Pocos medios de comunicación, por no decir ninguno, abren portadas con las negociaciones climáticas que se están llevando a cabo a lo largo de esta semana en la ciudad polaca de Katowice. Qué lejos queda aquella ilusión, y no menos ambición, del Acuerdo de París de 2015.

De lo que tengo pocas dudas es de que la Cumbre Climática estaría en primera página si Polonia, anfitrión de la Conferencia de las Partes de 2018 (COP24), dejase sin luz a la ciudad de Katowice durante más de 48 horas. Los conferenciantes, asistentes y negociadores de más de 200 países de “la COP a oscuras” saldrían en todas las portadas y el primer ministro polaco se podría olvidar de toda felicitación por los avances conseguidos, si es que hay alguno.

Y es que, en pleno siglo XXI, con una sociedad cada vez más dependiente de la electricidad y los carburantes, no garantizar la seguridad energética te puede costar no revalidar el gobierno en las siguientes elecciones.

Garantizar el suministro energético por parte de los representantes políticos, al coste que sea necesario, es uno de los temas que se encuentran “ocultos” tras la Cumbre Climática de Katowice, ciudad situada en la región de Silesia, la comarca minera más importante de Europa y la segunda región con más desempleo de Polonia. Con más de 80.000 mineros, Katowice alberga la central de carbón más grande de Europa.

No superar el incremento global de temperatura media de 2ºC comprometido en el Acuerdo de París, requiere afrontar la descarbonización absoluta de un modelo energético fósil y contaminante. Y eso no es una utopía. Las tecnologías energéticas renovables y, en especial, la energía solar y la eólica son hoy plenamente competitivas en costes e incluso son las más baratas cuando se dispone de un buen recurso solar, como es el caso de España.

Las tecnologías energéticas renovables y, en especial, la energía solar y la eólica son hoy plenamente competitivas en costes e incluso son las más baratas cuando se dispone de un buen recurso solar, como es el caso de España.

Pero los flujos energéticos renovables en su mayoría son intermitentes, no siempre hace sol ni sopla el viento. Para garantizar la viabilidad de tecnologías de respaldo para esas situaciones, desde la década pasada los países europeos incorporaron en el recibo de la luz lo que se llama “mecanismos de capacidad”. Se trata de unos pagos, subsidios, subvenciones (que escoja el lector la palabra que quiera) que los consumidores pagamos mediante un gravamen impuesto en el recibo de la luz para garantizar el suministro, o sea, la seguridad ante posibles cortes de luz por intermitencia de las renovables pero también, y muy especialmente, para hacer frente a las puntas de consumo.

Las centrales que se llevan la cantidad más grande de “esos pagos” son las de gas y las de carbón. Bajo el concepto de “seguridad” muchos países instrumentalizan una política de subvención pública a los combustibles fósiles. Un apunte: España se lleva la palma en este tema. La falta de transparencia para identificar cuál es la capacidad necesaria que necesitamos para esa seguridad nos ha puesto los primeros de la lista europea en subvenciones que reciben las centrales más contaminantes. Y no hablamos de calderilla sino de 800 millones de euros anuales, una cifra mucho más alta que la que se calcula necesaria para hacer frente a la pobreza energética y que ha supuesto la abertura de un expediente informativo por parte de la UE al Reino de España por considerar que esconden ayudas de Estado a combustibles fósiles.

Estos pagos o subvenciones a los combustibles fósiles, instrumentados en el recibo de la luz que pagamos todos, no han supuesto ninguna portada en medios de comunicación ni tampoco ninguna protesta social, pero algunos europarlamentarios han querido dotarles de transparencia y limitarlos a unos valores razonables y acotados en el tiempo, que puedan ser auditados y, además, que ninguna central con emisiones de CO2 superiores a 550 g/Kwh pueda beneficiarse de ellos. Ese valor de emisiones implica, de facto, el cierre de las plantas de carbón por inviabilidad económica y, en consecuencia, el desempleo de la actividad minera asociada.

Esa es la gran discusión que afronta la UE de manera simultánea a la celebración de la Cumbre Climática y que está frenando la aprobación de la Directiva del diseño del mercado eléctrico y, por tanto, bloqueando el Paquete Energía Limpia con el que la UE pretende dar respuesta a los acuerdos de París en el horizonte del 2030.

Y claro, el límite de emisiones no es lo que más discusión genera, porque afea a los políticos que se pongan en contra sino el año en el que va a entrar en vigencia esa limitación.

Y claro, el límite de emisiones no es lo que más discusión genera, porque afea a los políticos que se pongan en contra sino el año en el que va a entrar en vigencia esa limitación. Sobre la mesa hay diversos horizontes: el 2025 que propone la Comisión y el 2035 que propone el país anfitrión de la cumbre. De forma lógica, Polonia, con más del 80% de generación eléctrica procedente del carbón, recurso energético autóctono, presiona para que esa limitación se dilate el máximo en el tiempo.

La justicia climática no se puede desligar de la transición energética y ello, sin ninguna duda, va a suponer que algunos sectores como el del carbón, estén sometidos a medidas nada agradables, dolorosas y posiblemente injustas sino se afrontan con el tiempo y las medidas necesarias. Tiempo que, por cierto, empezó con las directivas europeas de finales de los años 80 que limitaban las emisiones contaminantes de azufre, óxidos de nitrógeno y partículas de las grandes centrales de combustión. Entre otros, se establecían planes de cierre si no se conseguían los niveles de emisión permitidos. Y aquí estamos, 30 años más tarde, viendo como algunos países piden 18 años más de tiempo.

Entre los logros de la Cumbre Climática de Katowice va a destacar la “Declaración de Silesia para una transición justa y solidaria” a la que España seguramente se va a adherir.  Sin duda, la transición energética no se puede desligar de una transición justa tanto desde el ámbito social como económico pero me temo que ello sirva, una vez más, para que las administraciones actuales puedan recoger beneficios políticos inmediatos aparentado ecologismo y sensibilidad social mientras que aplazan de nuevo las medidas a tomar que les puedan suponer un elevado precio político y que dejarán para administraciones futuras.

Por Assumpta Farran – patrona de la Fundación Renovables y ex directora del Institut Català d’Energia