Ley de Cambio Climático, un cauce verde para la lluvia de millones

Están siendo semanas frenéticas, como si las prisas por hacer las cosas bien por fin hubieran llegado, o, más bien, porque mañana, jueves 15 de octubre, comienza el periodo para presentar las iniciativas de recuperación para los fondos Next Generation de la Unión Europea. Es un sprint en toda regla y, no es para menos. Estamos hablando de 72.700 millones de euros en transferencias, esto es, para entendernos, el equivalente al 5,5% del PIB español, que se concentra en 2021-23 para recuperar la economía española. Los números nublan la vista. Una lluvia de millones que hay que evitar que caigan en los cauces del pasado, aquellos que nos llevarían a una falta de competitividad industrial y de innovación tecnológica, unos mantras que parece que nos cuesta asumir como sociedad. Nunca es tarde para ello.

Los plazos aprietan el cinturón al calendario. Mañana España podrá presentar el plan de recuperación, pero será entre enero y abril cuando se pueda hacer oficialmente. Y parece que España ha hecho los deberes, incluso por adelantado.

El pasado jueves 8 de octubre, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española. En este, un 37% de la inversión irá para la llamada inversión verde y para digitalización, con un gran esfuerzo para el cambio y la transformación del sistema socioeconómico de nuestro país. Un buen cauce con cimientos sólidos y, aparentemente, verdes. Si vamos más allá, para conocer que se esconde tras el concepto “verde”, vemos que se estructura la inversión de la siguiente manera: 16% para agenda urbana y rural, con la intención de darle a las ciudades un papel relevante en la transición energética; un 12% para infraestructuras y movilidad sostenible y un 9% para el avance hacia un sistema eléctrico 100% renovable, promoviendo la digitalización de las redes, el desarrollo del agregador independiente, el almacenamiento y la progresiva electrificación de la demanda energética. Además, contiene una de las medidas más demandadas desde la Fundación Renovables, o por lo menos su idea de revisión y arbitraje, la futura modernización del sistema fiscal y la creación de un Comité de Expertos. Sobre el papel, el futuro español pinta verde. Sin embargo, no todos los documentos tienen la misma gama cromática de este color, pese a que deberían.

¿Cómo y quién?

Los criterios de elegibilidad y condicionalidad para los proyectos que pretendan acceder a los fondos deben ser, según entendemos, una de las componentes fundamentales que apuntalen un cauce robusto y verde para los fondos, evitando su desviación a actividades tildadas de ecológicas, pese a no serlo, y promoviendo la creación de un futuro más sostenible, resiliente y justo. Por ello, desde la Fundación Renovables exigimos que impliquen el concepto de sostenibilidad en sentido estricto, que sean replicables, con carácter distribuido, con una premisa de urgencia en el desarrollo a corto plazo y que sean ejecutados por empresas de pequeño y mediano tamaño, priorizando aquellos sectores que han sido más castigados por la crisis.

¿Cuánto y qué?

Este asunto depende de dónde miremos y los plazos de qué documento estemos leyendo. No hay una hoja de ruta unificada y homogénea.  La asimetría en los números, tanto de inversión como de objetivos propuestos, es total. Si miramos el Plan de Recuperación, observamos que se invertirá ese 37% de los 72.700M€ en el periodo 2021-2023. Si vamos al MITECO, las inversiones totales necesarias para lograr los objetivos del PNIEC alcanzarán los 241 mil M€ entre 2021 y 2030. Hay que tener en cuenta que los objetivos del PNIEC son insuficientes, siendo plausible replantear y aumentar la inversión de cara a un aumento necesario de la ambición en los años con más efectos de la crisis económica, sobre todo en los próximos Presupuestos Generales del Estado. A modo de propuesta, desde la Fundación Renovables lanzamos en junio el informe Lecciones para salir de las crisis, que proponía un paquete de reactivación económica con una movilización de una inversión total de más de 60.000M€ para el periodo 2020/2021. Esto es, movilizar una cuarta parte del total definido en el PNIEC para 10 años, en solo dos.

Con relación al foco de inversión, existe un punto, el de la elegibilidad de los proyectos y actividades, que parece ser el más complicado, puesto que tiene muchos recodos y presiones , en el que muchos han puesto el ojo para mantenerse a flote, incluso con tecnologías tan punteras como insostenibles a nivel medioambiental. Me refiero a los “gases renovables”. Una energía, como bien dice la palabra de “transición” que está acaparando todas las miradas, cuando su mera presencia está destinada a ser testimonial en los próximos años. Ahora ha parasitado la apuesta y el desarrollo por el hidrógeno, cuando debería ser fundamental que este fuera generado con energías renovables. No nos engañemos, sigue siendo una energía emisora de GEI y, por ende, insostenible y que no contribuye a la consecución del objetivo de reducción de emisiones, que. recordemos es vinculante. Es un tema en el que hay que incidir, porque ponen el foco de inversión en una actividad ilusoria y sin futuro, teniendo especial relevancia la necesidad de controlar el greenwashing, de no implementar criterios de neutralidad de emisiones (como promueven las petroleras) y de mejorar el Reglamento UE 852/2020 que rige las inversiones sostenibles. Generan un cauce peligroso para aumentar los efectos del cambio climático y perder la oportunidad de combatirlo.

Sin embargo, hay asuntos de una importancia real que hay que abordar con premura y ambición. La agilización, planificación y fomento del autoconsumo a todos los niveles (compartido e individual), además de apostar por la generación distribuida con energías renovables; la eficiencia y la rehabilitación energética de edificios, un auténtico sumidero energético en las ciudades y que permita disminuir la demanda; la actuación en base a una movilidad sostenible activa y la descarbonización del transporte, siendo esta la oportunidad de asentar una industria tecnológica pionera y referente respecto a las baterías y al vehículo eléctrico; avanzar en la eficiencia del equipamiento y en las infraestructuras que promuevan la digitalización; crear planes industriales y la apuesta por la I+D+i, los futuros nichos tecnológicos y energéticos, y la necesidad de difundir, educar y formar en una nueva cultura energética, en la que el empoderamiento ciudadano y el consumo responsable sean los soportes del futuro que queremos.

¿Cuándo?

El momento es ahora, no podemos postergar el futuro. La solución, desde nuestro punto de vista es unificar y homogeneizar todas las propuestas, objetivos, planificaciones, inversiones y estrategias en una Ley, fuerte y sólida a nivel regulatorio, que contenga en su articulado los mandatos para el desarrollo, la revisión y aplicación de todas las medidas necesarias para la consecución de la transición energética. Mejorar la ambición en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCyTE) sería el cauce verde perfecto para la lluvia de millones de los fondos europeos. Todavía en tramitación parlamentaria, esta ley debería contener las principales propuestas del Plan de Recuperación, para aumentar su credibilidad y profundizar en su desarrollo, además de una más que necesaria revisión al alza de los objetivos, considerados de mínimos.

Todas nuestras propuestas sobre la mejora de la ley están contenidas en el informe de análisis que publicamos la semana pasada, además de haber sido presentado como enmiendas a los diferentes partidos políticos. En suma, crear una ley con objetivos ambiciosos, no como los actuales; que encauce, integre, controle y regule de manera transversal, permitiendo disponer de una LCCyTE que se convierta en un marco amplio de actuaciones ambiciosas, que permitan definir el futuro que queremos y cómo conseguirlo.

Ismael Morales – Responsable de Comunicación de la Fundación Renovables

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