José Luis García – Área de energía y cambio climático de Greenpeace 
Las cumbres de cambio climático, como la que estos días tiene lugar en Bonn, son propicias para muchas novedades: mientras los representantes de los gobiernos negocian cómo aplicar el Acuerdo de París, organizaciones sociales, científicas o empresariales aprovechan para presentar sus últimos estudios y propuestas.
El más reciente que hemos conocido alerta de cómo las emisiones de CO2, causantes del cambio climático, han vuelto a repuntar, tras varios años estancadas. Esperemos que no se trate de un cambio de tendencia, pero tras vivir en 2016 el año más caluroso jamás registrado, viendo que 2017 lleva el mismo camino (lo que va de año es ya el más cálido de los registrados sin el fenómeno del Niño activo) y con las concentraciones de CO2 en su nivel más alto en 800.000 años, sobran los motivos para reducir las emisiones con urgencia.
Y eso es lo que implica el anuncio de Iberdrola de solicitar el cierre de sus dos últimas centrales térmicas de carbón, ambas situadas en el norte de España. Estas centrales emiten más de 2 millones de toneladas de CO2 al año. Así que cerrar estas centrales cuanto antes es lo mejor que se puede hacer.
Con este paso, Iberdrola reduce su impacto en el cambio climático y en la salud ciudadana, con una decisión que marca el camino para las demás eléctricas y para el gobierno.
El plan incluye el compromiso de mantenimiento del empleo, al recolocar al 100% de la plantilla en labores de desmantelamiento y cierre, algo fundamental para la necesaria transición justa del carbón a la energía sostenible. Sería inadmisible que, tras décadas de explotar un monocultivo energético en una comarca, la empresa se marchase dejando abandonadas a las personas que han trabajado y vivido de esa actividad.
La decisión de cerrar el carbón viene tras muchos años de crítica por parte de Greenpeace y muchas organizaciones sociales, que denunciaban la falsa imagen verde tras la que Iberdrola ha estado haciendo negocio a costa del medio ambiente. Fue gracias a la presión pública y al diálogo como se consiguió que la compañía decidiese cerrar la central térmica de carbón de Pasajes (Guipúzcoa) o que asumiera que había que cerrar la controvertida nuclear de Garoña.
De manera que la primera conclusión de este caso es que, aunque cueste años de esfuerzo, protestar, dialogar y demostrar con datos que se tiene razón, merece la pena.
