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Climatización de terrazas: una irresponsabilidad consentida

Si hay una práctica ineficiente, y totalmente absurda e irresponsable, es la calefacción de las terrazas en los emplazamientos de hostelería mediante la utilización de estufas que funcionan con bombonas de butano, algo muy habitual en muchas ciudades de España y, especialmente, en Madrid.

En 2011, la modificación de la Ley antitabaco, que prohibió fumar en los espacios cerrados de los establecimientos hosteleros, sentó las bases para la proliferación de las terrazas durante todo el año. La hostelería vio una oportunidad de extender su negocio más allá del local que regentaban y los ayuntamientos de ampliar su recaudación. Esta línea de crecimiento ha sido ampliamente utilizada en los últimos años como demuestran los datos en Madrid, donde, desde 2009, se han multiplicado por más de 3 el número de terrazas disponibles. Sin embargo, Madrid no es la excepción, ya que sucede lo mismo en muchas ciudades y capitales de provincias españolas.

La calefacción de los espacios habitables está regulada por el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, en el que específicamente se menciona:

La climatización de espacios abiertos sólo podrá realizarse mediante la utilización de energías renovables o residuales. No podrá utilizarse energía convencional para la generación de calor y frío destinado a la climatización de estos espacios”.

Hasta aquí todos podríamos pensar que calefactar espacios abiertos mediante la quema indiscriminada de gas butano está fuera de la legalidad, pero en el artículo 2 del mismo reglamento se señala que, a efectos de aplicación de este, “se considerarán como instalaciones térmicas las instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria, destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas.” Es decir, que si los sistemas de calefacción no son fijos sino móviles no se les aplican las restricciones del reglamento, de modo que cualquier establecimiento hostelero puede libremente quemar combustibles al aire libre y contaminar sin ninguna restricción.

 

El gas butano, como combustible fósil, y al margen de componentes adicionales a efectos del cómputo de emisiones de CO2, emite aproximadamente 3 kg de CO2 por cada kg de gas quemado, es decir, por cada bombona utilizada en las terrazas se lanzan a la atmosfera 37 kg de CO2. Considerando que una estufa de estas características (modelo sombrerete) consume 0,8 kg/h de gas butano, podemos decir que, por cada hora de funcionamiento de la estufa en la terraza, estamos emitiendo 2,4 kg de CO2.

No se dispone del inventario del número de estufas que están en funcionamiento en Madrid, entre otras razones porque nadie va a declarar que dispone de algo que va en contra de las normas más básicas de comportamiento sostenible. Según el último censo, en Madrid hay más de 5.000 terrazas y, de ellas, más de 3.000 tienen uso anual ocupando una superficie superior a los 100.000 m2. Pues bien, con estos datos podemos empezar a discernir qué supone, a efectos de emisiones, la calefacción indiscriminada de estos espacios abiertos. De hecho, si hacemos una inferencia rápida y consideramos que la mayoría de las terrazas anuales están calefactadas con estufas y que se suele colocar, como mínimo, una por cada 20 m2; obtendremos un inventario en torno a las 5.000 estufas de butano que están potencialmente funcionando en Madrid, con una capacidad de emisiones a la atmósfera de 4.000 kg de CO2 por cada hora de funcionamiento.

Esto vendría a ser el equivalente a las emisiones de un coche que recorriese 35.000 km, que es dos veces la distancia, en línea recta, entre Madrid y Sídney o, para los que conocen Madrid, 1.000 coches recorriendo la M30 de principio a fin.

Pues bien, esto es lo que están emitiendo, cada hora, el conjunto de estufas que hay en las terrazas de Madrid. Para completar el cálculo debemos tener en cuenta también el número de horas que estas estufas están en funcionamiento al cabo del día. Siendo conservadores, podemos afirmar que son unas 5 horas diarias, por lo que cada día se emitirían el equivalente de las emisiones de un coche que recorriese unos 175.000 km, poco menos de la mitad de la distancia que hay entre la Tierra y la Luna.

Frente a la barbaridad que supone, ya de por sí, calentar un espacio abierto, si añadimos el agravante de que esto se está haciendo sin considerar unos requisitos mínimos en cuanto al aislamiento de su cerramiento (que en muchos casos ni existe) y con sistemas de climatización altamente ineficientes, debido a que la transmisión de calor no se hace por convección sino por radiación, podemos afirmar que mantener esta práctica de forma legal no solo es insostenible, sino que también es tremendamente irresponsable.

Que los sistemas de calefacción con estufas de butano sean una práctica no responsable, medioambiental y energéticamente; no debe hacernos olvidar que también lo son los sistemas de calefacción mediante resistencias eléctricas, pues, aunque no emitan CO2 in situ, siguen siendo una práctica energéticamente ineficiente sobre todo si consideramos la energía como un bien básico y de primera necesidad que no se puede despilfarrar.

La anterior corporación municipal de Madrid intentó regular, en 2017, en aras de la sostenibilidad energética, y después de muchas reclamaciones y exigencias, la colocación de calefactores de butano, pero la presión de los establecimientos hosteleros hizo que, como pasa siempre, se antepusiera el negocio a la salud, esto es, que se antepusiera el interés particular al interés general.

Recientemente, estamos viendo que, en ciudades de Europa como París o Rennes, se están tomando medidas para acotar el uso de esta práctica, situación que, en España, por desgracia, no se está considerando. Pensar en restricciones del tráfico motorizado privado, necesarias sin ninguna discusión, y permitir el uso indiscriminado de estufas de butano quemando combustible al aire libre; es una contradicción que debería ser revisada con la mayor urgencia.

Con el compromiso que nace del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) enviado a la Comisión Europea por el Gobierno español, en el que se apuesta por un pacto por la eficiencia y las renovables, liderado por el Ministerio para la Transición Ecológica, es importante adaptar las normativas hacia una realidad que refleje un comportamiento energético y medioambiental responsable. Por ello, consideramos fundamental la prohibición del uso de sistemas de calefacción en espacios abiertos, sea cual sea la fuente de origen, que no cumplan con unos mínimos requisitos de aislamiento de los cerramientos que separan dichos espacios del exterior.

El Gobierno que ahora nace debe legislar para que los comportamientos de consumo irresponsable sean prohibidos y erradicados, y la calefacción de espacios abiertos es claramente una práctica, no solo absurda e ineficiente, sino también irresponsable.

 

Fernando Ferrando – Presidente de la Fundación Renovables

Necesitamos leyes más valientes ante la emergencia climática y la contaminación atmosférica

La masiva utilización de combustibles fósiles es la causa principal del calentamiento global del planeta así como de la mala calidad del aire que respiramos en nuestras ciudades, entre otros problemas ambientales y de salud pública.

Una de las medidas más eficaces para hacer frente simultáneamente a las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático y a los problemas de contaminación atmosférica en las ciudades es la implantación en éstas de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). El Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE), promovido por el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y aún pendiente de su tramitación parlamentaria, incorpora esta medida en su articulado pero con un planteamiento que claramente se queda muy corto para hacer frente con eficacia a los problemas citados. Como veremos a continuación, hay motivos más que suficientes para incrementar la ambición de la LCCTE a este respecto.

En la Unión Europea (UE), según el Informe sobre la calidad del aire en Europa – 2018 de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA), la cantidad estimada de muertes prematuras causadas por la exposición a ciertos contaminantes atmosféricos en 2015 fue la siguiente: al material particulado PM2.5: 391.000 personas en los países de la UE-28 (2.900 de ellas en España); al dióxido de nitrógeno (NO2): 76.000 personas en la UE-28 (8.900 en España); y al ozono a nivel del suelo: 16.400 personas en la UE-28 (1.800 en España). Cifras que demuestran claramente la gravedad del problema.

El transporte por carretera es una de las principales fuentes de contaminación del aire en Europa, especialmente de contaminantes como el NO2 (cuyo valor límite anual sigue siendo ampliamente excedido en toda Europa) y las partículas, según el mismo informe de AEMA. Las emisiones del transporte por carretera son a menudo más dañinas que las de otras fuentes, ya que ocurren a nivel del suelo y tienden a ocurrir en las ciudades, cerca de las personas. Por lo tanto, es muy importante que Europa redoble sus esfuerzos para reducir las emisiones causadas por el transporte, especialmente en las ciudades.

El propio Gobierno español reconoce el problema de la contaminación atmosférica en su territorio. Así en el recientemente presentado ’Informe de la evaluación de la calidad del aire 2018’ se admite que: “existen numerosos estudios sobre la población española que atribuyen un amplio abanico de enfermedades y efectos adversos a la exposición poblacional a una mala calidad del aire. Por ello, es necesario tanto disminuir la concentración de los contaminantes del aire como la exposición peligrosa al mismo por parte de la población”.

El MITECO cita una investigación de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, perteneciente al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que concluye que la contaminación atmosférica ha causado casi 93.000 muertes prematuras en España durante la última década. Además de las partículas en suspensión, los autores señalaron como culpables al NO2, liberado por el uso de carburantes en los motores de combustión interna de los vehículos y en calefacciones, y al ozono a nivel de suelo, que forma nieblas tóxicas tras una reacción de la luz solar con las emisiones de vehículos e industrias.

Es importante destacar que el pasado 25 de julio la Comisión Europea denunció a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por considerar que las autoridades públicas no hacen lo suficiente para garantizar a la población una buena calidad del aire en Madrid, Barcelona y Baix Llobregat, entre otras áreas urbanas con este tipo de problemas. Según la Comisión Europea, los datos de calidad del aire más recientes que España ha entregado “confirman la ruptura sistemática de las normas europeas sobre valores de dióxido de nitrógeno”, legalmente vinculantes desde 2010. El Gobierno español confirma estos datos y reconoce que el problema se debe “principalmente al tráfico”.

Según datos oficiales de MITECO, el sector transporte representó en su conjunto el 27% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en España en 2018 (el 26,1% en 2017). El transporte por carretera, por sí solo, representa casi el 95% de las emisiones totales de este sector, mientras que la contribución de otros modos de transporte es bastante más minoritaria. Un tercio de las emisiones del transporte por carretera se concentra en aglomeraciones urbanas.

quien es el responsable de la contaminación en las ciudades

En el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) enviado en febrero a la Comisión Europea para su revisión, se propone lograr una reducción de 28 Mt CO2 equivalente en el sector del transporte para 2030, lo que equivaldría a una reducción del 35% de las emisiones actuales en este sector.

En el PNIEC se dice literalmente: “La principal fuerza motriz impulsora de la descarbonización del sector de la movilidad-transporte es la generalización, bajo iniciativa de las propias autoridades locales, en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, de la delimitación de zonas centrales con acceso limitado a los vehículos más emisores y contaminantes, lo que favorecerá un cambio modal que afectará, según las previsiones del Plan, al 35% de los pasajeros-kilómetro que hoy día se realiza en vehículos convencionales de combustión. Es importante insistir que para el éxito de esta medida se precisa la plena colaboración de las administraciones autonómicas y locales”.

Como se puede ver, la implementación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en ciudades españolas con más de 50.000 habitantes es una medida crucial para el cumplimiento de los objetivos del PNIEC en el sector del transporte.

Sin embargo, la LCCTE del MITECO antes referida, solo dice en su Artículo 12 que “Los municipios con más de 50.000 habitantes y territorios insulares alentarán la introducción de medidas de mitigación en la planificación urbana para reducir las emisiones de la movilidad, que incluyen, entre otros: a) El establecimiento de zonas de bajas emisiones a más tardar en 2023. (…)”.

Es decir, la redacción actual de la LCCTE no establece esta importante medida como un requisito vinculante para los ayuntamientos,  pese a que el PNIEC la define como “la principal fuerza motriz impulsora de la descarbonización del sector de la movilidad-transporte”.

La experiencia demuestra que las medidas voluntarias finalmente no se llevan a cabo, salvo contadas excepciones. Es muy poco probable que los ayuntamientos españoles promuevan voluntariamente poner en marcha ZBE en sus cascos urbanos. En España incluso tenemos el asombroso caso de que los partidos que forman el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid llegaron incluso a plantear en sus propuestas electorales para los comicios del pasado mes de mayo la eliminación de la ZBE llamada “Madrid Central” puesta en marcha a finales de 2018 por el anterior equipo de gobierno municipal.

Por lo tanto, sería crucial lograr cambios en el Proyecto de Ley sobre Cambio Climático y Transición Energética para hacer obligatorio (y no solo alentarlo, como está en su redacción actual) que las ciudades con más de 50.000 habitantes tengan que poner en marcha ZBE a corto y medio plazo (antes de 2023).

Ante el progresivo agravamiento del cambio climático y el creciente deterioro de nuestras condiciones ambientales se impone que nuestros responsables políticos intensifiquen y aceleren sus esfuerzos para hacer frente a esta situación crítica, tal y como reclaman con urgencia la comunidad científica y sectores cada vez más amplios de la sociedad.

 

Por Carlos Bravo – Consultor para la European Climate Foundation (ECF) y socio protector de la Fundación Renovables

Renovables: Un ajuste laboral tan brutal como silencioso

Por Hugo Morán – Exdiputado

Ignorant - Walking

Este miércoles presentó Irena (Agencia Internacional de Energía Renovable) su informe anual “Energía Renovable y Trabajo”, y los datos son reveladores en cuanto a la evolución experimentada entre 2014 y 2015, y esperanzadores en sus proyecciones a 2030.

Así, mientras en el año analizado se produjo una pérdida de empleo a nivel mundial en el sector de la producción de energía, las renovables experimentaron en el mismo período un incremento del 5%, hasta alcanzar 8´1 millones de personas empleadas, a las que habría que sumar otro millón trescientas mil del subsector de la gran hidroeléctrica. En tanto que en el medio plazo se manejan cifras próximas a los veinticinco millones de empleos vinculados a la generación con renovables en 2030.

España, que había llegado a ser un país de referencia en creación de empleo vinculado a las tecnologías verdes, es ahora señalada como el garbanzo negro del club, con una senda de destrucción ininterrumpida en los últimos años que se ha llevado por delante del orden del 50% del empleo del sector.

El balance de estos años en materia de política energética en nuestro país es demoledor. Se ha desmantelado todo un tejido empresarial que ha tenido que buscar refugio en el exterior, acentuando así la pérdida de peso de la industria en el PIB; las emisiones de CO2 vinculadas a la generación eléctrica han roto su trayectoria descendente, justo en el momento en que en París parecen alumbrarse algunos compromisos climáticos tangibles; se ha triturado literalmente el principio de seguridad jurídica, último de los asideros para la inversión en tiempos de crisis, provocando la ruina de miles de pequeños inversores que se han visto obligados a recurrir al amparo de la justicia, y decenas de denuncias ante los tribunales de arbitraje internacionales; y ahora vemos que las consecuencias en el terreno laboral están siendo catastróficas.

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