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A vueltas entre los necesarios avances regulatorios para la transición energética y la incertidumbre que genera la falta de un consenso político

En estos momentos de incertidumbre política ante el anuncio de convocar las terceras elecciones generales en poco más de tres años, nos encontramos, en el ámbito energético, en uno de los momentos de mayor interés e ilusionantes de las últimas décadas.

Para esta misma semana se ha anunciado la presentación del Plan de Energía y Clima y también está en fase avanzada de tramitación el Real Decreto de autoconsumo, elemento esencial para garantizar el cambio del modelo energético y la participación activa de los ciudadanos; el acierto en su desarrollo será la base para dar la entrada a nuevas operativas en el mercado. Adicionalmente también estaba previsto tramitar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y  la  Estrategia Nacional de Transición Justa que no podrán ver la luz en lo que queda de legislatura.

Coincidiendo con toda esta actividad  acabamos de conocer  que en 2018 las fuentes renovables alcanzaron a cubrir el 40% de la producción eléctrica peninsular, cifra que contrasta fuertemente con lo que sucede en los sistemas no peninsulares donde la cobertura eléctrica con renovables oscila entre el 5% y  10% para Baleares y Canarias respectivamente, y no por falta de recursos precisamente, a pesar de tener los costes de generación más altos a nivel nacional, lo que requiere de un  análisis  más detallado en un próximo artículo.

Hay que reconocer que la actividad del Ministerio de Transición Ecológica en estos últimos meses contrasta con la parálisis sufrida por el anterior Ejecutivo y su continua implantación de obstáculos en el avance hacia un nuevo modelo energético y económico

Volviendo a la demanda peninsular, la potencia  fotovoltaica  instalada prácticamente se ha duplicado respecto al año anterior, representando las instalaciones de autoconsumo energético el 90% de la nueva potencia instalada (236MW), a estos datos suministrados por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) sin duda han contribuido además de la eliminación del impuesto al sol, la reducción de costes de producción en un 80% en los últimos 10 años.

Esta tendencia pone de manifiesto la necesidad de disponer lo antes posible del decreto de autoconsumo para clarificar, ordenar e incorporar los importantes avances que contempla tanto en tramitación de solicitudes, como en el  desarrollo del autoconsumo colectivo o la facturación neta que permitirá a los autoconsumidores compensar la energía vertida a la red contra la energía consumida de la misma en términos económicos en períodos mensuales. En conjunto, aunque tiene elementos de mejora, no deja de ser una propuesta muy positiva, necesaria y urgente de implantar.

Y es en este contexto en el que lejos de pretender establecer una dicotomía entre la derecha y la izquierda en lo que a política de energías renovables se refiere (no hay que olvidar que la regulación que consolidó el despegue de las  renovables en nuestro país -RD 2818/1998- fue promulgado por un gobierno del Partido Popular); sin embargo, si hay que reconocer que la actividad del Ministerio de Transición Ecológica en estos últimos meses contrasta con la parálisis sufrida por el anterior Ejecutivo y su continua implantación de obstáculos en el avance hacia un nuevo modelo energético y económico.

Por eso, es especialmente relevante hacer, una vez más, un llamamiento a la responsabilidad política para que se asuma el necesario consenso para seguir avanzando en esta transición energética que ya cada vez afecta más a los consumidores y a la sociedad en su conjunto.

Por Concha Cánovas – Experta en Energías Renovables

El Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética: una necesidad perentoria

El reciente informe especial sobre 1, 5º C del Panel Intergubernamental de Cambio Climático es demoledor: o actuamos para hacer frente al cambio climático o el futuro de la humanidad es poco halagüeño. Algunos científicos advierten que siguiendo la senda actual nos adentraremos en un estado que denominan “the Hothouse Earth”.

Para hacer frente a este enorme reto al que nos enfrentamos necesitamos una acción colectiva de la sociedad que requiere cambios de conducta, innovación tecnológica y una nueva gobernanza, entre otros. El Acuerdo de París es el inicio de esta nueva gobernanza, pero debe ser aplicado en el plano nacional. Hasta el momento, en nuestro país, no contamos con un marco normativo que permita impulsar esa acción colectiva por parte de la sociedad española. A ello responde el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética[1] (LCCTE). Así, dicho Anteproyecto introduce medidas que supondrán cambios significativos para nuestro modelo económico, cambios que son necesarios y urgentes y facilitarán una transición justa para toda la ciudadanía.

Esfera de cristal

Es importante señalar que se trata de un texto de una Ley Marco pues muchos de los cambios que impulsará deberán ser desarrollados posteriormente[2]. De ahí, que muchas respuestas no se pueden encontrar directamente en esta Ley.

Los propósitos de la Ley son cuatro:

  1. Poner en el centro de la acción política la lucha contra el cambio climático y la transición energética.
  2. Garantizar la coordinación de las políticas sectoriales para asegurar su coherencia.
  3. Garantizar la cohesión social y territorial promoviendo una transición justa y solidaria.
  4. Poner en marcha instrumentos de gobernanza que aseguren la participación ciudadana.

El Título I introduce el objeto de la Ley, en el que echamos en falta una mención específica a contribuir a la protección del sistema climático, junto con los principios rectores en los que deberían incluirse también el principio de precaución y el principio de no regresión, fundamentales en la lucha contra el cambio climático.

Echamos en falta una mención específica a contribuir a la protección del sistema climático, junto con los principios rectores en los que deberían incluirse también el principio de precaución y el principio de no regresión, fundamentales en la lucha contra el cambio climático.

Los objetivos nacionales de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, energías renovables y eficiencia energética para el año 2030 están en línea con lo acordado en la Unión Europea[3]. Asimismo, el objetivo de reducción de emisiones de GEI para el año 2050 incluido en la proposición es de al menos un 90%, siendo 1990 el año base. Mientras, la Comisión Europea aboga por alcanzar una neutralidad climática en el año 2050.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), exigido por el Reglamento de Gobernanza de la UE[4] es uno de los pilares fundamentales para lograr esos objetivos. El borrador de PNIEC está en proceso de elaboración.

La Ley prevé la adopción de medidas dirigidas a impulsar las energías renovables. Promueve una transición energética empezando por no permitir, desde su entrada en vigor, la concesión de autorizaciones de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, así como la fractura hidráulica, además de establecer 2040 como fecha de caducidad de las autorizaciones vigentes. Al mismo tiempo, prohíbe el establecimiento de nuevos subsidios a los combustibles fósiles, previendo la elaboración de un informe sobre el régimen fiscal de los combustibles fósiles en un año desde su entrada en vigor. Junto con el sector energético, también establece objetivos y medidas para lograr una movilidad sostenible como la prohibición a partir de 2040 de matricular y vender turismos y vehículos comerciales ligeros que emitan CO2 y el impulso de la rehabilitación de edificios existentes con una meta de 100.000 viviendas de media anual entre 2021 y 2030.

Incluye instrumentos para la adaptación al cambio climático, además de la adopción de objetivos y algunas medidas para impulsar el cambio en otros sectores como el financiero o incluso dentro de la propia Administración General del Estado y prevé la elaboración de los denominados contratos de transición justa que realmente serán convenios de transición justa. En materia de gobernanza, establece la creación de un Comité de Cambio Climático y Transición Energética y la aprobación de planes autonómicos locales de energía y clima.

La LCCTE impulsará los cambios necesarios para descarbonizar nuestra economía. Se trata de  un primer paso para poner a nuestro país en la senda correcta. Sin embargo, al tratarse de una Ley marco, es necesario que toda la batería de medidas previstas en la misma se elabore y adopte sin dilación

La LCCTE impulsará los cambios necesarios para descarbonizar nuestra economía. Se trata de  un primer paso para poner a nuestro país en la senda correcta. Sin embargo, al tratarse de una Ley marco, es necesario que toda la batería de medidas previstas en la misma se elabore y adopte sin dilación respetando los plazos previstos y, en aquellos casos en que no se establecen plazos, habrá que evitar retrasos innecesarios. No nos dejemos engañar, la lucha contra el cambio climático no es una cuestión política y menos aún ideológica. Estamos en un momento crucial, por lo que es urgente que no se demore la tramitación de la Ley. La sociedad en su conjunto está obligada a actuar pues la aprobación de leyes, reglamentos y estrategias no resultará eficaz si no nos involucramos todos en la batalla contra el cambio climático. Se trata de una responsabilidad compartida.

[1] Este análisis se basa en la versión de 14 de noviembre de 2018.

[2] Por ejemplo: Estrategia de Bajas Emisiones (Art. 4.6), los Informe sobre el régimen fiscal aplicable a los combustibles fósiles (Art. 12.1), Informes sobre evolución de riesgos climáticos (Art. 19) o  Estrategia de Transición Justa quinquenal (Art. 25.1)

[3] Al menos 20% de reducción de GEI del total de la economía española, siendo 1990 el año base, 35% de cuota de renovables y un sistema eléctrico con al menos 70% de generación a partir de renovables, 35% en mejora de eficiencia energética.

[4] Ver: http://www.iidma.org/attachments/Publicaciones/Analisis_PNIEC.pdf  y http://www.iidma.org/attachments/Publicaciones/PP_PNIEC.pdf

Por Ana Barreira– Directora del IIDMA

Luces Largas, Luces Cortas

El largo y el corto plazo son una misma realidad, sólo depende de la lupa con la que se mire. La simbiosis entre el largo y el corto plazo es total: el corto plazo carecería de guía sin metas a largo plazo, y éstas no se podrían cumplir si no se fueran superando lo hitos marcados a lo largo del camino.

Este principio, de validez general, adquiere especial relevancia cuando se trata del cumplimiento de objetivos en materia de clima y de energía. Los cambios en las pautas de inversión, producción y consumo necesarios para la descarbonización requieren plazos amplios que no son compatibles con la improvisación. En el sector eléctrico, el aumento en la penetración de las energías renovables exige llevar a cabo inversiones en nuevas plantas de generación renovable. Exige construir más subestaciones eléctricas y desplegar más kilómetros de líneas de alta tensión y de distribución que lleven la electricidad de los puntos de producción a los de consumo. Exige aumentar la capacidad de interconexión eléctrica con los países vecinos para compartir los excesos de producción renovable que se verifiquen a cada lado de la frontera, así como para compartir la reserva de capacidad firme que es necesaria en ausencia de sol, viento o agua. Exige también desarrollar nuevas actividades que doten de empleo y actividad a las comarcas que se verán afectadas por el cierre de las centrales eléctricas contaminantes.

 

A su vez, la reducción de emisiones en el sector del transporte exige que se reoriente la producción y adquisición de automóviles hacia el vehículo eléctrico, que se redoblen los esfuerzos en I+D+i para aumentar la autonomía de las baterías y reducir sus costes, y que se instalen puntos de carga en lugares públicos, hogares y centros de trabajo. En el sector de la edificación, se requiere la rehabilitación de viviendas con criterios de eficiencia energética, y en la agricultura y la industria, serán necesarias inversiones que reduzcan las emisiones y mejoren la eficiencia energética de los procesos productivos.

Nada de esto sería posible sin una planificación –en muchos casos vinculante– en horizontes que hagan posible cambios de tal envergadura. Por ello, a nadie debiera sorprender el que el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuyas líneas generales ya se han hecho públicas, plantee objetivos a más de diez y a más de treinta años vista. Así, en el horizonte 2030, el texto contempla una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de al menos un 20% con respecto a 1990 (un 37% por debajo de su nivel actual), un aumento en el peso de las energías renovables sobre el consumo de energía final hasta alcanzar el 35% (para lo cual el 70% de la generación eléctrica habrá de ser renovable, doblando la cifra actual), y mejoras sustanciales en la eficiencia energética. En el horizonte 2050, las emisiones deberán haber caído un 90% por debajo de los niveles de 1990, y el sector eléctrico habrá de quedar libre de emisiones.

Cuando, previsiblemente antes de final de año, se envíe el Anteproyecto de Ley al Parlamento, a los diputados – o al menos así lo espero – no les resultará difícil aprobar objetivos que serán vinculantes para cuando, parafraseando a Keynes, todos estén muertos – con perdón de sus señorías ¿O es que alguno va a poner en duda la conveniencia de que los diputados que vengan después asuman el compromiso de cumplir con los objetivos de reducción de emisiones que ellos ahora establezcan?

Pero, si de verdad asumen la responsabilidad de luchar contra el cambio climático, los responsables políticos deberían además definir, aprobar y hacer cumplir cuestiones que afectan al presente inmediato. Sin una definición de las medidas a corto plazo, el cumplimiento de los objetivos a largo puede quedar comprometido.

Sólo en lo que concierne al sector eléctrico, la lista de preguntas sin respuesta es larga ¿Cómo se va a reformar el mercado eléctrico para permitir que las inversiones en energías renovables tengan lugar? ¿Cómo se pueden descargar sus cuentas de costes innecesarios e injustificados, y con ello permitir que la descarbonización no suponga una mayor presión sobre las tarifas eléctricas? ¿Cómo se van a diseñar las nuevas subastas para la incorporación de renovables? ¿Cómo se va a establecer la prioridad entre centrales cuando la producción renovable supere a la demanda de electricidad? ¿Cómo se va a promover el desarrollo de las baterías y cómo y por quién van a ser gestionadas? Y la energía hidroeléctrica, que es la mayor batería del sistema, y que junto con las interconexiones, deben de jugar un papel crucial para mantener los equilibrios de un sistema eléctrico con alta penetración de renovables, ¿cómo y quién va a gestionar ambas? ¿Cómo se va a promover la inversión y disponibilidad de las centrales que aportan capacidad firme al sistema eléctrico? ¿Y cómo se va a potenciar una mayor flexibilidad de la demanda? ¿Se va a anunciar ya el cierre de las centrales nucleares que en breve irán alcanzando los 40 años de vida de diseño desde el inicio de sus operaciones, la primera Almaraz I en 2021?…

En definitiva, poner las luces largas para establecer objetivos a medio y largo plazo es fundamental para que los agentes económicos puedan planificar y readaptar sus decisiones. Pero de poco sirve saber dónde queremos llegar, si no tenemos puestas las luces cortas para saber cómo y por dónde empezar a recorrer este camino tan necesario.

Por Natalia Fabra – Catedrática de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Carlos III de Madrid y Patrona de la Fundación Renovables

La transición energética es cosa de todos

El cambio climático supone una alteración anómala de los fenómenos meteorológicos, debido al incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Esto hace que aumente la temperatura y haya más energía disponible en la atmósfera. Así, como estamos viendo, los fenómenos meteorológicos son cada vez más intensos. De manera que, o dejamos de emitir gases a la atmósfera, o las condiciones para la vida se van a volver cada vez más complicadas.

Todos los estudios científicos demuestran que el cambio climático es ya una realidad a la que tenemos que enfrentarnos diariamente y que la intensidad de este cambio y sus efectos irán en aumento en los próximos años. Los científicos estiman que el tiempo de reacción que nos queda, si no hacemos nada, para que se produzcan efectos catastróficos irreversibles, es tan sólo de doce años (2030). Esta es la razón de que 2030 aparezca como una fecha objetivo en los planes de reducción de emisiones de la Unión Europea y de muchos países del planeta. También nos dicen los últimos informes que las emisiones globales a la atmósfera siguen aumentando.

La llamada Transición Energética consiste en ser capaces de cambiar nuestro modelo energético actual a otro más respetuoso con el medio ambiente, lo que significa básicamente dejar de utilizar combustibles fósiles y cubrir nuestras necesidades de energía a partir de fuentes renovables. Sólo así podremos frenar el cambio climático y necesitamos hacerlo de forma urgente.

El nuevo Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, presentado hace unos días por el Gobierno, es, sin duda, una buena noticia, aunque debe considerarse sólo como un primer paso para afrontar la necesaria descarbonización de la economía española. En su tramitación parlamentaria y, sobre todo, en su desarrollo normativo posterior y en su aplicación, podremos calibrar la profundidad y efectividad de las medidas que se anuncian para luchar contra el cambio climático. Un documento que, como hemos denunciado desde la Fundación Renovables, carece de la ambición necesaria para llevar a cabo la Transición Energética y que no es coherente ni con la urgencia del problema ni con los objetivos de emisiones cero en 2050 que recomiendan los expertos.

No se trata de un problema ideológico. Las energías renovables han alcanzado una madurez tecnológica que hacen posible su utilización a gran escala a precios competitivos respecto a otras tecnologías. Las ventajas son evidentes para un país con una muy alta dependencia de los combustibles fósiles, que lastran nuestra balanza comercial, y que tiene gran disponibilidad de recursos renovables, principalmente sol y viento. Por tanto, debería resultar sencillo que los diferentes partidos políticos se pusieran rápidamente de acuerdo en este tema.

En las sociedades democráticas, donde los ciudadanos elegimos a nuestros representantes políticos, medidas como las que hay que tomar para afrontar este cambio, a menudo drásticas, e implementadas en un corto plazo tiempo, requieren que los ciudadanos estemos convencidos y participemos activamente en este cambio, toda vez que los responsables políticos no parecen estar muy dispuestos a tomar medidas que puedan poner en riesgo inmediato su empleo. Tendremos que exigírselo y las próximas convocatorias electorales es un buen momento para ello.

Las energías renovables han alcanzado una madurez tecnológica que hacen posible su utilización a gran escala a precios competitivos respecto a otras tecnologías

Una de las cosas que más llama la atención de esta Ley es la ausencia de medidas para la democratización del sistema energético y la participación de la ciudadanía, aspectos claves para el éxito de la misma.

Por tanto, bienvenida la nueva Ley, pero recordemos que no es posible  llevar a cabo la Transición Energética sin la participación ciudadana. Participación política, organización social y responsabilidad deben jugar un papel clave.

Durante muchos años, hemos diseñado un modo de vida totalmente dependiente de los combustibles fósiles que, ahora, por un problema de supervivencia, tenemos urgentemente que cambiar.  ¿Cómo nos convencemos, cada uno de nosotros, de que no hay otro camino, de que es urgente hacerlo?

En este debate político y social, aquellos que ven peligrar sus intereses económicos van a intentar oponerse y retrasar todo lo posible este cambio. Pero las evidencias son abrumadoras. Cuanto más tardemos peor.

Nos movemos en permanentes contradicciones que dificultan este proceso:

  • Confundimos nuestros derechos fundamentales con hábitos, costumbres y usos. Poder respirar aire limpio es un derecho, tener vehículo privado no, como no lo es tener un barco o un avión privado, por más que en casi todas las familias tengamos al menos un coche y lo consideremos parte fundamental de nuestro modo de vida.
  • Nos parece bien que se mejore la calidad del aire en las ciudades que vivimos, pero nos oponemos a que se tomen medidas para restringir el uso de vehículos privados en las mismas, sobre todo si eso implica dejar el vehículo propio en casa. Lo mismo ocurre con el tiempo que pasamos en atascos de tráfico, que nos parecen insoportables. No acabamos de visualizar que somos a la vez responsables y víctimas de un problema que nosotros mismos provocamos con nuestros comportamientos diarios y que, por lo tanto, somos parte de la solución. Bajo el argumento, muchas veces cierto, de que el transporte público, que nos permitiría una alternativa de movilidad sostenible, es deficiente no cambiamos nuestros hábitos ni exigimos un transporte público eficiente. No queremos ni oír hablar de subidas de impuestos, ni de impuestos a los combustibles fósiles. Tampoco invertimos dinero en instalaciones de autoconsumo ni en medidas de ahorro energético, a no ser que estén subvencionadas.

Si democratizamos nuestro sistema energético y empoderamos a los ciudadanos para que sean responsables y artífices de la transición energética estaremos poniendo las bases de una transformación económica mucho más profunda, donde la tasa de crecimiento deje de ser el único parámetro económico que mida nuestro bienestar.

La frase que el  economista británico Kenneth Boulding utilizaba allá por los años 60, “Quién cree que un crecimiento infinito es compatible con un planeta finito o está loco o es un economista”, recobra con la transición energética todo su sentido y vigencia. Mi experiencia me dice que economistas no hay tantos.

Mariano Sidrach de Cardona – Catedrático de la Universidad de Málaga