Por Fernando Ferrando – Vicepresidente de la Fundación Renovables 
La semana pasada se presentó en el Club Español de la Energía, como en años anteriores, el Balance Energético Español del 2016 y las perspectivas para 2017.
En el balance del año pasado, que tanto el Gobierno como los representantes sectoriales presentaron, se constató como España sigue siendo un país altamente dependiente del exterior en materia energética, dato que tozudamente se repite sin que nadie dé una explicación ni por supuesto asuma la mínima responsabilidad para lograr una progresión positiva con la reducción del mismo.
Nuestra dependencia del exterior, según los datos presentados, supone que el 72,3% de la energía que consumimos la importamos, valor que comparado con la media de la Unión Europea mantiene una diferencia de casi 20 puntos porcentuales. Cifra que, además, no se corresponde con la realidad ya que en su cómputo se supone que el combustible nuclear tiene origen español cuando en realidad importamos la materia prima, aunque lo procesemos aquí. Si se considerara la nuclear como importada la cifra de nuestra dependencia se elevaría hasta casi un 80%.
Que en España importamos prácticamente el 100% del petróleo – 99,8% – y del gas natural, al carecer de yacimientos propios, que el carbón que tenemos no es rentable quemarlo sin ayudas y que por cada 10$/barril que sube el petróleo nuestra balanza comercial se deteriora 6.000 M€/año, lo sabemos todos, lo que quizás nunca nos hayamos planteado es que nuestra política energética y fiscal favorece su consumo y que tenemos por voluntad propia una economía ineficiente en cuanto a la relación PIB/energía consumida si nos comparamos con los países de nuestro entorno. Es decir, para producir bienes y servicios, necesitamos consumir más energía, en este caso importada, que nuestros competidores.
De hecho si analizamos la recuperación económica de España por crecimiento del PIB, en 2016, podemos observar cómo este crecimiento ha venido acompañado de un incremento de consumo de combustibles derivados del petróleo en un 1,6% y un 2,2% en el gas natural, lo que supone no solo incumplir los objetivos marcados por la directiva europea de eficiencia energética sino la constatación de que las mejoras tecnológicas en equipamiento no han supuesto la mejora esperada.
La mencionada presentación concluyó que estos incrementos estaban en línea con el crecimiento económico, como si nuestra obligación no fuera romper con una tendencia que limita el desarrollo económico y la competitividad en España al utilizar más insumos que los países de nuestro entorno.
Las previsiones para 2017, en línea con las razones anteriores, van a ser peores que las de 2016, de hecho, solamente en el mes de enero el déficit energético aumentó un 58%, hasta los 2.279 millones con respecto al mismo periodo de 2016. Obviamente este dato era conocido cuando se presentó el informe pero no interesaba trasladarlo como una conclusión lógica de un fracaso de la inexistente política energética que el Gobierno del Partido Popular y de quien le apoya parlamentariamente está llevando a cabo, quizás porque rompía con la contante autocomplacencia que goza este tipo de actos.
Nuestra política energética esta de espaldas a la eficiencia, tanto en desarrollo normativo, como en voluntad política de implantar incluso las medidas que desde la Comisión Europea nos está exigiendo. Ausencia de medidas que está motivada más por la voluntad de no deteriorar las cuentas de resultados de las compañías del sector energético tradicional que en el deseo de modernizar y luchar por la competitividad de nuestra economía.
El modelo energético de España debería acompasarse a lo que en otros países de nuestro entorno están haciendo, con actuaciones como una mayor presión fiscal sobre el consumo de combustibles fósiles, el traslado de la responsabilización para lograr los objetivos de eficiencia energética a los suministradores, la puesta en marcha de programas de rehabilitación energética, de movilidad sostenible en colaboración con los entes locales o simplemente apoyando el autoconsumo en vez de perseguir su desarrollo.
Durante la presentación, la atmosfera de optimismo también se trasladó por parte de los presentes al asegurar que España cumpliría con los compromisos adquiridos en materia de cobertura de la demanda con energías renovables del 20% para el año 2020, objetivo que todos sabemos, incluido el Gobierno, que no solo no vamos a cumplir sino que la senda marcada, incluyendo los 3.000 MW previstos en la futura subasta hasta el 2021, son insuficientes.
Somos un país irresponsable porque consumimos lo que no tenemos y no hacemos nada para evitarlo. Pero también como ciudadanía nos olvidamos que los políticos de los que tanto nos quejamos por su inoperancia los hemos elegido nosotros.