Por Tatiana Nuño – Responsable de la Campaña de Cambio Climático de Greenpeace
El pasado 27 de Mayo la Comisión Europea hizo pública la aprobación del plan de cierre de la minería de España y por hablar con claridad y sin engaños quiero explicar que este plan, lejos de lo que podemos leer y oír en los medios de comunicación, no es algo repentino que al gobierno en funciones se le haya ocurrido de repente y haya negociado por su cuenta, sino que responde a la Decisión del Consejo 2010/787/UE, de 10 de diciembre, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas hasta 2018.
O dicho de otra manera según esta Decisión del año 2010, las ayudas a la minería del carbón se podrían prolongar hasta 2018 para las unidades de producción de carbón cuyo cierre estuviera planificado para ese mismo año y estaban sujetas a un plan de cierre que deberían presentar a la Comisión Europa. En Diciembre de 2013 España presentó el primer plan de cierre, negociado con sindicatos y patronal del carbón, pero fue rechazado precisamente por no contemplar específicamente el cierre de ninguna minería.
Por fin parece que la CE ha aprobado el plan de cierre y 2.130 millones en ayudas para la clausura de las minas de carbón, aprueba además las ayudas que se han dado hasta ahora, eso sí siempre condicionadas al cierre en 2018 a más tardar o de lo contrario tendrán que devolver las ayudas recibidas.
Sorprendentemente y contrario a toda normativa comunitaria, los sindicatos CCOO y UGT de Industria, junto con los empresarios del carbón reaccionan ante esta situación presentando hoy un documento donde piden a los representante de todos los grupos políticos y gobiernos autonómicos que firmen para la defensa de la minería del carbón.
El acuerdo que presentan no sólo pide contradecir la Decisión de la CE prorrogando las subvenciones a la extracción del carbón más allá de 2018, sino que también piden subvencionar la quema del carbón nacional, lo que sería una ayuda de Estado y que por tanto habría que acabar devolviendo y piden que se les de dinero público a las eléctricas, propietarias de las térmicas, para que puedan realizar las modernizaciones para cumplir los límites de emisiones que marca la ley. Es decir una batería de medidas ilegales que además pretenden que paguemos todos los ciudadanos con los Presupuestos generales del Estado.
Por todas estas razones esperamos que den un paso al frente con valentía los partidos que se presentan a las próximas elecciones del 26J, los gobiernos autonómicos y los grupos políticos de los parlamentos autonómicos donde hay cuencas mineras y no firmen ni apoyen este acuerdo.
Desde Greenpeace bien nos damos cuenta de que hay que ser valiente para trabajar en alternativas sostenibles y para no subirse al carro del mensaje electoralista y simplista del carbón, pues revisando el panorama que hemos vivido en los últimos meses tanto en las Comunidades Autónomas como en el Congreso, cada vez que alguien salía tímidamente apoyando propuestas alternativas para las cuencas mineras, era lamentable ver como los otros grupos se le tiraban encima como leones hambrientos tachándoles de no apoyar un futuro para las personas.
Políticas y políticos de España, este mensaje es para ustedes: el verdadero futuro para las personas y las cuencas mineras es el de la transformación ecológica y social, porque seguir apoyando la quema de carbón y su extracción, no es ni futuro, ni cambio.
Les propongo hacer un acuerdo real y de futuro que incluya:
El cierre de todas las térmicas de carbón para el año 2025, como ya han hecho otros países, pues con esto veremos la reducción progresiva del uso de carbón desde ya y se acelerará la transición hacia un futuro 100% basado en energías renovables.
Un plan de transición justa y ecológica para las cuencas mineras.
Rechazar cualquier ayuda pública a las grandes eléctricas propietarias de las térmicas de carbón.
Eliminar cualquier subvención a los combustibles fósiles tanto importados como nacionales y penalizarlos por ser contrarios al Acuerdo internacional del clima de París e internalizar los costes que causa por los daños a la salud y por los impactos del cambio climático.
