Parque de aerogeneradores en Los Monegros, Aragón.
El desarrollo de las energías renovables ha pasado de ser el sueño ecologista a convertirse en su pesadilla. Todos están de acuerdo en su necesidad urgente para iniciar la descarbonización de la economía, pero muy pocos tienen claro dónde instalar los cientos de parques eólicos y solares que son necesarios para sustituir a los combustibles fósiles. Sí que hay unanimidad en dónde no deberían instalarse bajo ningún concepto: aquellos espacios que pongan en peligro el paisaje, el mundo rural y la biodiversidad.
Aquí no. Es el lema principal de las principales protestas que surgen desde hace unos meses ante la avalancha de proyectos en enclaves con altos valores ambientales y paisajísticos como los de la Cordillera Cantábrica.
Actualmente son más de 6.000 los aerogeneradores que se encuentran implantados desde el norte de Navarra hasta las costas gallegas, la mayoría sobre áreas de alto valor natural, incluyendo Red Natura 2000. Y lo peor está todavía por llegar, como advierte este vídeo.
Parque eólico ubicado en el norte de España. Foto: EFE
Necesarias, pero no a cualquier precio
Los ecologistas siguen defendiendo las renovables, tecnologías que consideran imprescindibles en la lucha contra el cambio climático. Pero para asegurar el buen desarrollo, ordenado y respetuoso con la biodiversidad, ven «imprescindible contar previamente con una planificación ambiciosa, criterios de priorización y procesos de evaluación ambiental rigurosos y garantistas», tal y como vienen reclamando junto con la comunidad científica desde hace tiempo.
Sin embargo, advierten a través de un comunicado conjunto, «la implantación de estas energías se está produciendo actualmente sin una adecuada planificación territorial, lo que está llevando a que se consideren como adecuadas zonas de alto valor ecológico y paisajístico o superficies agrícolas y ganaderas de alto valor natural (áreas de secano, olivares centenarios, montes comunales, etc.) con el consiguiente riesgo de dañar la biodiversidad y acelerar el despoblamiento rural».
Para evitar estos terribles efectos secundarios no deseados e irreversibles, consideran que «las administraciones públicas deben dotarse de una arquitectura jurídica que permita que la implantación se vaya acometiendo primero en las zonas de menor sensibilidad para el patrimonio natural, aportando seguridad jurídica a promotores e inversores a partir de señales claras y con carácter vinculante».
Frente común con los científicos
Los ecologistas no están solos. Los científicos también están muy preocupados con este avance incontrolado de las instalaciones industriales en entornos de alto valor natural. Para coordinar una posición común, la organización conservacionista SEO/BirdLife y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas han celebrado el pasado 20 de mayo las primeras jornadas por unas renovables responsables, social y ambientalmente.
Este primer encuentro ha pretendido abrir un diálogo necesario entre la sociedad civil, la comunidad científica, las administraciones y el sector energético para avanzar rápidamente en la construcción de consensos que faciliten una transición ecológica respetuosa con la biodiversidad y aliada del reequilibrio territorial.
Como conclusión principal de este encuentro, el investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), Mario Díaz, y la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, han presentado, en nombre del comité organizador de las jornadas, unas breves conclusiones, reflejadas en dos textos: un decálogo para unas renovables responsables y recomendaciones sobre zonas que deberían ser prioritarias para el desarrollo renovable y zonas que deberían quedar excluidas.
Fondos para una defensa jurídica
Paralelamente, y seis organizaciones ecologistas se han unido para crear un frente jurídico de conservación de la Cordillera Cantábrica para evitar la «destrucción de las montañas cantábricas ante la avalancha de proyecto eólicos a gran escala», tal y como defienden los promotores. Y para ello han abierto una campaña de micromecenazgo que concluye el próximo 5 de junio.
El Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica pretende «recoger, atender y apoyar» las sensibilidades de las numerosas iniciativas locales surgidas en los últimos meses. Las entidades promotoras de la iniciativa destacan su compromiso con las energías renovables, principalmente a pequeña escala basadas en el autoconsumo o en la proximidad de los grandes polos de uso energético. Pero critican la actual «falta de planificación y ordenación territorial y a la nula sensibilidad ambiental que muestran muchos de los proyectos en tramitación en el norte de España, con iniciativas en entornos de enorme interés medioambiental y paisajístico».
Con este proyecto centrarán sus esfuerzos jurídicos en analizar los defectos en proyectos y en las normas sobre las que deben pivotar los mismos, para evitar así un desarrollo incontrolado.
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