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Desafío climático: Francia ya ha dado el paso, ¿para cuándo España?

Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de Alianza Mar Blava

Emmanuel Macron

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante un discurso antes de la cumbre ‘One Planet’ en París. (EFE/Philippe Wojazer)

Francia ya ha dado el paso que hace unos meses comentábamos en este blog. En efecto, el pasado 19 de diciembre, la Asamblea Nacional gala aprobó el proyecto de Ley del Gobierno Macron por medio de la cual Francia se convierte en el primer país del mundo en prohibir de forma efectiva la producción de hidrocarburos en su territorio.

La flamante y reciente ley francesa prohíbe con efecto inmediato el otorgamiento de cualquier nueva licencia de exploración de hidrocarburos por el método que sea. Las explotaciones actualmente vigentes se irán eliminando a medida que acabe su periodo concesional de manera que para el año 2040 habrá terminado totalmente la extracción de hidrocarburos en todo el ámbito territorial francés, tanto en el mar como en tierra firme.

Francia se convierte así en una referencia, en un ejemplo a seguir, no tanto porque sea un gran productor de hidrocarburos, que no lo es, sino porque se trata de una medida tomada por una potencia económica con gran influencia mundial. Que uno de los países más industrializados del planeta, miembro del  denominado G8, haga suyo el lema de #KeepItInTheGround, es muy significativo y lanza un mensaje muy importante al resto de la comunidad internacional sobre lo que es tomarse en serio el desafío del cambio climático.

De manera más coloquial, y tomando el símil entre energía y colesterol que se hacía en este mismo blog hace unos días, Francia ha tomado una medida saludable, además de coherente con su compromiso en la lucha contra el cambio climático, al decidir reducir de su dieta energética su propia contribución a la producción de fuentes de energía nocivas para la salud pública, la economía y el medioambiente como son estos combustibles fósiles: el petróleo y el gas.

Para quienes consideren que esta decisión de nuestros vecinos galos es un acto más bien simbólico pues Francia importa el 99% de su petróleo (España tiene una situación similar y, sin embargo, el Ministerio de Energía de Álvaro Nadal hace todo lo contrario pues sigue fomentando la producción de hidrocarburos) hay que decirles que ésta no es la única decisión que ha tomado el Gobierno francés al respecto de la reducción de la aportación de las energías sucias a su mix energético.

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Un ejemplo a seguir en materia de hidrocarburos

Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

Francia en el mapa

Celso Flores / Flickr

Mientras que el Gobierno francés ha decidido aprobar una ley para poner fin a la producción de hidrocarburos en todo el territorio galo, aquí en España, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) de Mariano Rajoy sigue anclado en planteamientos de épocas pretéritas, ajeno a la realidad cada vez más preocupante del cambio climático, apostando por la continuidad en la búsqueda y en la explotación de estos combustibles fósiles, en lugar de emprender el camino hacia la necesaria descarbonización urgente de nuestra economía.

Hace años, en 2011, Francia, siendo Presidente de la República el conservador Nicolás Sarkozy, prohibió por ley la utilización de la técnica de la fracturación hidráulica (fracking) para la exploración y explotación de hidrocarburos. También se instauró una moratoria a las prospecciones de gas y petróleo en aguas del Mediterráneo bajo jurisdicción francesa.

Ahora Francia va más allá: hace unas semanas, el ministro de Transición Ecológica y Solidaria, Nicolás Hulot, presentó el Proyecto de Ley que establecerá el proceso de salida, progresiva e irreversible, de la producción de petróleo y gas en la totalidad del territorio francés, con el horizonte puesto en 2040. Esa Ley, establecerá, que, inmediatamente tras su entrada en vigor, no se concederá ningún nuevo permiso de exploración e investigación de hidrocarburos convencionales y no convencionales, ni en tierra ni en el mar.

Igualito que en España, donde el Gobierno de Mariano Rajoy vetó el pasado mes de junio en la Mesa del Congreso de los Diputados, con el apoyo del partido Ciudadanos de Albert Rivera, la tramitación de una Proposición de Ley para proteger las aguas españolas del mar Mediterráneo de los daños que pudieran producir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.

El veto del Partido Popular a esa Proposición de Ley, impulsada desde el Parlamento balear, donde se aprobó por unanimidad (y por tanto también con el apoyo de Ciudadanos y del Partido Popular en esa cámara autonómica), se basa en un informe anónimo y plagado de falsedades. Es un informe con el membrete del Gabinete del MINETAD pero en el que no se identifica a la persona que lo ha realizado y que tendría que responsabilizarse de su contenido. El hecho de que el citado informe del MINETAD aporte sólo argumentos que no se sostienen jurídicamente, debe ser el motivo por el cual nadie (ningún funcionario ni responsable político) se ha atrevido a firmarlo.

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No le digo que me lo supere, ¡iguálemelo! También en energía

Domingo Jiménez Beltrán – Presidente de la Fundación Renovables

vehículo eléctrico

Es “doctrina Mota”, del humorista, y tiene su aplicación al mundo de la energía con futuro, de la racionalización de la demanda energética con ahorro y eficiencia y de la optimización de la oferta energética con energía eléctrica como energía final, con renovables a tope, generación distribuida, autoconsumo…y alcanzando también al transporte.

¿Qué pasaría si España igualara a algunos países europeos en áreas tan determinantes como la generación eléctrica con renovables o la implantación del vehículo eléctrico? Pues ocurriría que podríamos alcanzar en 2030 – 2040 los objetivos que se proponen desde la Fundación Renovables u otras ONGs que, en general, se consideran utópicos.

Para conseguir en 2030 el objetivo de que el 80% de la generación eléctrica sea de fuentes renovables bastaría que España llegase al nivel actual (en 2016) de Alemania en potencia eólica y fotovoltaica instalada, unos 40 000 MW en cada caso.

Si Alemania puede con menos potencial y razones para hacerlo ¿por qué España no puede? No puede por una simple razón: porque las prioridades del Gobierno y de las empresas energéticas y eléctricas son otras ya que como repetía el exministro del ramo, ni los cambios regulatorios deben afectar a los “intereses del sistema” ni se necesita nueva potencia de generación ante el exceso que tenemos de potencia, aunque sea de la mala en términos ambientales y para el interés general

Y para conseguir que también en 2030 más del 60% (y en 2040 el 100%) de los vehículos nuevos sean eléctricos o en general “limpios”, o sea, emisiones cero, bastaría con comprometerse desde ya con el vehículo eléctrico como ha hecho Noruega, que va más allá ya y donde en 2025 solo se podrán comercializar dichos vehículos. Y lo mismo acaba de hacer Francia para el horizonte 2040.

Noruega, de hecho, ya va muy avanzada en alcanzar su objetivo ya que en este momento los coches eléctricos matriculados superan al resto y siguen creciendo anualmente. Ya hay casi 140.000 vehículos en circulación en el país, uno por cada 40 habitantes, mientras que en España con una población nueve veces mayor, no llegamos a los 20.000, uno cada 2.400 habitantes.

Si Noruega puede que es productor de petróleo, que no tiene industria del automóvil, que no tiene tan alta contaminación urbana, ¿por qué España, que tiene que importar los carburantes, que tiene una industria automovilística de las más potentes del mundo y una alta contaminación urbana no puede?

No puede porque el sector automovilístico español, aun siendo tan potente, es dependiente del exterior y las multinacionales del sector, por más que generen empleos aquí y contribuyan a nuestras exportaciones, que es todo lo que parece interesar al Gobierno, se siguen quedando con gran parte del valor añadido del negocio y rentabilizando sus inversiones en la “economía fósil” (como el oligopolio energético y eléctrico), incluso con ayudas públicas. Lo paradójico es que tanto Francia como Alemania (un millón de vehículos limpios ya en 2020), países en los que tienen su sede buena parte de las empresas que fabrican en España, ya se han subido al coche eléctrico. ¿Quién los fabricará? ¿Quién piensa en la industria automovilística española del futuro forzosamente productora de vehículos limpios? Este Gobierno parece que no.

Así que no pedimos nada más que igualarnos a otros países que con menos razones, capacidades y necesidades que nosotros están ya en la pomada mientras que nosotros, como suele repetir el Ministro del ramo, tenemos que esperar a que estas tecnologías (las renovables, los coches eléctricos…) “maduren” y que sean otros países los que corran el riesgo de liderar el cambio, la innovación, el mercado… que España ya lo corrió en su incursión en las renovables. ¿Será que están locos estos noruegos, franceses, alemanes, daneses, chinos, indios, californianos… de Guinea Papúa, Samoa o Cabo Verde?

Señor Ministro, no le pido que me lo supere, ¡iguálemelo!

 

 

La regulación francesa, ejemplar para el fomento del autoconsumo y de la transición energética

Por Aída González – Responsable de Política Energética de UNEF

autonsumo

El autoconsumo, renovable y no renovable, es una modalidad de producción de energía eléctrica popular en Europa sobre la que muchos países ya han empezado a legislar en los últimos dos o tres años. Entre ellos, Francia representa un caso interesante por el desarrollo normativo que ha llevado a cabo.

La primera introducción del autoconsumo en la regulación francesa fue en 2015, con la ‘Ley para la Transición Energética y el Crecimiento Verde’, el proyecto estrella del Ministerio de Medio Ambiente, Energía y Mar francés que definió el marco explicito para su desarrollo. El artículo 2 de dicha ley afirma que las políticas públicas «apoyan el autoconsumo de energía eléctrica» y el artículo 119 invita al Gobierno a definir a través de una ordenanza un régimen jurídico para autogenerar y autoconsumir energía, en el que se presente el sistema de autoconsumo y las condiciones que deben tener estas instalaciones.

Esta ordenanza, que se publicó al año siguiente, en 2016, ha sido ratificada el pasado 25 de febrero de 2017 por el Parlamento francés, que publicó en el Boletín Oficial una ley para el fomento del autoconsumo de electricidad producida a partir de fuentes de energía renovables.

De acuerdo con los cálculos del Ministerio, 5.000 franceses autogeneran su propia energía, un número considerado bastante bajo, por lo que el Gobierno quiere dar aún más impulso. El proyecto de ley define explícitamente:

  • La definición de qué es el autoconsumo, incluyendo en esta el reconocimiento del autoconsumo colectivo. Se define “autoconsumo” como el hecho de que un generador, llamado autogenerador, consuma la totalidad o parte de la electricidad que produzca con una instalación. Esta definición no precisa que la producción y el consumo deban realizarse en el mismo sitio. Además, el autoconsumo se permite cuando haya varios generadores vendiendo a un consumidor, o cuando exista un productor vendiendo a varios consumidores y pueden formar una asociación, cooperativa o sindicato de copropietarios de un barrio, edificio, etc. ya que la ley no indica qué forma debe tomar.
  • Los operadores de red están obligados a facilitar el autoconsumo. Deben implementar las disposiciones técnicas y contractuales necesarias, en particular en lo que respecta a la medición de electricidad, para permitir el autoconsumo en condiciones transparentes y no discriminatorias.
  • Las instalaciones pequeñas no están obligadas a tener un contrato de venta del excedente de electricidad con un tercero, aunque sí pueden hacerlo.
  • El establecimiento por parte de la Comisión de Regulación de Energía de peajes de acceso a las redes adecuados para el autoconsumo, que reflejen la reducción de los costes de la red que puede conllevar el autoconsumo y así promover su desarrollo. Las instalaciones de menos de 100 kW tendrán unos peajes de acceso a las redes reducidos.
  • La simplificación de los procedimientos para las pequeñas instalaciones.

La ley también introduce medidas de exención de impuestos al autoconsumo (contribución al servicio público de electricidad y los impuestos locales sobre el consumo de electricidad).

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El gigante nuclear francés hace aguas y afecta a nuestra factura de la luz

Por Juan López de Uralde – Coportavoz Federal de EQUO

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La subida del precio de la luz en los últimos días ha generado una justificable alarma entre los consumidores.  Esta subida tiene su origen en factores diversos que van desde el aumento de la demanda como consecuencia de la ola de frío, a una subida  precio del gas y el carbón que entran más caros,  y la bajada de la producción renovable en nuestro país, entre otros motivos.  Detrás de todo ello está la especulación del oligopolio eléctrico –especialmente  con el agua de sus centrales hidráulicas – para disparar sus beneficios.

A todo ello hay que sumar un factor exterior que está pasando desapercibido: el cierre de  centrales nucleares francesas. Me ha interesado  lo que está pasando en Francia, ya que demasiado a menudo tenemos que aguantar que el modelo eléctrico francés, basado fundamentalmente en energía nuclear, es el más seguro desde el punto de vista de la garantía de abastecimiento. En Francia el 75% de la electricidad es de origen nuclear. Ahora nos encontramos con que Francia se enfrenta  a la ola de frío con varias centrales nucleares cerradas por problemas de seguridad, lo que limita su capacidad de producción eléctrica y se ve obligada a importar energía de España, lo cual tiene también un efecto sobre el precio de la electricidad en nuestro país.

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En las antípodas de la seguridad nuclear

Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado técnico de Alianza Mar Blava

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En las últimas semanas ha sido noticia que nuestro recibo de la luz podría encarecerse en los próximos meses a causa de un notable incremento de la importación de electricidad española por parte de Francia.

El motivo de esta mayor exportación de electricidad desde España a Francia es la decisión de la autoridad de seguridad nuclear francesa de parar 16 centrales nucleares para someterlas a una revisión. Como, además de éstas, había ya paradas otras cinco centrales por otros motivos, ha llegado a haber un total de 21 centrales nucleares que no estaban operativas (de las 58 que tiene el país vecino) y eso ha forzado a Francia a importar más energía eléctrica de lo habitual desde España. Debido a ello han tenido que funcionar más centrales térmicas que son las que generan la electricidad más cara, y por ello los precios en el mercado mayorista han tendido al alza, lo que a su vez podría derivar en un aumento del coste del recibo para los consumidores finales.

Sin duda es una noticia curiosa, que pareciera indicar que los caminos de la electricidad son inescrutables y, en este caso, con potenciales repercusiones negativas al bolsillo del consumidor. A este respecto, cabe recordar que ese riesgo se vería totalmente anulado si, en lugar de exportar electricidad cara (y contaminante, agravadora del cambio climático) procedente de la quema de combustibles fósiles, estuviéramos exportando a Francia electricidad limpia producida con renovables. En efecto, como se desprende del informe “El sistema eléctrico español 2015” de Red Eléctrica de España (REE), una mayor participación de la producción renovable en el sistema implica una reducción del precio del mercado diario de la electricidad.

Pero, aunque a todos nos preocupa lo que tenemos que pagar en la factura eléctrica, lo que me resulta más sorprendente es que todos esos artículos se hayan centrado en el hecho del porqué un fallo en las nucleares francesas puede provocar una subida del recibo de la luz y no en la diferencia, en términos de independencia y rigor técnico, entre la Autoridad de Seguridad Nuclear de Francia (ASN) y nuestro Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

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La transición energética en las ciudades: qué ha pasado en Bélgica y otros ejemplos

Por Claire Roumet – Directora ejecutiva de Energy Cities

farola

A pesar de que el primer ministro británico diese en septiembre el visto bueno a la construcción de una planta nuclear, condenando así a los contribuyentes de ambos lados del Canal a observar pasivamente cómo el dinero público se emplea en apuntalar un sistema centralizado y mal adaptado para el futuro, soplan vientos favorables para el sector de la energía. Nos encontramos en un punto de inflexión, como lo demuestran los siguientes ejemplos.

Comencemos con el caso de Bélgica, muy representativo de la complejidad con la que las autoridades locales tienen que lidiar a la hora de tomar decisiones importantes que afectan al futuro del sistema energético. En Flandes, 17 empresas locales comparten la toma de decisiones en relación con la red de distribución gestionada por Eandis. Los principales partidos políticos han estado trabajando durante meses en preparar un acuerdo de fusión no sólo para mejorar la eficiencia, sino también para atraer a los inversores externos y encontrar un sustituto para Electrabel (que, de acuerdo con la Directiva Europea sobre la apertura del mercado, no pueden estar involucrados en la producción y distribución de energía). Se puso en marcha una convocatoria abierta de capital para atraer a los principales fondos de pensiones internacionales. Sin embargo, «State Grid China» una empresa controlada por el Estado de China, hizo de lejos la mejor oferta – imposible de rechazar- con unas cláusulas de inversión por 100 años (la oferta era del 14% del capital).

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La batalla oculta por las interconexiones eléctricas

Luis Mª de la Maza – Socio Protector de la Fundación Renovables

Flickr Ramón

Es de dominio público que España es casi una isla energética por su escasa interconexión con los países vecinos. Son muchas las razones que históricamente han dado lugar a ello, empezando por nuestra situación geográfica, periférica y básicamente con un solo país (Francia) con el que buscar soluciones a los problemas que ello conlleva: inseguridad de suministro, falta de flexibilidad, precios elevados, etcétera.

En lo que respecta a nuestro sistema eléctrico, se sigue estimando que en 2020 seremos el único país de Europa continental por debajo del objetivo del 10% de capacidad de interconexión recomendado por la Unión Europea. Hoy en día nos situamos algo por encima del 4%, siendo las potencias eléctricas intercambiables con los países vecinos de 1.400 MW con Francia, 2.300 MW con Portugal y 600 MW con Marruecos (frente a más de 100.000 MW de potencia de generación instalada).

En 2020, una vez finalice la construcción de las interconexiones previstas (con Portugal, Andalucía-Algarve y Galicia-Minho, y con Francia a través de los Pirineos Orientales), la capacidad de interconexión se incrementará sólo hasta 6-7%. Está en estudio también una nueva interconexión con Francia mediante cable submarino a través del Golfo de Vizcaya. Pero todas estas conexiones son proyectos muy complejos y de muy largo plazo de definición, aprobación y ejecución.

La Unión Europea, dentro de sus planes hacia la Unión Energética en el continente, está propugnando e incluso “favoreciendo” el desarrollo de estas infraestructuras. Subsisten, sin embargo, viejos problemas que dificultan su materialización tales como la heterogeneidad de legislaciones y, de manera muy destacada, la existencia de enormes intereses nacionales, públicos y privados. Hasta cierto punto, hay actores en este “teatrillo” a quienes la implementación plena de estos planes no les interesa en absoluto.

Si obviamos la preocupación por la seguridad de suministro, cubierta en España por una enorme sobrecapacidad de generación, las interconexiones eléctricas deben permitir responder a la demanda con soluciones más eficientes, en términos de precio en primer lugar, pero también bajo la consideración de los aspectos medioambientales. En efecto, con mayor capacidad de intercambio sería factible una mayor integración de las renovables en el sistema dando salida a excesos puntuales de generación renovable en lugar de recurrir, como en la actualidad, a parar instalaciones, eólicas sobre todo, cuando la oferta de energía sobrepasa la demanda a nivel nacional o regional.

Hoy en día, sigue siendo problemático el desarrollo de estas infraestructuras por dificultades orográficas, protecciones medioambientales o “hipersensibilidad” de la población del entorno. Pero también, aunque de manera no tan evidente, porque hay una batalla oculta por esa capacidad de interconexión entre fuentes de energía convencionales (nucleares y termoeléctricas de carbón) y fuentes renovables (eólica y fotovoltaica).

En último extremo, la implementación masiva de energías renovables no habrá quien la pare, por necesidades medioambientales y por exigencias sociales; la derrota de las fuentes convencionales en esa batalla por las redes está cantada y sólo cabe esperar su rendición en un plazo corto, si no queremos que el planeta se nos vaya al garete antes. Eso sí, nos hacen falta gobiernos ambiciosos que establezcan una dirección clara para el futuro del sistema eléctrico europeo basado en la energía renovable y en la eficiencia energética.

  • Imagen: Flickr / Ramón

Bando: ¡queda proclamada la transición energética!

Hugo Morán  – ExdiputadoHugoMoranFernandez

El proceso se repite invariablemente vinculado a acontecimientos relevantes que afectan al discurrir de la historia. En situaciones de conflicto y, ante un vacío de poder al frente de la gobernación de un país, se desencadenan reacciones de alcance local que terminan por convertirse en el germen de auténticas revoluciones. Ejemplos hay para todos los gustos, baste recordar los de ayuntamientos sublevados contra la invasión napoleónica, o los que adelantaron en su momento la proclamación de la República; episodios épicos de este tenor salpican la narrativa de cada país para orgullo de sus lugareños.

Niña junto a molinos eólicos

En un sentido figurado (o quizás no) hace tiempo que España semeja adolecer de un clamoroso vacío de poder en lo que toca a la gobernación de la política energética y tal parece que vengamos asistiendo a una abdicación de facto por parte del Estado en beneficio de terceros, a los cuales nadie ha encomendado una tarea que no puede ser ajena al conjunto de las decisiones democráticas. Tan es así, que buena parte de la ciudadanía asume que desde el Ministerio del ramo priman otros intereses distintos del general a la hora de tomar decisiones que afectan (¡y vaya cómo!) a hogares, negocios, industrias y actividades de toda índole.

Y en medio de este aparente estado de omisión surge, a modo de puente del antiguo a un nuevo régimen, un concepto que acaba haciendo fortuna: la transición energética. Vemos como esta suerte de mudanza se ha convertido en eje central de la acción de algunos países a los cuales venimos considerando como potencias a emular: Alemania, Francia, Reino Unido… Algunos otros ya se habían puesto manos a la obra en la misma dirección antes incluso de que la revolución hubiese sido bautizada. El común denominador en todos estos casos ha venido siendo el del amplio consenso y el objetivo en el corto plazo el de que no generase efectos traumáticos indeseados.

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