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España no se merece que suspendamos sistemáticamente en el ranking de energía sostenible

Por Concha Cánovas – Experta en energías renovables

Un año más al llegar estos meses diversas organizaciones publican sus análisis sobre la evolución de los logros alcanzados durante el año anterior en lo que a política medioambiental y energética se refiere.

Y desgraciadamente viene ya siendo habitual que España presente  sistemáticamente y, por difícil que parezca,  un empeoramiento de nuestras magnitudes básicas como las emisiones de efecto invernadero, penetración de renovables en el mix energético, dependencia energética.., tanto con respecto al año precedente, como con los países de nuestro entorno.

A modo de ejemplo, entre las más recientes podemos mencionar:

  • El Informe 2016 del Observatorio de Energía y Sostenibilidad en España de la cátedra BP y la Universidad de Comillas ICAI-ICADE que destaca el continuo empeoramiento de los indicadores de sostenibilidad energética a lo largo del año con un aumento de la intensidad de carbono de la economía española, al contrario de lo que sucede en la OCDE: aumento de las emisiones de CO2, (un 16%) principalmente las asociadas al sector energético, aumento de la contribución  de las energías fósiles al mix energético en el año 2015 y especialmente el aumento del consumo de carbón (un 20%); lamentando que no se hubiera aprovechado la favorable coyuntura de precios de los combustibles bajos de estos años para mejorar nuestra eficiencia energética.
  • En el análisis comparativo que realiza Carbon Market Watch sobre los esfuerzos que hacen y quieren  hacer los países de la Unión Europea para combatir el cambio climático España se presenta como uno de los países que menos esfuerzos realiza.

Estos resultados son consecuencia de una política cada vez más cortoplacista, como vino a corroborar en su día el propio secretario de estado de energía al declarar que no era necesaria una planificación energética; que por encima de todo persigue maximizar el beneficio de lo que tenemos  perpetuando el estatu quo del sector, sin adoptar las necesarias políticas disruptivas que venimos reclamando desde hace tiempo desde la Fundación Renovables.

Y  precisamente en un contexto como el que acaba de señalar, y  en el que al mismo  tiempo la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en su Declaración anual sobre el estado del clima en el mundo, alerta que el año 2016 rompió todos los récords al alcanzarse una temperatura máxima mundial sin precedentes, que un grupo de 24 expertos en energía ha enviado una carta abierta al presidente del Gobierno abogando por una transición energética en España con la finalidad de que “nuestro país retome el liderazgo en sectores como las energías y tecnologías limpias y eficiencia energética”; si bien la petición no deja de ser una pura utopía a la vista del interés demostrado en la materia por nuestros responsables energéticos, por lo menos cabe esperar que,  a la vista de que entre los firmantes se encuentran antiguos responsables en política energética  con gobiernos del propio partido popular, se les haga más caso que al resto de expertos que venimos denunciando la situación en estos últimos años, y por fin dejemos de aparecer en la cola de los países con peores ratios de evolución medioambiental y energético, posición que ni nos merecemos, ni nos corresponde como país.

 

España, un país resignado irresponsablemente a la dependencia energética

Por Fernando Ferrando – Vicepresidente de la Fundación Renovables

La semana pasada se presentó en el Club Español de la Energía, como en años anteriores, el Balance Energético Español del 2016 y las perspectivas para 2017.

En el balance del año pasado, que tanto el Gobierno como los representantes sectoriales presentaron, se constató como España sigue siendo un país altamente dependiente del exterior en materia energética, dato que tozudamente se repite sin que nadie dé una explicación ni por supuesto asuma la mínima responsabilidad para lograr una progresión positiva con la reducción del mismo.

Nuestra dependencia del exterior, según los datos presentados, supone que el 72,3% de la energía que consumimos la importamos, valor que comparado con la media de la Unión Europea mantiene una diferencia de casi 20 puntos porcentuales. Cifra que, además, no se corresponde con la realidad ya que en su cómputo se supone que el combustible nuclear tiene origen español cuando en realidad importamos la materia prima, aunque lo procesemos aquí. Si se considerara la nuclear como importada la cifra de nuestra dependencia se elevaría hasta casi un 80%.

Que en España importamos prácticamente el 100% del petróleo – 99,8% – y del gas natural, al carecer de yacimientos propios, que el carbón que tenemos no es rentable quemarlo sin ayudas y que por cada 10$/barril que sube el petróleo nuestra balanza comercial se deteriora 6.000 M€/año, lo sabemos todos, lo que quizás nunca nos hayamos planteado es que nuestra política energética y fiscal favorece su consumo y que tenemos por voluntad propia una economía ineficiente en cuanto a la relación PIB/energía consumida si nos comparamos con los países de nuestro entorno. Es decir, para producir bienes y servicios, necesitamos consumir más energía, en este caso importada, que nuestros competidores.

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Una legislatura para el pesimismo a pesar de las iniciativas energéticas de posiciones mayoritarias

Por Concha Cánovas – Experta en Energías Renovables

Empieza a ser recurrente que el Gobierno niegue su conformidad para tramitar cualquier proposición de ley que plantee la oposición en el ámbito energético alegando sus implicaciones presupuestarias o fiscales sin ni siquiera entrar a valorar los fundamentos y oportunidad en que se sustentan dichas proposiciones. Este es el caso de la proposición de Ley para el fomento de la electrificación del transporte, igual que anteriormente fue la de medidas urgentes de fomento del autoconsumo.

El informe del Gobierno ante ambas proposiciones contraviene la recomendación que en materia de fiscalidad energética realiza la Comisión Europea  para España en su informe  sobre nuestra tasación medioambiental, al recomendar que  “España opte por un cambio en su estructura fiscal en materia energética para que «los impuestos se paguen en función de las emisiones de CO2», y se eliminen las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, lo que aportaría importantes beneficios económicos”.

Conviene recordar que este informe destaca sobre la situación actual en España lo siguiente:

  • El sistema tributario actual favorece indebidamente las soluciones basadas en los combustibles fósiles.
  • España es uno de los principales Estados miembros que sigue subvencionando los combustibles fósiles y sin embargo no cuenta con una estrategia global para eliminar las subvenciones nocivas para el medio ambiente, por lo que un desafío clave para España sería reducir las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente.

Entre estas subvenciones estarían, tal y como acaba de reconocer el Comisario Europeo de Acción por el Clima y Energía, Señor Arias Cañete,  los llamados pagos por capacidad (o garantía de potencia) que incentiva la disponibilidad de generación de las centrales térmicas (carbón y ciclos combinados) para cubrir la demanda en caso de que lo necesite el sistema y por el que han pagado los consumidores en  estos tres últimos años unos 2.880 millones de euros a pesar de que su coste ha sido de prácticamente la mitad de dicho importe.

También existe un amplio consenso desde diferentes ámbitos empresariales y sociales a la hora de presentar alternativas a la propuesta normativa presentada por el Gobierno sobre la subasta de energías renovables, tal y como se ha puesto de manifiesto en el encuentro que ha celebrado la Fundación Renovables la pasada semana. Lo que subyace en el fondo de la propuesta  presentada por el Gobierno es la falta de una estrategia y planificación para el desarrollo de las energías renovables en el medio plazo. Como vino a corroborar el propio Secretario de Estado de Energía el pasado viernes, con ocasión del encuentro sobre Cambio Climático y Energías Renovables organizado por Expansión y Acciona, que  bajo una falsamente  llamada  “política liberal” de dejar actuar al mercado, anunció la renuncia a uno de los principales cometidos de su cargo como es el de  la planificación, en este caso, de las energías renovables .

Quizás convenga recordar al Secretario de Estado que precisamente cuando España logró implantar su tecnología renovable por los rincones más recónditos del mundo desde China (baste recordar que el primer aerogenerador que se instaló en ese país en los años noventa lo hizo con tecnología española), pasando por Australia hasta Chile no fue fruto ni de los derroteros por los que nos llevó el mercado, ni de la casualidad ni la improvisación , sino gracias a una planificación en energías renovables que ha sido referente y que ha llevado al desarrollo de estas tecnologías por una senda razonable muy ventajosa para España y que vino a desmoronarse en el momento en que se sobrepasaron los límites de dicha planificación amparándose en el aberrante concepto del déficit de tarifa.

Visto lo que antecede no queda más remedio que ser pesimistas ante lo que puede ofrecernos esta legislatura, difícilmente conseguiremos que este no vuelva a ser otro año perdido en el ámbito regulatorio a pesar de la necesaria y urgente adaptación que reclaman mayoritariamente los diferentes agentes económicos y sociales de este país.

Energía limpia para todos

Por José Luis García – Área de Energía y Cambio Climático de Greenpeace

Comisión Europea banderas

El título de este artículo no es, aunque lo parezca, un eslogan ecologista. Es, nada menos, que el nombre del paquete de normas que ha propuesto este invierno la Comisión Europea para regular los mercados energéticos y los derechos energéticos de la ciudadanía, entre otras cosas. En la jerga política comunitaria se le conoce como el “paquete de invierno”.

También podría haber titulado el artículo como “El paquete de Cañete”, pero me parecía de mal gusto. Aunque sería muy apropiado, ya que el principal valedor de ese conjunto de normas es el Comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete. Y justo esta semana viene el Sr. Cañete a España a presentar el famoso paquete. Lo hará ante la Comisión Mixta para la Unión Europea de nuestras Cortes. Y volverá a insistir en ello la semana siguiente, esta vez invitado por el lobby de las empresas de energía sucia, Enerclub.

¿Y por qué nos debe importar el susodicho paquete? Pues porque en estos tiempos la energía está de máxima actualidad por múltiples motivos: por su elevado coste, por la gente que al no poder pagarla ha de pasar el invierno tiritando en casa, por el superpoder que concentran las grandes eléctricas arropadas por las puertas giratorias, por el impuesto al sol, por la alta contaminación de nuestras ciudades, por el cambio climático que se cierne sobre nosotros por mucho que Trump se empeñe en negarlo…

Todos esos motivos podrían resolverse o agravarse según lo que establezca la normativa europea, o sea, según como quede el paquete de invierno que la Comisión presentó el 30 de noviembre. Tiempo habrá de desgranar sus contenidos y de debatirlos en profundidad, pero por lo pronto, quedémonos con cuál puede ser el mejor y el peor caso posible del resultado de todo el proceso.

El mejor resultado posible será aquel en que las políticas europeas nos permitan con facilidad alcanzar y sobrepasar los objetivos de energías renovables asumidos por la Unión Europea para 2030, gracias al empoderamiento energético de la ciudadanía, gracias al mantenimiento de los incentivos a las renovables y de las disposiciones que permiten a estas energías tener prioridad en la gestión del sistema elećtrico y en el acceso a las redes, y gracias a que estrictos requisitos impidan subvencionar alegremente el carbón, el gas y la nuclear (a esas subvenciones las disfrazan con el pomposo nombre de “mecanismos de capacidad”, para que nadie se entere de lo que son).

El peor resultado posible sería que la Unión Europea apenas alcanzase sus objetivos para 2030, porque las políticas aprobadas dejen restringidos los derechos energéticos de la ciudadanía, porque se elimine la prioridad de las renovables en el sistema y en el acceso a las redes eléctricas y porque se generalicen las subvenciones a las energías sucias a través de los mecanismos de capacidad.
Hay mucho en juego. Es imprescindible que se escuchen y se defiendan los derechos ciudadanos frente a los de las grandes corporaciones. Solo así el paquete será digno de su título.

Una ley para declarar el Mar Mediterráneo libre de prospecciones de hidrocarburos

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

El pasado 13 de enero tuvo lugar en el Parlament balear un acto de democracia directa cargado de gran simbolismo pues en él se concretó la transmisión de una Proposición de Ley para proteger el mar Mediterráneo bajo jurisdicción española frente a la amenaza de las prospecciones de hidrocarburos, desde la sociedad balear, representada en este caso por la Alianza Mar Blava, al Parlament, el cual es, como especifica el propio Estatuto de Autonomía de las islas, la representación del pueblo de Baleares.

La Alianza Mar Blava es una plataforma intersectorial cuya misión es incrementar la protección del mar Mediterráneo, acabar con la amenaza que para la economía y el medio ambiente de las comunidades del arco mediterráneo suponen los proyectos de prospecciones petrolíferas actualmente en tramitación, y avanzar hacia una mayor sostenibilidad del sistema energético.

Esta Alianza agrupa actualmente a más de 110 entidades tanto de las Administraciones públicas (Govern balear, Consells insulares de Formentera, Ibiza, Menorca y Mallorca, diversos ayuntamientos de estas islas y el Ayuntamiento de Barcelona) como del sector privado (entidades de sectores económicos como el turismo, la pesca o el náutico) y de la sociedad civil (organizaciones sociales, sindicales y ecologistas).

La Proposición de Ley que la Alianza, junto a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Govern balear, presentó y entregó a todos los grupos políticos del Parlament balear, se estructura en un único artículo, una disposición adicional y una disposición transitoria.

Dicho artículo establece que quedará excluida la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, u otras sustancias minerales, en el medio marino del mar Mediterráneo sobre el que España tenga jurisdicción.

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Transición energética de las ciudades o barbarie

Por Domènec Martínez – Socio Protector de la Fundación Renovables

paseo en bicicleta

El triunfo de Trump (y hay que examinar las causas más allá de los chistes simplistas), representa una amenaza de alcance universal. Una de las propuestas (y no es la única políticamente perversa) es la de dejar en papel mojado los compromisos de París en relación al cambio climático, recuperando, por lo tanto, la primacía y el protagonismo de los combustibles fósiles. Una hipoteca criminal por las siguientes generaciones. ¿Podemos mirar indiferentes hacia otro lado?

Tenemos tres posibilidades: resignación (no hay nada a hacer), ¡allá ellos!; enrocarnos en nuestras cuitas internas (¡no nos representan!); o trabajar para construir una alternativa real de cambio, de mayorías sociales, a cada pueblo y ciudad, a partir de temas transversales. La política energética (igual que pasa con la gestión democrática del agua), es hoy un gran reto que implica la participación activa y comprometida del conjunto de la ciudadanía. Vamos por partes.

Primero. Lo tenemos que decir muy alto. Combatir o cuestionar los acuerdos sobre reducción de emisiones, favoreciendo las energías fósiles, es un mensaje provocador, inaceptable. Nos afecta directamente, y afecta, la salud y la calidad de vida de millones de personas al mundo, provocando la muerte por contaminación (ciudades ya insalubrees), hambre, guerras territoriales y por el control de los recursos, y grandes migraciones.

Segundo. ¿Qué podemos hacer? Hay que actuar: ni resignación ni indiferencia, a escala individual, comunitaria, y de los gobiernos locales. Dejémoslo muy claro. El gobierno de Rajoy, encantado con la orientación de las políticas anunciadas por Trump, no moverá un dedo de su política energética. Impuesto al solo, y al dictado de las compañías eléctricas, las mismas que reciben grandes subvenciones públicas (por la energía nuclear) y reivindican el derecho a cortar el suministro a las familias en situación de pobreza energética. Una actitud inmoral, inédita entre los países de la UE. Tampoco sirve la retórica: ya lo arreglaremos cuando marchamos del Estado, o el desafortunado hallazgo de Artur Mas “parecía imposible que Trump ganara (…). Apliquémoslo también desde una óptica catalana”.

Tercero. Las ciudades y el compromiso activo de la ciudadanía tienen que impulsar un cambio de paradigma: “el futuro será de las ciudades con emisión cero o no serán ciudades habitables”, pura barbarie. Para hacerlo posible se “requiere una gran ambición, generar una ilusión y una sólida hoja de ruta”. Lo decía Domingo Jiménez Beltran, presidente de la Fundación Renovables, en un encuentro reciente con representantes de ciudades europeas en transición energética. Una batalla de nuestras ciudades de alcance continental.

Y este es el gran reto. No tenemos tiempo a perder. Las prioridades actuales en política energética son: cambiar la regulación del autoconsumo, modificar la legislación del sistema eléctrico para fomentar el ahorro y las renovables, y trabajar en una ley de cambio climático (fundamental para reducir las emisiones que afectan la salud de millones de personas a nuestras ciudades). Hay mayoría en el Congreso y también en diferentes Parlamentos autonómicos para emprender este cambio. Pero carece visión política y pesa la opacidad y los intereses creados.

La palanca de cambio son las ciudades. Copenhague, Grenoble, Frankfurt, son algunos ejemplos recientes. La consideración de la energía como un derecho, como un bien de utilidad pública y no como un negocio de unas pocas empresas, una consideración preeminente.

El I Congreso de Pobreza Energética, celebrado hace pocos días en Sabadell, con ponentes nacionales e internacionales, reconocía “todavía estamos en políticas paliativas de urgencia de tipo asistencialista”, pero también añadían la necesidad de plantear “un nuevo modelo energético”. La pugna entre el Gobierno del Estado y la Generalitat, sobre la regulación y protección de las familias vulnerables, es una expresión más de obcecación e incompetencia política para abordar el tema de fondo: la transición y democratización del modelo energético.

Mientras tanto, las ciudades europeas mencionadas tienen establecidos sólidas hojas de ruta, como la capital danesa, para hacer posible el objetivo de 100% renovables el 2025. “El cambio de modelo energético a nuestra ciudad ha sido posible gracias al control público y democrático de las redes de electricidad y calor”, dicen los representantes de Grenoble. La eficiencia energética para “reducir un 50% el consumo de la energía de los edificios y viviendas de Frankfurt”, es una gran apuesta por la rehabilitación y la eficiencia. La directora de Energy Cities, apuesta para “volver competencias a los gobiernos locales y democratizar el sistema energético”. El gobierno de Barcelona anuncia la creación de instrumentos para liderar este cambio con la participación de las entidades, empresas y las personas. Rubí brilla, ha consolidado su compromiso con esta transición.

Terrassa, tiene que hacer una apuesta clara, ambiciosa y participada (con todos los agentes), para hacer su contribución en esta transición energética de las ciudades. Los tiempos han cambiado. Hace falta una nueva radicalidad con compromisos claros y verificables. Se tienen que facilitar los instrumentos, para hacer posible la producción y consumo (autoconsumo) de energía del sol (fotovoltàica y eólica), desde los techos industriales, de los equipamientos públicos y de las viviendas comunitarias e individuales.

Necesitamos también un liderazgo y un compromiso firme de las fuerzas progresistas de la ciudad para hacer este tumbo. Interpelando a todas las partes implicadas (empresas, universidades, sindicados, economía social), y propiciando, también, una rebelión ciudadana, pacífica, organizada. La prolongación del actual modelo energético es un fracaso social, profesional y ocupacional, un fracaso ambiental que no podemos soportar.

Democraticemos (ya) la energía

Por José Luis García – Área de Energía y Cambio Climático de Greenpeace

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Durante mucho tiempo nos han hecho creer que la energía y la democracia no tienen nada que ver. Nos han hecho creer que generar electricidad es una actividad muy compleja y costosa, y que servir la electricidad con la calidad de suministro que los consumidores y  consumidoras demandan está solo al alcance de grandes compañías eléctricas. Tan complicada es la cosa que las personas y entidades consumidoras solo podemos comprar y callar.

Pero el avance de las nuevas tecnologías ha hecho saltar por los aires esas falsas creencias. Ahora es posible, y más económico, que el sufrido consumidor sea al mismo tiempo productor de su propia energía. Que esa energía se pueda compartir entre distintos usuarios. Que se pueda decidir qué cantidad de energía consumir en cada momento para adecuarse al precio instantáneo y para facilitar el mejor aprovechamiento de las energías renovables.

Podemos ser “ciudadanía energética”: individuos u hogares que producen energía o administran su demanda de modo flexible, de manera tanto individual como colectiva. Un concepto también aplicable a los barrios, pueblos, ciudades, edificios municipales, escuelas, hospitales o edificios públicos, así como a pequeñas empresas.

Todo eso es ahora técnicamente posible… solo falta que sea legal. No esperemos que el cambio legal lo promuevan espontáneamente unos gobernantes que históricamente han estado sometidos a los intereses de las grandes compañías energéticas. Como en tantos otros temas, el cambio legal empieza en la Unión Europea, donde en estos momentos se prepara una normativa que podría (o no) dar el impulso que necesita la ciudadanía energética, mediante la revisión de la Directiva de Energía Renovable y de la Iniciativa de Diseño de Mercado.

Si esas normativas lo facilitan, la mitad de la ciudadanía de la Unión Europea podría producir su propia electricidad en 2050 y con ello cubrir el 45% de la demanda eléctrica de la UE. En el caso de España, uno de cada tres ciudadanos y ciudadanas podríamos producir nuestra  propia energía en 2050 gracias a las energías renovables y estaríamos generando hasta la mitad de la electricidad necesitada por todo el país.

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El día después

Por Juan Castro – Gil – Abogado y Secretario de ANPIER

Las pasadas semanas, después de ver el espectáculo que cierta agrupación política dio autoacuchillándose a sí misma “como si no hubiera un mañana”, dejando con tembleque a un segmento político de la población, que en algún momento llegó a ser mayoritario en nuestro país, me vino a la memoria una secuencia de aquella película de principios de los 80 que nos había dejado sobrecogidos a todos: “El día después”.

Para los más jovenzuelos que no la recuerden, ni tengan ánimo de ver lo mal que le ha pasado el tiempo por encima, transcurría el telefilme durante unos días antes y unos días después del inicio de una supuesta tercera guerra mundial, en la cual, el despipote nuclear nos acercaba a la aniquilación total de unos y otros.

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El día después del desastre, una vez fallecidos el 90% de la población mundial y con el otro 10% metido en túneles de los que no podrían salir hasta que muriesen de cáncer, un grupo de desgraciados se preguntaba: “Pero, ¿quién ha ganado? ¿Nosotros verdad?”.

Triste realidad es que la codicia de unos pocos no permita ver el camino del desastre.

En España contemplamos atónitos como nuestro gobierno en funciones no quiere ni oír hablar de ratificar el Acuerdo de París contra el cambio climático, al que ya se ha sumado hasta la Unión Europea, porque de alguna manera tiene que seguir dando cancha a aquellos codiciosos que les parece mejor pegar una tajada monumental a la ciudadanía cerrando acuerdos multimillonarios de compra de gas argelino, o manteniendo a dos o tres empresarios del carbón en su cúspide de oro, bajo mantras de que las cuencas mineras no pueden vivir de otra forma, prolongando plantas y cementerios nucleares por los siglos de los siglos, mientras se prohíbe y penaliza a toda aquel osado perroflauta que quiera defender la energía verde.

¿Tan limitada es su visión de la realidad que esta gente no es consciente de que ese camino está llevándose por delante el futuro de sus hijos? ¿Realmente creen que la herencia que les dejan, no les va a pasar factura? Cuánto tiempo pasará hasta que alguno de ellos, devorado por la contaminación que asola silenciosamente su ciudad, vuelva a decir: Hemos  ganado, ¿verdad?

España pierde gas

Por Hugo Morán – Exdiputado

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Este pasado lunes 19 me sorprendía el siguiente titular en un medio de comunicación: “Cepsa da un portazo a España al vender Medgaz y dejarla sin el control del gas”. Pensé que a muchas personas podría resultarles sorprendente el hecho de que una empresa española de referencia pusiese en marcha una operación como ésta, destinada a menoscabar intereses estratégicos de su propio país para beneficiar a terceros. Sería tanto como pegarse un tiro en el pie.

Y efectivamente ésta sería la conclusión normal a la que llegaría cualquier ciudadano que, de buena fe, hubiese venido dando por bueno el discurso que nos han venido endosando durante años las empresas y las propias instituciones, comenzando por el Gobierno de la nación, respecto al carácter estratégico de grandes marcas vinculadas al sector de la energía que son hoy referentes de la marca España a nivel mundial.

Pero basta solo un pequeño saltito, del titular al cuerpo de la noticia, para encontrarse con una sencilla explicación que despejará de un plumazo buena parte de los interrogantes del atribulado lector: “La compañía española controlada por Abu Dhabi responde con la venta del gasoducto a las negociaciones de Industria con Irán para instalar una refinería en nuestro país”. Pues sí, apreciadísimo compatriota, Cepsa, esa empresa cuya españolidad te hacía sacar pecho ante los foráneos como quien presume de selección campeona del mundo, hace años que rinde cuentas ante sus verdaderos propietarios, que asientan sus reales a unos cuantos miles de kilómetros de nuestras fronteras.

Y un poco más adelante se hace el análisis de las consecuencias que se derivarán de la decisión que encabeza el artículo al que me refiero: “España está a punto de perder el control del gas que llega al país y que…Cepsa, la compañía española, pero propiedad de Abu Dhabi desde hace seis años, ha decidido poner a la venta el 42% de Medgaz, la empresa compartida entre el Gobierno español y el de Argelia y que garantiza la energía a la península Ibérica”. Pero no se trata de reproducir en este espacio el resto de la noticia, sino de incorporar una sucinta reflexión sobre cómo hemos llegado hasta aquí.

Hace años que se nos viene bombardeando con la matraca de la enorme oportunidad geoestratégica que supondría para nuestro país el apostar decididamente por el gas como factor de desarrollo económico. España va a convertirse en el gran suministrador de gas para toda Europa, sustituyendo así a Rusia y poniendo fin a la enorme inseguridad que representa para la UE la dependencia de las decisiones caprichosas de Putin y sus oscuros intereses expansionistas.

Pero todo ha sido o una irresponsable ensoñación si la juzgamos benévolamente, o una alevosa mentira si decidimos no aplicar paños calientes.

  •  ¿Cómo podría nunca España, que no cuenta con reservas de gas propias ni para alimentar un mechero, sustituir a la Federación Rusa como suministradora de referencia para todos los países europeos?
  • ¿Con qué criterio se ha podido desplegar el milmillonario reguero de fondos públicos que han financiado infraestructuras gasísticas de todo tipo, alguna de las cuales ni siquiera ha llegado a entrar en funcionamiento, ni lo hará nunca?
  • ¿Qué mentes privilegiadas han sido las que han asentado decisiones de orden legislativo y presupuestario que implicarán prorrogar gravosas cuotas de dependencia energética exterior, en lugar de emplearse en desarrollar la puesta en valor de recursos propios?

En fin, no le demos demasiadas vueltas a la cosa. ¿Por qué nos han engañado de forma tan desvergonzada?, ¿alguien va a responder por ello?

La opinión pública sobre energía y medio ambiente

Por Mercedes Pardo Buendía – Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Análisis Social

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Los valores, creencias, normas, actitudes que los individuos adquieren en los procesos de educación y socialización –es decir, internalización de la cultura de una sociedad-  en un principio en la familia y posteriormente en los ámbitos de amistades, de educación, de medios de comunicación de masas, entre otros, forman lo que se viene denominando como opinión pública.

Obvia aclarar que dicha opinión pública es mucho más que la suma de las opiniones individuales, de manera que expresan patrones grupales en sociedades concretas. Además, la opinión de líderes y de instituciones centrales en la sociedad son asuntos clave para la comprensión de los procesos de opinión pública.

El conocimiento de la opinión pública es asunto central en las sociedades democráticas. Una manera de obtener dicho conocimiento es a través de la investigación social sobre dicha opinión pública, que, habitualmente, se lleva a cabo mediante encuestas de opinión.

¿Qué opinión les merece a los españoles la cuestión de la energía? Lo primero a observar es que en España no se han llevado a cabo encuestas recientes sobre el tema; eso ya es un indicador del interés general sobre el asunto. Nos basaremos en la encuesta de la Unión Europea (UE28): Eurobarómetro, 83, mayo 2015, así como en la realizada por PwC a los directivos -CEOs- de 70 grandes empresas en 52 países en el mismo año.

Así, a la pregunta de “¿Qué dos problemas cree Vd. que son los más importantes a los que se enfrenta el país en este momento?”, el medio ambiente, cambio climático y energía lo sitúan los españoles en el último lugar, solamente un 1% de las respuestas, en comparación con el 6% de media Europea. Lógicamente el paro es el primer problema de preocupación (74% y 42% respectivamente).  Sin embargo, cuando se les hace la misma pregunta pero ahora no respecto a España sino a la Unión Europea, los españoles perciben algo más las cuestiones del cambio climático ( 3%), el suministro de energía (4% ), el medioambiente (3%).

Ciertamente no se puede interpretar de la misma manera una elección que se contrapone a cuestiones como el paro, que si se tratara de una pregunta exclusivamente sobre la energía.

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