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La energía como derecho La energía como derecho

Las claves de un tema que nos afecta a todos

Transición energética de las ciudades o barbarie

Por Domènec Martínez – Socio Protector de la Fundación Renovables

paseo en bicicleta

El triunfo de Trump (y hay que examinar las causas más allá de los chistes simplistas), representa una amenaza de alcance universal. Una de las propuestas (y no es la única políticamente perversa) es la de dejar en papel mojado los compromisos de París en relación al cambio climático, recuperando, por lo tanto, la primacía y el protagonismo de los combustibles fósiles. Una hipoteca criminal por las siguientes generaciones. ¿Podemos mirar indiferentes hacia otro lado?

Tenemos tres posibilidades: resignación (no hay nada a hacer), ¡allá ellos!; enrocarnos en nuestras cuitas internas (¡no nos representan!); o trabajar para construir una alternativa real de cambio, de mayorías sociales, a cada pueblo y ciudad, a partir de temas transversales. La política energética (igual que pasa con la gestión democrática del agua), es hoy un gran reto que implica la participación activa y comprometida del conjunto de la ciudadanía. Vamos por partes.

Primero. Lo tenemos que decir muy alto. Combatir o cuestionar los acuerdos sobre reducción de emisiones, favoreciendo las energías fósiles, es un mensaje provocador, inaceptable. Nos afecta directamente, y afecta, la salud y la calidad de vida de millones de personas al mundo, provocando la muerte por contaminación (ciudades ya insalubrees), hambre, guerras territoriales y por el control de los recursos, y grandes migraciones.

Segundo. ¿Qué podemos hacer? Hay que actuar: ni resignación ni indiferencia, a escala individual, comunitaria, y de los gobiernos locales. Dejémoslo muy claro. El gobierno de Rajoy, encantado con la orientación de las políticas anunciadas por Trump, no moverá un dedo de su política energética. Impuesto al solo, y al dictado de las compañías eléctricas, las mismas que reciben grandes subvenciones públicas (por la energía nuclear) y reivindican el derecho a cortar el suministro a las familias en situación de pobreza energética. Una actitud inmoral, inédita entre los países de la UE. Tampoco sirve la retórica: ya lo arreglaremos cuando marchamos del Estado, o el desafortunado hallazgo de Artur Mas “parecía imposible que Trump ganara (…). Apliquémoslo también desde una óptica catalana”.

Tercero. Las ciudades y el compromiso activo de la ciudadanía tienen que impulsar un cambio de paradigma: “el futuro será de las ciudades con emisión cero o no serán ciudades habitables”, pura barbarie. Para hacerlo posible se “requiere una gran ambición, generar una ilusión y una sólida hoja de ruta”. Lo decía Domingo Jiménez Beltran, presidente de la Fundación Renovables, en un encuentro reciente con representantes de ciudades europeas en transición energética. Una batalla de nuestras ciudades de alcance continental.

Y este es el gran reto. No tenemos tiempo a perder. Las prioridades actuales en política energética son: cambiar la regulación del autoconsumo, modificar la legislación del sistema eléctrico para fomentar el ahorro y las renovables, y trabajar en una ley de cambio climático (fundamental para reducir las emisiones que afectan la salud de millones de personas a nuestras ciudades). Hay mayoría en el Congreso y también en diferentes Parlamentos autonómicos para emprender este cambio. Pero carece visión política y pesa la opacidad y los intereses creados.

La palanca de cambio son las ciudades. Copenhague, Grenoble, Frankfurt, son algunos ejemplos recientes. La consideración de la energía como un derecho, como un bien de utilidad pública y no como un negocio de unas pocas empresas, una consideración preeminente.

El I Congreso de Pobreza Energética, celebrado hace pocos días en Sabadell, con ponentes nacionales e internacionales, reconocía “todavía estamos en políticas paliativas de urgencia de tipo asistencialista”, pero también añadían la necesidad de plantear “un nuevo modelo energético”. La pugna entre el Gobierno del Estado y la Generalitat, sobre la regulación y protección de las familias vulnerables, es una expresión más de obcecación e incompetencia política para abordar el tema de fondo: la transición y democratización del modelo energético.

Mientras tanto, las ciudades europeas mencionadas tienen establecidos sólidas hojas de ruta, como la capital danesa, para hacer posible el objetivo de 100% renovables el 2025. “El cambio de modelo energético a nuestra ciudad ha sido posible gracias al control público y democrático de las redes de electricidad y calor”, dicen los representantes de Grenoble. La eficiencia energética para “reducir un 50% el consumo de la energía de los edificios y viviendas de Frankfurt”, es una gran apuesta por la rehabilitación y la eficiencia. La directora de Energy Cities, apuesta para “volver competencias a los gobiernos locales y democratizar el sistema energético”. El gobierno de Barcelona anuncia la creación de instrumentos para liderar este cambio con la participación de las entidades, empresas y las personas. Rubí brilla, ha consolidado su compromiso con esta transición.

Terrassa, tiene que hacer una apuesta clara, ambiciosa y participada (con todos los agentes), para hacer su contribución en esta transición energética de las ciudades. Los tiempos han cambiado. Hace falta una nueva radicalidad con compromisos claros y verificables. Se tienen que facilitar los instrumentos, para hacer posible la producción y consumo (autoconsumo) de energía del sol (fotovoltàica y eólica), desde los techos industriales, de los equipamientos públicos y de las viviendas comunitarias e individuales.

Necesitamos también un liderazgo y un compromiso firme de las fuerzas progresistas de la ciudad para hacer este tumbo. Interpelando a todas las partes implicadas (empresas, universidades, sindicados, economía social), y propiciando, también, una rebelión ciudadana, pacífica, organizada. La prolongación del actual modelo energético es un fracaso social, profesional y ocupacional, un fracaso ambiental que no podemos soportar.

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