Por Hugo Morán – Exdiputado 
Aunque a rastras, y Fukushima mediante, en marzo de 2011 el gobierno alemán decidió incorporar a su proceso de transición energética una decisión de gran alcance, cual fue la anticipación de su apagón nuclear al año 2020. Sólo un año antes Angela Merkel había adoptado una decisión que iba justo en el sentido contrario, al prorrogar la vida de las 17 centrales alemanas hasta 2032. Y este cambio de rumbo político decretado en el olimpo de la racionalidad económica, no tardó en ser replicado en términos industriales con el anuncio por parte del gigante Siemens de su abandono del negocio nuclear pocos meses después.
Desde entonces ha venido aflorando, en forma de traspiés empresariales, la oscura verdad de un negocio medioambientalmente inaceptable, socialmente injustificable, técnicamente inestable y económicamente inviable. Y así supimos de la quiebra de Westinghouse, del repliegue de General Electric, o de las serias dificultades de Areva para sostener su actividad.
Ahora es Iberdrola quien emprende ese mismo camino en nuestro país, al dar cuerpo de anuncio oficial a una verdad que muchos habían venido argumentando durante años con escasa fortuna mediática. Ignacio Sánchez Galán, que viene a ser algo así como la energía hecha verbo en versión española, no ha dejado margen a concesión de ningún tipo: “La apertura de Garoña –que lleva cuatro años parada- es económicamente inviable, arrastrando ya varios ejercicios con pérdidas muy cuantiosas”. “En el resto de nuestras centrales nucleares la situación no es muy diferente; como se puede comprobar en las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, nuestra filial Iberdrola Generación Nuclear se encuentra en pérdidas debido fundamentalmente a los impuestos y obligaciones que se han ido imponiendo sistemáticamente a esta tecnología en los últimos años”.
No son los impuestos los que hacen ruinoso el negocio nuclear. Ninguna central nuclear es viable sin la participación del Estado y sin la financiación pública, tal y como demuestran las últimas experiencias europeas de Olkiluoto en Finlandia, o Flamanville en Francia, ambas de la mano de Areva; o como dejan bien a las claras las dificultades con que viene topando el gobierno británico para convencer a EDF, a quien ha tenido que prometer una retribución para el megavatio nuclear al doble del actual precio del mercado, para la central que quiere construir en Hinkley Point.
El parque nuclear español es hoy un serio tapón para nuestra transición energética, pero puede convertirse en una buena oportunidad para desencallarla si el Gobierno abandona su empecinamiento ideológico en la materia. No es razonable, bajo ningún punto de vista, que Mariano Rajoy y su ministro de energía sigan empeñados en la reapertura de Garoña prolongando su vida útil hasta los sesenta años, cuando el propietario de la instalación nos está diciendo que la misma es económicamente inviable.
La transición energética española podría empezar en Garoña, sabiendo como sabemos que a lo largo de la próxima década irán culminando el resto de centrales sus cuarenta años de vida útil, liberando así un hueco de potencia de generación que debería abrirse a una seria apuesta por las energías renovables, retomando el país una senda que nunca debería haber abandonado.