrementar el ahorro y la eficiencia.

Por ello es urgente, no sólo fiscalizar a un órgano regulador, el CSN, que va más allá de sus funciones cuando concede una prórroga sin límite temporal alguno, sino plantear un horizonte en que el cierre de las centrales sirva para el cambio de modelo.

Con toda la modestia, en el año 2007, ahora hace ya 10 años, un pequeño grupo parlamentario presentó un plan puente que planteaba no sólo el cierre de las centrales, sino que en los últimos años de funcionamiento de las plantas, una vez amortizadas, el dinero que ganan de más sirviese para financiar alternativas económicas en el entorno de las centrales, y a su vez nutriese un fondo para invertir en el cambio de modelo. Es sabido que un 70% del coste medio de Kwh producido por las centrales nucleares corresponde a costes de amortización de la inversión inicial (incluidos los costes financieros), costes que en España se habían calculado para un periodo de 30 años que de aquí a bien poco va a cumplir todo el parque nuclear español. El destino de este fondo podría tener el reparto siguiente: 20% destinado al mantenimiento y seguridad de las centrales; 15% al gestor de la central correspondiente; 15% destinado a la dinamización social y económica de las zonas directamente afectadas por el futuro cierre de las centrales y un 50% para el impulso y la inversión en planes de energías renovables y de mejora del ahorro y la eficiencia energética.

• Imagen: Flickr/ Lennart Tange

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