Carlos Bravo – Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava 
Celso Flores / Flickr
Mientras que el Gobierno francés ha decidido aprobar una ley para poner fin a la producción de hidrocarburos en todo el territorio galo, aquí en España, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) de Mariano Rajoy sigue anclado en planteamientos de épocas pretéritas, ajeno a la realidad cada vez más preocupante del cambio climático, apostando por la continuidad en la búsqueda y en la explotación de estos combustibles fósiles, en lugar de emprender el camino hacia la necesaria descarbonización urgente de nuestra economía.
Hace años, en 2011, Francia, siendo Presidente de la República el conservador Nicolás Sarkozy, prohibió por ley la utilización de la técnica de la fracturación hidráulica (fracking) para la exploración y explotación de hidrocarburos. También se instauró una moratoria a las prospecciones de gas y petróleo en aguas del Mediterráneo bajo jurisdicción francesa.
Ahora Francia va más allá: hace unas semanas, el ministro de Transición Ecológica y Solidaria, Nicolás Hulot, presentó el Proyecto de Ley que establecerá el proceso de salida, progresiva e irreversible, de la producción de petróleo y gas en la totalidad del territorio francés, con el horizonte puesto en 2040. Esa Ley, establecerá, que, inmediatamente tras su entrada en vigor, no se concederá ningún nuevo permiso de exploración e investigación de hidrocarburos convencionales y no convencionales, ni en tierra ni en el mar.
Igualito que en España, donde el Gobierno de Mariano Rajoy vetó el pasado mes de junio en la Mesa del Congreso de los Diputados, con el apoyo del partido Ciudadanos de Albert Rivera, la tramitación de una Proposición de Ley para proteger las aguas españolas del mar Mediterráneo de los daños que pudieran producir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.
El veto del Partido Popular a esa Proposición de Ley, impulsada desde el Parlamento balear, donde se aprobó por unanimidad (y por tanto también con el apoyo de Ciudadanos y del Partido Popular en esa cámara autonómica), se basa en un informe anónimo y plagado de falsedades. Es un informe con el membrete del Gabinete del MINETAD pero en el que no se identifica a la persona que lo ha realizado y que tendría que responsabilizarse de su contenido. El hecho de que el citado informe del MINETAD aporte sólo argumentos que no se sostienen jurídicamente, debe ser el motivo por el cual nadie (ningún funcionario ni responsable político) se ha atrevido a firmarlo.
De forma incongruente, como aparece en otros informes recientes, el MINETAD sigue defendiendo que “la actividad de exploración e investigación de hidrocarburos tiene un innegable interés estratégico como forma de contribuir a nuestra seguridad de abastecimiento energético, pero también para crear nuevas oportunidades de crecimiento económico”. Y lo dice al tiempo que con su política energética ha sistemáticamente ignorado el enorme potencial de la eficiencia energética e impedido que mejoremos nuestra seguridad energética aprovechando al máximo nuestros recursos renovables, pese a su gran capacidad de creación de empleos y el impulso económico que conllevaría. El mismo Gobierno que mantiene un execrable “impuesto al sol”, único en el mundo.
Volviendo a Francia, de acuerdo a este Proyecto de Ley, no se permitirá la presentación de nuevas solicitudes de permisos de exploración e investigación de hidrocarburos, las numerosas solicitudes actualmente planteadas serán rechazadas y archivadas, y las concesiones en explotación actualmente existentes serán respetadas pero progresivamente extinguidas, de modo que en el 2040 ya no habrá ninguna activa y se habrá puesto fin a la producción de hidrocarburos en todo su territorio.
La ya mencionada Proposición de Ley del Parlamento balear, promovida a iniciativa de la Alianza Mar Blava, coincide en esas premisas pues plantea que 1) se no se concedan nuevos permisos de exploración investigación y explotación de hidrocarburos, 2) que se archiven los que estén actualmente en fase de tramitación y 3) que las explotaciones de hidrocarburos cuya concesión fuera anterior a la entrada en vigor de la ley permanezcan vigentes hasta su extinción sin que se puedan otorgar prórrogas de ningún tipo. Un planteamiento totalmente razonable y que no supondría jurídicamente ningún tipo de aumento de gastos o de disminución de ingresos en relación con los Presupuestos Generales del Estado vigentes.
El anuncio del Gobierno galo se enmarca en su «Plan Climático», presentada por Hulot a principios del pasado mes de julio, el cual fue una promesa de campaña de Emmanuel Macron a la Presidencia. Éste ha afirmado que Francia está «a la vanguardia de esta ambición (terminar con los hidrocarburos)».
Se supone que también en esa misma onda está nuestro Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el cual en su Intervención en la apertura de las Jornadas de Debate sobre la Futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el 25 de mayo de 2017, afirmó que “España ‘quiere estar a la vanguardia del compromiso’ en la lucha contra el cambio climático”, titular destacado por el Gabinete de Prensa de La Moncloa. En ese gran discurso, Rajoy también dijo: “Si hay un campo donde debemos ser ambiciosos es este [la lucha contra el cambio climático]. Por eso debemos seguir sumando pasos positivos con una meta clara en mente: la descarbonización de nuestra economía.” Pues a ver si es verdad.
En la presentación del citado Proyecto de Ley, Nicolás Hulot afirmó que Francia está comprometida a cumplir con sus compromisos asumidos durante el Acuerdo de París sobre el clima y animar a que otros países sigan el mismo camino. Con esta nueva ley, Francia pretende dar desalentar el uso de hidrocarburos, para avanzar en la reducción de sus emisiones de gas de efecto invernadero.
Habrá quien critique la decisión del gobierno francés argumentando que es más bien simbólica pues Francia importa el 99% de su petróleo. Bueno, sí, ese dato es cierto, pero España también está en esa misma situación y, sin embargo, no tiene la misma constructiva actitud. La diferencia es que mientras Rajoy y el Partido Popular se quedan sólo en las palabras, en Francia ya han pasado a los hechos y están ya legislando al respecto. Se diga lo que se diga, es un buen ejemplo a seguir.