En marzo de 2018 la Fundación Renovables publicó un informe titulado Hacia una Transición Energética Sostenible. Propuestas para afrontar los retos globales. En él se incluían más de 300 medidas innovadoras y disruptivas enfocadas, por un lado, a fomentar el ahorro y la eficiencia energética y, por otro, a que las renovables fueran la base de la oferta de energía, erradicando el consumo de combustibles fósiles.
El informe fue presentado y analizado con la mayoría de los grupos políticos con el fin de trasladar que era posible, técnica y económicamente, que la transición energética se convirtiera en una oportunidad de desarrollo para España y que las medidas propuestas fueran la base para un modelo energético mucho más sostenible, inclusivo y justo.
Muchas de las medidas han ido, aunque no con la ambición deseada, incorporándose en el día a día dentro del ideario de política energética del gobierno, porque eran medidas lógicas que debían ser desarrolladas en el tiempo.
El pasado miércoles día 20, la Comisión Europea comunicó el objetivo de reducir en un 15% el consumo de gas natural de todos los Estados miembros con el fin de paliar los efectos de un potencial y previsible corte total de suministro desde Rusia, una reducción que debería llevarse a cabo desde agosto de este año a marzo de 2023. También, aunque ha pasado desapercibido, ha incluido la permisión de subvencionar con dinero público la reactivación de las centrales de carbón y fuel para generación eléctrica. La decisión de la Comisión es, ante todo, extraña porque es curioso como las medidas de ahorro y eficiencia han brillado por su ausencia en su política, dejando la decisión en manos de los gobiernos nacionales e, incluso, se han considerado como inversiones sostenibles el gas natural y la nuclear. El problema ha sido la exigua previsión y ahora se pretende una reducción drástica y sin considerar las particularidades de cada país, cuando se podía haber llegado de forma tranquila y sosegada a que Europa no dependa tanto del gas natural.
Esta situación está causada por la inexistencia de una “Política Energética Común”, que siempre hemos reclamado, por parte de la Comisión Europea, lo que ha supuesto que cada país tenga todos los grados de libertad para fijar su mix energético y sus relaciones contractuales de suministro. Poner en duda si esta medida debe ser atendida o no por los países miembros rompería la base de actuación de la Unión Europea del hoy por ti y mañana por mí, pero no cabe duda de que esta medida debería ser definida e incluida dentro del paquete “Fit for 55”, atendiendo a las particularidades de cada país y a su situación de independencia ya que hasta este momento es la propia Comisión la que ha da todos los grados de libertad para actuar.
En nuestro documento de 2018, actualizado en 2020 en base a la recuperación económica tras la pandemia y la movilización de más de 60. 000 M€ (con cargo a los Fondos Next Generation), planteábamos una política decidida y ambiciosa para electrificar la demanda y erradicar el consumo de combustibles, especialmente del gas natural, por su papel de vector energético clave de la transición energética. Se incluyeron medidas para reducir la presencia del gas natural sin poner en duda la transición y la gestionabilidad del sistema, entre las que podríamos destacar:
- Objetivo de electrificación 100% del sector residencial, eliminando el suministro de gas mediante la incorporación de bombas de calor y fomentando el 100% eléctrico que, hubiera permitido eliminar uno de los dos contratos que suelen tener nuestras viviendas, contratos con una componente fijada políticamente y de forma desorbitada para cubrir los costes del sistema gasista y eléctrico fruto de inversiones que no se planificaron.
- Eliminar la publicidad de los combustibles fósiles y evitar que quien vende electricidad venda también gas.
- Imponer a las comercializadoras de gas objetivos de reducción del consumo por parte de sus clientes.
- Iniciativas para la no renovación de calderas de gas y la obligación de cambiar a sistemas de bomba de calor.
- Establecimiento de certificados energéticos a las viviendas según su comportamiento energético no dependiente.
- Prohibición de venta de nuevas calderas de gas y gasóleo.
- Compromiso de que los edificios de más de 1000m2 de superficie construida fueran de consumo casi nulo y siempre, independientemente de la superficie, 100% eléctricos.
- Rehabilitación de 750.000 viviendas/año, de las que 250.000 fueran vulnerables y se realizara con fondos públicos.
- Rehabilitación de un 3% de los edificios públicos al año con 100% de electricidad.
- Eliminación de los vehículos de combustión interna con gas.
- Implementar una consideración fiscal activa para la eliminación del gas natural, tanto en la reducción y gravamen del IBI, como en el tratamiento del gas y de la electricidad.
En el sistema eléctrico, al margen de la imperiosa eliminación del modelo marginalista, apostamos por la cogeneración frente a los ciclos combinados, situación que apoya a la industria y que permitiría que una unidad de gas se consumiera con el doble de rendimiento. De hecho, en la actualidad, el 11% de la electricidad generada es en plantas de cogeneración frente a una media del 17% en ciclos combinados, situación que debería hacer plantearse al gobierno si no sería lógico que una forma de reducir los consumos de gas en energía primaria fuera con un plan de fomento eficiente de la cogeneración.
Por otro lado, debemos reflexionar si como país hemos avanzado en la lucha contra la dependencia de los combustibles fósiles y la reducción del consumo de gas natural, tanto en el sector residencial como en el industrial, promoviendo la electrificación de la demanda. Y, sinceramente, creo que no hemos puesto encima de mesa los compromisos y el potencial que verdaderamente tenemos. A la vez, reclamamos, desde el plano individual al compromiso colectivo, nacido desde la regulación, la difusión de una nueva cultura de la energía en la que el ahorro energético y el consumo responsable sean la piedra angular.
Ahora nos acordamos de la emergencia climática por las sucesivas olas de calor y por sus devastadoras consecuencias en pérdidas de vidas y en catástrofes naturales. Solo mencionar que en septiembre de 2019 se votó su declaración en el Congreso y que no es suficiente con recordar cual es nuestra situación, sino que necesitamos pasar a la acción y poner medidas para combatirla y fijar presupuestos y objetivos acordes con la magnitud del problema.
Es una realidad que debemos dejar de consumir gas, tanto si viene de Rusia, por gaseoducto, como si viene de Estados Unidos, procedente del fracking., Pero este desacoplamiento del gas debe ser planificado y programado desde la racionalidad de los procesos y no desde la falta de sensibilidad de los gobernantes. Obviamente, pensar que en seis meses se puede sustituir el gas, salvo con un corte de suministro, con criterios no dramáticos es estar fuera del día a día, como desgraciadamente está demostrando la Comisión Europea.
Si la recuperación económica tras la pandemia se hubiera cimentado en las propuestas de la Fundación Renovables de hace más de cuatro años, no solo se hubiera conseguido ese 15% de reducción, sino que la factura energética de los hogares y de la industria sería mucho más reducida.
Fernando Ferrando – Presidente de la Fundación Renovables 
