Por Fernando Ferrando – Vicepresidente de la Fundación Renovables
Algo ha cambiado y para bien en la política española en materia energética. Si analizamos estos casi cuatro meses de legislatura hemos podido ver como en el Parlamento se han discutido y votado iniciativas y Proyectos No de Ley (PNL) que eran impensables en los anteriores periodos de sesiones en los que tanto el Partido Popular como el PSOE habían mantenido un perfil bajo en la adecuación de nuestro modelo energético.
Las razones de por qué hemos vivido un proceso tan inmovilista hay que buscarlas, por un lado, en la servidumbre política en el mantenimiento de los privilegios del sector energético tradicional y, por otro, en la inexistencia de un compromiso con la sostenibilidad.
La energía es un bien básico, cuyo acceso universal no está garantizado en España principalmente porque la liberalización, mediante un proceso de desregularización del sector energético, ha supuesto anteponer la libertad del mercado a su consideración como bien de utilidad pública. Podríamos decir que ha primado el negocio frente a la cobertura de las necesidades sociales.
La energía también es el motor del desarrollo económico y su incorporación como coste en la producción de bienes y servicios es uno de los elementos principales que define la competitividad de nuestra economía.
España es uno de los países energéticamente más dependientes de nuestro entorno económico, con más de 20 puntos porcentuales de diferencia con la media de los países de la Unión Europea. En los últimos años más del 75% de la energía que consumimos la tenemos que comprar al exterior, con el consiguiente déficit de nuestra balanza comercial y con las incertidumbres añadidas por depender de fuentes de energía con alta volatilidad en precio. Nos gastamos más de 60.000 millones de euros todos los años en energía como producto final y las importaciones han llegado a superar el 4% de nuestro PIB.
No pretendo hablar del pasado sino de la necesidad de que la energía sea uno de los elementos que configuren el compromiso de los distintos partidos políticos con la sociedad en estas próximas elecciones. La composición del futuro Parlamento exigirá, afortunadamente, un mayor diálogo y consenso, también en materia energética, pero apostar por el consenso y por el dialogo no es suficiente, necesitamos saber cuál es el compromiso y las posiciones de partida de cada uno de los grupos políticos que se presentan a las elecciones y cuáles son los elementos que configuran su propuesta energética.
Propuestas y compromisos que permitan erradicar la pobreza energética mediante el establecimiento de una tarifa social para las rentas más bajas y que conviertan a la electricidad en el vector energético de futuro, con una profunda revisión de las normas de funcionamiento del sistema eléctrico y de la configuración y composición del precio de la electricidad.
Propuestas y compromisos que fijen objetivos con carácter vinculante en materia de ahorro y eficiencia energética, porque la estructura de consumo en España es ineficiente y con las tecnologías disponibles podríamos reducir la demanda en más de un 40%, actuando principalmente en la edificación y el transporte que suponen las dos terceras partes del consumo.
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