Por José Luis García – Área de Energía y Cambio Climático de Greenpeace

Cuando repasamos las secuelas del único debate entre los cuatro líderes de las principales formaciones que se presentan a estas elecciones, la sensación es que el debate se queda en lugares comunes que solo desatan pasión cuando se aborda la corrupción, pero que no logran entrar en el fondo de los asuntos en los que nos jugamos tanto. Debaten, pero lo hacen sin energía.

Los aspirantes presidenciales antes de comenzar el debate a cuatro (EFE)

Y la ausencia de la energía fue llamativa en el debate. No sé si porque no lo saben o porque no les importa, pero apenas encontramos menciones de pasada en las que se criticó el impuesto al sol, el ‘fracking’ o la nuclear de Garoña, pero de manera tan superficial que nadie que no esté al tanto de lo que sucede pudo valorar el motivo de la crítica.

El único tema relacionado con la energía que mereció un poco más de atención fue el de las puertas giratorias, que sin duda lo merece, pero el foco estaba en el problema del exceso de poder de las grandes empresas, independientemente de que coincide que muchas de las que abusan de este giratorio fenómeno son las grandes energéticas. Y desde luego que es necesario acabar con las puertas giratorias, pero ¿cuáles son las propuestas?

Haría falta que algún partido se diese cuenta de que el exceso de poder de esas empresas no viene solo de la colocación de líderes políticos en sus consejos de administración (práctica que no es más que un instrumento para sus intereses corporativos), sino de la legislación que permite la concentración de poder oligopolístico en sectores clave como el de la energía.

El problema es que las grandes energéticas (eléctricas, petroleras, gasistas…) dominan, porque así se les permite, todos los ámbitos del negocio: son a la vez árbitro, defensa, delantero, entrenador, utillero… y el espectador, en este caso sufrido consumidor, viendo un partido en el que siempre ganan los mismos. En el caso de la electricidad, paradigma de oligopolio, no se debería permitir que las mismas empresas que hacen una labor tan necesaria como llevar la luz (y el gas) a nuestras casas, sean las mismas que se dedican a producirla.

De nada sirve que tengamos derecho a elegir con quién contratamos la luz, si el dueño de los cables por los que esa electricidad nos tiene que llegar es uno de los que la fabrica: es como si las carreteras fueran propiedad de Volkswagen, Ford o Renault. Es evidente que entonces los coches de esas marcas tendrían muchas más facilidades para circular que los autobuses públicos, por ejemplo. Y eso pasa con la electricidad: los dueños de las centrales nucleares y térmicas son también dueños de los cables y, por tanto, controlan “la llave de la luz”. Con una llave tan poderosa en sus manos, a ver qué gobierno se atreve a plantar cara a sus intereses. Solo así se pueden entender aberraciones como el impuesto al sol, o que se puedan mantener en funcionamiento centrales de carbón que contaminan varias veces por encima de los límites legales, o que se pretenda alargar la vida de las centrales nucleares cuando los riesgos y la gestión de los residuos los pagamos entre todos.

Los superpoderes de las energéticas vienen de antiguo. Las puertas giratorias no solo consisten en espectaculares colocaciones de expresidentes de gobierno en consejos de administración. Es toda una tradición encontrar personas en puestos de responsabilidad política en los ministerios y consejerías que estaban a sueldo de las energéticas antes de ocupar su cargo y que tenían su silla esperando en el mismo sector una vez pasado el periodo legal de incompatibilidad. Por no mencionar cómo los planes energéticos se aprobaban tal como llegaban de las empresas, a veces hasta sin quitar el logo de la patronal Unesa.

Además de erradicar las puertas giratorias, hace falta una total separación de poderes. La gestión del sistema, el transporte y la distribución de electricidad, son actividades que están reguladas, es decir, que realizan un servicio público de acuerdo a normas establecidas. Y esas actividades deben ser realizadas por empresas independientes por completo de las que generan la electricidad. Y los organismos reguladores, encargados de controlar esa actividad, deben ser absolutamente INDEPENDIENTES de los intereses de las empresas.

La cuestión de fondo es quién manda aquí, quién pone las normas. O, dicho de otra forma, a quién sirven los responsables públicos y los partidos que aspiran a ejercer esa responsabilidad. Que cada cual saque sus conclusiones: quien controla la energía controla el poder.