Archivo de la categoría ‘Política energética’

La alternativa al gas ruso (y argelino)

Desde hace cincuenta años la energía está en el origen de todas las crisis y conflictos en el mundo. Los altos precios de los combustibles fósiles y la dependencia energética provocan las subidas de tipos de interés, la inflación, las desigualdades y las tensiones geopolíticas. Con sus matices específicos, en 1973, 2008 y 2022 se repite el mismo guion. A pesar de ello, la dependencia de los combustibles fósiles apenas se ha corregido, ni siquiera en Europa que cuenta con una legislación que exige su reducción. La dependencia energética hace a los ricos más ricos y a los pobres más pobres al favorecer la falta de competencia y que la riqueza se concentre en unos pocos monopolios.

La herencia de Donald Trump

El conflicto en Ucrania, provocado por la ambición de Rusia para corregir sus propios errores tras la desaparición de la Unión Soviética, no se explica sin la presidencia de Donald Trump en los EEUU. Su mandato marcó el fin del multilateralismo y la colaboración en la política internacional, el coqueteo y apoyo del presidente ruso para ganar las elecciones a los demócratas, la defensa de los combustibles fósiles y el ataque a las energías limpias, el negacionismo climático y de la Covid, el interés por dividir a la Unión Europea y la OTAN, su apoyo al Brexit, a los euroescépticos y a la extrema derecha y el desprecio a la democracia. Nunca antes hubo tanta sintonía entre los presidentes de EEUU y Rusia, lo que ha facilitado que Rusia haya decidido que este sea su momento.

La herencia de Angela Merkel

La salida de Angela Merkel de la cancillería de Alemania con el reconocimiento general no debe olvidar que Europa aún permanece presa de su gestión de la gran recesión de 2008, que impuso el austericidio a la Europa del sur, creando la fractura con la Europa del norte a través de las decisiones  de los ministros de economía del Eurogrupo, que el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea deberían investigar por haber incumplido el principio de cohesión europea y haber dado alas a una ultraderecha antieuropea, irrelevante hasta entonces.

En la crisis de la Covid 19, Angela Merkel corrigió su gran error de 2008 y permitió que Alemania facilitara la creación de deuda comunitaria para afrontar la crisis económica a través del Next Generation UE; pero ha llegado tarde porque los países del sur todavía no se han recuperado de los impactos de la austeridad dictada en 2008 y porque la ambigüedad de la política energética de Alemania ha convertido la dependencia del gas ruso, el gasoducto Nord Stream II y las puertas giratorias con Gazprom en un problema global y una grave incoherencia.

Los errores de la política energética alemana se han trasladado a la Comisión Europea, presidida por otra alemana, Ursula von der leyen, que no ha dudado en etiquetar el gas fósil como energía verde, a través de una taxonomía que favorece su uso hasta 2050, y su negativa a reformar la formación de precios de la electricidad, como pidió el gobierno de España, para impedir que el precio del gas determine los precios de la luz y proteger a los consumidores europeos de los altos precios de la energía con más renovables. Mientras se consolida un modelo energético dominado por la dependencia del gas fósil, Francia exige el mismo trato a su industria nuclear para sacarla de la ruina económica, destapada tras la quiebra de Areva y su absorción por la eléctrica estatal EDF, para que sea también etiquetada como verde.

La contradicción con las directivas aprobadas en 2018 y 2019, que establecen el impulso a las energías limpias, la descarbonización y la electrificación de la economía a través de la eficiencia energética y los recursos energéticos distribuidos, es tan evidente como la falta de liderazgo de la Unión Europea. La solución ahora es importar más gas esquisto desde EEUU, es decir, aumentar la dependencia energética, echando más leña al fuego.

La vulnerabilidad de Europa es su dependencia energética

Que la única solución adoptada sea la de diversificar el suministro de gas revela el caos europeo y la debilidad del discurso climático y energético. La Comisión Europea se encomienda a los intereses de Catar y EEUU por su incapacidad para tomar decisiones, para lo que necesitaría otros dos años de conversaciones entre los Estados miembros, divididos ante la tensión provocada por Rusia.

Según Eurostat, el esfuerzo de Europa desde 1990 por reducir su dependencia de los combustibles fósiles ha sido insuficiente, del 82% de toda la energía disponible se ha pasado solo al 71% en 2019. El esfuerzo de España aún ha sido menor al quedarse en el 74%. Según el Bank of América el impacto de la subida de los precios de la luz y el gas en Europa ha sido de 107.000 millones de euros, de los que 9.000 millones corresponderían a España y más de 23.000 millones a Alemania, 22.000 a Francia o 24.000 a Italia. La UE en su conjunto ha utilizado 21.000 millones de euros en ayudas para mitigar las subidas de precios.

Si a estas cantidades añadimos el coste de las importaciones energéticas, la extracción de rentas que los combustibles fósiles causan a la economía europea, y a los consumidores y contribuyentes, debería provocar una respuesta mucho más urgente y opuesta a combatir la dependencia del gas con más importaciones y mantener la referencia del gas en la formación de precios de la electricidad con ayudas públicas. ¿Por qué se confía más en el monopolio de las grandes compañías energéticas que en las medidas del “paquete de invierno” y del paquete “Fit for 55”?

Es el momento de ser valientes

Según Bloomberg NEF, en 2021 la inversión global en energías limpias creció un 27%, alcanzando la cifra récord de 755.000 millones de dólares, de los que 366.000 corresponderían a energías renovables y 273.000 a transporte electrificado. La inversión en Europa alcanzó los 150.000 millones. Para llegar al cero neto global en 2050 y 1,7 grados de calentamiento esta inversión debería triplicarse a un promedio de 2,1 billones entre 2022 y 2025 y duplicarse entre 2026 y 2030 a un promedio de 4,2 billones.

La Comisión Europea debería ratificarse en este camino que es el que establecen sus paquetes legislativos, que los Estados miembros incumplen, que proponen combatir precisamente los elevados costes de las importaciones de combustibles fósiles, que representan el flanco más débil de la economía europea, con más inversiones en energías limpias. Por eso son tan importantes los conceptos de descarbonización, electrificación y sostenibilidad, porque impulsan el liderazgo tecnológico e industrial que los combustibles fósiles impiden.

Es una situación similar a la de España que, a pesar de que en 2012 reconociera el déficit estructural de la sobrecapacidad e infrautilización de sus infraestructuras gasistas, lanzó una estrategia para aumentar las inversiones y convertirse en proveedor de gas argelino a Europa. Diez años después la equivocada estrategia de España con el gas de Argelia se repite en Europa con el gas ruso.

Las instituciones europeas han de ser más valientes y ratificar el objetivo y las medidas que se ha dado para reducir y eliminar la dependencia de los combustibles fósiles o tendremos crisis y conflictos por muchos años. Con mayor motivo si esa dependencia viene de regímenes autocráticos o euroescépticos.

El liderazgo de Europa depende de la coherencia con las directivas que aprueba

Desde hace más de una década la UE ha diseñado su estrategia para desarrollar una política energética que asegure energía limpia, barata y segura a los europeos y ha elaborado su estrategia de descarbonización de la economía que se ha concretado en el conjunto de directivas y recomendaciones del “paquete de invierno”, que va a actualizarse con el anunciado paquete “Fit for 55” para avanzar hacia la reducción del 55% de las emisiones en 2030 mediante la sustitución de los combustibles fósiles por energías limpias.

Esas medidas han dado a Europa un liderazgo global que ahora palidece ante el apoyo que se pretende dar al gas fósil y a la energía nuclear, fuentes de conflicto y de dependencia del exterior. Las instituciones europeas han de ser coherentes con el modelo energético que establecen sus directivas y adoptar nuevas decisiones para que el avance hacia la descarbonización y la reducción de la dependencia energética sea más rápido.

Se debe acelerar el liderazgo climático y tecnológico europeo con mayores objetivos de reducción de las importaciones energéticas y de inversión en energías limpias, de descarbonización de los sectores económicos con estándares más exigentes de eficiencia energética, nuevos modelos de negocio como la agregación, el almacenamiento, comunidades energéticas, digitalización de los usos de la energía, autoconsumo, electrificación del transporte y la edificación.

Como las propias directivas europeas plantean, se trata de transformar un modelo energético hecho a la medida de los combustibles fósiles en otro diseñado para la participación de los consumidores activos en los mercados energéticos. Ello exige aplicar mucho más rigor en el cumplimiento de las directivas que defienden la competencia frente al poder de los monopolios energéticos que impiden abrirla a nuevos actores.

Como ha escrito Andrea Rizzi, los desafíos planteados requieren unión y firmeza, pero la división y debilidad de Europa con respecto a sus propios principios revela su inadaptación a la realidad presente en el que el tiempo corre más rápido con el paso que marcan EEUU, China y Rusia.

 

Javier García Breva – Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Renovables

¿Problemas de suministro en el sistema energético?

Muchas son las dudas en la opinión pública acerca de los problemas de suministro en el sistema energético. ¿Habrá apagón general o no?

La respuesta es que no es nada probable que haya un apagón general en España por varias razones. Entre ellas, que contamos con una generación de electricidad abundante y muy diversificada (eólica, fotovoltaica, solar termoeléctrica, hidráulica, otras renovables, gas y nuclear) por lo que si falla una fuente como el gas, a causa de las tensiones internacionales, las demás pueden suplirla. Tenemos reservas energéticas suficientes ya que las energías renovables son recursos autóctonos y hay reservas de gas almacenadas para abastecer la demanda nacional durante más de 40 días. También contamos con mecanismos para reducir la demanda eléctrica industrial en caso de sobrecarga del sistema (servicio de interrumpibilidad) y así evitar apagones.

La cuestión probablemente no es si habrá un apagón en España, sino a qué precio pagamos nuestra dependencia del gas y de los combustibles fósiles. Las facturas de la luz están por las nubes justo cuando entra el invierno y las familias necesitan más energía para calentarse. Y la crisis climática está lejos de resolverse. Tenemos que salir de esta crisis energética con más energías renovables y menos combustibles fósiles.

¿Estamos aprendiendo? Si bien a nivel nacional las renovables están creciendo, poco a poco, después de un largo parón, es verdad que no se están planteando nuevas inversiones en plantas de generación de electricidad a partir de gas, carbón, nuclear o fuel oil. Y eso es bueno.

Sin embargo, no podemos decir lo mismo de las inversiones que se realizan con dinero público en el extranjero. Entre 2018 y 2020 España destinó al menos 6.500 millones de euros a la industria de los combustibles fósiles, según una investigación de Oil Change International y el Overseas Development Institute. Por contraste, en energías limpias invirtió sólo 120 millones. Unas 50 veces menos.

Y no está sola: en el mismo periodo, la coalición Export Finance for Future (E3F), de la que España es parte junto con Dinamarca, Francia, Alemania, los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido, dedicaron la friolera de 19.000 millones de euros de las arcas públicas a financiar proyectos de carbón, petróleo y gas en el extranjero. Se trata de inversiones tan disparatadas como los planes de Rusia para sacar gas en el Ártico.

Nos hacemos trampas al solitario.

Gracias a la presión social, veinte países entre los que está España acaban de prometer que dejarán de financiar proyectos ligados a los combustibles fósiles en el extranjero para finales del año que viene. Habrá que estar muy pendientes.

Por Sara Pizzinato – Patrona de Fundación Renovables "

La descarbonización de la economía

En la legislación europea no es posible encontrar una definición del concepto de descarbonización. La mejor aproximación se encuentra en la Recomendación (UE) 2019/786, relativa a la rehabilitación de edificios, en la que se define un parque inmobiliario descarbonizado como “aquel cuyas emisiones de carbono se han reducido a cero mediante la reducción de las necesidades energéticas, garantizando al mismo tiempo la satisfacción de las necesidades energéticas restantes a partir de fuentes sin emisiones de carbono”.

Esta definición no solo concreta la descarbonización como el concepto cero emisiones, sino que establece el orden y la combinación de elementos para alcanzar ese objetivo: primero la eficiencia energética o reducción de la demanda y, en segundo lugar, las fuentes de energía sin emisiones, es decir, las energías renovables. La descarbonización es el resultado de alcanzar la más alta eficiencia energética para reducir la necesidad de generar electricidad y la poca energía que se necesite se cubrirá con fuentes de origen renovable.

La incompatibilidad de la descarbonización con la utilización de los combustibles fósiles, carbón, gas y petróleo, queda establecida de forma rotunda así como los medios para eliminar las emisiones, que se pueden trasladar al conjunto de la economía, ya que el edificio descarbonizado es el centro de consumo por excelencia de la transición energética y es el ejemplo para los sectores difusos, edificación, transporte, industria y agricultura y servicios, cuyas emisiones van a resultar más difícil de controlar y reducir a cero.

El modelo de descarbonización más desarrollado en las normas europeas es el del edificio de consumo de energía casi nulo, que añade a la más alta eficiencia energética, la generación renovable en el propio edificio o su entorno, es decir, el autoconsumo, la recarga del vehículo eléctrico y la interoperabilidad de los dispositivos inteligentes para la gestión de la demanda con el control del consumidor. Se trata de un nuevo modelo de producir y consumir que se relaciona con el modelo productivo y con el cambio de hábitos del consumidor que se transforma en el consumidor activo, que gestiona su propia demanda con independencia de los grandes suministradores.

El avance en las tecnologías de generación y eficiencia hacen posible hablar de la descarbonización como un objetivo viable. Los nuevos paradigmas para el próximo lustro se  concretan en la mayor conciencia social a favor de la sostenibilidad y contra la contaminación, el crecimiento de la eficiencia energética y la gestión de la demanda a través de los recursos energéticos distribuidos, la sustitución del gas fósil por el almacenamiento en baterías, la carga inteligente del vehículo eléctrico en viviendas y edificios, los agregadores independientes de la demanda que permitirán la participación de los consumidores en el mercado eléctrico y el desarrollo de las comunidades ciudadanas de energía. Estos elementos van a situar en el centro del sistema energético al consumidor activo en sustitución de las grandes centrales de generación, incluidas las renovables a gran escala, y van a equilibrar el mix energético con más generación distribuida o de kilómetro cero.

La adaptación al cambio climático exige que le relación de la energía con la biodiversidad y la salud entre en los balances económicos para impulsar un cambio en los comportamientos individuales; pero para que la economía y la sociedad entren en la era de la descarbonización se requiere establecer nuevas reglas en los mercados energéticos. En primer lugar, aceptar que el primer problema es el medio ambiente y los límites del planeta; en segundo lugar, el modelo energético no debe dedicarse únicamente a generar rentas, sino a crear riqueza y para ello la energía más barata, eficiente y limpia, es la de proximidad, es decir, la generación distribuida que convierte cada centro de consumo en un centro de generación; en tercer lugar, establecer una coherencia de las políticas públicas para que la inversión energética siga la evolución de la demanda y, en cuarto lugar, se debe reconocer el valor económico a la eficiencia energética y facilitar a los consumidores el acceso a los instrumentos para ahorrar energía, aplicando los derechos que las directivas europeas reconocen al consumidor o cliente activo.

La Cumbre del Clima de Glasgow (COP 26) ha evidenciado el frustrante retraso en la acción contra el cambio climático. La descarbonización de la economía no es un problema de objetivos, sino de modelo energético. A partir de ahora deberá apoyarse en los recursos energéticos distribuidos y en las aplicaciones inteligentes para la gestión de la demanda con el control del consumidor.

Este cambio en las formas de producir y consumir debe comenzar por:

  • Una economía de la huella de carbono que defina la transición energética como la transformación de un sistema energético centralizado en uno distribuido con energías cien por cien renovables, con presupuestos y fiscalidad de carbono y una gestión de la huella de carbono por parte de los propios consumidores.
  • Abrir la competencia a millones de autoconsumidores a través de su participación directa, o mediante agregadores independientes y comunidades energéticas, en los mercados de electricidad, aprovechando los beneficios del autoconsumo y de los contadores inteligentes como instrumentos para la descarbonización y el abaratamiento de la energía.
  • Convertir cada vivienda, edificio y vehículo en una central eléctrica aprovechando la principal virtud de las energías renovables, como es la proximidad de la generación al consumo, es decir, su carácter de recurso distribuido.

La Fundación Renovables ha propuesto una jerarquía de las renovables encabezada por el autoconsumo, las comunidades energéticas y la generación distribuida, una planificación energética que incluya los recursos energéticos desde el lado de la demanda y la trasposición urgente de las directivas europeas del “paquete de invierno”.

 

Javier García Breva – Presidente del Consejo Asesor de la Fundación Renovables

Comunidades energéticas: de derrota en derrota hasta la victoria final

Que nuestra forma de cubrir las necesidades energéticas se lleve a cabo en comunidad no es una utopía: ni por cuestiones técnicas, resueltas por el desarrollo y la disponibilidad de las fuentes renovables; ni por temas de eficiencia, dado que la gestión de la demanda lleva implícita la minimización de las necesidades, tanto de energía como de infraestructuras, sobre todo si se utilizan de forma unidireccional; y ni en materia de legalidad, ya que la figura de la Comunidad Energética (CE) es la base de la Directiva UE 2019/944 sobre el Mercado Interior de la Electricidad.

En la directiva, todavía no transpuesta al orden jurídico español tras 2 años, a pesar del interés declarado por el Gobierno de España en apostar por las Comunidades Energéticas, se deja claro tanto el papel que deben tener en el modelo energético del futuro como la necesidad de que los gobiernos velen por que se cumplan los requisitos básicos para su funcionamiento y desarrollo.

Ya en el artículo 1 introduce que su estatus debe ser el de “una   entidad   jurídica   que:  se   basa   en   la   participación   voluntaria   y   abierta, … y  cuyo   objetivo   principal   consiste   en   ofrecer   beneficios   medioambientales,  económicos   o   sociales   a   sus   miembros   o   socios   o   a   la   localidad   en   la   que   desarrolla   su   actividad,   más   que   generar   una   rentabilidad   financiera,   y   participa   en   la   generación,  incluida   la   procedente   de   fuentes   renovables,…   así como, en la prestación de servicios relacionados con la energía”.

El marco de actuación de las CE es lo suficientemente amplio como para situarlas en el centro del modelo energético futuro y demandar un marco regulatorio que permita su desarrollo y replicabilidad. Quizás, señalar como única duda, respecto a la definición y alcance que se les da en la directiva, la sombra que se introduce al indicar que la rentabilidad financiera no debe estar entre sus objetivos, como si esta solo pudiera ser obtenida por los agentes que controlan y actúan desde el sector eléctrico tradicional. Es absurdo que a los procesos de inversión se les pretenda colocar la etiqueta “Non-profit” porque es la forma de condenarlos al fracaso o hacerlos depender, de forma continua, de un procedimiento de actuación artificial al amparo de las ayudas públicas.

Es fundamental destacar que en los artículos 16 y 18 se exige a los Estados miembros la creación de un marco jurídico favorable y que, además, logren que el gestor de la red de distribución coopere y ajuste los costes por el uso de la red a la realidad de dicho uso.

A nadie se le escapa que estas exigencias no solo no se cumplen, sino que, además, nuestro ordenamiento jurídico va en dirección contraria al mandato de la directiva en algunos elementos básicos para el desarrollo de las CE, como, por ejemplo:

  • Que no disponemos de un marco regulatorio adecuado, pese a la consulta pública de finales de 2020, ni sabemos todavía que personalidad jurídica van a tener las CE.
  • Que el autoconsumo colectivo, antesala de las CE, no está regulatoriamente desarrollado.
  • Que las distribuidoras no solo no ayudan, sino que son la mayor traba para cualquier instalación de autoconsumo que supere los 15 kW. La retribución definida como rentabilidad por inversión va en contra del establecimiento de peajes por uso real de la red, como exige la directiva, y su pertenencia a grupos eléctricos integrados hace que haya un permanente conflicto de intereses entre las funciones encomendadas para el desarrollo de las CE y el beneficio del grupo empresarial.

No nos engañemos; a pesar del interés mostrado por el Gobierno con la elaboración de guías, la participación en jornadas explicativas, el destino de líneas de ayudas financieras desde los fondos de los Next Generation EU, como los 100 M€, procedimiento que está en periodo de consulta pública hasta el próximo día 19 de noviembre, o la disponibilidad de un mapa interactivo en la web del IDAE en el que se pueden ver las iniciativas que están en marcha actualmente, ni hemos avanzado en el desarrollo de las CE ni en el del autoconsumo colectivo, que es la base de partida, al menos en cuanto a la generación de electricidad en las CE.

Vemos como la mayoría de las Comunidades Autónomas están haciendo verdaderos esfuerzos para apoyar el desarrollo de las primeras iniciativas de CE, pero no es suficiente y realizar un proyecto piloto tras otro, hechos, no me cabe ninguna duda, con el esfuerzo innovador de muchos para conseguir que sea fácil llevar a cabo estas iniciativas de forma natural, no es el camino que seguir.

Las CE necesitan, ante todo, que el autoconsumo colectivo se desarrolle regulatoriamente de forma adecuada:

  • Eliminando la exigencia de la distancia máxima de 500 metros entre generación y consumo.
  • Suprimiendo la exigencia de suma uno de los coeficientes de reparto de todos los participantes, con el fin de dotar de flexibilidad a la entrada y a la salida de los consumidores asociados.
  • Desarrollando el estatuto del consumidor asociado.
  • Regulando que el acceso a la red sea automático, porque somos una agrupación de consumidores que ya tenemos una potencia contratada muy superior a la que vamos a inyectar a la red como excedentes.
  • Cumpliendo la promesa de disponer de coeficientes dinámicos de reparto y que verdaderamente se pueda compartir la electricidad entre los miembros de la CE.

Obviamente, es difícil pensar que el autoconsumo colectivo va a ser una práctica habitual cuando todavía no disponemos de las pautas necesarias para eliminar las barreras existentes. No necesitamos ayudas económicas, ni pretendemos que las CE florezcan en base a su consideración como proyectos piloto para lucimiento público, solo queremos que su desarrollo sea replicable y normalizado.

Winston Churchill pensaba que la victoria era una consecuencia natural de las causas justas y del empeño en conseguirlas. Sabemos que en comunidad todos somos más fuertes y por eso nuestras peticiones deben estar centradas en conseguir los grados de libertad que necesitamos para ponerlas en marcha. Todo lo que retrasemos su desarrollo ocasionará derrotas absurdas que no necesitamos para lograr nuestro objetivo que no es otro que poder decidir en libertad cómo queremos cubrir nuestras necesidades energéticas.

 

Fernando Ferrando – Presidente de la Fundación Renovables

Imaz, la crisis de la electricidad y la transición energética

No hay peor mentira que una media verdad, dice el refrán. En esta conferencia, el CEO de Repsol afirma que “no es de recibo que haya que enfrentarse a meses en los que las familias tengan que pagar la electricidad a 220 o 250 €/MWh o que haya industrias que tengan que parar porque no pueden afrontar los costes energéticos”.

Imposible estar en desacuerdo. Pero achaca esa subida de precios casi exclusivamente al precio de las emisiones de CO2 en el sistema europeo de emisiones, ETS. Sin más.

Esta gráfica muestra la subida del precio de la electricidad en toda la Unión Europea desde julio de 2020 a octubre de 2021. Abajo, en verde, el efecto del precio del CO2. Arriba, en gris, el efecto de la subida del precio del gas natural fósil.

Como veíamos en este resumen del análisis de la AIE, la subida del precio de la electricidad se debe, sobre todo, a la subida del precio del gas natural fósil en los mercados internacionales, combinado con un sistema marginalista de fijación de precios que habrá que revisar seriamente: más del 70% de la producción eléctrica (nuclear, hidráulica, eólica, fotovoltaica y otras) se produce a un coste muy por debajo de los 40-50 €/MWh y menos de un 30% se produce con gas fósil, a esos precios.

El sector de generación eléctrica gana miles de millones anuales con precios mayoristas promedio por debajo de 50 €/MWh, por lo que no parece de recibo que gane decenas de miles de millones aprovechando que el gas fósil está por las nubes, con el resultado de poner contra las cuerdas a la industria y a muchas familias.

De hecho, en España hay 18 millones de contratos del mercado ‘libre”, con tarifas pactadas, fijas (digamos entre 10 y 20 céntimos/kWh, es decir, entre 100 y 200 €/MWh) y unos 11 millones de contratos indexados al precio mayorista, entre los que se encuentran los de la mayor parte de las industrias. Ese tipo de contratos ha sido siempre más ventajoso que las tarifas reguladas, pero no ahora, con el gas casi diez veces más caro que al inicio de la pandemia. Casi todo lo que dice Imaz es cierto, pero lo que no dice, también lo es.

Por ejemplo, dice que parte de la culpa de la subida del precio del gas se debe a que las empresas no han invertido en exploración de gas natural fósil; cierto; o que los bancos no financian esas inversiones; cierto. Pues que inviertan masivamente en plantas de biometano, llamado a reemplazar al gas fósil en todos sus usos. Habla de la posible pérdida de empleo en una acería que tiene que cerrar por el precio de la electricidad. Cierto, pero esa acería debería firmar contratos de suministro de electricidad con generadores, en la modalidad de PPA o subastas, como las recientes ocurridas en España, en las que los precios de adjudicación de más de 6.000 MW han sido entre 20 y 30 €/MWh. Habla de la eventual pérdida de empleos en el sector de refino. Cierto, pero si se realizan las inversiones necesarias para erradicar el gas fósil, mediante mil pequeñas plantas de biometano en cientos de granjas, vertederos, industrias y depuradoras, se crearán cien veces más empleos de los que se pierdan en un puñado de refinerías. Y eso va a ocurrir en toda Europa…

Motor de combustión y neutralidad tecnológica”… Bueno, por fin llegó a su libro, de eso se trataba… A eso ya le contesté en mayo, en esta otra réplica. No es posible reducir las emisiones en ciclo de vida de los motores de combustión, ni ahora ni nunca. En este artículo, basado en un informe del organismo independiente International Council on Clean Transportation (ICCT), se demuestra que las emisiones totales (en el tubo de escape, en la fabricación del coche y en las baterías, en el proceso de refino y distribución y en las fugas de metano) de las diferentes tecnologías son de unos 250 grCO2e/km para los motores de combustión y entre 40 y 80 para los diferentes tipos de vehículo eléctrico, en varias geografías, en 2020. En 2050, esas emisiones serán más de 200 y menos de 40 grCO2e/km, respectivamente.

No hay futuro para los hidrocarburos. Cuando toda la electricidad sea producida con fuentes renovables (incluyendo baterías, hidrógeno, bombeo y biometano), podremos prescindir del gas natural fósil. Y cuando toda la movilidad sea propulsada por tecnologías sin emisiones (electricidad renovable, hidrógeno, amoníaco o electrocombustibles), podremos prescindir del petróleo.

El horizonte de todo eso será 2050 en la UE. y quizás en toda la OCDE, y algo más tarde en el resto del mundo. Y las crisis como la presente solo nos recuerdan que llevamos años de retraso. No será fácil, pero la recompensa final será un clima soportable, una atmósfera respirable, una factura energética muy inferior y millones de empleos netos en la instalación, renovación, operación y mantenimiento de todas las infraestructuras sin emisiones.

Aceleremos la transición. Como sea. No podemos depender de un 75% de combustibles importados.

Por Emilio de las Heras – Experto en Cambio Climático y Economía "

Los inversores en renovables tienen en sus manos que el Presidente pueda cumplir su promesa

Es una realidad que, por la decisión de la Comisión Europea de mantener el sistema marginalista de fijación de precios del mercado mayorista de electricidad, un combustible como el gas natural, con un aporte al mix de generación del 15% en lo que va de año, sea el que fije el precio para toda la generación de electricidad.

Si analizamos la composición del mix que cierra todos los días el mercado mayorista podremos observar que un porcentaje muy elevado de centrales no se benefician de estos precios desorbitados porque su retribución está fijada en función de la rentabilidad establecida de sus activos. Me refiero a todas las centrales que están inmersas en el RECORE, Retribución Cogeneración y Renovables.

Los inversores de estas plantas de forma arbitraria, indiscriminada y con efectos retroactivos, vieron reducidos, por parte de los gobiernos de España de 2010 a 2014, la retribución que regulatoriamente se había establecido y por la que invirtieron, estableciéndose a partir de 2014, una retribución a la inversión de un 7,39%, valor que todos podríamos considerar atractivo si no hubiera sido porque la inversión elegible no fue la que se había acometido, sino la que el Gobierno, de forma unilateral y ajena a la realidad, decidió fijar.

Estas centrales están retribuidas con el precio del pool más una cantidad fija por cada MW de potencia, denominado como coeficiente Rinv, en función de las características de cada central y está sujeto a regularización por periodos de 6 años; el primer periodo acabó el 31 de diciembre de 2019 y el actual finalizará en diciembre de 2025. Con el fin de flexibilizar la revisión, se estableció una regularización intermedia en periodos de 3 años por lo que en diciembre de 2022 se deberán revisar los ingresos percibidos y fijar la retribución adicional para el siguiente semiperiodo a finales de 2025.

La práctica del Gobierno nunca ha sido amigable con los propietarios de las inversiones porque siempre han establecido un precio de pool para el cómputo de la prima a percibir por inversión mayor que las previsiones más habituales; por ejemplo, para 2020 se fijó 54,42€/MWh cuando el precio del pool fue de 34 €; para 2021 el precio establecido fue de 52,12 €/MWh y para 2022 de 48,82 €/MWh, valores todos muy por encima de las previsiones que el mercado ofrecía y que, obviamente, suponen un menor pago fijo hasta su regularización.

La potencia sujeta al RECORE, en función de cada tipo de central, que figura en una Orden Ministerial, con nada más y nada menos que 1.761 páginas, asciende, incluida la cogeneración, a más de 44.000 MW, de los que, obviamente, la mayoría no cobran ingresos adicionales, bien porque han cumplido la edad para percibirlos o porque tienen un valor cero al ingreso establecido como Rinv.

Si nos fijamos en la situación de 2021 y en lo que ocurrirá, previsiblemente, en los primeros meses de 2022, podemos comprobar que con el precio del pool medio de 70 €/MWh hasta septiembre o con una previsión para todo el año en torno a los 110 €/MWh, los inversores renovables en 2021, de acuerdo con la formulación de su retribución, estarán percibiendo, con respecto al valor de pool fijado para este año de 52,12 €/MWh, un ingreso muy superior que deberá ser regularizado cuando finalice 2022. Si consideramos un exceso de 58 €/MWh, el importe a ajustar solo para las renovables, en grandes números, sería de unos 2.000 M€, a favor del sistema. A esta cantidad habría que descontarle lo no percibido en 2020, unos 250 M€, al fijar un precio de cómputo del pool de 20,4 €/MWh, por encima del realmente producido, sin incluir la eólica ya que su déficit estaría ya recuperado en el cálculo de 2021 al tener un ingreso previsto en el RECORE de 80,9 €/MWh. .La situación para 2022, si atendemos a los futuros previstos para el precio del mercado, lo podrían situar en 130 €/MWh, lo que supone todavía un incremento del ajuste de unos 1.200 M€ adicionales.

La pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué no regularizamos en 2021 lo que corresponde a 2021? Es decir, por qué no regularizamos estos 2.000 M€ que se corresponden con un 11,1% de los costes fijos del sistema y que supondrían una importante rebaja del precio de la electricidad sobre todo para los consumidores domésticos,  al estar subvencionando estos la tarifa eléctrica de las empresas; los consumidores domésticos soportan por kWh un 60% más de costes fijos que una PYME o 4 veces más que la gran industria.

Esta media permitiría, por un lado, que el consumidor doméstico pueda ver reducida de forma importante su tarifa eléctrica y, por otro, y aquí mi esperanza de que pueda realizarse, que la medida resulte atractiva al permitir que la promesa del Presidente se cumpla.

Los inversores renovables están acostumbrados a tener que lidiar siempre con las consecuencias más desfavorables, pero tienen en sus manos, si así lo establecen con el Gobierno, aliviar la carga a los consumidores más desfavorecidos y evitar que el Gobierno tenga que actuar, como suele ser habitual en los últimos tiempos, de forma unilateral y sin contar con el acuerdo de los agentes del sector.

Una última consideración: si el incremento del precio de pool reduce el valor de la retribución por inversión del RECORE, esta reducción no debería disminuir el monto del futuro Fondo Nacional para la Sostenibilidad el Sistema Eléctrico (FNSSE), hoy en discusión en el Congreso. No sería lógico que el petróleo y el gas dicten la política energética y que, además, se beneficien de lo que ellos, con su volatilidad provocada, han generado.

Fernando Ferrando – Presidente de la Fundación Renovables

El gas natural: un obstáculo para una verdadera descarbonización del transporte marítimo

El transporte marítimo es un sector con una creciente participación en la economía mundial que tiene un impacto medioambiental negativo muy significativo y, también, un constante aumento tanto en términos de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y contaminantes atmosféricos (ya que actualmente depende prácticamente de forma absoluta del uso de combustibles fósiles, mayoritariamente fuelóleo pesado, como fuente de energía), como de generación de ruido submarino y colisiones con la fauna marina, entre otros.

Según el Cuarto Estudio de la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre los gases de efecto invernadero del transporte marítimo, las emisiones de GEI -incluyendo el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O), expresadas en CO2-eq- del total del transporte marítimo (internacional, doméstico y pesquero) han aumentado de 977 millones de toneladas en 2012 a 1.076 millones de toneladas en 2018. En 2012, hubo 962 millones de toneladas de emisiones de CO2, mientras que en 2018 esta cantidad creció un 9,3% hasta los 1.056 millones de toneladas de emisiones de CO2. La proporción de las emisiones del transporte marítimo en las emisiones antropogénicas mundiales ha aumentado del 2,76% en 2012 al 2,89% en 2018.

Esta cifra de 1.076 millones de toneladas (1.000 millones de toneladas = 1 gigatonelada, GT) de emisiones anuales de GEI convierte al transporte marítimo internacional en su conjunto en el sexto mayor emisor del mundo, después de China (10,06 GT), Estados Unidos (5,41 GT), India (2,65 GT), la Federación Rusa (1,71 GT) y Japón (1,16 GT), que son los cinco primeros países emisores del mundo. Le sigue en el ranking Alemania (0,75 GT) [datos referidos a 2018].

Sin embargo, la industria del transporte marítimo está significativamente por detrás de otros sectores en lo que respecta a sus esfuerzos para la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Si no se toman medidas, la evolución creciente del tráfico marítimo de mercancías y pasajeros conducirá inevitablemente a un aumento de las emisiones de GEI en este sector. Para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París en materia de cambio climático, el transporte marítimo internacional debe impulsar su transición hacia la descarbonización.

En un momento tan crucial como en el que nos encontramos, en plena emergencia climática, las inversiones y el desarrollo tienen que ir hacia un solo objetivo: la descarbonización; y alejarse de opciones falsas, como el gas natural licuado (GNL), que solo contribuirían a mantener a largo plazo la actual dependencia energética de combustibles fósiles.

El gas natural tiene un impacto climático incluso peor que los actuales combustibles fósiles líquidos. Apostar por el gas natural conducirá a la generación de activos varados y también a exacerbar la gravedad del cambio climático.

El gas natural es un combustible fósil que se extrae del subsuelo. Está compuesto en su mayor parte por moléculas de metano (CH4), que produce CO2 cuando se quema. El metano es también un gas de efecto invernadero en sí mismo, 36 veces más potente como GEI que el CO2 en una perspectiva de 100 años (o 87 veces más potente en una de 20 años). Por lo tanto, su liberación a la atmósfera provoca más cambio climático que su combustión. El gas natural es «gaseoso» en condiciones normales de temperatura y presión atmosférica. Para facilitar su transporte y almacenamiento, se suele licuar a temperaturas de congelación (-160Cº), lo que da lugar al gas natural licuado (GNL).

Aunque el GNL es presentado interesadamente por la industria de los hidrocarburos como un combustible puente hacia la descarbonización, menos perjudicial para el clima que los combustibles fósiles convencionales, eso es una falacia. El engaño consiste en considerar únicamente las emisiones directas de CO2 de la combustión del GNL, pasando por alto el impacto de las fugas y filtraciones de metano a la atmósfera. El metano suele fugar desde los gasoductos de gas natural durante el transporte o se escapa de los motores cuando se produce una combustión incompleta. La combinación de las emisiones de CO2 y las filtraciones/escapes de metano a lo largo de todo el ciclo de vida del combustible, es decir, desde la producción hasta su combustión en el barco, hace que el gas natural/GNL sea más perjudicial en términos climáticos que el gasóleo fósil usado en el transporte marítimo.

Afortunadamente, existen muchas opciones operativas y tecnológicas que pueden aplicarse para reducir las emisiones de GEI de los buques. Así, el aumento de la eficiencia de los motores, de las hélices y del propio diseño de la embarcación tendrá un impacto significativo en la reducción de las emisiones y, sobre todo, en el recorte del crecimiento futuro de las mismas.

Otras medidas de eficiencia operativa, en especial la reducción de la velocidad de navegación, son muy importantes para reducir el consumo de energía y las emisiones y pueden adoptarse inmediatamente.

En cuanto a la reducción de velocidad, el citado estudio de la OMI reconoce que:

– La reducción de velocidad es considerada como la tecnología con un mayor potencial de reducción de CO2.

– El potencial de reducción de CO2 de la reducción de velocidad indica valores más altos que otras tecnologías.

– Los factores que impulsan la reducción de la intensidad de carbono de los buques incluyen principalmente la mejora de la eficiencia del diseño, la reducción de la velocidad y la optimización de la carga útil.

Es ampliamente reconocido que la reducción de la velocidad de los buques es, entre las diferentes medidas operativas disponibles, la que puede contribuir de forma más rentable a reducir el impacto medioambiental del transporte marítimo. De hecho, esta medida permite reducir, de forma muy significativa y con efecto inmediato, las emisiones de CO2, los contaminantes atmosféricos como el SOx, el NOx y el carbono negro, así como el ruido submarino y el riesgo de colisión con la fauna marina, como señalan estudios recientes.

Con respecto a los combustibles cero emisiones, la solución más sostenible, especialmente para los barcos más grandes y los viajes transoceánicos, es el uso de hidrógeno verde y el e-amoniaco. Este último presenta la opción de e-combustible más barata para el transporte marítimo, con mejor rendimiento que el e-GNL.

Hay un creciente consenso entre los mayores astilleros del mundo de que el e-amoniaco podría ser la «alternativa más cercana a un combustible ideal» para el transporte marítimo. A pesar de que su densidad energética es inferior a la de los e-hidrocarburos y los e-alcoholes, como el e-diésel, el e-metanol o el e-metano, el coste total de operación de los buques oceánicos con e-amoníaco parece ser el más bajo, incluso si se tienen en cuenta los costes indirectos de la pérdida de espacio.

Por todo ello, apostar por el GNL para el transporte marítimo es absurdo desde el punto de vista climático y un grave error en la transición energética hacia la descarbonización. Incomprensiblemente, la Comisión Europea dentro de su paquete legislativo “Fit for 55” (presentado el pasado 14 de julio y cuyo objetivo es asegurar que la Unión Europea reducirá sus emisiones de GEI en al menos un 55% para 2030) decidió apoyar el GNL en lugar de proponer medidas para asegurar el necesario despliegue de combustibles cero emisiones. Esperemos que en la tramitación que tendrá lugar en los próximos meses entre la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo, ese grave error sea subsanado.

Por Carlos Bravo – Responsable de políticas de transporte Transport & Environment y amigo de la Fundación Renovables

Los camiones a gas no son más limpios que los diésel

Puede que emitan algo menos de CO2 en el tubo de escape y de NOx al quemarlo, pero producen muchas más partículas cancerígenas PM y, si contamos el efecto invernadero de las fugas de metano, son peores para el clima.

Esas son las conclusiones de este estudio de Transport & Environment, tras haber medido y calculado todas las emisiones de varios modelos supuestamente “limpios”.

Por simplificar, pongo esta lámina que muestra las emisiones totales de efecto invernadero, teniendo en cuenta todo el ciclo y las fugas desde la extracción a la combustión.

Al planeta poco le importa que, en el tubo de escape, en vez de 1.000 gramos de CO2eq con diésel, se emitan 900 gramos con gas. Menos aún, si para llevar esos combustibles desde el pozo al depósito hay que emitir 300 gramos más en el caso del gasóleo o 600 en el caso del gas. Y le da igual el artificio que utiliza la industria de repartir el efecto invernadero de las fugas de metano en 100 años para que las emisiones totales resulten un mero 7,5% inferiores.

Es una broma pesada decir que los camiones y autobuses a gas “son limpios” o “son la energía de transición”, porque contaminan un 7,5% menos que los de gasóleo.

Muchos creemos que la realidad es que contaminan un 13,4% MÁS…

Pero, huelga la discusión: con alcohol a 93% no vamos a desalcoholizar el transporte.

Por lo tanto, que no nos cuenten milongas. Que no inviertan miles de millones en gasineras y camiones a gas, que deberán dejar de circular en una o dos décadas.

Que le pongan al GNL/GNC un Impuesto de Hidrocarburos comparable al del gasóleo o la gasolina y desaparecerá al instante el interés de la industria.

Y apostemos decididamente por el transporte pesado verdaderamente LIMPIO: eléctrico a baterías o a pila de combustible con hidrógeno renovable.

Hace casi 3 años publiqué esta metáfora sobre la descarbonización de la aldea gala, por si alguien quiere ver el lado humorístico de esto. Si es que lo tiene…

Por Emilio de las Heras – Experto en Cambio Climático y Economía "

Punto final a la aventura bursátil-radioactiva de Berkeley en Retortillo

La Junta de Castilla y León consideró que la radiación de este proyecto de minería tendría una afección «menor que la de una radiografía»

El pasado 12 de julio se puso fin a la historia de un despropósito radiactivo que ha durado 10 años. Ese día, el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó por amplia mayoría (4 votos a 1) la Propuesta de Dictamen Técnico en el que se propone informe técnico desfavorable a la solicitud de autorización de construcción de la instalación radiactiva de primera categoría del ciclo del combustible nuclear «Planta de concentrados Retortillo», en el municipio de Retortillo (Salamanca).

El CSN, cuya misión es velar por la protección radiológica de la población y el medio ambiente, rechazó, por motivos técnicos, la solicitud de la empresa Berkeley Minera de España (BME), de la que, por cierto, no se conoce actividad minera real alguna en ninguna parte del mundo, aunque sí sus manejos en la Bolsa a costa de las expectativas del proyecto.

Su decisión se basa en que el modelo hidrogeológico presentado por BME para la solicitud de construcción de una planta de concentrados de uranio y un almacenamiento de residuos radiactivos asociado no resulta aceptable por su escasa fiabilidad y elevadas incertidumbres a la hora de garantizar que esos elementos radiactivos no se filtrarán a las aguas subterráneas. Ante el riesgo de contaminación radiactiva del medio ambiente, el CSN, como órgano regulador, optó por informar negativamente el proyecto. Lógicamente, esta decisión ha sido especialmente celebrada por organizaciones como WWF y STOP Uranio que han luchado durante años de forma constante en contra de este proyecto absurdo e innecesario.

Han sido varios años en los que, pese a los reiterados requerimientos por parte del CSN, BME no ha sido capaz de aportar información técnica que pudiera ser considerada aceptable y suficiente para que aquel pudiera informar positivamente el proyecto de construcción de la planta de concentrados de uranio. Lo que sí hizo Berkeley (y también su compañera de viaje radiactivo, la Junta de Castilla y León) fue mandar cartas amenazantes al Consejo de Seguridad Nuclear, tal y como denunció su Presidente ante el Congreso de los Diputados, para forzar que este órgano regulador le otorgara dicho permiso.

La decisión del CSN tiene como consecuencia inmediata el fin de la tramitación administrativa. En efecto, dado que el dictamen del CSN ha sido desfavorable y, por tanto, tiene carácter vinculante, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), que es el órgano sustantivo en el procedimiento administrativo, no tiene más remedio que denegar a Berkeley su solicitud de autorización de construcción de la planta de concentrados de uranio. En este sentido, recordamos que dichos concentrados son un material previo para la fabricación de combustible nuclear para las centrales nucleares, las cuales en España ya tienen fecha de cierre definitivo.

Si bien es importante desgranar y profundizar en las razones técnicas en las que el CSN ha basado su contundente rechazo a este proyecto, también lo es entender cómo hemos llegado a que, con semejantes riesgos radioactivos expuestos por el CSN, el proyecto hubiera obtenido ya algunas autorizaciones previas esenciales, algo necesario para extraer lecciones aprendidas de este caso y exigir las responsabilidades políticas oportunas.

Conviene recordar la envergadura e implicaciones del proyecto con el que Berkeley pretendía explotar una veta de uranio bajo Retortillo y Villavieja de Yeltes, abriendo cinco cortas, y construir una planta de tratamiento para la fabricación de concentrados de uranio. Fruto de su explotación los residuos radiactivos se generarían en grandes cantidades, decenas de millones de toneladas.

Dichos residuos sólidos radiactivos se pretendían almacenar, algunos de forma definitiva, tanto en el hueco de la mina como en escombreras permanentes. Respecto a las aguas contaminadas radiactivamente, se pretendía almacenarlas en una pila de lixiviación de casi 800 m de longitud conectada con otra balsa de destino, contemplando la descarga en el río en caso de excedentes tras un proceso de “neutralización”.

El informe técnico del CSN es tajante respecto a que los planes de la empresa en relación con el tratamiento y vertido de los residuos radiactivos no garantizaban que no ocurrieran distintos procesos de infiltración que terminarían afectando a acuíferos subterráneos provocando, de forma directa, su contaminación radiactiva y, por consiguiente, la de los ríos conectados con dichos acuíferos. En concreto, ni la impermeabilización de la pila de lixiviación, ni el riesgo de desbordamiento de la balsa han podido ser suficientemente justificados por Berkeley, según el citado informe.

La cómplice irresponsabilidad de la Junta de Castilla y León

El 24 de agosto de 2017, la entonces Consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, en la presentación de la Estrategia minera de Castilla y León, defendió la seguridad del proyecto de mina de uranio de Berkeley en la provincia de Salamanca por estar avalada, según ella, por «más de noventa informes, todos favorables».  Además, la consejera argumentó que «el uranio existe en la naturaleza» por lo que «a lo mejor tampoco hay tanto problema» con que se extraiga de la roca y se utilice como recurso industrial. También animó a los ciudadanos a confiar en la bondad del proyecto ya que los proyectos mineros, como el de Retortillo, «pasan por todos los trámites» y cuentan con las «debidas garantías para que esa mina pueda ser abierta», con unos «niveles de radiación» que afectan «menos que una radiografía».

Esas declaraciones son un claro ejemplo de la irresponsabilidad política, social y ambiental que se esconde tras la aprobación de este proyecto por parte de la Junta de Castilla y León con la emisión de una lamentable Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva (publicada en el BOCyL del 8 de octubre de 2013). En aquella DIA, emitida por esta administración, no había referencia alguna a los impactos generados por los residuos radioactivos del proyecto puesto que, de forma increíble, no eran considerados como radioactivos sino como “residuos NORM” (“Naturally Occurring Radioactive Materials”).

La consideración de los residuos generados en la planta de tratamiento de uranio como NORM, cuando deben ser clasificados como residuos radiactivos según la propia legislación vigente (Real Decreto 783/2001 de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes), fue un aspecto que ya destacó el CSN en un informe de 2013 en el que instaba a Berkeley a resolver dichas carencias.

Hasta un año después, Berkeley no reconoció por primera vez el carácter radiactivo de los residuos, pero finalmente su efecto sobre las aguas, aire, suelo, animales o personas se quedó sin analizar por ninguna evaluación ambiental ya que este proceso no fue repetido y en todo momento se siguió considerando válida la DIA inicial emitida por la Junta de Castilla y León.

Tampoco el Gobierno en aquel momento, cuyo ministro de Energía era Álvaro Nadal, tuvo problema en firmar en 2015 la Orden que concedió a BME la autorización previa de emplazamiento sin haber resuelto previamente el problema de la falta de evaluación ambiental de los efectos de los residuos radiactivos, así como otros graves problemas que este irregular procedimiento viene arrastrando desde sus inicios (por ejemplo, el hecho de que no se analizasen los efectos transfronterizos en Portugal).

A pesar de todas estas irregularidades, y de no haber obtenido el resto de permisos necesarios como la autorización de construcción, la empresa comenzó a realizar las obras, movimientos de tierra y tala de encinas, muchas de ellas centenarias, en la zona afectada por el proyecto.

Es inadmisible que la Junta de Castilla y León emitiera una DIA positiva carente de todo rigor y hayan defendido a capa y espada este proyecto a lo largo del tiempo y que la administración nacional en aquellos años respaldara estas irregularidades concediendo la autorización previa Pero, es aún más inadmisible que lo hicieran a costa de la salud y el medio ambiente y de los riesgos radiológicos de dicho proyecto. Sin duda se trata de un asunto sobre el que deberían pedirse responsabilidades políticas por la dejadez de funciones para proteger nuestra salud y la de nuestro medio ambiente.

Por Carlos Bravo – Consultor en energía en Salvia EDM y amigo de la Fundación Renovables

Cambio climático: estábamos avisados. 5 medidas que las corporaciones tratan de impedir

El cambio climático ya no es una predicción de futuro. Desgraciadamente, ya es una realidad que está golpeando con fuerza a todo el mundo en forma de fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor, incendios, inundaciones, tornados o sequías. Como bien explicaba The New York Times hace unos días, ya nadie está a salvo. Estos eventos extraordinarios alcanzan a todos sin piedad, tanto a ricos como a pobres, aunque siempre son las personas y comunidades con menos recursos las que se llevan la peor parte, a pesar de ser quienes menos responsabilidad directa tienen en las causas.

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