Hugo Morán – Exdiputado 
En tanto que España debería abordar cuanto antes su proceso de transición energética, a riesgo de quedarse definitivamente descolgada de los ejes estratégicos de acción política que ocupan en estos momentos a los gobiernos de los países de nuestro entorno, precisaría para ello desembarazarse, a la mayor brevedad, de la transitoriedad política que paraliza al país desde hace semanas y que amenaza con prolongarse durante unos cuantos meses más.
El secretario general socialista, Pedro Sánchez (izquierda), durante la segunda votación de su investidura en el Congreso de los Diputados. (Javier Lizón / EFE)
Son razones económicas, sociales y ambientales las que urgen a una revisión profunda de nuestro modelo energético. Económicas, porque la estructura industrial ve amenazada su competitividad como consecuencia de unos precios que lastran el atractivo de los productos españoles y que acaban pagando los trabajadores en forma de una precarización laboral-salarial con la que las empresas intentan paliar vía nóminas sus facturas de energía. Sociales, porque en tiempos de crisis la pobreza energética ha venido a cebarse precisamente con las clases más vulnerables, añadiendo dramatismo allí donde ya había desesperanza. Y ambientales, porque el cambio climático comienza a hacer mella en la calidad de vida de los ciudadanos y esto no es sino el preludio de una espiral de cambio global.
Así las cosas, la transitoriedad política se revela en estos momentos como la mayor amenaza para la transición energética, y es que la vida de la gente y la actividad económica no se detienen, por más que la agenda institucional se encuentre hibernada. Garoña culebrea por los pasillos del CSN a la búsqueda de los hechos consumados, pero es que el sainete del ATC (almacén temporal centralizado) amenaza con convertirse en un escándalo de corrupciones y corruptelas (uno más) que añadiría complejidad a la solución no provisional sino definitiva del parque nuclear. En el sector de las energías renovables siguen sucediéndose recursos y sentencias que, antes que despejar las nieblas de la inseguridad jurídica, generan más confusión para regocijo de los buitres de la especulación. La burbuja del gas, lejos de abortarse con criterios de racionalización sigue hinchándose, traducida en un déficit creciente que, de nuevo, viene a enjugar el sufrido consumidor en su factura. Los tiempos corren en contra de una irrenunciable solución justa para el limbo en el que se encuentra la liquidación de los CTCs. La otrora pujanza tecnológica que catapultó a España a la cabeza del ranking de la innovación aplicada en energías limpias ha sufrido tal destrozo, que podría abocarnos a la paradoja de tener que sustituir la crudodependencia por la heliodependencia.
Hay una abrumadora mayoría parlamentaria que aboga por la transición energética, pero ésta languidece paralizada por un aparente déficit de voluntades para trabar acuerdos que coadyuven a transformar las intenciones en acciones. Pues bien, sepan señores parlamentarios que ese tiempo perdido también lo pagamos en el recibo de la luz.