Por Jorge Morales de Labra – Director de Geoatlanter
Seguro que ha visto alguna viñeta satírica denunciando que el Gobierno de España cobra por utilizar el sol. Se refiere a una normativa aprobada hace ahora un año, pionera en el mundo, que obliga a sufragar los costes del “sistema eléctrico” —concepto abstracto que por sí solo merecería una columna— a quien compra un panel solar y lo pone en su tejado para producir parte de su electricidad.
No cabe duda de que estrictamente hablando no es un impuesto dado que Hacienda no interviene en el proceso; pero en coloquialmente se ha asimilado a tal, razón por la que se le conoce como “impuesto al sol”.
El Gobierno niega la mayor y pretende convencernos de que se trata tan solo de una invención de colectivos radicales. Eso sí, le falta tiempo para apostillar que está de acuerdo con el desarrollo del autoabastecimiento de energía siempre que éste se realice de forma eficiente. Esto es, siempre que quien opte por esta novedosa forma de producir energía contribuya a pagar los costes del “sistema eléctrico” de la misma forma que quien no lo hace. Es más, el Secretario de Estado de Energía ha llegado a calificar de “depredadores” a quienes se ponen un panel solar y ahorran así en su factura.
La polémica se origina porque a través del recibo de la luz pagamos algunos conceptos, como por ejemplo las redes o los pagos específicos a las energías renovables, que aunque son fijos, no se nos imputan en la parte fija del recibo, esa que pagamos con independencia de lo que consumamos, sino que su importe se reparte entre la energía que se espera consumamos para repercutirlos así a cada kWh facturado. Bajo este peculiar método de reparto es claro que si disminuye la energía facturada baja la recaudación, por lo que para poder seguir pagando los costes fijos no queda más remedio que subir la cuota a quienes siguen consumiendo. Naturalmente cabría otra opción: reducir los costes fijos, pero ni se plantea.
