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España lidera la lista europea de obras disparatadas y ruinosas

Un aeropuerto en Castellón que ha costado más de 150 millones de euros a las arcas públicas y que no ha recibido ningún vuelo.

Un tren de alta velocidad Toledo-Albacete que ha tenido que cerrar porque sólo transportaba nueve pasajeros al día mientras que su mantenimiento era de 18.000 euros diarios.

Un puerto industrial en Arinaga (Gran Canaria) que ha recibido, en seis años de funcionamiento, menos barcos que los que se pueden contar con los dedos de una mano y en el que sin embargo se van a invertir 142 millones de euros para su ampliación.

Un puerto exterior en Punta Langosteira, en A Coruña, cuyo presupuesto inicial de obra era de 479 millones de euros y que va alcanzar los 1.000 millones.

Esta es solo una parte de la política de construcción de infraestructuras auspiciada por las administraciones públicas y que sigue su curso a pesar de los recortes que se imponen en otros ámbitos como la educación, la sanidad, la cooperación o la protección del medio ambiente. La lista europea de obras disparatadas y ruinosas que España lidera.

¿Se acabó la locura del despilfarro? En absoluto. Aún nos queda Canarias, donde políticos y empresarios pretenden tirar al mar más de 143 millones de euros, en un proyecto tan disparatado como todos los anteriores e incluso más: el puerto de Granadilla, en Tenerife.

Más de 143 millones de euros tirados al mar

El Puerto de Granadilla es, para los colectivos ecologistas (WWF, SEO/BirdLife, Greepeace y Ecologistas en Acción) uno de los casos más paradigmáticos de esta burbuja de infraestructuras que existe en el Estado español. Esta obra produciría la pérdida de ecosistemas marinos y terrestres de gran importancia y su utilidad es a todas luces cuestionable, ya que como puerto comercial no realiza ninguna función que no pueda cubrir el Puerto de Santa Cruz, a tan solo 50 kilómetros de distancia.

Además, el Puerto de Granadilla únicamente puede ser operativo para el transbordo de contenedores durante el 40% del año dada la fuerza de los vientos dominantes en la zona, y se calcula que generaría como máximo 50 puestos de trabajo. Por otra parte, esta obra podría declararse ilegal cuando se resuelva cualquiera de las múltiples denuncias que han presentado ante los tribunales distintas organizaciones sociales y medioambientales, ya que se han detectado numerosas irregularidades en su puesta en marcha. Entre ellas, el incumplimiento de la declaración de impacto ambiental del proyecto, la descatalogación ilegal de una parte de la pradera de sebadal que quedaría sepultada con esta construcción, o la falta de aprobación inicial del proyecto por el Ministerio de Fomento. Y todo ello, a pesar del generalizado rechazo que el proyecto tiene entre la comunidad científica y la población canaria en general.

Estas disparatadas obras ya han empezado en tierra, pero los efectos más graves sobre el ecosistema marino al que amenaza todavía están a tiempo de evitarse. ¿Les parará la crisis? O todo lo contrario, ¿el olor del hormigón (y del dinero) les dará alas?

Más información: WWF España, Ecologistas en Acción, No al puerto de Granadilla.

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Los bosques marinos de Canarias están en peligro

Las praderas submarinas de Canarias, auténticas selvas subacuáticas del océano atlántico y uno de los principales puntos calientes de la biodiversidad marina mundial, están en peligro.

Una categórica afirmación en la que están completamente de acuerdo tanto las principales organizaciones ecologistas del país como la comunidad científica, pero que rechaza de plano el Gobierno canario. Para la Administración regional la extensión de los sebadales, como se conoce a estos peculiares bosques marinos cuya especie dominante es una fanerógama denominada seba (Cymodocea nodosa), es el doble de lo que se pensaba hace unos pocos años. Y por eso ha decidido rebajar su rango de protección de la segunda categoría, “sensible a la alteración de su hábitat”, a la cuarta y última, “de interés especial”.

Detrás de tan sorprendente desacuerdo subyacen las dificultades de políticos y empresarios para desarrollar importantes proyectos de puertos comerciales y deportivos en el Archipiélago, entorpecidos por la presencia de estas comunidades acuáticas férreamente protegidas por la legislación española y europea.

Así ha pasado en Lanzarote y en Fuerteventura, pero ahora la auténtica razón es la de dar luz verde definitiva a la construcción del puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife. Un megaproyecto que desde hace siete años mantiene en pie de guerra a la población local, quien en numerosas manifestaciones se ha mostrado mayoritariamente contraria a su ejecución.

Un gran polígono industrial se levanta ya en el desértico lugar elegido para ubicar la gran infraestructura portuaria (el dique previsto tendrá dos kilómetros de longitud), una zona donde la especulación urbanística está logrando importantes ganancias.

Inicialmente, la Autoridad Portuaria y el Gobierno de Canarias afirmaron que en esa costa no había sebadales y, por lo tanto, el impacto ambiental sería mínimo. Tras numerosas denuncias a Europa, ahora se dice exactamente lo contrario, que son tan extensos como vulgares. A pesar de afectar la obra a dos Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), la Unión Europea ha dado finalmente luz verde al proyecto tras recibir unos polémicos informes del Gobierno español donde se justifica la intervención ante el supuesto colapso por falta de espacio del puerto de Santa Cruz de Tenerife.

El último escollo que le quedaba al puerto de Granadilla para comenzar a construirse era la presencia de los sebadales en el Catálogo canario de especies amenazadas. La pasada semana, el consejero de Medio Ambiente del Ejecutivo canario, Domingo Berriel, lo solucionó con un decretazo “a la carta”. Firmando una orden departamental por la que se excluye del Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias a la población de sebadal afectada por la construcción del puerto de Granadilla. Aunque alegando el “principio de prevención” mantiene de momento protegido el resto de sebadales a la espera de nuevos estudios, seguramente tan manipulados como los actuales. Para ellos lo importante es que las obras del gran muelle tinerfeño empiecen a mover millones de euros cuanto antes, desde ya mismo.

Frente a las protestas ecologistas, sus promotores prometen unas medidas compensatorias “pioneras”, como el trasplante de este sebadal fuera de la zona de afección del muelle.

“Esas medidas parecen sacadas de un libro de Julio Verne”, critica con acidez Carlos Espinosa, portavoz en Tenerife de Ben Magec-Ecologistas en Acción. En su opinión, y como han demostrado con contundencia los primeros experimentos realizados, el trasplante es, además de imposible, una estupidez.

“Es como si quisieran llevarse un encinar de Madrid a Dinamarca; hasta los niños entienden que algo así no se puede hacer, que los bosques no se pueden arrancar y ponerse en donde uno quiera sólo porque molestan”.

Lo mismo opina el prestigioso botánico Wolfredo Wildpret y el más de medio centenar de profesores de las dos universidades canarias que han firmado un manifiesto por la protección de los sebadales. Un informe donde se advierte que rebajarles la protección a estos frágiles ecosistemas es “condenarlos a la desaparición”, pues su situación es de “clara regresión general”.

En este vídeo se puede apreciar la gran belleza e importancia de los sebadales canarios como sustento del ecosistema marítimo costero que acogen gran biodiversidad marina. En peligro por culpa de políticos y empresarios interesados ¿Os suena?

Este blog actualiza el artículo que a finales de enero escribí para el periódico Público.

Foto: Ben Magec / Ecologistas en Acción