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¿De verdad es el gas la “alternativa eco”?

Miriam Zaitegui. Área de política y acción climática de ECODES

 

La contaminación en las ciudades y los problemas de salud que acarrea, así como el ya más que evidente cambio climático han acelerado procesos políticos para dar el adiós definitivo al petróleo y apostar por la descarbonización del transporte. Sin embargo, en este proceso de descarbonización llama la atención la apuesta por el mal llamado gas natural como combustible alternativo al petróleo, y decimos “mal llamado” porque el gas natural es en realidad un gas fósil, por lo tanto finito, y con grave impacto en el calentamiento global.

Es sorprendente que en un contexto donde 195 países han ratificado el Acuerdo de París y en el que el gobierno español se enorgullece de estar elaborando una Ley de cambio climático y transición energética se acepte y fomente el gas como combustible alternativo.

En 2016 y siguiendo con la Directiva 2014/94/UE para el “Desarrollo del Mercado de los Combustibles Alternativos y su Infraestructuras” España adoptó un marco de acción nacional con el objetivo de “minimizar la dependencia del petróleo en el sector del transporte y mitigar su impacto medioambiental”. En este marco el gas natural es concebido como una de las alternativas “eco” y es incentivado a través de medidas fiscales, etiquetado eco, etc. Este espejismo de sostenibilidad ha llegado hasta el punto de que SEAT nos ofrece un coche que utiliza dos gases fósiles, -gas natural y gasolina-, como la alternativa “más eco, más económica y más ecológica” e incluso afirma que cuanto más conduzcas, más ahorras. Quizá esta publicidad engañosa sea uno de los motivos que explique el aumento de matriculaciones de vehículos a gas de hasta un 112% en un año.

SEAT nos ofrece un coche que utiliza dos gases fósiles, -gas natural y gasolina-, como la alternativa “más eco, más económica y más ecológica” e incluso afirma que cuanto más conduzcas, más ahorras

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Populismo fiscal y energético

Por Fernando Ferrando – Vicepresidente de la Fundación Renovables

gasolina

La elaboración de los Presupuestos para 2017 ha abierto de nuevo el debate sobre la posibilidad de modificar los impuestos especiales a tabaco, alcohol y combustibles para que aporten los recursos necesarios para cumplir con las exigencias de déficit presupuestario de la Comisión Europea.

La incorporación del aumento de gravamen fiscal sobre el tabaco y alcohol llevada a cabo perfectamente podría considerarse como un acto de populismo fiscal al intentar explicar que su puesta en marcha obedece a desincentivar su consumo por los efectos nocivos sobre la salud. Obviando que su aportación cubre en el mejor de los casos 350 millones de euros, un 5% de las necesidades presupuestarias fijadas en 7.500 millones de ajuste.

Hasta aquí ha llegado el intento de incorporar una política fiscal tendente no solo a recaudar sino a modificar prácticas de consumo no saludables, porque cuando se mencionó la posibilidad de incrementar los impuestos a la gasolina y al diésel volvieron a aparecer los miedos de siempre a que estas medidas generaran una reacción popular en contra. A pesar de que el uso de los combustibles está en el mismo nivel de riesgo para la salud que el tabaco y el alcohol, de hecho la Organización Mundial de la Salud considera que uno de cada 8 fallecimientos está motivado por la contaminación.

A las ventajas que la reducción de su consumo tiene por los efectos nocivos para la salud, por las emisiones que generan, tendríamos además que añadir que en España tenemos la menor presión fiscal sobre las gasolinas y el diésel de los países de nuestro entorno y que nuestra carestía de recursos energéticos ha deteriorado nuestra balanza comercial entre 25.000 y 50.000 millones de euros al año, en función del precio del petróleo (2,5/5% del PIB).

La adecuación de la fiscalidad sobre combustibles por las razones anteriormente expuestas está siendo uno de los grandes tabús de la economía española principalmente por dos razones: la primera como una clara expresión de populismo político frente al rechazo de subida de impuestos sin existencia de alternativas y la segunda, más inconfesable y determinante, por las presiones que el sector petrolero/gasista ha llevado a cabo para mantener sus ingresos y que no se reduzca el consumo, a pesar de la poca elasticidad demanda precio de los combustibles.

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