Política energética en clave de avestruz

Ana Barreira – Directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente 

¿Por qué desde diversos sectores sociales, gubernamentales y económicos de España se insiste en seguir negando la urgente, inaplazable y necesaria transición energética?

Esta es la estrategia del Gobierno tras anunciar la italiana Enel, principal accionista de Endesa, el cierre en 2020 de las centrales térmicas de carbón de Andorra (Teruel) y Compostilla (León). Mientras UGT ha calificado el cierre de “escándalo”, el gobierno de Aragón hizo una ronda de visitas en Madrid para evitar lo inevitable y, según los medios, el ministro de energía Álvaro Nadal parece que prepara un Real Decreto Ley para impedirlo. Por otro lado, el PSOE presentó una fracasada moción en el Senado, contraria a la legislación de la UE, para seguir incentivando el carbón nacional… ¿Estos son los planes de descarbonización para nuestra economía anunciados por el Gobierno la semana pasada en las jornadas preparatorias de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética? En palabras de la propia Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en la apertura de esas jornadas “todos estamos llamados a garantizar una transformación ordenada hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima”. ¿Responde esa actuación de representantes políticos y sociales a una transformación?

Está en riesgo nuestra salud. Según el último informe que hemos elaborado en el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), a las 15 térmicas de carbón en España se les atribuyen, en 2014, la muerte prematura de 709 personas en España, 459 hospitalizaciones por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, más de 10.500 nuevos episodios de asma en niños y pérdidas económicas de entre 800 y casi 1.700 millones de euros anuales, derivadas del gasto sanitario y la reducción de productividad causada por el absentismo laboral. Tenemos derecho a respirar aire no contaminado.

Está en riesgo cumplir con nuestros compromisos climáticos internacionales. Las 15 centrales de carbón en España emiten el 30% de las emisiones de CO2 por lo que urge elaborar un plan de cierre progresivo de aquí a 2025, una senda que ya han iniciado Portugal, Italia, Francia o Reino Unido. Seguir incluyendo el carbón en nuestro mix energético de aquí a 2030 es un error grave del Gobierno, que nos aleja del cumplimiento del Acuerdo de París.

Está en riesgo cumplir con la legislación europea. Aunque Europa sigue enviando mensajes claros para acabar con las subvenciones a las energías contaminantes, España lleva asignando ayudas al carbón desde 1992: 754 millones de euros anuales desde 2005 según el último informe del think thank ODI. España debe además cumplir con la directiva de emisiones industriales: actualmente, nuestras centrales de carbón tienen autorizados valores límites de emisión muy por encima de lo establecido por la legislación europea, con el grave impacto que esto tiene para nuestra salud y el medio ambiente.

Está en riesgo el futuro de nuestra economía y del empleo. Nuestros políticos no pueden seguir anclados en el cortoplacismo y el electoralismo, sino trabajar para ofrecer alternativas serias a los trabajadores afectados por el fin de la extracción de carbón y el cierre de las centrales que lo queman, independientemente de su procedencia, pues de lo que se trata es de descarbonizar nuestra economía. Es hora de que nuestros políticos admitan que España no es soberana 100%: como Estado miembro de la Unión Europea cedió hace tiempo parte de su soberanía y está obligada a respetar el marco normativo de esta Unión cuya senda es la descarbonización. Diversificar y hacer políticas de inversión en otros sectores como el turismo rural, la producción agrícola ecológica, energías renovables y otras formas de empleo verde, como única vía para poner en marcha un nuevo modelo económico que respete el medio ambiente es una de las claves en lugar de perder tiempo y dinero en prolongar el uso del carbón.

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