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Soberanía energética es seguridad y recuperación para el país

El confinamiento, y la paralización económica, decretado para frenar la pandemia del coronavirus ha demostrado lo extremadamente frágiles que son aquellos países que han deslocalizado la producción de bienes básicos y se abastecen a través de largas cadenas de distribución. Como advirtiera Josep Borrell, Alto representante de la Unión Europea (UE), el pasado viernes 8 de mayo, en el Foro de Next Educación, hay países que solo valoran el precio y no el valor estratégico de los productos. Así, por ejemplo, en Europa no fabricamos ni tan siquiera paracetamol. No hablemos ya de batas, mascarillas o guantes. Cuando han pintado bastos, como ha sido el caso, primero se abastece, lógicamente, el mercado local productor (en Asia) mientras en nuestro país los hospitales quedan desbordados por la falta de medios.

De esta crisis sin parangón deberíamos salir con, al menos, una lección grabada a fuego: hay sectores estratégicos que son cuestión de seguridad nacional. Lo es, desde luego, la sanidad, como ha quedado sobradamente demostrado. En el futuro tendremos reservas estratégicas de material sanitario, medicamentos, etc. También lo es, indudablemente, la agricultura y, en general, el sistema agroalimentario. ¿Se imaginan qué sería de España si no tuviéramos tierras de cultivo? Y lo es, también, sin lugar a dudas, el sistema energético. En la actualidad, el 74% de la energía que consumimos en España procede del exterior y debemos importarla. Básicamente, son combustibles fósiles que deterioran nuestro medio ambiente, provocan efecto invernadero (causante del calentamiento global) y lastran nuestra economía y competitividad, pues nos cuestan en torno a 40.000 millones de euros cada año. Algo inadmisible en un país como el nuestro, rico en fuentes renovables y, por definición, autóctonas (sol, viento, etc.).

Estas fuentes, al no depender de los mercados o de las situaciones geopolíticas internacionales, nos aseguran nuestra autonomía energética. Al estar distribuidas por el territorio, pueden dinamizar de la economía y crear empleo en un mayor número de comarcas, frente a la concentración (puertos, refinerías, …) del modelo centralizado actual. Este carácter distribuido permite, también, democratizar el acceso a la energía (podemos poner paneles solares en multitud de azoteas y tejados) y contribuye a que muchas personas se relacionen más estrechamente con estas fuentes renovables, adquiriendo una nueva conciencia (una nueva cultura de la energía) acerca de lo que supone consumirlas. En la actualidad, por el contrario, todavía bastantes personas (aunque por fortuna son menos cada día) no son plenamente conscientes de los procesos que subyacen al hecho de encender un interruptor en casa o el motor del coche. No vemos, o no queremos ver, todo lo que hay detrás. El actual sistema energético está basado en largas cadenas de distribución y suministro, envuelto en un sistema económico que separa las zonas de producción, vertido, consumo, etc., de manera que se corre un tupido velo sobre estos procesos y sus impactos, que han quedado históricamente invisibilizados en la trastienda (ya cada vez menos invisibilizados, todo hay que decirlo, debido a que hemos llenado el mundo y nos hemos quedado sin esa “trastienda”).

Como decía, las fuentes renovables, particularmente la solar, permite que muchas personas se asomen a una nueva cultura de la energía. Podemos pasar a ser sujetos centrales y activos del sistema energético del futuro, gestionando, autoproduciendo, autoconsumiendo, intercambiando o vendiendo nuestra propia energía, tal y como viene defendiendo la Fundación Renovables desde sus inicios.

Esta nueva relación de proximidad con la energía nos hará más ahorradores y eficientes; por ejemplo, empezaremos a utilizar nuestros electrodomésticos, no a cualquier hora, sino, preferentemente, en aquellas horas en las que estamos autoproduciendo energía en nuestras azoteas. Seremos más conscientes de lo que implica tener acceso a la energía.

Las renovables suponen, también, una fuente muy importante de empleo local y estable, lo que ahora es esencial dado el escenario de recuperación económica y la encrucijada en la que nos encontramos como país. Numerosos proyectos de generación de energía renovable pueden establecerse en el medio rural, en terrenos no aptos para el cultivo, contribuyendo a fijar población y a dinamizar económicamente comarcas en situación de vulnerabilidad. Esto cobra especial importancia en el contexto de la España Vaciada y la transición energética justa de la que debemos dotarnos, no dejando a nadie atrás. La equidad y la justicia, tanto intergeneracional como interterritorial, son absolutamente imprescindibles y las energías renovables constituyen una importantísima fuerza tractora para alcanzarlas.

Las energías limpias, en suma, suponen la única garantía para un autoabastecimiento energético sostenible en nuestra nación, además de ser una fuente de seguridad, pues nos previene de potenciales situaciones de desabastecimiento como las que se habrían ocasionado si esta crisis hubiese sido energética, en lugar de sanitaria, y con epicentro en los países de los que importamos los combustibles fósiles (Arabia Saudí, Argelia, etc.).

Luis Morales – Socio de la Fundación Renovables

 

¿Y si la siguiente gran crisis nos enfrentase a la escasez de energía?

Esta tremenda crisis ha puesto en el foco la escasez de material sanitario y la dependencia de terceros países para conseguirlo, con las tristísimas consecuencias que está suponiendo para el país, en general, y para los profesionales del sector sanitario, en particular. Esto me ha traído a la cabeza las alarmantes cifras de dependencia energética que arrastran tanto nuestro país como la Unión Europea (UE).

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El doble fondo de un modelo energético obsoleto

El cambio climático se ha convertido en un hecho más que demostrado. Los múltiples informes del IPPC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) y de científicos de todo el mundo se acumulan, uno tras otro, demostrando el camino al que estamos abocados si no se hace nada por evitarlo. España, por su situación geográfica y por su climatología, es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Las consecuencias ya se empiezan a materializar y visualizar: los embalses se encuentran en mínimos históricos por el descenso de las precipitaciones, la intensidad y frecuencia de las olas de calor e incendios no dejan de aumentar, las lluvias torrenciales o DANAs que estamos sufriendo este año, etc. Esos daños medioambientales, junto con los graves problemas de dependencia energética que tenemos, llevan asociados grandes problemas económicos que irán a más en los próximos años.

En España, la dependencia energética del exterior no ha descendido del 70% en los últimos años, alcanzando en 2018 alrededor de un 76%. Como es obvio, la mayor parte se debe a la importación de hidrocarburos desde países productores y exportadores. Hay que tener en cuenta que, aunque la energía nuclear se considere autóctona en nuestro país, el uranio se importa del exterior, por lo que la dependencia real asciende a algo más del 80%. Si echamos un vistazo al pasado, la mayor tasa de dependencia energética se alcanzó en los años 2005-2006 y descendió en los años posteriores, durante la crisis económica, debido a un descenso del consumo energético y no por la puesta en marcha de medidas para reducirla. Como consecuencia, una vez pasada la recesión económica, la dependencia energética ha vuelto a ascender a un ritmo acelerado.

En el año 2017 el déficit de la balanza comercial fue de 22.700 millones de euros, de los que el 85% se debió a la compra de combustibles fósiles; en 2018 la cifra ascendió a 33.840 millones y, en este caso, la compra de combustibles fósiles supuso más de 25.000 millones del total, debido a que el precio del petróleo experimentó una subida del 50% respecto a 2017. Esta dependencia ha provocado que nuestra economía sea altamente vulnerable a los movimientos internacionales del precio del petróleo.

La mayoría del consumo de estos combustibles fósiles se concentra en el sector transporte, con un 70%, siendo el sector que más energía consume y alcanzando más del 40% del consumo total. Además, el transporte es el que más contribuye al aumento de la contaminación en las ciudades, dónde se concentran el 75% de las emisiones a nivel nacional. Ante esto, el Ayuntamiento de Madrid redujo, meses atrás, las restricciones de Madrid Central y, en los últimos días, ha comenzado a desmantelar los carriles bici para dejar más espacio a los coches en las calles, tomando justo la dirección contraria que la que están siguiendo todas las grandes ciudades de Europa.

Dejando de lado el transporte, otro de los problemas del modelo energético tradicional basado en combustibles fósiles es que no asume los costes de las externalidades negativas que genera. Una externalidad negativa es la que se produce cuando la acción de un agente financiero, de manera directa o indirecta, acaba afectando económicamente a otro. Un ejemplo de externalidad negativa del uso de combustibles fósiles sería el coste en sanidad. Según la Alianza Europea de Salud Pública, la contaminación atmosférica le cuesta a España más de 3.600 millones de euros al año en sanidad, cantidad que acabamos pagando todos. Es decir, que el coste que la producción de energía con combustibles fósiles tiene para la sociedad (como consumidora) es mayor que el coste que tiene para las empresas productoras.

La ciudadanía paga tanto el coste privado de producción como el coste generado por la contaminación que provocan la combustión de gas, de carbón y de petróleo. Estas externalidades ocasionan ineficiencias y desajustes en el mercado financiero, por lo que debemos exigir, como sociedad, que las empresas que se lucran con la quema de combustibles fósiles internalicen todos los costes derivados.

Solo cabe una solución viable a este cúmulo de problemas: la acción eficaz de un gobierno comprometido con el cambio de modelo energético y políticas fiscales activas. El próximo domingo viviremos unas nuevas elecciones, cuatro en cuatro años, una broma pesada que nos brinda la oportunidad de votar teniendo en cuenta la emergencia climática que vivimos. Si buscamos las propuestas en materia energética de los programas electorales de los principales partidos políticos, observamos que todos ellos tienen alguna mención sobre el cambio de modelo energético. Sin embargo, la mayoría no contienen medidas claras y transversales, con objetivos poco ambiciosos, por lo que parecen más palabras vacías que acciones efectivas. Aún así, la cuestión no es quién hace mejores o peores propuestas en este sentido, ya que todas ellas son insuficientes, sino, precisamente, que la acción energética y medio ambiental no debe depender de un partido u otro.

El cambio hacia un modelo energético limpio, sostenible y justo no es una cuestión ideológica, sino un cambio urgente y necesario que beneficia a toda la ciudadanía y que todos deberían asumir. Por todo ello, es necesario crear una legislación integral asumida por todos los partidos políticos bajo un Pacto de Estado de Energía.

Fernando Martínez Sandoval – Técnico de Proyectos de Fundación Renovables

España, un país resignado irresponsablemente a la dependencia energética

Por Fernando Ferrando – Vicepresidente de la Fundación Renovables

La semana pasada se presentó en el Club Español de la Energía, como en años anteriores, el Balance Energético Español del 2016 y las perspectivas para 2017.

En el balance del año pasado, que tanto el Gobierno como los representantes sectoriales presentaron, se constató como España sigue siendo un país altamente dependiente del exterior en materia energética, dato que tozudamente se repite sin que nadie dé una explicación ni por supuesto asuma la mínima responsabilidad para lograr una progresión positiva con la reducción del mismo.

Nuestra dependencia del exterior, según los datos presentados, supone que el 72,3% de la energía que consumimos la importamos, valor que comparado con la media de la Unión Europea mantiene una diferencia de casi 20 puntos porcentuales. Cifra que, además, no se corresponde con la realidad ya que en su cómputo se supone que el combustible nuclear tiene origen español cuando en realidad importamos la materia prima, aunque lo procesemos aquí. Si se considerara la nuclear como importada la cifra de nuestra dependencia se elevaría hasta casi un 80%.

Que en España importamos prácticamente el 100% del petróleo – 99,8% – y del gas natural, al carecer de yacimientos propios, que el carbón que tenemos no es rentable quemarlo sin ayudas y que por cada 10$/barril que sube el petróleo nuestra balanza comercial se deteriora 6.000 M€/año, lo sabemos todos, lo que quizás nunca nos hayamos planteado es que nuestra política energética y fiscal favorece su consumo y que tenemos por voluntad propia una economía ineficiente en cuanto a la relación PIB/energía consumida si nos comparamos con los países de nuestro entorno. Es decir, para producir bienes y servicios, necesitamos consumir más energía, en este caso importada, que nuestros competidores.

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…Y ahora también somos importadores netos de electricidad

Por Concha Cánovas – Experta en Energías Renovables

Torre de electricidad

La ausencia de política energética durante estos últimos años nos ha llevado no solo a continuar con uno de los principales problemas de España en materia energética como es nuestra brutal dependencia exterior de los combustibles fósiles, muy superior a la media de los países de la Unión Europea; sino que  también hemos conseguido que, por primera vez, nuestro saldo neto comercial de electricidad haya sido importador al haber cambiado de signo nuestra tradicional exportación de electricidad a Portugal.

La consideración de las energías renovables como activos estratégicos en Portugal y el cumplimiento de su Plan Nacional de Acción de Energías Renovables es la base del éxito de su política energética y donde reside la principal diferencia con España donde venimos incumpliendo la Planificación Renovable 2015‐2020 tal y como ha denunciado la propia Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) cuando señala que los 700 MW renovables adjudicados en la subasta de 2016, más los  3.000 MW establecidos para la próxima convocatoria, “representan menos de la mitad de los aproximadamente 8.500 MW de potencia renovable adicional considerada en la Planificación″.

Portugal se ha fijado como objetivo, además de  generar en 2020 el 60% de su energía eléctrica a través de fuentes renovables y el 80% en 2030, aprovechar la explotación de sus recursos naturales más allá de sus fronteras y poder evacuar más allá de los Pirineos su excedente de generación solar y eólica. Excedente que, en la medida que España continúe con su moratoria renovable sin desarrollar su potencial, se consumirá antes de llegar a los Pirineos, es decir en nuestro país, como lo demuestra el que en 2016 y estos primeros meses de 2017 haya cambiado su tradicional saldo importador de electricidad con España por el de exportador.

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Suspenso para España en eficiencia energética

Por Fernando Ferrando – Vicepresidente de la Fundación Renovables

Flickr Adriano Agulló

Recientemente se ha publicado el informe RISE (Regulatory Indicators for Sustainable Energy) elaborado por el Banco Mundial donde se refleja de forma jerarquizada el posicionamiento de los distintos países en lo referente al acceso de la energía, la apuesta por las energías renovables y la eficiencia energética. España ocupa el puesto 22, de los 111 países analizados, en cuanto a comportamiento en eficiencia energética, situándose por detrás de los países de nuestro entorno económico y territorial. Esta posición es consecuente con la inexistencia de una política energética y de tener una laxa preocupación por mejorar nuestro comportamiento energético.

La ineficiencia energética, ni se corresponde con nuestra posición a nivel mundial en Producto Interior Bruto ni por supuesto con la realidad como país, al tener uno de los mayores grados de dependencia energética de la Unión Europea de la que nos separan más de 20 puntos porcentuales, un 73% de España frente a un 53% de media europea, y eso considerando en este cálculo a la energía nuclear como fuente autóctona, que no lo es. Esta dependencia supone que por cada 10$ de subida sobre el precio del barril de petróleo nuestro saldo de la balanza comercial se deteriora en 6.000 MM€.

Ser eficiente en España en materia de consumo de energía debería ser una de las prioridades de la política energética, como lo ha manifestado repetidas veces la Fundación Renovables, no solo para poder competir con los países de nuestro entorno, sino también para poder llevar a cabo políticas más sostenibles con respecto al medioambiente y menos expuestas a la volatilidad de los precios de combustibles que tenemos que importar.

España cuenta con legislación suficiente para tener un comportamiento en eficiencia energética mejor, como consecuencia de la obligada transposición de las distintas Directivas Europeas, fundamentalmente la 2010/31/UE sobre eficiencia energética en edificios y de la 2012/27/UE de eficiencia energética. El problema es que hemos sido incapaces por decisión propia de poner en marcha los instrumentos operativos que el marco legislativo exigía.

Termómetro en un centro comercial de Madrid. En el cartel figura la propia normativa que incumple.

Las líneas de actuación puestas en marcha son insuficientes e ineficientes y están basadas en el desarrollo de campañas de difusión y en la creación de un Fondo para la Eficiencia Energética que no se ha conseguido aplicar a su finalidad, de hecho en la fallida reforma eléctrica del actual Gobierno se utilizaron los fondos acumulados para reducir el déficit de tarifa, y permiten predecir que España no cumplirá el objetivo de reducción de la demanda establecido para los países de la Unión Europea para el 2020.

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Una política energética para enfriar precios y no hogares

Por Hugo Morán – Exdiputado

La tomadura de pelo del ministro Nadal, recitando la letanía inaugurada por su antecesor Soria, de una imaginaria bajada del precio de la luz a los consumidores que sólo era real en sus notas de prensa y en sus argumentarios, ya venía siendo desmontada facturación tras facturación en los recibos que puntualmente llegan a los millones de hogares de este país. Pero fue definitivamente enterrada por el INE en su última comparativa anual de evolución de precios: la luz cerró 2016 con una subida del 3´7%, lejos de la bajada del 11% que el Gobierno enarbolaba en su discurso triunfalista de la salida de la crisis.

Y aún no había llegado este enero, que se encarama a la cima de los precios más altos históricamente registrados tras aquel infausto episodio de diciembre de 2013 en el cual, en un alarde de sobreactuación, el ministerio decidió invalidar una subasta que amenazaba su campaña de imagen, asegurando después que se habían tomado medidas que garantizaban en adelante un correcto control del sistema. Otro embuste más que el tiempo se encargaría de desmontar.

Hoy, con unos precios del crudo en el mercado internacional sustancialmente más contenidos que en el pico registrado en 2011, la factura eléctrica se dispara hasta las cotas más altas que haya conocido el país. Y lo único que se le ocurre argumentar al ministro del ramo es que la culpa la tienen el mucho frío y el poco gas.

Pues bien, no se espera del Gobierno que despache el asunto con la típica conversación de ascensor sobre lo fresco que amaneció el día; lo que cabe exigirle es el catálogo de medidas adoptadas para paliar los efectos de situaciones coyunturales como ésta, que golpean con inusitada dureza a unas economías familiares ya muy depauperadas tras el vendaval de la crisis y de las devastadoras políticas arbitradas para hacerle frente.

Poco más cabe esperar de quien se quita de en medio a la primera de cambio, como si la cosa no fuese con él, a aguardar a ver si escampa. La climatología influye, claro que sí, y seguirá haciéndolo con mayor intensidad si cabe espoleada por un cambio climático que ha venido siendo relativizado hasta hace bien poco por el propio Presidente del Gobierno. Dicho esto, parece querer esconder el ministro que nuestra dependencia exterior sigue manteniéndonos cautivos de las fluctuaciones del petróleo también cuando la cotización del Brent sube; que hemos abandonado la senda del aprovechamiento de unas renovables a las cuales se les reconoce ya –trabajo costó- la virtud de atenuar los precios finales al consumidor; que seguimos manteniendo un mercado dolosamente ineficiente, que retribuye muy por encima de sus costes de generación a tecnologías convencionales como la nuclear o la gran hidráulica; que la Administración sigue cargando sobre el recibo de la luz toda suerte de políticas territoriales, sectoriales o sociales, que deberían ser presupuestarias; que se han puesto todas las barreras imaginables a la libertad de autogeneración; que se ha cercenado la capacidad de ahorro de cualquier hogar, al disparar en el recibo el peso del pago fijo por potencia contratada frente a la libertad de reducir u optimizar los consumos reales; o que seguimos esperando a que España se incorpore a la senda de una transición energética que otros países de nuestro entorno decidieron abordar hace ya un tiempo.

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¿Y si hablan más de energía?

Por Joan Herrera – Abogado

bombilla - dominio publico

Tenemos una de las energías más caras de Europa. Nuestras empresas, especialmente pequeñas y medianas, tienen serios problemas por el precio de la electricidad. Pero de energía casi ni se habla en esta campaña.

El primer Informe sobre el Estado de la Unión de la Energía (State of the Energy Union) deja a España en un lugar muy negativo. Sacamos mala nota en materia de dependencia energética: nuestra dependencia de las importaciones de combustibles fósiles está diecisiete puntos por encima de la media de la UE-28. Suspendemos también en materia de cumplimiento de los objetivos de energías renovables y además tenemos una pésima nota en materia de precios de la electricidad. Por poner algún ejemplo: la oficina de estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, revela que España es, a día de hoy, el país de la Unión Europea en el que más cara es la electricidad que pagan las pymes del sector industrial. Solo en los últimos tres años (entre 2011 y junio de 2014) ese precio ha subido más de un 30%. Pero de energía casi no se habla en esta campaña.

Es en el sector eléctrico donde se ha producido, en volumen, el que, a mi entender, es el mayor caso de corrupción en la historia de este país. Nunca se aclaró por qué se perdonó a las eléctricas una deuda de entre 2.500 y 3.500 millones de euros por lo cobrado de más por los Costes de Transición a la Competencia (CTC) pese a que un informe de la Abogacía del Estado de marzo de 2008 así lo avalaba. Pero de energía casi no se habla en esta campaña.

La propuesta es simple: hablen de energía, porque el debate sobre la cuestión energética no es solo (que también) un debate ambiental, es un debate económico, social, y sobre todo, un debate democrático.

En la energía y su marco normativo nos encontramos el ejemplo paradigmático de que unos pocos influyen en una legislación a su favor en detrimento del interés general. Y es, por ese comportamiento de una élite extractiva que capta la voluntad del legislador, por el que España y el conjunto de su economía se resiente profundamente. Las derivadas significan no solo una energía más cara, sino también la pérdida de oportunidades: la ocasión de generar consumo propio y autosuficiente, la oportunidad de crear ocupación no deslocalizable, la conveniencia de modernizar el tejido productivo y el momento de que nuestras empresas no tengan un sobrecoste en la factura energética.

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