Por Fernando Ferrando – Vicepresidente de la Fundación Renovables

Del análisis de la realidad energética de los últimos años, definida por el incremento de los precios finalistas de la energía y por la existencia de un compromiso cada vez más fuerte con el medio ambiente y con la sostenibilidad, y de su proyección futura, se puede concluir la necesidad de un cambio profundo en nuestro modelo energético. Ahora bien, el cambio de modelo de suministro no se producirá como consecuencia del liderazgo empresarial del sector eléctrico actual sino más bien por la voluntad social de romper un modelo de suministro que no responde a las necesidades ni a las expectativas depositadas en él.

Las razones que avalan esta premisa hay que buscarlas en una doble dirección: la incapacidad manifiesta y voluntaria de las empresas del sector y la disponibilidad de herramientas para que el consumidor se convierta en un elemento activo y no pasivo.

En todos los preámbulos de la legislación vigente y en la mayoría de informes y artículos que podemos leer, se parte de la base de que el sistema actual ha evolucionado hacia un modelo de mercado liberalizado, calificativo que nos incita a pensar que ya es suficiente para certificar su adecuado funcionamiento.

La realidad no puede ser más contradictoria porque si el modelo es de mercado y liberalizado ¿cómo se explica que cuando la demanda de electricidad baja y la oferta se incrementa el precio suba?

La principal razón de este sinsentido es que ha primado más, dentro de la estructura accionarial y ejecutiva del sector eléctrico, el mantenimiento de la rentabilidad del capital que la prestación de un servicio público.

La exigencia de tasas de rentabilidad sobre el capital invertido de más de 2 dígitos (entre el 12 y el 15%) en todos los proyectos que los fondos de inversión, especialmente activos en la caza de oportunidades en la actualidad, y que también exigen los accionistas a las nuevas iniciativas, lleva implícito que los costes de la electricidad seguirán subiendo. Por supuesto, para mantener el estatus cuentan con la necesaria aquiescencia y colaboración de los poderes públicos, más interesados en satisfacer la voluntad económica y empresarial que las necesidades de quien los eligió para ejercer sus funciones.

El sector eléctrico actual ha tenido y tiene la capacidad para liderar un cambio en el modelo energético actual pero su cada vez más deteriorada reputación y su necesidad de mantener una estructura operativa no sostenible hace que la sociedad los vea más como los agentes causantes del encarecimiento de la energía que como los agentes sobre los que se debe construir el futuro.

Si por otro lado analizamos los avances tanto en las tecnologías de información y comunicación como en las tecnologías comercialmente disponibles para generar energía eléctrica y cubrir nuestras necesidades con eficiencia, podemos observar que ya es posible hacerlo no solo con la mitad de energía, sino que ésta, además, puede ser producida, en un alto porcentaje, con fuentes de energía renovables y desde los lugares de consumo.

Esta situación, obviamente, pone en riesgo el modelo actual centralizado y de oferta porque supondría continuar con la reducción de la actividad de muchas de las centrales que hasta ahora funcionan para cubrir nuestras necesidades, causa original de que el sistema empresarial actual intente retrasar la aparición de nuevas formas de abastecimiento de energía más baratas y más respetuosas con el medio ambiente como son las energías renovables, o incluso descalifique iniciativas como las anunciadas por algunos ayuntamientos que pretenden asumir la cobertura de suministros que actualmente el sistema realiza satisfactoriamente.

El modelo energético del futuro va a seguir necesitando empresas que se encarguen de la gestión de los excedentes y del suministro de la energía no cubierta por los sistemas de generación del consumidor, pero su configuración deberá estar más cercana a la prestación de servicios finalistas que a la oferta actual de venta de energía exclusivamente.

La sociedad tiene la palabra para exigir y adoptar nuevos modelos de cobertura de sus necesidades energéticas partiendo tanto de una realidad tecnológica y económica ya disponible, como de la aparición de nuevas empresas que están cubriendo las oportunidades que el sistema tradicional no está asumiendo en la oferta de energía y en la prestación de servicios. Hay que hacer una especial mención a los primeros pasos que la economía colaborativa está dando también en materia energética y que permitirá que las relaciones de intercambio entre consumidores sean una realidad en el futuro cercano.

Las empresas del sector eléctrico deben adaptar su modelo de negocio, asumiendo la pérdida del poder hegemónico que ahora tienen con el control de toda la oferta de  energía que demandamos como consumidores.

Retrasar la llegada del nuevo modelo por parte del sector tradicional supone mantener la rentabilidad a corto plazo, pero también supone quemar la credibilidad necesaria para asumir los retos del futuro.

Es cuestión de elegir y me temo que la mayoría ya han apostado por el corto plazo o lo que es lo mismo por el suicidio.