La Junta de Castilla y León consideró que la radiación de este proyecto de minería tendría una afección «menor que la de una radiografía»

El pasado 12 de julio se puso fin a la historia de un despropósito radiactivo que ha durado 10 años. Ese día, el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó por amplia mayoría (4 votos a 1) la Propuesta de Dictamen Técnico en el que se propone informe técnico desfavorable a la solicitud de autorización de construcción de la instalación radiactiva de primera categoría del ciclo del combustible nuclear «Planta de concentrados Retortillo», en el municipio de Retortillo (Salamanca).

El CSN, cuya misión es velar por la protección radiológica de la población y el medio ambiente, rechazó, por motivos técnicos, la solicitud de la empresa Berkeley Minera de España (BME), de la que, por cierto, no se conoce actividad minera real alguna en ninguna parte del mundo, aunque sí sus manejos en la Bolsa a costa de las expectativas del proyecto.

Su decisión se basa en que el modelo hidrogeológico presentado por BME para la solicitud de construcción de una planta de concentrados de uranio y un almacenamiento de residuos radiactivos asociado no resulta aceptable por su escasa fiabilidad y elevadas incertidumbres a la hora de garantizar que esos elementos radiactivos no se filtrarán a las aguas subterráneas. Ante el riesgo de contaminación radiactiva del medio ambiente, el CSN, como órgano regulador, optó por informar negativamente el proyecto. Lógicamente, esta decisión ha sido especialmente celebrada por organizaciones como WWF y STOP Uranio que han luchado durante años de forma constante en contra de este proyecto absurdo e innecesario.

Han sido varios años en los que, pese a los reiterados requerimientos por parte del CSN, BME no ha sido capaz de aportar información técnica que pudiera ser considerada aceptable y suficiente para que aquel pudiera informar positivamente el proyecto de construcción de la planta de concentrados de uranio. Lo que sí hizo Berkeley (y también su compañera de viaje radiactivo, la Junta de Castilla y León) fue mandar cartas amenazantes al Consejo de Seguridad Nuclear, tal y como denunció su Presidente ante el Congreso de los Diputados, para forzar que este órgano regulador le otorgara dicho permiso.

La decisión del CSN tiene como consecuencia inmediata el fin de la tramitación administrativa. En efecto, dado que el dictamen del CSN ha sido desfavorable y, por tanto, tiene carácter vinculante, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), que es el órgano sustantivo en el procedimiento administrativo, no tiene más remedio que denegar a Berkeley su solicitud de autorización de construcción de la planta de concentrados de uranio. En este sentido, recordamos que dichos concentrados son un material previo para la fabricación de combustible nuclear para las centrales nucleares, las cuales en España ya tienen fecha de cierre definitivo.

Si bien es importante desgranar y profundizar en las razones técnicas en las que el CSN ha basado su contundente rechazo a este proyecto, también lo es entender cómo hemos llegado a que, con semejantes riesgos radioactivos expuestos por el CSN, el proyecto hubiera obtenido ya algunas autorizaciones previas esenciales, algo necesario para extraer lecciones aprendidas de este caso y exigir las responsabilidades políticas oportunas.

Conviene recordar la envergadura e implicaciones del proyecto con el que Berkeley pretendía explotar una veta de uranio bajo Retortillo y Villavieja de Yeltes, abriendo cinco cortas, y construir una planta de tratamiento para la fabricación de concentrados de uranio. Fruto de su explotación los residuos radiactivos se generarían en grandes cantidades, decenas de millones de toneladas.

Dichos residuos sólidos radiactivos se pretendían almacenar, algunos de forma definitiva, tanto en el hueco de la mina como en escombreras permanentes. Respecto a las aguas contaminadas radiactivamente, se pretendía almacenarlas en una pila de lixiviación de casi 800 m de longitud conectada con otra balsa de destino, contemplando la descarga en el río en caso de excedentes tras un proceso de “neutralización”.

El informe técnico del CSN es tajante respecto a que los planes de la empresa en relación con el tratamiento y vertido de los residuos radiactivos no garantizaban que no ocurrieran distintos procesos de infiltración que terminarían afectando a acuíferos subterráneos provocando, de forma directa, su contaminación radiactiva y, por consiguiente, la de los ríos conectados con dichos acuíferos. En concreto, ni la impermeabilización de la pila de lixiviación, ni el riesgo de desbordamiento de la balsa han podido ser suficientemente justificados por Berkeley, según el citado informe.

La cómplice irresponsabilidad de la Junta de Castilla y León

El 24 de agosto de 2017, la entonces Consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, en la presentación de la Estrategia minera de Castilla y León, defendió la seguridad del proyecto de mina de uranio de Berkeley en la provincia de Salamanca por estar avalada, según ella, por «más de noventa informes, todos favorables».  Además, la consejera argumentó que «el uranio existe en la naturaleza» por lo que «a lo mejor tampoco hay tanto problema» con que se extraiga de la roca y se utilice como recurso industrial. También animó a los ciudadanos a confiar en la bondad del proyecto ya que los proyectos mineros, como el de Retortillo, «pasan por todos los trámites» y cuentan con las «debidas garantías para que esa mina pueda ser abierta», con unos «niveles de radiación» que afectan «menos que una radiografía».

Esas declaraciones son un claro ejemplo de la irresponsabilidad política, social y ambiental que se esconde tras la aprobación de este proyecto por parte de la Junta de Castilla y León con la emisión de una lamentable Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva (publicada en el BOCyL del 8 de octubre de 2013). En aquella DIA, emitida por esta administración, no había referencia alguna a los impactos generados por los residuos radioactivos del proyecto puesto que, de forma increíble, no eran considerados como radioactivos sino como “residuos NORM” (“Naturally Occurring Radioactive Materials”).

La consideración de los residuos generados en la planta de tratamiento de uranio como NORM, cuando deben ser clasificados como residuos radiactivos según la propia legislación vigente (Real Decreto 783/2001 de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes), fue un aspecto que ya destacó el CSN en un informe de 2013 en el que instaba a Berkeley a resolver dichas carencias.

Hasta un año después, Berkeley no reconoció por primera vez el carácter radiactivo de los residuos, pero finalmente su efecto sobre las aguas, aire, suelo, animales o personas se quedó sin analizar por ninguna evaluación ambiental ya que este proceso no fue repetido y en todo momento se siguió considerando válida la DIA inicial emitida por la Junta de Castilla y León.

Tampoco el Gobierno en aquel momento, cuyo ministro de Energía era Álvaro Nadal, tuvo problema en firmar en 2015 la Orden que concedió a BME la autorización previa de emplazamiento sin haber resuelto previamente el problema de la falta de evaluación ambiental de los efectos de los residuos radiactivos, así como otros graves problemas que este irregular procedimiento viene arrastrando desde sus inicios (por ejemplo, el hecho de que no se analizasen los efectos transfronterizos en Portugal).

A pesar de todas estas irregularidades, y de no haber obtenido el resto de permisos necesarios como la autorización de construcción, la empresa comenzó a realizar las obras, movimientos de tierra y tala de encinas, muchas de ellas centenarias, en la zona afectada por el proyecto.

Es inadmisible que la Junta de Castilla y León emitiera una DIA positiva carente de todo rigor y hayan defendido a capa y espada este proyecto a lo largo del tiempo y que la administración nacional en aquellos años respaldara estas irregularidades concediendo la autorización previa Pero, es aún más inadmisible que lo hicieran a costa de la salud y el medio ambiente y de los riesgos radiológicos de dicho proyecto. Sin duda se trata de un asunto sobre el que deberían pedirse responsabilidades políticas por la dejadez de funciones para proteger nuestra salud y la de nuestro medio ambiente.

Por Carlos Bravo – Consultor en energía en Salvia EDM y amigo de la Fundación Renovables