Las turbulencias del recibo de la luz impactan en un bien esencial

Este año post-pandémico no quiere dar ninguna tregua a los precios de la luz que, lejos de bajar, parece que mantendrán su tendencia al alza en el mercado mayorista. Es recurrente que cuando se producen este tipo de subidas prolongadas en el tiempo coincidan con una situación tensa entre el gobierno y las eléctricas; no es la primera vez que ocurre, solo hay que echar la vista atrás y recordar como, por ejemplo, en el año 2013 estas subidas llevaron a la anulación de las subastas CESUR y a una sanción a Iberdrola por manipulación en el precio de la energía eléctrica.

Pero, ¿qué está ocurriendo ahora?

El necesario avance de la transición energética requiere un marco normativo. Para ello, el gobierno, con el fin de transponer la Directiva 2009/72/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad a la legislación española, ha aprobado una serie de normativas para sustituir los actuales peajes de acceso del sector eléctrico, separándolos en peajes de redes, que regulará la CNMC, y cargos, que serán regulados por la Administración General del Estado.

Hay que señalar que este proceso ha sufrido un retraso en su calendario de implantación debido a la pandemia, lo que dificultó el inicio del proceso de adaptación de las compañías eléctricas al nuevo sistema. Además,  hay que sumar las medidas extraordinarias adoptadas por el Ministerio para garantizar el acceso a suministros básicos durante el periodo de crisis.

¿Cuáles son las normativas puestas en marcha por el gobierno?

1º.- Se pone en marcha un nuevo modelo de factura eléctrica con una nueva estructura tarifaria de peajes y cargos con la intención de fomentar el ahorro energético, la eficiencia, el autoconsumo y el despliegue del vehículo eléctrico.

Este cambio no modifica el precio de la electricidad, solo el reparto que se hace de algunas partidas de la factura que se trasladan del término de potencia al término de energía. Se intenta que el término de potencia (el fijo) baje de precio y suba el de la energía (el consumo); de este modo conseguimos trasladar al usuario el beneficio de hacer un uso consciente y de adoptar medidas de eficiencia que tengan como reflejo un retorno económico en la factura.

2º- Se aprueba el Proyecto de ley de creación del FONDO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO (FNSSE), un nuevo ingreso del sistema que servirá para cubrir los costes fijos del RECORE (primas a las renovables, cogeneración y residuos) que se recaudará a través de todas las empresas energéticas y que, hasta ahora, se cargaba en los peajes de acceso de la factura eléctrica. Será gestionado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) y tendrá un calendario de implantación gradual durante cinco años.

La partida económica por la recaudación del RECORE (primas renovables, cogeneración de alta eficiencia y quema de residuos) se traslada así de los cargos del sistema a los costes de la energía; dejará de pagarse, por tanto, de forma alícuota entre todos los consumidores para ser un pago proporcional al consumo realizado.

3º.- Se tramita un ANTEPROYECTO DE LEY para actuar sobre la retribución del CO2 no emitido para centrales que entraron en operación con anterioridad a la puesta en marcha del mercado de derechos de emisión (2005). Con esto se evita la sobre retribución que el sistema marginalista permite a las centrales de generación con tecnologías no emisoras (nuclear e hidráulica).

El gobierno se plantea llevar a cabo su tramitación por la vía de urgencia debido a la situación actual de precios muy elevados. Esta medida podría suponer una disminución del beneficio de las tecnologías no emisoras y una minoración del precio de la energía para los usuarios, pero también podría llevar a un aumento en la participación del gas en las ofertas del mercado diario, por lo que no podemos asegurar que consiga el objetivo de bajar los precios del mercado.

Pero, entonces ¿qué podemos hacer para evitar las subidas de la luz?

Cuando sube el precio de la luz es porque sube el precio de la energía en el mercado mayorista, no porque la parte de peajes y cargos (lo que cuesta el mantenimiento del sistema) suba, porque esta parte es estable, se fija una vez al año y no se altera salvo casos muy excepcionales (como ahora, que se ha cambiado la tarifa).

El sistema marginalista utilizado en el mercado mayorista (todas las tecnologías se pagan al precio de la más cara), a pesar de ser utilizado en otros mercados de Europa, en España, debido al mix tan diverso de producción y a la alta penetración de energías renovables, no permite una justa retribución de cada una de las tecnologías participantes, incrementando el precio para los usuarios y el beneficio de las compañías de forma innecesaria.

El sistema eléctrico en España necesita una reestructuración debido a que se diseñó en un contexto con altos precios de la electricidad, un mix de generación mayoritariamente fósil y una demanda creciente. El paradigma energético ha cambiado con la introducción creciente de tecnología renovable y el papel que se ha otorgado a las centrales de ciclo combinado cuyo combustible es gas y carbón así como a la energía hidráulica como servicio de respaldo a la intermitencia de otras fuentes renovables como la fotovoltaica y la eólica. Estas tecnologías son vitales para el sistema eléctrico, por tanto su utilización debería centrarse en el interés general del sistema y no en la maximización de beneficios económicos de las empresas concesionarias de su uso.

Además, las grandes compañías eléctricas verticalmente integradas a lo largo de toda la cadena de valor de la electricidad tienen capacidad de manipulación de estos precios, como ya hemos visto.

Así que no podemos seguir justificando estas subidas por el aumento de los precios del gas, del barril de Brent, de los derechos de emisión de CO2, de la climatología, de… ¡es el mercado, amigo!

¿Y qué pasará si bajamos los impuestos de la factura?

La factura eléctrica se graba con el tipo de IVA general (21% desde el 1 de septiembre de 2012) a pesar de ser un servicio esencial. Bajar al tipo reducido del 10%, aunque sea de manera temporal, conllevará una rebaja directa en el precio de la factura del usuario doméstico que no puede “compensar” ese impuesto en su declaración. Pero, también deberíamos pensar que es un recorte importante de ingresos para la administración pública. Hay más de 26 millones de puntos de suministro con hasta 10 kW de potencia contratada, a los que se factura mensualmente con su correspondiente IVA. Teniendo en cuenta que los impuestos no son «beneficios del Estado» sino recursos financieros para cubrir el gasto público, quizás podrían valorarse otras fórmulas, como grabar con un tipo impositivo general o reducido en función del consumo, de modo que se vean compensadas las actuaciones en relación a la eficiencia.

Y por supuesto, no debemos olvidar que hay un 25% de la población en riesgo de pobreza y/o exclusión social, que no dispone de una solución para garantizar un suministro esencial como es la electricidad, de manera que implementar lo antes posible una tarifa social con un IVA superreducido del 4%, entre otras características. Debería ser prioritario para un gobierno que realmente no quiere dejar atrás a la población más vulnerable.

Por Soledad Montero – Área de energía de Ecologistas en Acción y miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético Soledad Montero

2 comentarios · Escribe aquí tu comentario

  1. De devolver a los consumidores los millones robados no dicen nada?

    27 junio 2021 | 01:13

  2. ¡Estas turbulencias nos están dejando los bolsillos secos!

    09 agosto 2021 | 22:39

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