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Las claves de un tema que nos afecta a todos

Una nueva oportunidad para que el Gobierno español muestre coherencia ante el desafío climático

Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado técnico de Alianza Mar Blava

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Hace poco más de dos meses, el pasado 2 de febrero, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el instrumento de ratificación del Acuerdo de París, hecho en esta ciudad el 12 de diciembre de 2015 y que había sido ya firmado por España en Nueva York el 22 de abril de 2016.

Unos meses antes de la ratificación por parte de España, exactamente el 4 de noviembre de 2016, el Acuerdo de París entró en vigor. El reconocimiento por parte de la inmensa mayoría de los líderes mundiales de la necesidad urgente de tomar medidas contra el cambio climático fue clave para su rápida aprobación y entrada en vigor.

En la Disposición publicada en el citado BOE se plasman las palabras de su Majestad el Rey Felipe VI: “MANIFIESTO el consentimiento de España en obligarse por este Acuerdo y EXPIDO el presente instrumento de ratificación firmado por Mí y refrendado por el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (…)”.

Así pues, España se ha obligado a cumplir el Acuerdo de París cuyo principal objetivo es: “Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático”.

El Acuerdo de París ha tenido la virtud de lograr que prácticamente todo el mundo haya reconocido y asumido que para cumplir sus objetivos es necesario poner en marcha de forma urgente planes que conduzcan a una descarbonización profunda de nuestra economía. Sustituir el modelo energético actual, fundamentado en el uso de energías sucias y peligrosas, mayoritariamente combustibles fósiles, es una ardua tarea, para la que no nos queda mucho tiempo y, como hemos visto (hace unos días, Trump firmó una orden ejecutiva con una serie de medidas para recuperar la producción de energías fósiles en Estados Unidos), no van a faltar obstáculos en el camino.

No obstante, pese a la existencia de trabas que habrá que superar, no tenemos más remedio que alcanzar lo más pronto posible, antes de 2050, un sistema energético eficiente e inteligente basado al 100% en el ahorro, la eficiencia y las energías renovables, únicos recursos energéticos sostenibles con los que plantar cara eficazmente el problema del cambio climático.

En la Alianza Mar Blava, plataforma surgida en Ibiza y Formentera que agrupa actualmente a más de 110 entidades tanto de Administraciones públicas (Govern balear, los cuatro Consells y diversos ayuntamientos de estas islas, así como el Ayuntamiento de Barcelona) como del sector privado (entidades de sectores económicos como el turismo, la pesca o el náutico) y de la sociedad civil (organizaciones sociales, sindicales y ecologistas), estamos convencidos de que hay que sacar cuanto antes a los combustibles fósiles de nuestro modelo energético.

Actualmente no tiene ningún sentido seguir buscando nuevos yacimientos de combustibles fósiles ya que la Agencia Internacional de la Energía y Naciones Unidas han dejado bien claro que, si queremos limitar el aumento de la temperatura a los niveles citados en el Acuerdo de París y evitar así los efectos de un cambio climático a gran escala, deberíamos dejar sin quemar la mayor parte de las reservas disponibles de estos combustibles, para no disparar las emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono (CO2), principal gas causante del calentamiento global del planeta.

Un Mediterráneo libre de prospecciones

Una primera medida inteligente sería prohibir por ley la realización de nuevas prospecciones de hidrocarburos. Y, de forma coherente y responsable, en ese sentido estamos actuando ya desde Alianza Mar Blava, en lo que respecta a nuestro mar Mediterráneo.

Así, la Alianza elaboró a finales de 2016, una Proposición de Ley para excluir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino del mar Mediterráneo sobre el que España tenga jurisdicción. Esta Proposición de Ley fue presentada el 18 de enero de 2017 a los grupos del Parlament balear. Un mes más tarde, el 16 de febrero, tuvo entrada conjunta en el Registro del Parlament por parte de todos los grupos y, tras los trámites pertinentes, la Mesa del Parlament fijó para el 28 de marzo la fecha para su debate en Pleno. Ese día, 28 de marzo, la Proposición de Ley fue aprobada por asentimiento por parte de todos los grupos políticos representados en el Parlament balear. La Alianza Mar Blava agradece a todas las partes implicadas la rapidez en la tramitación de esta iniciativa.

Una vez aprobada por el Parlament balear, éste elevará la Proposición de Ley al Congreso de los Diputados, ya que el artículo 132.2 de la Constitución Española establece que son bienes de dominio público estatal la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental y, por lo tanto, es materia que debe ser aprobada en las Cortes Generales.

Al tiempo, en su artículo 45.2., la Constitución determina que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

Con arreglo a estos títulos de la Constitución, la mencionada Proposición de Ley pretende proteger el mar Mediterráneo bajo jurisdicción española del posible deterioro que pudieran producir en el medio marino las actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos u otras sustancias minerales.

Ello tiene además adecuado encaje con la facultad que la Unión Europea reconoce que conservan los Estados miembros para determinar dentro de sus territorios respectivos las zonas en las que quedará autorizado el ejercicio de actividades de prospección, exploración y producción de hidrocarburos, en la Directiva de prospecciones, exploración y producción de hidrocarburos (Directiva 94/22/CE).

Una vez llegada al Congreso de los Diputados, la Mesa del Congreso, tras calificarla, ordenará su publicación y remisión al Gobierno para que éste manifieste su criterio y su conformidad o no si supone aumento o disminución de créditos presupuestarios (art. 126.2 del Reglamento del Congreso). Si transcurridos 30 días el Ejecutivo no ha expresado oposición, el texto estará en condiciones de ser incluida en el orden del día del Pleno para su toma en consideración. Si, por el contrario, el Gobierno optara por oponerse, la Mesa del Congreso, en las actuales circunstancias, puede levantar su veto. Superada la toma en consideración, el trámite posterior es idéntico al de los proyectos de ley.

Así pues, el Gobierno Rajoy tendrá en breve delante de sí una nueva oportunidad de mostrar su coherencia y su compromiso con el Acuerdo de Paris, a cuyo cumplimiento nos hemos obligado como país.

El Gobierno no puede tratar de vetar esta Proposición de Ley ya que, tal y como está elaborada, no implica ni incremento de gastos para el Estado ni una minoración de sus ingresos.

Ello es así porque la disposición transitoria primera de esta Proposición de Ley especifica que las explotaciones de hidrocarburos comprendidas en esta ley cuya concesión sea anterior a su entrada en vigor, permanecerán vigentes hasta la terminación de su plazo o la concurrencia de caducidad o extinción anticipada, sin que quepa prórroga alguna. Por lo tanto, no hay necesidad de llevar a cabo expropiaciones, ni posibilidad de que nadie reclame indemnizaciones por lucro cesante ni nada por el estilo. La aprobación y aplicación de esta Ley no supondrá aumento de gastos ni disminución de ingresos para el Estado.

Esperamos entonces que, al igual que ha sucedido en las Islas Baleares, y en concreto en su Parlament, todos los grupos parlamentarios, incluido el Partido Popular, apoyen primero la tramitación y después la aprobación de esta Proposición de Ley, en todos sus términos. Será, para el partido en el Gobierno, y para todos los demás también, una prueba de coherencia con respecto a su verdadero compromiso con el Acuerdo de París y con la obligada y urgente transición hacia un modelo energético sostenible y profundamente descarbonizado.

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