Un aeropuerto en Castellón que ha costado más de 150 millones de euros a las arcas públicas y que no ha recibido ningún vuelo.
Un tren de alta velocidad Toledo-Albacete que ha tenido que cerrar porque sólo transportaba nueve pasajeros al día mientras que su mantenimiento era de 18.000 euros diarios.
Un puerto industrial en Arinaga (Gran Canaria) que ha recibido, en seis años de funcionamiento, menos barcos que los que se pueden contar con los dedos de una mano y en el que sin embargo se van a invertir 142 millones de euros para su ampliación.
Un puerto exterior en Punta Langosteira, en A Coruña, cuyo presupuesto inicial de obra era de 479 millones de euros y que va alcanzar los 1.000 millones.
Esta es solo una parte de la política de construcción de infraestructuras auspiciada por las administraciones públicas y que sigue su curso a pesar de los recortes que se imponen en otros ámbitos como la educación, la sanidad, la cooperación o la protección del medio ambiente. La lista europea de obras disparatadas y ruinosas que España lidera.
¿Se acabó la locura del despilfarro? En absoluto. Aún nos queda Canarias, donde políticos y empresarios pretenden tirar al mar más de 143 millones de euros, en un proyecto tan disparatado como todos los anteriores e incluso más: el puerto de Granadilla, en Tenerife.
Más de 143 millones de euros tirados al mar
El Puerto de Granadilla es, para los colectivos ecologistas (WWF, SEO/BirdLife, Greepeace y Ecologistas en Acción) uno de los casos más paradigmáticos de esta burbuja de infraestructuras que existe en el Estado español. Esta obra produciría la pérdida de ecosistemas marinos y terrestres de gran importancia y su utilidad es a todas luces cuestionable, ya que como puerto comercial no realiza ninguna función que no pueda cubrir el Puerto de Santa Cruz, a tan solo 50 kilómetros de distancia.
Además, el Puerto de Granadilla únicamente puede ser operativo para el transbordo de contenedores durante el 40% del año dada la fuerza de los vientos dominantes en la zona, y se calcula que generaría como máximo 50 puestos de trabajo. Por otra parte, esta obra podría declararse ilegal cuando se resuelva cualquiera de las múltiples denuncias que han presentado ante los tribunales distintas organizaciones sociales y medioambientales, ya que se han detectado numerosas irregularidades en su puesta en marcha. Entre ellas, el incumplimiento de la declaración de impacto ambiental del proyecto, la descatalogación ilegal de una parte de la pradera de sebadal que quedaría sepultada con esta construcción, o la falta de aprobación inicial del proyecto por el Ministerio de Fomento. Y todo ello, a pesar del generalizado rechazo que el proyecto tiene entre la comunidad científica y la población canaria en general.
Estas disparatadas obras ya han empezado en tierra, pero los efectos más graves sobre el ecosistema marino al que amenaza todavía están a tiempo de evitarse. ¿Les parará la crisis? O todo lo contrario, ¿el olor del hormigón (y del dinero) les dará alas?
Más información: WWF España, Ecologistas en Acción, No al puerto de Granadilla.
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