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El Gobierno español lucha solo y sin cuartel contra el autoconsumo

Por Laura Martín Murillo – Directora de la Fundación Renovables

Desde que se aprobó en España la ley más regresiva para el autoconsumo del mundo, los gobiernos sucesivos del Partido Popular han decidido librar en solitario una batalla contra la sociedad española, el resto de los grupos parlamentarios, el resto de países de la Unión Europea y ahora, incluso, contra la propia Comisión Europea liderada por Arias Cañete.

Que el gobierno del Partido Popular aprobara una ley pensando únicamente en las grandes eléctricas y contraviniendo los intereses de la ciudadanía no es de extrañar, pero que su actitud beligerante se mantenga en el tiempo, contra todos los demás, tanto a nivel nacional como internacional, es difícilmente explicable.

España ya es una excepción. A diferencia de lo que ocurre en Europa y en el mundo, aquí el autoconsumo, acosado por las trabas, no termina de despegar. Hemos pasado de ser un país relativamente pionero en energías renovables a convertirnos en el único país del mundo en el que existe el ‘Impuesto al Sol’.

El estudio que desde la Fundación Renovables acabamos de publicar resume la situación del autoconsumo en 10 países europeos y da buena cuenta de la excepción que se vive en España: mayores trabas administrativas sobre las que ya ha alertado la Comisión Europea, falta de un marco retributivo adecuado para la energía vertida a red, prohibición del autoconsumo compartido y existencia de tasas absolutamente injustificables, como la que se aplica a la energía autoconsumida en el domicilio o la empresa. La legislación española es la peor de Europa y no está tampoco en línea con las propuestas de la Comisión.

Por ello, después de haber vetado en el Parlamento la propuesta de todos los grupos parlamentarios sin excepción para un cambio en la regulación de autoconsumo, con un informe económico torticero, el Gobierno traslada su batalla a Europa. Mientras la Comisión Europea presenta un Paquete de Invierno que se propone situar al ciudadano y al consumidor europeo en el centro del sistema, dotando de derechos al autoconsumidor, el Gobierno español (un gobierno en minoría, no olvidemos) presentó la semana pasada como contribuciones a este paquete una batería de comentarios contra el autoconsumo: contra el autoconsumo en comunidades, pidiendo que se reconozca el hecho de que el autoconsumo es oneroso para el sistema, en contra de los sistemas de apoyo al mismo… en fin, propuestas muy ideologizadas y en completa minoría y, otra vez, en contra de la ciudadanía de su país.

Estamos perdiendo una oportunidad excelente de avanzar en la transición energética, instalar más potencia renovable, reducir nuestras importaciones de combustibles fósiles, hacer de los ciudadanos y ciudadanas de este país agentes activos de un sistema energético más democrático y mucho más eficiente, y además de generar nueva actividad y nuevos empleos.

Según el reciente informe Global Trends in Renewable Energy Investment 2017, el autoconsumo de menos de 1MW representó la nada desdeñable cifra del 16,4% de las inversiones renovables en todo mundo y casi un 35% de las de la solar fotovoltaica en concreto.  Gracias al autoconsumo, las inversiones en renovables siguieron creciendo en Estados Unidos, donde se invirtieron 13.000 millones de dólares y donde, potenciados por este hecho, los empleos en solar crecieron un 25% en un año. Gracias, entre otras cosas, al autoconsumo, en el Reino Unido se instaló 35 veces más potencia fotovoltaica que en España en 2016 y 70 veces más en 2015.

Mientras tanto en España estamos perdiendo estas oportunidades porque el Gobierno libra una guerra solo y sin cuartel contra una de las herramientas centrales para conseguir la descarbonización de nuestro sistema energético y de nuestra economía y para que nuestros derechos, tus derechos, se respeten.

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