Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

En diciembre del año pasado contábamos en este blog que Francia se había convertido en el primer país del mundo en prohibir por ley la producción de hidrocarburos en todo su territorio. La ley francesa prohíbe el otorgamiento de cualquier nueva licencia de exploración de hidrocarburos por el método que sea. Las explotaciones actualmente vigentes se irán eliminando a medida que acabe su periodo concesional de manera que para el año 2040 habrá terminado totalmente la extracción de hidrocarburos en todo el ámbito territorial francés, tanto en el mar como en tierra firme.

Desde entonces otros países han dado pasos importantes en la misma dirección. Así, el pasado mes de febrero, el Parlamento irlandés aprobó una Proposición de Ley sobre “Medidas de Emergencia Climáticas” que incluye que el gobierno no podrá conceder nuevas autorizaciones para la exploración de petróleo y gas en el mar. Ya en 2017 Irlanda promulgó una ley que prohíbe el fraccionamiento hidráulico (fracking) en tierra firme.

Hace sólo unos días, el pasado 12 de abril, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció que su país ha prohibido la realización de nuevas exploraciones de petróleo y gas en las aguas bajo su jurisdicción de alta mar (la Zona Económica Exclusiva de Nueva Zelanda es la cuarta más grande del planeta).

Esta es una de las medidas dentro del plan del Gobierno neozelandés de transitar hacia un modelo energético sostenible, el cual tiene como principales objetivos conseguir que la generación de electricidad sea 100% renovable en 2035 y lograr una economía totalmente descarbonizada en el año 2050. Aunque la  medida no afectará a una serie de permisos de exploración de hidrocarburos ya concedidos, cuya vigencia se prolongará durante una década más, es un gran paso adelante, coherente con los objetivos del Acuerdo de París, que ha sido celebrado por amplios sectores de la ciudadanía del país y por los grupos medioambientalistas.

Esta es una de las medidas dentro del plan del Gobierno neozelandés de transitar hacia un modelo energético sostenible, el cual tiene como principales objetivos conseguir que la generación de electricidad sea 100% renovable en 2035 y lograr una economía totalmente descarbonizada en el año 2050

Estos han recordado, por ejemplo, que la mitad de las especies de delfines y ballenas del mundo viven o recorren las aguas de Nueva Zelanda, desde especies críticamente amenazadas como el delfín de Maui hasta la ballena azul, el mamífero más grande del planeta. La medida del gobierno reduce la amenaza a los cetáceos y al resto de fauna marina de sufrir los negativos efectos del ruido submarino provocado en las campañas de búsqueda de yacimientos de hidrocarburos o de que se produzcan derrames de petróleo.

Poco a poco, el espíritu del Acuerdo de París va tomando forma en diversas normas legales, en países donde los compromisos internacionales se toman en serio. Sin embargo, aquí en España, el Gobierno sigue sin parecer comprender que es urgente tomar medidas eficaces para avanzar hacia un modelo energético sostenible, es decir inteligente, eficiente y 100% renovable, es decir completamente descarbonizado y desnuclearizado.

Es más, el Gobierno Rajoy se empeña en mantener abierta la puerta a las compañías del sector de hidrocarburos, para la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales (en aguas profundas; y mediante la tecnología del fracking).

Sin embargo, aquí en España, el Gobierno sigue sin parecer comprender que es urgente tomar medidas eficaces para avanzar hacia un modelo energético sostenible, es decir inteligente, eficiente y 100% renovable, es decir completamente descarbonizado y desnuclearizado.

Así, hay que recordar que en 2017 el Gobierno, amparándose en un informe del Ministerio de Energía plagado de falsedades y que nadie se atrevió a firmar, vetó en el Congreso de los Diputados la tramitación de una Proposición de Ley del Parlamento balear  (donde se aprobó por unanimidad),  promovida a iniciativa de la Alianza Mar Blava, cuyo fin era que no se autorizasen nuevas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el mar Mediterráneo.

El veto salió adelante en la Mesa del Congreso, donde debía tomarse la decisión de aceptar o no el veto del Gobierno, gracias al apoyo de los representantes del grupo parlamentario de Ciudadanos en ese órgano, pese a que éste grupo previamente se había manifestado completamente a favor de su tramitación. Otras 62 proposiciones de ley presentadas a lo largo de la legislatura por los grupos parlamentarios de la oposición o por parlamentos autonómicos han sido bloqueadas siguiendo ese mismo mecanismo. Como aquella que perseguía la eliminación del “impuesto al Sol”, proposición de Ley que fue promovida por todos los partidos de la oposición, incluido Ciudadanos, aunque luego él mismo, incoherentemente, se vetó a sí mismo en la Mesa del Congreso.

El argumento de Ciudadanos era que no podían oponerse legalmente a los vetos del Gobierno, pese a informes de los letrados de la cámara que aducían lo contrario. Ahora una sentencia del Tribunal Constitucional certifica que la Mesa de la Cámara puede rechazar los vetos si los considera infundados o si, por ejemplo, afectan a ejercicios presupuestarios futuros (y no al que está en vigor). Ahora Ciudadanos no podría escudarse en que no podía oponerse en la Mesa del Congreso a los vetos del Gobierno a las Proposiciones de Ley, como las ya citadas. Quizá ahora la situación cambie y se puedan levantar esos vetos.

El Gobierno y todos los partidos políticos deben entender que seguir apostando por la exploración y explotación de combustibles fósiles solo sirve para obstaculizar la inevitable transición hacia un modelo energético sostenible al tiempo que exacerba los conflictos, alimenta la corrupción, amenaza la biodiversidad, limpia el agua y el aire e infringe los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades vulnerables, como sostiene la Declaración de Lofoten.