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El robo de agua supone al menos 77 millones de euros en daños al patrimonio natural

La organización ecologista Greenpeace ha denunciado que el robo de agua en pozos ilegales puede suponer al menos 77 millones de euros en daños al patrimonio natural. Para poner fin a este expolio, solicita a los ciudadanos que denuncien todos los casos de pozos y extracciones ilegales que conozcan.

La ONG ha investigado durante más de un año el número de pozos ilegales de agua y asegura que sus estimaciones son muy conservadoras, ante la falta de información detallada aportada por las confederaciones. “Si tuviéramos cifras reales del número de pozos ilegales que hay en toda España, el daño al dominio hidráulico podría ascender a miles de millones de euros”, asegura Julio Barea, responsable de la campaña de Agua.

En España, el país más árido de Europa, el robo del agua va más allá de la existencia de pozos ilegales. Exceder la concesión autorizada o sustraer agua en épocas de restricción son otras vías habituales para extraer este recurso de manera ilegal, según Greenpeace.

El saqueo del agua cuenta incluso con su propio caso “Gürtel”: en Puebla del Río (Sevilla), en la ribera del Guadalquivir, hay impuesta una sanción por daño al dominio público hidráulico de casi 64 millones de euros en 2014.

Por confederaciones, la del Guadalquivir encabeza la lista de número de denuncias tramitadas por pozos ilegales, con 968 registradas en el periodo de la investigación, y con casos como el de Puebla del Río o Lucena del Puerto (Huelva), una localidad que en tan solo un expediente acumula 77 pozos ilegales.

Le sigue la del Tajo (703), Ebro (608), Guadiana (583), Duero (385), Miño (114), Segura (113) y Cantábrico (0). No hay datos disponibles del Júcar.

En cuanto al resto de extracciones ilegales, encabeza el ranking la Confederación Hidrográfica del Duero, con 1.305 denuncias tramitadas, y le siguen el Guadalquivir (974), Tajo (607), Guadiana (540), Miño (265), Júcar (147), Cantábrico (136) y Segura (109). No hay datos disponibles del Ebro.

La extracción ilegal de agua es un delito tipificado en el Código Penal con multas e incluso penas de prisión, pero la falta de información y de medios de las fiscalías para perseguirlo contribuye a la impunidad, denuncia Greenpeace. Un problema medioambiental que se ha revelado además, en el caso de los pozos ilegales, como una amenaza para la seguridad ciudadana.

Descoordinación entre administraciones

Greenpeace inició esta investigación a comienzos de 2018, cuando se puso en contacto con las distintas administraciones públicas competentes: confederaciones hidrográficas, Fiscalía de Medioambiente, autoridad minera, Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y Defensor del Pueblo.

Las diferentes confederaciones, que son las administraciones responsables de la gestión del agua, han respondido de forma muy desigual, en algunos casos enviando datos muy parciales y genéricos.

“Esta falta de transparencia es un reflejo claro de que el robo de agua no es una prioridad en España y de que no se le están dedicando ni el tiempo ni los recursos necesarios”, señala Barea. Y añade: “Además, la actual situación de descoordinación entre administraciones pone en serio peligro nuestras futuras reservas estratégicas de agua, un recurso imprescindible para la vida”.

Para evitar esta situación, Greenpeace considera fundamental frenar el crecimiento de las demandas de agua (regadío, industrial y urbana), de forma que se adapten a la reducción de caudales disponibles como consecuencia de los efecto del cambio climático.

Por otro lado, es clave que se persiga el delito de robo de agua a través de una coordinación efectiva de las administraciones competentes, que prioricen esta situación con mayor dotación de medios y seguimiento tanto en vigilancia como en respuesta sancionadora.

Además, Greenpeace solicita al Ministerio para la Transición Ecológica, confederaciones hidrográficas, comunidades autónomas, Seprona y Fiscalía que hagan público lo antes posible los datos y expedientes referidos al número y localización de los pozos ilegales en todo el Estado, para llevar a cabo su control y cierre, ya que suponen un peligro de seguridad directa para la población.

Además, a través de su plataforma de denuncias y filtraciones online, Fíltrala, Greenpeace pide ayuda a la ciudadanía para que aporte información y le haga llegar, de forma anónima y confidencial, aquellos documentos que puedan probar la existencia de pozos ilegales y otras malas prácticas relativas a la gestión de los recursos hídricos.

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1 comentario · Escribe aquí tu comentario

  1. Dice ser manolin

    para ello tendrían que publicar primero los “pozos legales”.
    a partír de ahí se podrían denunciar los pozos ilegales. Si no sabes si un pozo es legal o ilegal ¿como lo denuncias?

    24 marzo 2019 | 07:36

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