Ana Barreira – Directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente
¿Por qué desde diversos sectores sociales, gubernamentales y económicos de España se insiste en seguir negando la urgente, inaplazable y necesaria transición energética?
Esta es la estrategia del Gobierno tras anunciar la italiana Enel, principal accionista de Endesa, el cierre en 2020 de las centrales térmicas de carbón de Andorra (Teruel) y Compostilla (León). Mientras UGT ha calificado el cierre de «escándalo», el gobierno de Aragón hizo una ronda de visitas en Madrid para evitar lo inevitable y, según los medios, el ministro de energía Álvaro Nadal parece que prepara un Real Decreto Ley para impedirlo. Por otro lado, el PSOE presentó una fracasada moción en el Senado, contraria a la legislación de la UE, para seguir incentivando el carbón nacional… ¿Estos son los planes de descarbonización para nuestra economía anunciados por el Gobierno la semana pasada en las jornadas preparatorias de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética? En palabras de la propia Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en la apertura de esas jornadas “todos estamos llamados a garantizar una transformación ordenada hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima”. ¿Responde esa actuación de representantes políticos y sociales a una transformación?
Está en riesgo nuestra salud. Según el último informe que hemos elaborado en el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), a las 15 térmicas de carbón en España se les atribuyen, en 2014, la muerte prematura de 709 personas en España, 459 hospitalizaciones por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, más de 10.500 nuevos episodios de asma en niños y pérdidas económicas de entre 800 y casi 1.700 millones de euros anuales, derivadas del gasto sanitario y la reducción de productividad causada por el absentismo laboral. Tenemos derecho a respirar aire no contaminado.