El cambio climático se ha convertido en un hecho más que demostrado. Los múltiples informes del IPPC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) y de científicos de todo el mundo se acumulan, uno tras otro, demostrando el camino al que estamos abocados si no se hace nada por evitarlo. España, por su situación geográfica y por su climatología, es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Las consecuencias ya se empiezan a materializar y visualizar: los embalses se encuentran en mínimos históricos por el descenso de las precipitaciones, la intensidad y frecuencia de las olas de calor e incendios no dejan de aumentar, las lluvias torrenciales o DANAs que estamos sufriendo este año, etc. Esos daños medioambientales, junto con los graves problemas de dependencia energética que tenemos, llevan asociados grandes problemas económicos que irán a más en los próximos años.
En España, la dependencia energética del exterior no ha descendido del 70% en los últimos años, alcanzando en 2018 alrededor de un 76%. Como es obvio, la mayor parte se debe a la importación de hidrocarburos desde países productores y exportadores. Hay que tener en cuenta que, aunque la energía nuclear se considere autóctona en nuestro país, el uranio se importa del exterior, por lo que la dependencia real asciende a algo más del 80%. Si echamos un vistazo al pasado, la mayor tasa de dependencia energética se alcanzó en los años 2005-2006 y descendió en los años posteriores, durante la crisis económica, debido a un descenso del consumo energético y no por la puesta en marcha de medidas para reducirla. Como consecuencia, una vez pasada la recesión económica, la dependencia energética ha vuelto a ascender a un ritmo acelerado.
En el año 2017 el déficit de la balanza comercial fue de 22.700 millones de euros, de los que el 85% se debió a la compra de combustibles fósiles; en 2018 la cifra ascendió a 33.840 millones y, en este caso, la compra de combustibles fósiles supuso más de 25.000 millones del total, debido a que el precio del petróleo experimentó una subida del 50% respecto a 2017. Esta dependencia ha provocado que nuestra economía sea altamente vulnerable a los movimientos internacionales del precio del petróleo.
La mayoría del consumo de estos combustibles fósiles se concentra en el sector transporte, con un 70%, siendo el sector que más energía consume y alcanzando más del 40% del consumo total. Además, el transporte es el que más contribuye al aumento de la contaminación en las ciudades, dónde se concentran el 75% de las emisiones a nivel nacional. Ante esto, el Ayuntamiento de Madrid redujo, meses atrás, las restricciones de Madrid Central y, en los últimos días, ha comenzado a desmantelar los carriles bici para dejar más espacio a los coches en las calles, tomando justo la dirección contraria que la que están siguiendo todas las grandes ciudades de Europa.
Dejando de lado el transporte, otro de los problemas del modelo energético tradicional basado en combustibles fósiles es que no asume los costes de las externalidades negativas que genera. Una externalidad negativa es la que se produce cuando la acción de un agente financiero, de manera directa o indirecta, acaba afectando económicamente a otro. Un ejemplo de externalidad negativa del uso de combustibles fósiles sería el coste en sanidad. Según la Alianza Europea de Salud Pública, la contaminación atmosférica le cuesta a España más de 3.600 millones de euros al año en sanidad, cantidad que acabamos pagando todos. Es decir, que el coste que la producción de energía con combustibles fósiles tiene para la sociedad (como consumidora) es mayor que el coste que tiene para las empresas productoras.
La ciudadanía paga tanto el coste privado de producción como el coste generado por la contaminación que provocan la combustión de gas, de carbón y de petróleo. Estas externalidades ocasionan ineficiencias y desajustes en el mercado financiero, por lo que debemos exigir, como sociedad, que las empresas que se lucran con la quema de combustibles fósiles internalicen todos los costes derivados.
Solo cabe una solución viable a este cúmulo de problemas: la acción eficaz de un gobierno comprometido con el cambio de modelo energético y políticas fiscales activas. El próximo domingo viviremos unas nuevas elecciones, cuatro en cuatro años, una broma pesada que nos brinda la oportunidad de votar teniendo en cuenta la emergencia climática que vivimos. Si buscamos las propuestas en materia energética de los programas electorales de los principales partidos políticos, observamos que todos ellos tienen alguna mención sobre el cambio de modelo energético. Sin embargo, la mayoría no contienen medidas claras y transversales, con objetivos poco ambiciosos, por lo que parecen más palabras vacías que acciones efectivas. Aún así, la cuestión no es quién hace mejores o peores propuestas en este sentido, ya que todas ellas son insuficientes, sino, precisamente, que la acción energética y medio ambiental no debe depender de un partido u otro.
El cambio hacia un modelo energético limpio, sostenible y justo no es una cuestión ideológica, sino un cambio urgente y necesario que beneficia a toda la ciudadanía y que todos deberían asumir. Por todo ello, es necesario crear una legislación integral asumida por todos los partidos políticos bajo un Pacto de Estado de Energía.
Fernando Martínez Sandoval – Técnico de Proyectos de Fundación Renovables 