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Oleada de países que deciden prohibir las prospecciones de hidrocarburos en el mar

Por Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava


En diciembre del año pasado contábamos en este blog que Francia se había convertido en el primer país del mundo en prohibir por ley la producción de hidrocarburos en todo su territorio. La ley francesa prohíbe el otorgamiento de cualquier nueva licencia de exploración de hidrocarburos por el método que sea. Las explotaciones actualmente vigentes se irán eliminando a medida que acabe su periodo concesional de manera que para el año 2040 habrá terminado totalmente la extracción de hidrocarburos en todo el ámbito territorial francés, tanto en el mar como en tierra firme.

Desde entonces otros países han dado pasos importantes en la misma dirección. Así, el pasado mes de febrero, el Parlamento irlandés aprobó una Proposición de Ley sobre “Medidas de Emergencia Climáticas” que incluye que el gobierno no podrá conceder nuevas autorizaciones para la exploración de petróleo y gas en el mar. Ya en 2017 Irlanda promulgó una ley que prohíbe el fraccionamiento hidráulico (fracking) en tierra firme.

Hace sólo unos días, el pasado 12 de abril, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció que su país ha prohibido la realización de nuevas exploraciones de petróleo y gas en las aguas bajo su jurisdicción de alta mar (la Zona Económica Exclusiva de Nueva Zelanda es la cuarta más grande del planeta).

Esta es una de las medidas dentro del plan del Gobierno neozelandés de transitar hacia un modelo energético sostenible, el cual tiene como principales objetivos conseguir que la generación de electricidad sea 100% renovable en 2035 y lograr una economía totalmente descarbonizada en el año 2050. Aunque la  medida no afectará a una serie de permisos de exploración de hidrocarburos ya concedidos, cuya vigencia se prolongará durante una década más, es un gran paso adelante, coherente con los objetivos del Acuerdo de París, que ha sido celebrado por amplios sectores de la ciudadanía del país y por los grupos medioambientalistas.

Esta es una de las medidas dentro del plan del Gobierno neozelandés de transitar hacia un modelo energético sostenible, el cual tiene como principales objetivos conseguir que la generación de electricidad sea 100% renovable en 2035 y lograr una economía totalmente descarbonizada en el año 2050

Estos han recordado, por ejemplo, que la mitad de las especies de delfines y ballenas del mundo viven o recorren las aguas de Nueva Zelanda, desde especies críticamente amenazadas como el delfín de Maui hasta la ballena azul, el mamífero más grande del planeta. La medida del gobierno reduce la amenaza a los cetáceos y al resto de fauna marina de sufrir los negativos efectos del ruido submarino provocado en las campañas de búsqueda de yacimientos de hidrocarburos o de que se produzcan derrames de petróleo.

Poco a poco, el espíritu del Acuerdo de París va tomando forma en diversas normas legales, en países donde los compromisos internacionales se toman en serio. Sin embargo, aquí en España, el Gobierno sigue sin parecer comprender que es urgente tomar medidas eficaces para avanzar hacia un modelo energético sostenible, es decir inteligente, eficiente y 100% renovable, es decir completamente descarbonizado y desnuclearizado.

Es más, el Gobierno Rajoy se empeña en mantener abierta la puerta a las compañías del sector de hidrocarburos, para la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales (en aguas profundas; y mediante la tecnología del fracking).

Sin embargo, aquí en España, el Gobierno sigue sin parecer comprender que es urgente tomar medidas eficaces para avanzar hacia un modelo energético sostenible, es decir inteligente, eficiente y 100% renovable, es decir completamente descarbonizado y desnuclearizado.

Así, hay que recordar que en 2017 el Gobierno, amparándose en un informe del Ministerio de Energía plagado de falsedades y que nadie se atrevió a firmar, vetó en el Congreso de los Diputados la tramitación de una Proposición de Ley del Parlamento balear  (donde se aprobó por unanimidad),  promovida a iniciativa de la Alianza Mar Blava, cuyo fin era que no se autorizasen nuevas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el mar Mediterráneo.

El veto salió adelante en la Mesa del Congreso, donde debía tomarse la decisión de aceptar o no el veto del Gobierno, gracias al apoyo de los representantes del grupo parlamentario de Ciudadanos en ese órgano, pese a que éste grupo previamente se había manifestado completamente a favor de su tramitación. Otras 62 proposiciones de ley presentadas a lo largo de la legislatura por los grupos parlamentarios de la oposición o por parlamentos autonómicos han sido bloqueadas siguiendo ese mismo mecanismo. Como aquella que perseguía la eliminación del “impuesto al Sol”, proposición de Ley que fue promovida por todos los partidos de la oposición, incluido Ciudadanos, aunque luego él mismo, incoherentemente, se vetó a sí mismo en la Mesa del Congreso.

El argumento de Ciudadanos era que no podían oponerse legalmente a los vetos del Gobierno, pese a informes de los letrados de la cámara que aducían lo contrario. Ahora una sentencia del Tribunal Constitucional certifica que la Mesa de la Cámara puede rechazar los vetos si los considera infundados o si, por ejemplo, afectan a ejercicios presupuestarios futuros (y no al que está en vigor). Ahora Ciudadanos no podría escudarse en que no podía oponerse en la Mesa del Congreso a los vetos del Gobierno a las Proposiciones de Ley, como las ya citadas. Quizá ahora la situación cambie y se puedan levantar esos vetos.

El Gobierno y todos los partidos políticos deben entender que seguir apostando por la exploración y explotación de combustibles fósiles solo sirve para obstaculizar la inevitable transición hacia un modelo energético sostenible al tiempo que exacerba los conflictos, alimenta la corrupción, amenaza la biodiversidad, limpia el agua y el aire e infringe los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades vulnerables, como sostiene la Declaración de Lofoten.

Otra prueba del “Trumpismo” climático del ministerio de energía

 Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico en Alianza Mar Blava

El Congreso de los Diputados acogerá el próximo miércoles 21 de junio por la tarde unas jornadas parlamentarias organizadas por la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA), en colaboración con la Alianza Mar Blava, para presentar y debatir la “Proposición de Ley sobre la protección del mar Mediterráneo bajo jurisdicción española de los daños que pudieran producir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales” que, tras ser aprobada en el Parlament balear por unanimidad (Partido Popular, Partido Socialista, MÉS per Mallorca, Podem Illes Balears, El Pi-Proposta per les Illes Balears, MÉS per Menorca y Grupo Mixto), ha iniciado ya su andadura en las Cortes Generales.

El evento consistirá en dos mesas, ambas moderadas por miembros de la APDDA. Una primera con las intervenciones del abogado de la Alianza Mar Blava que presentará el contenido de la Proposición de Ley (PL), su perfecto encaje en el marco normativo español, europeo e internacional y su coherencia con los compromisos adquiridos internacionalmente por España en la lucha contra el cambio climático; de un experto en cetáceos y fauna marina, que disertará sobre la importancia ambiental del Mediterráneo; y, finalmente, de un experto en turismo que explicará la positiva repercusión económica que tendría la aprobación de esta PL para las CC.AA. ribereñas del Mediterráneo, donde esta industria es uno de los ejes fundamentales de su economía.

La segunda será una mesa redonda con la participación de representantes de todos los grupos parlamentarios, para que den su opinión al respecto de la cuestión que se plantea y, en particular, sobre la citada PL. En reuniones mantenidas previamente con los grupos parlamentarios del Congreso (menos con el grupo Vasco, con el que aún no ha habido oportunidad de encontrarse), todos ellos nos han expresado claramente su apoyo a esta Proposición de Ley, salvo el grupo Popular que aún no ha querido manifestar su postura expresamente.

Esta PL se ha enviado a las Cortes siguiendo lo establecido en el artículo 87.2 de la Constitución, el cual otorga a las Asambleas de las Comunidades Autónomas la capacidad de promover leyes en España. De hecho, la PL ha sido ya tramitada por la Mesa del Congreso, que la calificó el pasado 16 de mayo y la publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales con fecha 19 de mayo de 2017.

Desde la Alianza Mar Blava queremos insistir en que la aprobación de una Ley que proteja el Mediterráneo y sus valores naturales, culturales y socioeconómicos frente a las amenazas que entrañan las prospecciones de hidrocarburos es una demanda de toda la sociedad civil y el sector privado de las islas Baleares, así como de las administraciones baleares y de otros territorios del arco mediterráneo, además de ser una medida plenamente coherente con la necesaria transición energética hacia una economía plenamente descarbonizada.

Actualmente, la Mesa del Congreso está a la espera de recibir el informe con el criterio del Gobierno sobre la citada Proposición, el cual, de acuerdo con la jurisprudencia emanada de los tribunales, sólo puede pronunciarse al respecto en el sentido de si considera o no que la PL pudiera tener repercusión económica en los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo esta PL, tal como está planteada, no supondrá ni incremento de gastos ni minoración de ingresos al Estado.

Así se desprende del Informe jurídico sobre ausencia de repercusión presupuestaria de la citada Proposición de Ley, encargado por la Alianza Mar Blava, en el que se concluye que: las disposiciones de la Proposición de Ley sobre “Protección del Mar Mediterráneo (….) no suponen jurídicamente ningún tipo de aumento de gastos o de disminución de ingresos en relación con los Presupuestos Generales del Estado vigentes al día de la fecha, que constituyen el elemento de contraste al efecto, aunque se mantengan con el carácter de presupuesto prorrogado”.

Esta Proposición de Ley se estructura en un artículo, una disposición adicional y una disposición transitoria por los cuales queda excluida la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, u otras sustancias minerales, en el medio marino del mar Mediterráneo sobre el que España tenga jurisdicción. Igualmente queda excluido de este espacio marino la exploración a través de adquisiciones sísmicas sea cual sea su finalidad, excepto en el caso de que esté científicamente demostrado que utilizan tecnologías completamente inocuas para el medio marino.

La disposición adicional especifica que las explotaciones de hidrocarburos comprendidas en esta ley cuya concesión sea anterior a su entrada en vigor, permanecerán vigentes hasta su extinción sin que se puedan otorgar prórrogas de ningún tipo. Mientras tanto, la disposición transitoria subraya que la ley será aplicable a todas aquellas solicitudes de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos o de adquisiciones sísmicas en tramitación que no hayan sido resueltas a la entrada en vigor de la ley.

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¿Y ahora qué? A propósito de la anulación de la ley murciana por el Constitucional

Por Emilio Ballester – Presidente de la Fundación Desarrollo Sostenible

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El tribunal Constitucional ha anulado la ley murciana que permitía el autoconsumo eléctrico sin impuesto al sol, sin que haya pasado ni un mes desde que el presidente de esta comunidad, Pedro Antonio Sánchez dijera a los cuatro vientos que “Murcia no pagará impuesto al sol”. Su partido y su gobierno, el de Mariano Rajoy, le han dejado con el culo al aire. Y aunque cabría preguntarse por las razones por las que un tribunal como el Constitucional, que normalmente tarda más de tres años en sentenciar asuntos como este y hasta seis en el caso de Marina de Cope, en esta ocasión no ha llegado ni a 12 meses el tiempo transcurrido desde que en enero pasado el gobierno de Madrid presentara el recurso contra la ley murciana.

Sin embargo lo más coherente sería preguntarse ¿Y ahora qué? Qué hacemos los murcianos que nos habíamos creído que Murcia no iba a pagar impuestos al sol. O tal vez la pregunta  más  acertada sería qué va a hacer el Gobierno Regional, que hace pocos días presentaba al sector y a los medios la orden que desarrollaba esta ley y que esta misma semana el Consejero Juan Hernández lo hacía en el colegio de ingenieros, reafirmando la voluntad del gobierno regional de apoyar la energía solar fotovoltaica y el autoconsumo dentro del objetivo tan ambicioso como ilusionante que el Presidente Pedro A. Sánchez había anunciado hace unos días de “multiplicar por diez la potencia instalada en renovables de la Comunidad de Murcia para lo que el autoconsumo a tope  seria clave

Está claro que, más allá de las cuestiones competenciales, a las que se alude ahora para justificarse, lo que hay en el trasfondo de esta kafkiana situación es un conflicto de intereses. De intereses económicos de las grandes compañías eléctricas a las que defiende el gobierno del PP de Rajoy, confundiendo sus intereses con los generales, con impuestos al sol  y trabas burocráticas para retrasar un cambio de modelo que ya se está imponiendo en el resto del mundo y que inexorablemente llegará  para bien de muchos y para mal de aquellas compañías eléctricas del oligopolio que  persistan en su posición dominante para seguir exprimiendo los bolsillos de los españoles. Por otra los intereses políticos- electorales del PP murciano que debe defender a toda costa a su clientela  política que invirtió en energía solar en los buenos tiempos,  acompañada  en ese viaje por miles de familias murcianas que con buena voluntad se endeudaron e invirtieron convencidos de la buena intención de los gobiernos. Parecía que el PP murciano había cambiado el eslogan de” Agua para Todos” por el “Sol para Todos”.

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¿Una España de futuro? Una Ley ambiciosa de Cambio Climático y Transición Energética

Por Laura Martín Murillo – Directora de la Fundación Renovables

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Que el cambio climático es un reto que está transformando nuestras sociedades, economías y ecosistemas es algo evidente para el común de los mortales. Que está llamado a hacerlo mucho más es lo que nos dicen los científicos de todos los campos y lo que tiene asumido la ciudadanía en general, particularmente la española. Curiosamente, España es uno de los países con menos negacionistas del mundo: sólo un 2% de los españoles negaba la influencia humana en el calentamiento global en 2105, una de las menores tasas del mundo.

Pues bien, mientras la mayor parte de las economías de nuestro entorno se están dotando de herramientas para asumir el reto, de leyes y planes de acción sobre cambio climático y normativa sobre transición energética, que es probablemente el elemento central de la lucha contra el cambio climático, España se está quedando atrás.

En los últimos años ha experimentado un gran retroceso, tanto en realidades (nuestros gases de efecto invernadero aumentan y somos el país que más ha aumentado el uso de carbón, el combustible más contaminante, en 2015) como en planes de futuro.

Somos uno de los pocos países del entorno que no ha aprobado o empezado a discutir una ley de cambio climático que nos ayude a cumplir los objetivos de descarbonización que nos solicita la comunidad internacional y que nos ayude a poner a salvo nuestros sectores económicos, nuestros ecosistemas, nuestros cultivos ante la evidencia de temperaturas crecientes ya que somos uno de los países europeos en los que el cambio climático va a tener un impacto mayor.

No podemos aplazar más la tarea, porque además tener un plan ambicioso es vital para el desarrollo de una economía de futuro, una economía competitiva y un nuevo modelo productivo, que pueda hacerse un hueco por eficiencia, por innovación y que genere bienestar social.

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