El autoconsumo solar esté de moda en España. Atrás quedó la época de los hermanos Nadal y su nefasto “impuesto al sol”, así como todos los impedimentos arbitrarios y malintencionados que impusieron al autoconsumo. El año pasado se conectaron 40.000 instalaciones solares en tejados, más que el acumulado histórico. Este 2021 no será menos y España alcanzará, con total seguridad, las 100.000 instalaciones acumuladas. Tampoco hay duda de que en los próximos años se alcanzará el millón de tejados solares en España (¿será en 2025? ¿en 2030?).
Teniendo en cuenta los niveles de radiación solar que tenemos en España y en un contexto de electricidad cara, no interponer una placa solar entre el sol y el tejado es un derroche energético y económico que no tiene sentido alguno. Los números salen (más aún con las bonificaciones municipales al IBI) y el compromiso ambiental de los españoles es cada vez mayor.
No obstante, dada la herencia del impuesto al sol, España ha perdido un precioso tiempo y está aún muy lejos del resto de países del entorno. Alemania ya superó a finales del año pasado los 2.000.000 millones de tejados solares, 20 veces más que España, con una población que no llega al doble de la española (y con menos sol). Ello justifica una intervención pública en España, que no sólo se limite a eliminar las trabas más perjudiciales para el autoconsumo solar, sino que también contribuya a acelerar la implantación mediante ayudas económicas de impulso directo a los techos solares.
Los Fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por la Unión Europea (popularmente conocido como “Next Generation”) pueden suponer una buena inyección económica al autoconsumo. No obstante, cabe preguntarse, si ya hemos dicho que el autoconsumo “va solo” en España, especialmente en aquellos perfiles en los que la curva solar coincide con la de consumo, ¿qué necesidad hay de subvencionar esta actividad? Y más aún cuando ya sabemos que existen bonificaciones fiscales y que el mero anuncio de posibles subvenciones suele provocar una paralización inmediata del sector hasta que éstas son convocadas, varios meses después.
En un entorno de normalidad económica, acostumbro a defender la no necesidad de ayudas para el autoconsumo, como actividad que ya es rentable por sí misma. No obstante, en un contexto económico de expansión de la inversión pública y de transformación productiva profunda como el actual, tras la apuesta europea decidida por una salida keynesiana de la crisis de la covid-19, considero muy positivo que el Gobierno haya decidido dedicar 900 M€ (1,2% de las ayudas directas totales en España) al autoconsumo solar y eólico.
Ahora bien, sería bueno enfocar esas ayudas hacia aquellos supuestos en los que existe una mayor necesidad de intervención pública para subsanar algunas de las deficiencias de mercado. En concreto, quiero destacar tres situaciones en las que se justifica especialmente una intervención pública de carácter económico.
El primero de ellos es el empleo de materiales locales, o cuanto menos, europeos. La instalación mayoritaria de componentes asiáticos presenta algunos problemas que pueden generar vulnerabilidades evitables. Primero, un problema de suministro. Ante la escasez de materiales, durante este primer semestre he visto decenas de contratos incumplidos por parte de fabricantes, así como renegociaciones y subidas de precios a pesar de que los contratos ya estaban firmados (y en algunos casos, pagados). Segundo, por una cuestión ambiental y laboral, ya que transportar materiales desde el otro lado del mundo no resulta la manera más ecológica de generar energía verde, y ya que en los últimos meses han salido a la luz varios escándalos en fábricas solares chinas en relación con el empleo de mano de obra forzada de minorías étnicas. Y en tercer lugar, porque producir los materiales en España o en Europa genera empleo y riqueza local.
El segundo es el impulso de la energía solar en aquellos territorios con menor radiación solar, como es el norte de España, o con mayores costes de instalación, como podrían ser Canarias y Baleares. Son casos en los que la energía solar es menos rentable por lo que está justificada esa intervención pública para compensar los menores ingresos o los mayores costes.
Y el tercero es el fomento del autoconsumo solar en aquellos tejados de personas de menor renta, que quizás no dispongan del dinero necesario para la inversión inicial (unos 5.000€) pero sí que deberían poder beneficiarse de esa fuente de energía limpia, local y más barata. En este caso, puede servir tanto una fórmula de ayuda directa como otra de financiación, asumiendo un mayor riesgo que el sector privado para perfiles de consumidores que quizás no superen los ratios de solvencia exigidos por las entidades financieras para otorgar préstamos para este tipo de proyectos.
Además, hay que recordar que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia no va sólo de inversiones, sino también de reformas normativas que faciliten, en este caso, la transición energética. En materia de autoconsumo la reforma más urgente es la del autoconsumo compartido, y en concreto es preciso aprobar los coeficientes dinámicos de reparto para el autoconsumo compartido (como ya ha hecho Francia) y aclarar los esquemas eléctricos para este tipo de instalaciones, poniendo fin así a las disputas eternas con las compañías distribuidoras a este respecto. De esta forma, se maximizaría el aprovechamiento de la energía solar en los tejados, se podría ocupar cada m2 de tejado disponible y se permitiría que más personas disfruten de la energía solar distribuida.
El futuro del autoconsumo solar está por escribir en España. Ahora que tenemos la hoja casi en blanco, es el momento de fijar un buen esquema que nos permita construir una historia de éxito. Y uno de los protagonistas de esa historia tiene que ser la fabricación local, de forma progresiva, pero decidida y dando seguridad jurídica a las inversiones en fábricas en España. Y es que los Fondos Next Generation no se llaman así porque los pagará la siguiente generación, sino sobre todo, porque deberán servir para transformar las estructuras del país para que la próxima generación disfrute de un país más próspero, verde y justo.
Por Daniel Pérez – Patrono de la Fundación Renovables
